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La Paz, Baja California Sur (BCS). Este día, los diputados del Partido Encuentro Social, Lorenia Lineth Montaño Ruíz, Rigoberto Murillo Aguilar y Perla Guadalupe Flores Leyva, presentaron proyecto de decreto para instituir en Baja California Sur el llamado “Pin Parental”; se trataría de una herramienta para que los padres de familia puedan oponerse a que sus hijos reciban educación en temas controvertidos como la sexualidad, tanto en escuelas públicas como privadas.

La propuesta es que se reforme los Artículos 9º y 10º. de la Constitución Política del Estado para establecer que “los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad tendrán derecho a expresar su oposición o negativa a que su hijo o pupilo participe en actividades que contravengan sus principios morales, éticos o religiosos”, se lee en el documento oficial.

Además, se pretende intervenir en la participación de los educados en charlas, talleres o actividades que afecte lo que en el documento señala como “cuestiones morales socialmente controvertidas o sobre sexualidad”, lo que debería ser informado previamente a los padres o tutores y requerir su autorización formal y por escrito, para que los menores reciban educación sobre temas “que puedan resultar intrusivos para la conciencia y la intimidad”.

Aunque estos conceptos que no se desarrollan claramente en el documento, se podría inferir que la idea es que los padres de familias podrían impedir que sus hijos participen en temas con contenido relacionado con sexualidad o promoción de igualdad en cuestiones de género.

Así, finalmente la reforma busca que sean los padres o tutores quienes autoricen los planes educativos de las escuelas, al proponer un candado constitucional que obligaría a las autoridades a someter las actividades educativas a las opiniones que, con bases religiosas o morales, los padres tuvieran contra el programa de estudios.

El documento dice que “será obligación de las autoridades educativas tanto públicas como privadas, pedir por escrito de los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad, su consentimiento con el contenido de las actividades dentro del proceso educativo, y acatar la decisión de los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad en cuanto al proceso educativo de los alumnos y por lo tanto deberán respetar su oposición o negativa a que sus hijos o pupilos participen en actividades que contravengan sus principios morales, éticos o religiosos”.

FOTO: Reforma

Hilo de media

Por Elisa Morales Viscaya

La Paz, Baja California Sur (BCS). En las últimas horas han trascendido videos y fotografías que muestran una violenta disputa en oficinas de Finanzas del Congreso del Estado, donde las diputadas Lorenia Lineth Montaño del Partido Encuentro Social (PES) y Rosalba Rodríguez López de MORENA, literalmente se muerden mutuamente, asunto que llegó incluso a medios nacionales.

Al momento, la discusión y defensa entre ambas parlamentarias se ha enfocado en “quien mordió primero”, pero ¿qué fue lo que sucedió para que llegaran a tal extremo?

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Primer round

Nos remontamos al mes de julio del año pasado, cuando tras diferencias entre algunos miembros del bloque morenista en Baja California Sur, MORENA, que había llegado como mayoría parlamentaria en septiembre de 2018, pierde el control del Congreso y le son arrebatadas diversas comisiones legislativas.

Por su parte, los diputados Carlos Van Wormer y Héctor Ortega Pillado, salen de la fracción de Morena y se integran, al lado de Ramiro Ruiz Flores y Sandra Moreno, a la nueva fracción Juntos Haremos Historia por Baja California Sur.

Los diputados de oposición —que para entonces eran una nueva mayoría—, votaron y aprobaron reformar la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo. Este es el punto relevante, ya que tras estas modificaciones a la Ley, la Presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, deberá corresponder sucesivamente a los coordinadores de las fracciones parlamentarias, en orden de mayor a menor representación por un año (Artículo 50, fracción II); asimismo, los integrantes de las comisiones, sean permanentes o especiales, sólo podrán ser removidos de su cargo por renuncia voluntaria (Artículo 64).

De tal manera que, con esta reforma, los cambios de titularidad en las comisiones quedaron “blindados” a favor del bloque de oposición para que, en lo sucesivo, no pudieran ser modificados; es decir, “tumbaron” a MORENA de las comisiones legislativas y acto seguido reformaron la ley para que los morenistas no les pudieran aplicar lo mismo en el futuro, y no pudieran recuperar estas comisiones en lo que quedaba de la legislatura.

Ante esto, los diputados del Movimiento de Regeneración Nacional se inconformaron considerando que la reforma es contraria a derecho y pusieron la resolución del conflicto en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), órgano que aún no resuelve la controversia.

Segundo round

Luego trascendió que el pasado 6 de marzo de 2020, se llevó a cabo una sesión privada extraordinaria en donde el grupo parlamentario de MORENA y la fracción de Juntos Haremos Historia recuperaron la unidad, acordando destituir a la diputada Lorenia Montaño (PES) de la Presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, y haciendo diversas destituciones y nombramientos en otras áreas del Congreso, entre ellas la de finanzas.

Ante estas destituciones y nuevos nombramientos, la diputada Elizabeth Rocha (PAN), entonces Presidenta de la Mesa Permanente, llamó a la fuerza pública para resguardar ciertas áreas del Congreso —incluyendo el área de Finanzas—, con el fin de impedir que los morenistas tomaran el control de los recursos del legislativo.

