FOTO: Congreso del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). En el marco de las actividades conmemorativas al Día Internacional de la Mujer, la diputada María Luisa Ojeda González, realizó la conferencia denominada: “La importancia de legislar con perspectiva de género”, a cargo de la maestra Aurora Yáñez Martínez, con el objetivo proporcionar las herramientas necesarias que permitan eliminar las barreras para aplicar a la legislación, en la instituciones y en la sociedad la perspectiva de género, se da a conocer en un comunicado oficial.

Ojeda González subrayó que el objetivo de la conferencia fue contribuir a la sensibilización y capacitación para transformar la cultura organizacional, adoptadando el principio de igualdad y no discriminación con pleno respeto a los derechos, a fin de poder visualizar al Congreso del Estado como uno incluyente y libre de discriminación y violencia, adoptando, por el contrario, buenas practicas al interior y exterior del mismo, que permitan crear un cambio de conciencias, cultura y de sensibilización mediante un marco jurídico de avanzada.

La Diputada fue enfática al señalar la importancia de incorporar una metodología de análisis con perspectiva de género en las leyes, a fin de que esta pueda ser institucionalizada.

“Como Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, estoy comprometida y convencida de la importancia de incorporar la perspectiva de género en el ejercicio y actuación de todos los ámbitos del quehacer público. Ha sido, es, y debe ser un imperativo ético y profesional al que todas y todos estemos comprometidas a impulsarla y garantizarla”, sentenció la legisladora.

Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). El pasado 25 de noviembre se llevó a cabo en el recinto legislativo sudcaliforniano el denominado Primer Parlamento de Mujeres del Estado de Baja California Sur 2022, bajo el lema para atender y escuchar las voces de ellas.

El objetivo central del ejercicio de participación ciudadana era abrir un espacio de expresión que generara propuestas tendientes a conformar una agenda legislativa con perspectiva de género, en busca de alcanzar y fortalecer la igualdad sustantiva.

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FOTO: Congreso del Estado

Escuchamos en el foro generado, diversos planteamientos formulados desde la tribuna, la mayoría con enfoque ideológico, cargadas de buenas intenciones y nobles propósitos, pero infortunadamente poco viables en el terreno de la concreción. Abundaron los discursos declarativos y extrañamos los postulados propositivos.

Tal vez faltó a los organizadores brindarles a las participantes información previa y acompañamiento a fin de que los planteamientos resultaran en auténticos proyectos de iniciativa de modificación o adecuación de las leyes sudcalifornianas que se cristalizaran más allá de una simple exposición de motivos.

Sin demeritar el aporte de las participantes en general, la única propuesta que nos parece de contenido específico y de factible concreción en una reforma de ley que realmente brinde una oportunidad efectiva al sector femenino de incorporarse al sector de servicios -compitiendo en auténticas condiciones de igualdad-, fue la formulada por la representante del segundo distrito. 

Evangelina Castillo Hirales, planteó la urgente necesidad de reformar la Ley de Transporte de Baja California Sur, adecuándola a los compromisos y postulados suscritos por México en tratados internacionales en materia de igualdad, no discriminación y equidad de género, aplicables en el proceso del otorgamiento de permisos y concesiones.

FOTO: Ayuntamiento de Los Cabos

Y es que el gremio de los prestadores de servicios de transporte en el Estado es el club de Tobi, donde la presencia femenina solo se percibe en los servicios secretariales y de acompañamiento. Explicó la ponente que, del total de 480 concesiones otorgadas y vigentes, ninguna es para las mujeres que laboran al volante de unidades motrices dedicadas al transporte, tanto de pasajeros como de carga.

Refirió la naciente organización femenina denominada, Gremio Rosa Movilidad BCS, una sociedad cooperativa integrada por trabajadoras del volante, quienes ejerciendo el derecho de asociación pugnan por el otorgamiento de permisos y concesiones de las diferentes modalidades de prestación de servicios de transporte en la entidad, como conductoras en plataformas y aplicaciones tecnológicas. 

A través de un pronunciamiento, pidió se les permita hacer del transporte un autoempleo seguro para el sustento de sus familias, en situación de igualdad respecto de sus símiles masculinos.

Demandó el reconocimiento y la tutela estatal del derecho que tienen a migrar de operadoras a titulares de una concesión, tal y como sucede con los operadores masculinos.

La parlamentaria, expuso las razones por las cuales el Estado debe reconocer y garantizar la operatividad del Gremio Rosa Movilidad, B.C.S., Sociedad Cooperativa, como una opción para mujeres, con apego a la Ley de Transporte, respetando la igualdad para hombres y mujeres que se benefician de los permisos y concesiones.

