Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). De acuerdo con el Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías Y Fiscalías (IEDF), Baja California Sur ocupa el penúltimo lugar nacional, con un índice del 22.2% en transformación digital, que comparado con el 94.4% del primer lugar ocupado por Nuevo León, nos habla del grave atraso tecnológico que enfrenta en el Estado la aplicación de avances tecnológicos en materia de procuración de justicia.

A esa limitación técnica, se agrega el rango salarial más bajo en las entidades con vida cara, lo que se traduce en servidores públicos mal remunerados. A lo anterior se suma la ausencia de adecuación en el ejercicio profesional de los operadores del sistema de procuración de justicia, a los estándares nacionales (anexo 1) e internacionales (anexo 2).

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La aplicación de estos estándares, son definitorios para la calificación y evaluación del desempeño de los operadores del sistema, que se traduce en más y mejores apoyos y acceso a fondos nacionales e internacionales indispensables para optimizar el servicio y mejorar los emolumentos salariales-

Procuraduría o Fiscalía de Justicia

El presupuesto estatal asignado es el tercero más bajo en el rango nacional, lo cual hace muy difícil alcanzar una excelencia operativa, sin el apoyo de instituciones y organismos internacionales que aportan recursos materiales, tecnológicos y capacitación permanente a las entidades de la República Mexicana, para lo cual es indispensable migrar de procuraduría de justicia a fiscalía estatal de justicia.

Somos el único Estado que se niega a esta migración, entre otras razones, porque las fiscalías son independientes, mientras que el procurador es un empleado subordinado y dependiente orgánica y presupuestalmente del gobernador. BCS debe adoptar una estrategia integral que combine interoperabilidad digital, capacitación institucional, y participación ciudadana para transformar la procuración de justicia con tecnología.

¿Por qué BCS está rezagado?

• Fragmentación institucional: Sistemas no interoperables entre Fiscalía, Policía, Poder Judicial y Defensoría.
• Infraestructura limitada: Falta de conectividad, equipos obsoletos y escasa inversión en software especializado.
• Débil cultura digital: Poca capacitación en herramientas tecnológicas, resistencia al cambio y escasa evaluación de desempeño.
• Ausencia de gobernanza tecnológica: No existe una unidad rectora que articule la transformación digital en justicia.

Presentamos una propuesta estructurada y viable para revertir el rezago tecnológico en Baja California Sur en materia de procuración de justicia:

1. DIAGNÓSTICO Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

◆ Realizar un mapeo tecnológico de todas las instituciones involucradas en la procuración de justicia (Fiscalía, Policía Ministerial, Poder Judicial, Defensoría Pública).

◆ Identificar cuellos de botella en procesos clave: recepción de denuncias, integración de carpetas, judicialización, seguimiento de víctimas.

◆ Diseñar un Plan Estatal de Transformación Digital con metas medibles, presupuesto multianual y enfoque interinstitucional.

2. DIGITALIZACIÓN DE PROCESOS CLAVE

◆ Implementar el Informe Policial Homologado Móvil (IPH Móvil) como lo hizo Quintana Roo, para que policías registren hechos en tiempo real desde dispositivos móviles.

◆ Integrar sistemas de gestión de carpetas digitales que permitan trazabilidad, interoperabilidad y control de tiempos procesales.

◆ Automatizar la recepción de denuncias con plataformas web y kioscos digitales, apoyados por IA para clasificar delitos y orientar jurídicamente al ciudadano.

3. USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y ANALÍTICA

◆ Adoptar sistemas de IA para análisis predictivo de patrones delictivos, priorización de casos y detección de corrupción institucional.

◆ Utilizar algoritmos para asignación eficiente de recursos humanos (ministerios públicos, peritos, policías) según carga de trabajo y urgencia.

◆ Desarrollar tableros de control en tiempo real para monitorear desempeño institucional y cumplimiento de plazos legales.

4. CIBERSEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

◆ Invertir en infraestructura de ciberseguridad, especialmente en protección de expedientes digitales, comunicaciones interinstitucionales y datos sensibles de víctimas.

◆ Capacitar al personal en manejo ético y seguro de la información, conforme a estándares nacionales e internacionales.