El argumento del bloque de oposición para desconocer estas modificaciones a las comisiones y demás áreas del Congreso, es que éstas, en virtud de las Reformas a la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo aprobadas por ellos mismos el año pasado, y recurridas por MORENA ante la SCJN, no pueden ser realizadas por los diputados.

En cambio, el bloque morenista toma como argumento la soberanía del Pleno del Congreso, considerando que la máxima autoridad de los Congresos de los Estados lo es el Pleno, y todos los acuerdos que haga la asamblea son válidos por mayoría.

Tercer round

Para el inicio del segundo periodo del segundo año de ejercicio de la XV Legislatura, Baja California Sur tenía un Congreso resguardado por la fuerza pública —en lo que se señaló como una clara intromisión del Ejecutivo Estatal—, y dividido en dos partes, disputándose la Junta de Gobierno y Coordinación Política. Así las cosas, en la primera sesión pública ordinaria, la diputada Daniela Viviana Rubio Avilés —en su entonces calidad de presidenta de la Mesa Directiva—, pretendió suspender las labores del Congreso. ¿El motivo? La contingencia que se vive en México por el coronavirus Covid-19.

Sin embargo, la bancada de MORENA y Juntos Haremos Historia, no estuvo conforme con esta orden de la Presidente y pidieron que se votara esta decisión, a lo que el resto de los diputados, del PAN, PRI, PRD y PES, respondieron abandonando el recinto legislativo.

Ya en esas circunstancias y ante la ausencia de la bancada opositora, los 13 diputados restantes ratificaron los cambios en la Oficialía Mayor, Auditoría Superior del Estado, Dirección de Finanzas, Recursos Humanos, las unidades de Equidad de Género, de Evaluación y Control, así como de las comisiones permanentes de Cuenta y Administración, Puntos Constitucionales y de Justicia, Igualdad, la Secretaría en Asuntos Fiscales y Administrativos, la presidencia del periodo ordinario de sesiones, así como la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Baja California Sur.

De igual manera, eligieron una nueva presidenta de la mesa directiva para el periodo ordinario de sesiones, resultando electa la diputada María Mercedes Maciel Ortiz (PT).

Los legisladores de MORENA interpusieron un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), acusando la intromisión del gobernador Carlos Mendoza Davis en perjuicio de la soberanía del Poder Legislativo, quien utilizó el Diario Oficial de BCS para intentar legitimar el poder de la bancada minoritaria destituida por los morenistas. Así, finalmente se retiraron las fuerzas del orden público de las áreas administrativas del Congreso del Estado.

¡Que ya suba el referee!

El día de ayer, se pretendió realizar la toma de protesta del nuevo representante de la Dirección de Administración y Finanzas del Congreso, Armando Cota Núñez, pero las diputadas Lorenia Montaño, Elizabeth Rocha Torres y Perla Flores, bloquearon la entrada al recinto parlamentario, aduciendo un mandato legal (juicio de amparo 280/2020) que protege a la destituida María Francisca Covarrubias Sánchez, quien se amparó por violencia política de género en contra de diputados morenistas al ser destituida de la Dirección de Finanzas.

En ese contexto, con la bancada del PES impidiendo el ingreso de los legisladores de MORENA al área de Finanzas, es que se suscitó el forcejeo entre las diputadas que, tras jalones y empujones, acabó con sendas mordidas y una oreja ensangrentada.

Cabe preguntarse, ¿qué hay detrás de la inmadurez política de nuestros diputados que les impide hacer un trabajo legislativo ordenado y dirimir sus controversias en el debate parlamentario? ¿Qué es lo que defienden –u ocultan–, literalmente, con uñas y dientes?

Lo cierto es que a la fecha, han trascendido diversos señalamientos entre los propios diputados al respecto del manejo de los recursos públicos, destacando el pago del viaje a París del esposo e hijo de la diputada Perla Flores, así como los nunca aclarados 337 mil pesos “desaparecidos” entre Rigoberto Murillo y Ramiro Ruiz Flores.

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FOTOS: Elisa Morales

La Paz, Baja California Sur (BCS). Ante los altos e irregulares cobros del servicio de agua potable en La Paz, que han alcanzado a instituciones educativas de nivel medio superior y superior, la fracción del Partido Encuentro Social (PES) presentó un punto de acuerdo para que el Congreso del Estado llame a los alcaldes, alcaldesas y a los cinco organismos operadores de agua potable, para que ofrezcan soluciones a las instituciones que, por aplicarles tarifas comerciales, han rebasado adeudos estratosféricos, informó el propio Congreso de Baja California Sur.

El diputado Rigoberto Murillo Aguilar, de la fracción del PES, expuso que los organismos operadores de agua, específicamente el de La Paz, aplica tarifa comercial a instituciones educativas, por lo cual instituciones como CBTIS, CETMAR, CEB, Instituto Tecnológico Nacional de México, CECATI entre otros, han generado millonarios adeudos, impagables, ya que no cuentan con recursos asignados para cubrir el concepto, recurriendo a cuotas voluntarias de padres de familias.

