Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). Por años, el crecimiento inmobiliario en Baja California Sur ha sido presentado como símbolo de desarrollo económico y prosperidad turística. Sin embargo, detrás de muchos de estos proyectos existe un patrón que preocupa a ambientalistas, investigadores y comunidades locales: obras que comienzan a construirse durante meses —o incluso años— antes de ser detenidas por autoridades ambientales federales. Cuando llegan las clausuras de PROFEPA o SEMARNAT, el daño a la flora, la fauna y los ecosistemas ya está hecho.

En una mañana de julio de 2025, inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) colocaron sellos de clausura en un desarrollo inmobiliario frente a la bahía de La Paz. El proyecto, llamado Balaena Costa Apartments, se construía en Lomas de Palmira, una zona con ecosistemas costeros de alto valor ambiental. El problema era grave: el desarrollo no contaba con autorización en materia de impacto ambiental emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), requisito indispensable para construir en ecosistemas costeros. La inspección reveló que el proyecto afectaba una zona considerada Área de Importancia para la Conservación de las Aves y parte del Sitio Ramsar Humedales El Mogote, áreas protegidas por su biodiversidad y su función ecológica en la bahía. Cuando los sellos se colocaron definitivamente en julio de ese año, el desarrollo llevaba meses en construcción. El caso no fue aislado.

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En septiembre de 2025, PROFEPA volvió a intervenir en otro proyecto inmobiliario en el municipio de La Paz, esta vez en Las Tunas, en la delegación de Todos Santos, donde se realizaban obras dentro de un sistema de dunas costeras. La dependencia federal ordenó la clausura total temporal al detectar que las construcciones no contaban con autorizaciones ambientales. El desarrollo había iniciado obras con licencias municipales para vivienda, pero sin la autorización ambiental federal obligatoria para intervenir en ecosistemas costeros sensibles. Este tipo de situaciones revela un conflicto frecuente en la región: los permisos municipales para construir pueden otorgarse antes de que exista autorización ambiental federal. Mientras el trámite ambiental se retrasa o se omite, las obras avanzan. Cuando finalmente interviene la autoridad ambiental, el terreno ya ha sido desmontado.

Uno de los casos más impactantes ocurrió en la zona de Conquista Agraria, en el municipio de La Paz. Tras una denuncia ciudadana difundida en redes sociales, PROFEPA clausuró un predio donde se realizaban obras sin permisos ambientales en más de 17 hectáreas de terrenos forestales. Las imágenes mostraban cardones centenarios derribados y quemados.

El cardón (Pachycereus pringlei) es el cactus más grande del mundo y una especie emblemática del desierto sudcaliforniano. Investigadores de la Universidad Autónoma de Baja California Sur han señalado que estos cactus funcionan como refugio y fuente de alimento para aves, murciélagos e insectos, además de generar microclimas que permiten sobrevivir a otras plantas del desierto. Su destrucción implica más que la pérdida de una planta: significa romper un ecosistema que tardó siglos en formarse. Para cuando las autoridades clausuraron la obra, el daño ya era visible. Un elemento que se repite en muchos de estos casos es el origen de la intervención oficial. No suele ser una inspección preventiva.

La mayoría de las clausuras se producen tras denuncias ciudadanas. En el caso del proyecto K Naj Community, rumbo a El Mogote, inspectores federales detectaron la apertura de vialidades, construcción de cabañas y obras en 12.5 hectáreas de terreno forestal, sin autorización ambiental. La investigación comenzó después de que ciudadanos reportaran actividades sospechosas. Esta dinámica genera una pregunta recurrente entre organizaciones ambientales y académicos:

¿Por qué las autoridades no detectan estas obras antes de que comiencen?

Baja California Sur es uno de los estados con mayor crecimiento turístico y urbano en México. La expansión de desarrollos inmobiliarios —muchos orientados al turismo residencial— ha incrementado la presión sobre ecosistemas frágiles como manglares, dunas costeras y zonas desérticas. Uno de los lugares más sensibles es El Mogote, una península frente a la ciudad de La Paz que alberga dunas, manglares y humedales protegidos internacionalmente.

Estos ecosistemas funcionan como:

• Barreras naturales contra huracanes.
• Zonas de reproducción para especies marinas.
• Refugio para aves migratorias.
• Filtros naturales que mejoran la calidad del agua.