El reconocimiento gremial femenino es indispensable, para proteger a las auténticas trabajadoras del volante, y debe plasmarse en la ley, para evitar la simulación que ya se está gestando al seno de las organizaciones de transportistas locales, que están poniendo como titulares de algunas concesiones, a hijas, sobrinas o esposas, sin que ellas sean auténticas operadoras del volante, una burda simulación que además denigra a las mujeres que serán utilizadas como prestanombres, con la finalidad de aparentar que ellas tienen participación en el ejercicio de explotación comercial de las concesiones, tratando de burlar así, la legítima pretensión de las mujeres que se desempeñan día a día, laborando al volante de las unidades de transporte.

La propuesta específica de reforma a la ley estatal de transporte se incluyó en el punto de acuerdo que por unanimidad aprobaron las participantes del parlamento.

La lucha de estas valientes mujeres del volante apenas inicia, enfrentando una pendiente cuesta arriba en el proceso de reconocimiento y ejercicio de sus derechos en un plano de igualdad. Esperan contar con el respaldo del Congreso a través del compromiso concertado de reformar la Ley de transporte que les permita competir en condiciones de igualdad con el gremio masculino, y confían en que el gobernador del Estado cumplirá su promesa de campaña, de apoyarlas en este proceso y de aplicar la paridad de género en el otorgamiento de las concesiones de transporte, tal y como exige la paridad sustantiva y la equidad de género que enarbola como bandera la presente administración pública estatal.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Con el objeto de visualizar en el Código Civil del Estado de Baja California Sur, la obligación de juzgar con Perspectiva de Género y en protección de las personas adultas mayores, la diputada María Luisa Trejo Piñuelas presentó una iniciativa para que, las y los juzgadores al aprobar los convenios derivados de divorcio o emitir la sentencia, garanticen la protección de su patrimonio personal y familiar.

Así mismo, que en toda controversia jurisdiccional en la que se advierta una situación de violencia, discriminación o vulnerabilidad por razones de género, ésta se deba tomar en cuenta por el Juzgador o la Juzgadora a fin de garantizar el acceso a la justicia de forma efectiva e igualitaria. Además, de la nulidad de la donación que comprenda la totalidad de los bienes del donante, si éste no reserva en propiedad lo necesario para vivir según sus circunstancias o bien se advierta que ésta se realizó en un contexto de violencia, discriminación o por razones de género.

La legisladora destacó que, si bien, el Estado debe velar porque en toda controversia jurisdiccional, donde se advierta una situación de violencia, discriminación por razones de género, en la realidad, muchas mujeres y personas adultas mayores cuando son juzgados, las juezas y los jueces no toman en consideración su condición especial y permiten la celebración de convenios de divorcio o actos jurídicos como donaciones donde son despojados jurídicamente de lo que por derecho les corresponde.

Es por ello que propone adicionar disposiciones al Código Civil Estatal, dotando de normas sustantivas. La  propuesta fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia para su análisis y dictaminación.

FOTOS: Archivos.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). La violencia es referente específico de la desigualdad y discriminación que sufren las mujeres en la sociedad mexicana, derivadas de estigma sociales, y culturales, que impactan directamente en el marco de desarrollo personal en el núcleo familiar, propiciadas por esquemas de desigualdad heredados, y fuertemente arraigados en los patrones de comportamiento que presuponen una superioridad masculina respecto del género femenino, manteniendo estructuras de poder y autoridad masculina, que sostienen y alimentan la violencia de género, con  graves repercusiones en la salud, la libertad, la seguridad, el patrimonio y la vida de niñas y mujeres.

Esta espiral de inequidad se reflejaba hasta hace poco, incluso en el marco legal. Hasta 1970, el estuprador libraba cualquier sanción penal, si se casaba con su víctima, lo que de facto se constituía en una cadena perpetua para su víctima, pues en ese entonces, el matrimonio duraba “hasta que la muerte los separaba”. De tutela penal sólo eran titulares las menores castas y honestas, y la carencia de uno de estos requisitos, excluía de delito al estuprador. El delito de aborto se sancionaba con pena atenuada, si la abortante había ocultado su embarazo y gozaba de buena reputación. Tanto en el delito del aborto como en del estupro, el honor y el buen nombre de la familia eran más importante que el libre desarrollo de la personalidad, la libertad y la vida. El concepto de honor, desde luego, se tejía en torno al buen nombre del patriarca familiar.