5. CAPACITACIÓN Y CAMBIO CULTURAL

◆ Formar a operadores jurídicos en competencias digitales, incluyendo manejo de sistemas, firma electrónica, y análisis de datos.

◆ Crear incentivos institucionales para la adopción tecnológica, vinculando desempeño con uso efectivo de herramientas digitales.

◆ Promover una cultura de innovación y mejora continua, con laboratorios de justicia digital y espacios de co-creación con sociedad civil.

6. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y TRANSPARENCIA

◆ Desarrollar portales de seguimiento ciudadano de denuncias, procesos y sentencias, con lenguaje claro y accesible.

◆ Incorporar mecanismos de retroalimentación digital para evaluar el servicio de procuración de justicia y detectar áreas de mejora.

◆ Fomentar alianzas con universidades, ONGs y sector privado para co-desarrollar soluciones tecnológicas y evaluar impacto.

7. FINANCIAMIENTO Y GOBERNANZA

◆ Aprovechar fondos federales y multilaterales destinados a justicia digital, como los previstos en el presupuesto tecnológico nacional.

◆ Crear una Unidad Estatal de Justicia Digital que coordine la implementación, evaluación y escalamiento de soluciones tecnológicas.

◆ Establecer indicadores públicos de avance tecnológico, comparables con otras entidades, para fomentar rendición de cuentas.

	INDICADORES DE ÉXITO SUGERIDOS A TRES AÑOS
Փ % de carpetas digitalizadas:		90%
Փ Tiempo promedio de integración de carpeta:		-50%
Փ % de denuncias recibidas digitalmente:		60%
Փ Índice de satisfacción ciudadana:		+30%
Փ Casos priorizados por IA:		100% Delitos Graves

Corolario

La migración de procuraduría a fiscalía es inobjetable. La modernización tecnológica es inaplazable. Mientras más retrasemos el proceso, más costoso será el mismo.

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AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Así como el Congreso BCS mantiene un rezago histórico de 30 años en materia de armonización, actualización y adecuación legislativa, el Ejecutivo también acusa atavismos administrativos infuncionales, ya que la única entidad de la República Mexicana que conserva el formato de Procuraduría de Justicia en lugar de Fiscalía, es Baja California Sur, y el único responsable de ese atraso en la modernización institucional de la administración pública estatal, es el Gobernador.

Desde abril de 2020, el marco regulatorio constitucional fue debidamente adminiculado, para llevar a cabo en Baja California Sur, la transición de Procuraduría a Fiscalía. No existe ningún impedimento legal, jurídico, técnico, práctico o logístico. Es la voluntad del Gobernador la que ha mantenido en suspenso dicha transición, y, por tanto, la única razón es política.

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Entendemos, entonces, que la pretensión sostenida por el titular del Ejecutivo es mantener la subordinación que le brinda la dependencia presupuestal, y seguir utilizando la procuración de justicia como una herramienta de control político en la entidad.

En otras palabras, un gobierno estatal cuyo discurso proselitista se finca en criticar las instituciones del pasado, se aferra al viejo formato de procuración de justicia, para conservar el control vertical de una institución que, conforme a los modernos esquemas democráticos, debe gozar de plena autonomía decisoria, presupuestal y orgánica.

Las principales diferencias entre una Procuraduría y una Fiscalía en el ámbito de la procuración de justicia, son:

Autonomía: La Procuraduría está bajo el control del Ejecutivo, mientras que la Fiscalía es un organismo autónomo con independencia plena del Ejecutivo.

Funciones: La Procuraduría investiga delitos y defiende al Estado con base en las políticas públicas que marca el Ejecutivo; la Fiscalía persigue delitos y ejerce acción penal y representación social subordinación al Ejecutivo.

Estructura: La Fiscalía tiene una organización más especializada en delitos de alto impacto y protección de derechos humanos conforme a parámetros internacionales, y no con sujeción a la voluntad del Ejecutivo.

Rendición de cuentas: La Fiscalía está sujeta a mecanismos de supervisión más estrictos, con participación ciudadana, lo que brinda al gobernado mayor transparencia en sus acciones.