La urbanización descontrolada en estas áreas puede alterar flujos de agua, destruir vegetación y afectar el equilibrio ecológico de toda la bahía. Ante la presión inmobiliaria, diversos colectivos ciudadanos han asumido un papel activo en la defensa ambiental.

Uno de los grupos más conocidos es Las Guardianas del Conchalito, una organización de mujeres que trabaja en la restauración y vigilancia del manglar del estero El Conchalito en La Paz. Su labor incluye monitoreo ambiental, reforestación y denuncia de actividades ilegales que amenazan los ecosistemas costeros. Durante años, estas activistas han advertido que el crecimiento inmobiliario en la bahía puede afectar tanto a la biodiversidad como a las comunidades pesqueras que dependen de estos ecosistemas. El manglar del Conchalito, por ejemplo, actúa como barrera natural contra tormentas y almacena miles de toneladas de carbono, lo que lo convierte en un ecosistema clave para la adaptación al cambio climático.

En México, cualquier obra que pueda afectar ecosistemas debe contar con una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) aprobada por la SEMARNAT. Este estudio evalúa los posibles daños al medio ambiente y establece medidas de mitigación. Sin embargo, en muchos casos los desarrollos inmobiliarios avanzan con permisos municipales de construcción, sin haber completado el proceso ambiental federal. La ley establece que las obras no deben iniciar sin la autorización ambiental correspondiente. Pero en la práctica, la supervisión preventiva es limitada. Cuando PROFEPA interviene, suele hacerlo tras denuncias o inspecciones tardías. Los daños provocados por desarrollos inmobiliarios sin permisos pueden ser irreversibles.

Entre los impactos más frecuentes se encuentran:

1. Pérdida de vegetación nativa

La eliminación de cardones, mezquites y otras especies del desierto altera el equilibrio ecológico.

2. Alteración de dunas costeras

Las dunas funcionan como protección natural contra tormentas y erosión costera.

3. Destrucción de manglares

Estos ecosistemas son zonas de reproducción para peces y crustáceos.

4. Fragmentación de hábitats

Las obras pueden aislar poblaciones de fauna silvestre.

En algunos casos, la restauración ecológica puede tardar décadas. En otros, el daño es permanente. Baja California Sur enfrenta una paradoja. El crecimiento económico depende en gran medida del turismo y la inversión inmobiliaria. Pero precisamente esos proyectos pueden amenazar los ecosistemas que hacen atractiva la región. La Bahía de La Paz, por ejemplo, es considerada uno de los ecosistemas marinos más importantes del Golfo de California.

La degradación de manglares, dunas y esteros podría afectar no solo la biodiversidad, sino también actividades económicas como la pesca, el turismo ecológico y el buceo. Especialistas advierten que si continúa el patrón de construir primero y regular después, Baja California Sur podría enfrentar varios riesgos en los próximos años.

Entre ellos:

Mayor pérdida de biodiversidad

Las especies adaptadas al desierto y a los manglares tienen ciclos ecológicos lentos y son especialmente vulnerables.

Aumento de la erosión costera

La eliminación de dunas y vegetación reduce la protección natural frente a tormentas.

Contaminación de ecosistemas marinos

Las obras pueden alterar escurrimientos y generar descargas contaminantes hacia la bahía.

Conflictos sociales

Las comunidades locales, pescadores y activistas han comenzado a organizarse para frenar proyectos que consideran destructivos.

El futuro del desarrollo inmobiliario en Baja California Sur dependerá de la capacidad de las autoridades para fortalecer la supervisión ambiental. Especialistas en planeación urbana señalan que el crecimiento de la región requiere:

• Mayor coordinación entre gobiernos municipales y federales
• Vigilancia ambiental preventiva
• Planeación territorial basada en ecosistemas
• Participación ciudadana en decisiones urbanas

Sin estas medidas, el modelo actual podría profundizar los conflictos entre desarrollo económico y conservación ambiental. En muchos de los casos recientes, las clausuras de PROFEPA llegaron después de que el terreno había sido desmontado, nivelado o incluso urbanizado. El problema no es solo legal. Es ecológico. Los cardones derribados tardarán siglos en volver a crecer. Las dunas alteradas pueden desaparecer. Los manglares destruidos pueden cambiar el equilibrio de la bahía. Los sellos de clausura detienen las obras. Pero rara vez pueden devolver el paisaje a su estado original. Y esa es la verdadera dimensión del problema que enfrenta Baja California Sur.