Presentó el ejemplo del CBTIS 62, al que desde el año 2018 se le hace el cobro mensual con tarifa de 30 mil pesos, incluyendo periodos de vacaciones, cuando no hay alumnos, y, por ende, el consumo disminuye considerablemente, “aquí lo lamentable es que la situación ha sido provocada por que el cobro de servicio de agua potable y alcantarillado, se efectúa bajo la tarifa de usuarios comerciales, como si las escuelas fueran empresas o negocios, pero estas escuelas al no tener recursos asignados por la Federación para el pago del servicio de agua potable, se debe realizar por medio de ingresos propios, que son producto de la cooperación voluntaria de los padres de familia, pero al no ser obligatoria esta cooperación, no se obtienen recursos suficientes”.

Añadió que los directores de estos planteles han realizado múltiples gestiones ante las direcciones comerciales de los Organismos Operadores en los 5 Municipios que integran la geografía estatal, sin embargo, sólo han recibido respuestas en sentido negativo y en algunos casos ya se está aplicando el corte del servicio.

El iniciador señaló que la nueva Ley de Hacienda para La Paz, permite que el Organismo Operador fije esas tarifas y las aumente sin que exista control por parte del Congreso del Estado.

En la sala de comisiones Armando Aguilar Paniagua se contó con la presencia de personal administrativo y maestros del CECATI39,  CBTIS62, CTIS, CETMAR, CBTAS y del Instituto Tecnológico de La Paz, quienes entregaron un documento a la presidenta de la Diputación Permanente, diputada Elizabeth Rocha Torres.

FOTO: Archivo.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Los integrantes de la fracción del Partido Encuentro Social (PES) en el Congreso de Baja California Sur, las diputadas Lorenia Montaño Ruiz, Perla Flores Leyva y el diputado Rigoberto Murillo Aguilar, analizan la agenda que continuarán en el actual periodo ordinario de sesiones así como las postura como fracción ante diversos tenas que se avecinan en la agenda legislativa del parlamento sudcaliforniano, informó el Congreso del Estado.

La diputada Lorenia Montaño Ruiz informó que el grupo está tratando  asuntos diversos, como actividades dentro de sus respectivos distritos y asuntos internos del Congreso y gestorías, buscamos sumar esfuerzos, ver los temas que tenemos como agenda legislativa y ver asuntos en común, indicó.

Por su parte, la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Perla Flores Leyva, informó que también están tomando acuerdos como fracción para emitir su votación como fracción en la Junta de Gobierno.

Por otro lado anunció que, en conjunto el diputado Rigoberto Murillo Aguilar, rendirá informe de labores el 16 de octubre próximo en instalaciones del Palacio Legislativo.

FOTO: Internet.

La Paz, Baja California Sur (BCS). En sesión extraordinaria, por mayoría otorgada con base en el artículo 158 de su Ley interna, el Congreso del Estado aprobó las reformas a la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo, presentada por las diputadas Maricela Pineda García, Perla Flores Leyva, Lorenia Montaño y el diputado Rigoberto Murillo, que modifica las facultades de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Legislativo, con lo que reconocen las fracciones del PES, PAN y la nueva fracción MORENA Juntos Haremos Historia, informó el Congreso del Estado.

Los integrantes de la facción de Morena, Milena Quiroga Romero, Mercedes Maciel Ortiz y Esteban Ojeda, coincidieron, en sus argumentaciones en contra, que la pérdida de registro del Partido Encuentro Social (PES), es un asunto resuelto desde el 2018 por las autoridades electorales, por lo que en este año no se puede hablar de conservar derechos de filiación política de un partido que no existe, menos de conservar derechos de una fracción parlamentaria que no existe. Posteriormente y previo a la votación particular, se retiraron del recinto.

Finalmente, después de que 9 de los 20 diputados asistentes se retiraron de la Sala de Sesiones previo a la votación particular, la Mesa Directiva aplicó el artículo 158 de la Ley Reglamentaria que prohíbe “a los Diputados ausentarse del Salón, y, a la Presidencia, conceder permiso para ello durante la votación de algún asunto. Y sí se abstuviere de expresar su voto, este computará unido al de la mayoría de los que así lo expresaren”. Por lo que se aprobó el dictamen en todos sus términos.

Luego de esta aprobación, la diputada Perla Flores Leyva, declaró que corresponderá a la Fracción del Partido Encuentro Social (PES), presidir la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Poder Legislativo a partir del 1 de Septiembre del presente año. Flores Leyva  dijo también, que con esta reforma (presentada por ella misma) se buscó darle pluralidad al órgano de gobierno del Poder Legislativo.

Por su parte, el diputado Ramiro Ruiz Flores informó que en conjunto con los diputados Carlos José Van Wormer Ruiz, Sandra Moreno Vázquez y Héctor Ortega Pillado, integrarán una nueva fracción denominada MORENA Juntos Haremos Historia,  la cual será coordinada por el diputado Ortega Pillado, separandose así de la fracción morenista original.