Empeñarse en retrasar la migración, genera una menor eficacia e inadecuada atención a las demandas de la ciudadanía cuya percepción se traduce en una desconfianza y descalificación permanente de la labor oficial en materia de procuración de justicia, manteniéndose una constante sospecha de perversa injerencia política en la investigación y persecución de delitos.

Ventajas de tener una Fiscalía en lugar de una Procuraduría

Las Fiscalías en México tienen ventajas presupuestales que las Procuradurías no poseen, principalmente debido a su autonomía y estructura organizativa. Algunas diferencias clave incluyen:

• Autonomía presupuestal: Las Fiscalías tienen mayor independencia para gestionar sus recursos, mientras que las Procuradurías dependen del Ejecutivo.
• Asignación de fondos específicos: Las Fiscalías pueden recibir financiamiento directo, nacional e internacional, público y/o privado, para programas de modernización, digitalización y capacitación.
• Recursos para transformación digital: Se han destinado presupuestos para mejorar la eficiencia en la procuración de justicia mediante herramientas tecnológicas, exclusivos para las Fiscalías y no disponibles para la Procuraduría.
• Mayor capacidad operativa: Las Fiscalías cuentan con más agentes del Ministerio Público por cada cien mil habitantes, lo que impacta positivamente en la carga de trabajo y resolución de casos.

Aun cuando no existe un organismo internacional que certifique a las Fiscalías, sí existen entidades que establecen estándares internacionales sobre su autonomía e independencia. Algunas de las más relevantes son:

∞ Fundación para el Debido Proceso (DPLF): Desarrolla estándares sobre la autonomía de los fiscales y las Fiscalías.

∞ Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA): Publica estudios sobre la independencia de las Fiscalías en América Latina.

∞ Fiscalía General de la República (FGR): Coordina cooperación jurídica internacional y representa a México ante organismos extranjeros.

Estos estándares buscan garantizar que las Fiscalías sean independientes del poder político y operen con transparencia.

Las Fiscalías en México pueden acceder a fondos internacionales a través de diversos mecanismos de cooperación jurídica y financiamiento externo. Algunos de los procedimientos incluyen:

∞ Convenios bilaterales y multilaterales: La FGR coordina acuerdos con organismos internacionales para fortalecer la procuración de justicia.

∞ Fondos de asistencia técnica: Existen programas de financiamiento de instituciones como la ONU, la OEA y la Unión Europea, destinados a mejorar la capacidad operativa de las Fiscalías.

∞ Cooperación internacional: La Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías de la FGR facilita el acceso a recursos para capacitación, tecnología y combate a delitos transnacionales.

∞ Proyectos de fortalecimiento institucional: Las Fiscalías pueden recibir apoyo financiero para modernización y digitalización de procesos

Entre las organizaciones que gestionan fondos internacionales para fortalecer la procuración de justicia, destacan:

∞ Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la FGR que coordina tratados y acuerdos internacionales en materia de justicia.

∞ Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías de la FGR encargada de promover la cooperación jurídica internacional y gestionar recursos para fortalecer la procuración de justicia.

∞ CERI (Centro de Recursos Internacionales), que facilita el acceso a financiamiento de diversos países para proyectos de justicia y derechos humanos.

Corolario

El Gobernador del Estado no puede seguir postergando la transición de Procuraduría a Fiscalía. Baja California Sur necesita acceder a la modernidad, eficiencia, transparencia y autonomía en materia de procuración de justicia.

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AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Debido a la presión social generada a partir el incremento en la incidencia delictiva en BCS, y a las confusiones y decepciones que la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal ha generado en el ánimo de la ciudadanía, resulta urgente llamar a cuentas al Procurador de Justicia de BCS. Es imperativo que nos explique las causas que han ocasionado los pésimos resultados de su gestión, y sobre todo, es impostergable la decisión a cargo del Congreso local, respecto a la reiterada solicitud ciudadana de remover del encargo al actual titular de la procuración de justicia en el Estado.

La fecha de la comparecencia llegó y finalmente el Procurador habrá de comparecer ante nuestros diputados y tendrá que explicar el porqué de lo que él mismo denomina como “magros” resultados.