Referencias:

https://www.infobae.com/mexico/2025/07/10/profepa-clausura-proyecto-inmobiliario-en-ecosistema-costero-de-baja-california-sur/ «Profepa clausura proyecto inmobiliario en ecosistema costero de Baja …»

https://www.elimparcial.com/mexico/2025/07/10/clausuran-de-forma-definitiva-desarrollo-inmobiliario-en-zona-ecologica-protegida-de-la-paz/ «Clausuran de forma definitiva desarrollo inmobiliario en zona ecológica …»

https://www.diarioelindependiente.mx/2025/09/construccion-ilegal-en-dunas-costeras-de-la-paz-fueron-clausuradas-por-la-profepa «Construcción ilegal en dunas costeras de La Paz, fueron clausuradas por …»

https://nbcs.mx/?p=155922&utm_source=chatgpt.com «Clausura Profepa obra en dunas de Todos Santos autorizada por el …»

https://lado.mx/noticia/19144972 «Profepa clausura construcción ilegal de 17 hectáreas en Baja California Sur»

https://www.posta.com.mx/bcs/profepa-clausura-construccion-ilegal-en-la-paz-denuncian-dano-a-cardones-del-desierto/vl2096096 «Profepa clausura construcción ilegal en La Paz: denuncian daño a …»

https://www.gob.mx/profepa/prensa/profepa-clausura-actividades-de-cambio-de-uso-de-suelo-en-terrenos-forestales-en-la-paz-baja-california-sur «Profepa clausura actividades de cambio de uso de suelo en terrenos …»

https://es.wikipedia.org/wiki/El_Mogote_%28M%C3%A9xico%29 «El Mogote (México)»

https://es.wikipedia.org/wiki/Las_Guardianas_del_Conchalito «Las Guardianas del Conchalito»

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Continúan las acciones de monitoreo y limpieza del Área Natural Protegida de Balandra, luego del incendio de una embarcación en la zona, así lo confirmó el Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Humberto Adán Peña Fuentes y se informó por medio de un comunicado de prensa por parte del Gobierno del Estado.

De acuerdo con el comunicado, el funcionario precisó que al conocerse del incidente de inmediato se hicieron las denuncias correspondientes ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Fiscalía General de la República por daño ambiental. No quitaremos el dedo del renglón y se dará puntual seguimiento a este caso, quien haya hecho la afectación deberá resarcirla; buscaremos todos los canales jurisdiccionales para que así suceda, puntualizó.

Dijo que se ha avanzado en el tema de la limpieza, el día de ayer con el apoyo de 20 buzos de FONMAR y de la Red de Observadores Ciudadanos, se lograron sacar un total de 3 toneladas de residuos, y algo muy positivo.

Agregó que solo se está a la espera de los resultados de calidad del agua para determinar la apertura esta Área Natural Protegida a los visitantes.

Peña Fuentes señaló que se fortalecerán las acciones de vigilancia y monitoreo de la zona, por lo cual se habrá de contratar a dos guardaparques adicionales, para evitar haya embarcaciones donde no está permitido.

Finalmente, el funcionario dijo que ha sido fundamental la coordinación con el gobierno del Estado, la Secretaría de Marina, Ayuntamiento de La Paz y las organizaciones de la sociedad civil, quienes son aliados de la conservación de nuestros recursos naturales, reiterando que seguirán ocupados en la protección de este emblemático lugar de los sudcalifornianos, concluyó el comunicado de prensa.

 

La Última Trinchera

Roberto E. Galindo Domínguez

 

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). Sí, usted leyó bien, en la columna de hoy hablaremos de la primera vez que en México un pecio es objeto de diversas investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), así como por instancias dependientes del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), además de órganos internacionales encargados de la protección al patrimonio arqueológico e histórico de la humanidad.