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La asistencia del citado funcionario ante los representantes populares, puede ser una farsa protocolaria, una simulación, un simple formulismo para cumplir un requisito procedimental, o bien puede ser una invaluable oportunidad para cuestionar al funcionario y exigirle una explicación precisa y sin cifras alegres, de la realidad que atraviesa la procuración de justicia en nuestro Estado.

Habría que solicitar entonces a nuestros diputados, que asuman con seriedad su responsabilidad de representación popular, y a nombre de la ciudadanía, cuestionen al compareciente, evitando las vaguedades y los términos generales, y se atiende en sus cuestionamientos a puntos específicos, precisando y acotando en sus interrogantes, tanto las causas como los efectos de cada uno de los planteamientos que se formulen.

Inseguridad, impunidad, aumento de la criminalidad, abusos de autoridad, serían tópicos a priorizar. Bajo tales presupuestos, habrá que plantear entre otras, las siguientes cuestiones:

—Los largos periodos de espera en las unidades de atención inmediata, y la negativa sistemática a dar acceso a la carpeta de investigación tanto a defensores como víctimas. Se requiere cita previa, y sólo se permite consultar la carpeta si es en presencia del Agente del Ministerio Público. Eso se traduce en pérdida de tiempo para todos los involucrados, y para el Agente del MP que tiene que descuidar sus labores, cuando no es requisito legal que esté presente cuando los interesados consulten la carpeta de investigación.

—La falta de atención oportuna a las víctimas de delito, pues por regla general no se brinda atención adecuada, ni médica ni psicológica, lo que se traduce en re victimización y malestar para quienes sufren las incidencias delictivas.

—La falta de preparación y capacitación de los agentes de policía investigadora.

—La falta de un protocolo de entrevistas, que permitan a los policías de investigación realizar su labor con mayor eficacia y precisión.

—El reducido número de peritos en materias que resultan recurrentes en las investigaciones.

—La evidente falta de preparación y profesionalismo de los fiscales a su cargo.

—La reiterada práctica de delegar al poder judicial la toma de decisiones en asuntos de alto impacto.

—La falta de actos de investigación en la integración de las carpetas de investigación.

—La solicitud y obtención sistemática de ampliación de los plazos de investigación complementarios, con el único objeto de prolongar la prisión preventiva de los imputados en casos de encarcelamiento oficioso.

—La carencia de protocolos de investigación aplicables a los diversos tipos de delito.

—La falta de preparación de testigos, previo a su comparecencia a la audiencia de juicio.

—La falta de control y seguimiento de la agenda de citación de los testigos de cargo.

—La falta de preparación de las audiencias, lo que provoca una recurrente improvisación en el desarrollo de las mismas, con resultados negativos para los intereses de la sociedad.

—La falta de lineamientos generales necesarios para lograr la aplicación de los criterios de oportunidad. Esta carencia se traduce en un incremento de la carga de trabajo, en detrimento de la eficiencia en el servicio.

—La falta de unificación de criterios para determinar la libertad de los presentados en la etapa de investigación.

—La inadecuada aplicación de criterios de equidad en los procedimientos abreviados.

—Los cambios constantes de personal de investigaciones, que provoca enormes molestias y retrasos a los denunciantes, que cada vez que le cambian de fiscal en su caso, tiene que repetir prácticamente todo su planteamiento.

—Las quejas recurrentes del personal de la Procuraduría, respecto a los bajos sueldos, la falta de estímulos, los horarios y cambios de adscripción constantes e indiscriminados.

Estos temas, a groso modo, dan pie a una serie de cuestionamientos dirigidos a precisar las causas por las cuales no está funcionando el Nuevo Sistema de Justicia Penal, y sobre todo, llevar a los diputados a un ejercicio de responsabilidad en su representatividad, que les permita ratificar o remover al actual titular de la procuración de justicia en el Estado.

Si sólo van a oír cifras fantasiosas y alegres, seguidas de excusas y pretextos, entonces la comparecencia será una burla y una farsa. Si cuestionan al funcionario y le exigen explicaciones y sobre todo, soluciones, entonces valdrá la pena el ejercicio.