Un pecio es un barco hundido que puede yacer, casi completo, sobre el fondo del mar o en el lecho de algún lago o laguna, incluso en ríos de gran profundidad. La mayoría de los pecios corresponden a embarcaciones que surcaban los mares y que naufragaron debido a huracanes, tormentas o mares embravecidos, aunque las causas del naufragio o el accidente marítimo también pueden deberse a errores humanos cometidos durante la navegación.

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En el Área Natural Protegida Banco Chinchorro en Quintana Roo, México, el grupo de científicos de la Subdirección de Arqueología Subacuática (SAS) del INAH, dañó severamente los restos arqueológicos que integran el pecio El Ángel, al grado de fracturar su estructura interna y dañar otras partes del barco hundido. Esta nave naufragada tiene una antigüedad de casi 200 años y es de filiación cultural británica, muy probablemente escocesa; es una embarcación que debió ser construida en el siglo XIX y que transportaba palo de tinte dentro de las rutas de navegación comercial de esa época; esto lo sabemos por las investigaciones realizadas por el mismo grupo científico que lo dañó irremediablemente.

La SAS ha realizado diversas temporadas de mar en Banco Chinchorro desde principios de este siglo, y no sólo ha explorado el pecio El Ángel. En este parque arrecifal se encuentran 70 naufragios de diferentes épocas, algunos de la Colonia, otros del México Independiente y algunos más de la era moderna. Pero desafortunadamente, en noviembre de 2018, durante la ejecución de los trabajos de registro y excavación que realizaban los científicos del INAH, ellos fracturaron los restos del barco hundido y también causaron graves daños al arrecife de coral que lo contiene. (Carrillo L. y O. Del Río 2014. Patrimonio cultural sumergido. https://es.calameo.com/read/003794408e5d00a659b44).

En la disciplina arqueológica subacuática es un grave error usar el pecio o los restos culturales sumergidos, es decir, el barco naufragado, como punto de amarre para boyas o embarcaciones de apoyo en superficie. Los científicos de la SAS, liderados por el arqueólogo argentino Nicolás Ciarlo, así como por la directora del proyecto de investigación, la pasante en arqueología Laura Carrillo, decidieron amarrar la boya de señalización del sitio a la buzarda, que es una parte de la estructura interna del barco hundido, que a través de los años ha quedado expuesta como consecuencia de la desintegración del casco de madera y metal de la nave hundida. No conformes con eso, le indicaron a Sammy Colli, el capitán de la lancha en la que se transportaban al sitio arqueológico sumergido, y desde la cual coordinaban las inmersiones de buceo para el trabajo de excavación que realizaban, que amarrara la embarcación por popa a la cuerda de la boya, que estaba amarrada al pecio. Y es que, de acuerdo al capitán, el día que los científicos rompieron el barco hundido había marejada y olas de gran tamaño, y ellos querían mantener la lancha en superficie justo sobre el pecio, ya que los buzos estaban excavando en el fondo marino mediante una draga que estaba funcionando en la panga en superficie. ¿A quién se le ocurre trabajar en el mar desde una frágil lancha cuando hay condiciones ambientales adversas?

La embarcación de superficie estaba fondeada, anclada a un arenal inmediato al pecio o contexto arqueológico sumergido, pero debido al mal tiempo el ancla de fondeo se quebró. En consecuencia, la embarcación fue arrastrada por la corriente y jaló tan fuerte la boya y la cuerda amarrada a la buzarda que fracturó y desprendió esta parte del barco hundido, dañando así, irreversiblemente, bienes de la nación; por un lado, los restos culturales del naufragio; y por el otro, el arrecife de coral en el que este se encuentra.

Perspectiva del contexto con nombres. En esta imagen aun no se causaba el daño al sitio.

A casi cuatro años de lo sucedido, las autoridades del INAH y la SAS han intentado minimizar los hechos, han ocultado información tanto del suceso como del proceso posterior. Todo esto lo sabemos ya que un excolaborador de la SAS, el arquitecto Octavio Del Río Lara, hizo las denuncias correspondientes, no sólo en la SAS y el INAH, por lo que fue expulsado del proyecto de investigación, también llevó el caso ante la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y el director de la Reserva de la Biósfera, Fernando Alonso Orozco Ojeda, presentó denuncias ante la PROFEPA y la FGR en contra de quién o quiénes resulten responsables por los daños al contexto arqueológico subacuático y al arrecife.

Por otro lado, el asunto fue llevado ante organismos internacionales, encargados de la protección del patrimonio arqueológico e histórico de la humanidad, como el Consejo Internacional de Monumentos Históricos (ICOMOS por sus siglas en inglés) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO); el primero se apegó a la relatoría de hechos elaborada por la arqueóloga Helena Barba Meinecke y firmada por el Dr. Roberto Junco Sánchez, quien es el subdirector de la SAS-INAH, en la que se establece que todo fue un accidente fortuito; y el segundo organismo, a través de la Convención UNESCO 2001 sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático, no sólo hizo caso omiso de la queja del daño al patrimonio cultural, sino que un año después de causadas las irreparables afectaciones al pecio El Ángel, en junio de 2019, le concedió al proyecto de arqueología subacuática de la SAS-INAH en Banco Chinchorro un galardón por Mejores prácticas sobre protección del Patrimonio Cultural Subacuático. Aquí es importante destacar que una de las integrantes de la SAS, Barba Meinecke, es parte de ambos organismos internacionales en representación de nuestro país. Es así que los científicos fracturan los restos de un barco sumergido que tiene un inconmensurable valor arqueológico e histórico para México y el mundo, la UNESCO los premia y el ICOMOS los exculpa.

Buzarda y coral antes de la afectación. Vista frontal.

Por si lo anterior no fuera poco, los servidores públicos de la SAS-INAH están culpando, de los daños que ellos ocasionaron, al capitán Sammy Colli, quien tripulaba la embarcación de apoyo en superficie, así lo ha referido él mismo; y así se quieren deslindar del que hasta ahora es el daño más grave causado a un contexto arqueológico subacuático por los científicos responsables de preservarlo e investigarlo. Además, cabe señalar que, de acuerdo con el capitán, él sólo hacía lo que los investigadores le ordenaban.

Hasta la fecha, casi cuatro años después de dañado el contexto arqueológico sumergido, el Órgano Interno de Control (OIC) del INAH ha dado por concluido el expediente de investigación que abrió en 2019 cuando Del Río Lara presentó una denuncia por los daños causados al pecio El Ángel. El OIC ha externado oficialmente, en mayo de 2022, que ha cerrado su expediente de investigación por falta de elementos, cuando las evidencias de las afectaciones a los bienes de la nación, culturales y naturales, son contundentes y la negligencia científica es evidente. El Consejo de Arqueología del INAH, instancia ante la que también se planteó el catastrófico proceder de los arqueólogos subacuáticos, sólo les ha pedido explicaciones a los involucrados sobre la conservación del patrimonio cultural sumergido, sin que los hayan sancionado.

Buzarda desprendida con amarre y coral volteado. Al centro se ve el alma de hiero descubierta al ser destruida la concreción que la cubría.

En cuanto a las cuestiones legales, en diciembre de 2021 la FGR ha determinado no ejercer acción penal en este caso, y eso era de esperarse pues los arqueólogos subacuáticos, nacionales y extranjeros, no rompieron el barco naufragado intencionalmente, lo hicieron debido a sus malas prácticas científicas. Así mismo, la PROFEPA no ha entregado su dictamen en cuanto a los daños al medio ambiente, en este caso al arrecife, aunque se rumora que la SAS-INAH llegó a un acuerdo con la CONANP, y esto puede ser la razón de que a tres años de emplazada la denuncia en la Procuraduría, esta no haya prosperado.

 Debido a la corrupción en la ciencia que estamos presenciando en este asunto, es posible que el contexto arqueológico sumergido El Ángel no pase a la historia como el pecio del delito, aunque, en efecto, en este se hayan cometido atrocidades ambientales y en contra del patrimonio cultural de México.

Polilla política: AMLO mandó el año pasado una carta a los empleados federales encargados de los bienes culturales y naturales; y les señaló su responsabilidad ante la nación y su obligación de rendir cuentas cuando dañen el patrimonio de los mexicanos, al parecer en el INAH no leyeron la carta del presidente.

Para abundar en el asunto consultar: https://contralinea.com.mx/interno/semana/el-angel-sitio-arqueologico-submarino-fracturado-por-los-cientificos/

Las imágenes fueron facilitadas por Octavio del Río Lara.

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