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Existía un código no escrito —prevalente en algunos medios actualmente—, en el que se presuponía un grado de responsabilidad a la víctima, a partir de presupuestos conductuales de moralidad exigible a las mujeres: Seguro se lo buscó por vestirse de esa manera, No son horas de andar en la calle para una señorita decente, Eso les pasa por no darse a respetar, por citar algunas frases de uso común para exculpar al agresor y atribuir responsabilidad a la víctima.

La violencia, discriminación y desigualdad apuntada llevó a México, como nación, a enfrentar en el primer decenio del siglo XXI, tres sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: El caso Campo Algodonero, por la desaparición y muerte de jóvenes mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, y las sentencias de los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, por tortura y violación sexual en agravio de una mujer y una niña, ambas indígenas en el Estado de Guerrero.

La CIDH determinó en los tres casos, que las investigaciones por violencia sexual deben incluir una perspectiva de género, y partiendo de este postulado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la obligatoriedad de verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impida el acceso a la justicia de manera completa e igualitaria para mujeres con relación a los hombres, en la investigación de los delitos de violencia sexual.

Por mandato constitucional, la investigación de los delitos se rige por los principios de objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad legalidad y respeto a los derechos humanos. Tratándose específicamente de los delitos de violencia contra las mujeres, deberá sujetarse la investigación a las siguientes reglas mínimas: (Artículos 127 a 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales):

• Toda diligencia debe ser impulsada de oficio, sin imponer la carga de la iniciativa a la víctima y/o sus familiares.
• Investigar con la sensibilidad requerida a las necesidades y condiciones de la víctima.
• Sin interpretaciones formalistas en materia de violación.
• Tener siempre en cuenta que la fuerza no es un elemento imprescindible para castigar una conducta sexual no consentida, basta con que haya elementos coercitivos derivados de las circunstancias.
• Que la investigación de los actos sexuales no consentidos, en la práctica, se hace con base tanto en el tipo penal como en una valoración sensible al contexto de la evidencia del caso.

Garantías mínimas que debe proporcionar el Ministerio Público en la investigación de hechos con la apariencia de delito relacionados con la violencia sexual:

• Toda entrevista a la víctima debe realizarse en un ambiente, privado, digno, cómodo y seguro que le brinde confianza y protección.
• Registrar la declaración de la víctima de modo que se evite o limite la necesidad de su repetición.
• Invariablemente, de manera inmediata otorgar atención médica, sanitaria y psicológica tanto de emergencia como continuada si así se requiere, para reducir las consecuencias de salud y postraumáticas derivadas del evento.
• Se realice inmediatamente un examen médico y psicológico completo y detallado por personal capacitado, sensible, respetuoso, de su mismo sexo si la víctima así lo desea, ofreciéndole que sea acompañada por alguien de su confianza.

Se documenten y coordinen los actos de investigación y se maneje diligentemente la prueba, tomando muestras suficientes, realizando estudios para determinar la posible autoría del hecho, asegurando otras pruebas como la ropa de la víctima, investigando de forma inmediata el lugar de los hechos y garantizando la correcta cadena de custodia, así como dar intervención a peritos en genética forense, para recabar indicios y/o evidencias que se encuentren en cualquier parte del cuerpo de la víctima.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). En sesión ordinaria del Congreso del Estado de BCS, la Diputada Sandra Moreno Vázquez propuso la creación de la Ley de Capacitación en Materia de Género, Prevención y Erradicación de las Violencias contra las Mujeres, a fin de que todos los servidores públicos, de los tres poderes, Ayuntamientos, así como de los organismos autónomos del Estado se capaciten en tal materia.

La iniciadora puntualizó que actualmente, muy pocos servidores públicos no cuentan con formación en materia de género y de combate a la violencia, por lo que afirmó que la ruta efectiva para lograrlo es la concientización en materia de género, para que, de esta manera, las políticas públicas, acciones o contacto con la ciudadanía en general cuenten con perspectiva de género, se informó a través de un boletín de prensa del Congreso de BCS.

La diputada presentó cifras alarmantes del incremento de delitos en contra de las mujeres, contra las libertades sexuales, la familia y los menores, sin que las autoridades, en ninguno de los órdenes de gobierno, encuentren una estrategia eficaz para combatirlo.

De acuerdo a la incidencia delictiva de 2015 a 2020, los delitos contra la libertad y la seguridad sexual, tuvieron un incremento del 115.3%, al registrarse 314 en 2015 y 676 en 2019, mientras que al 31 de julio del 2020 se han registrado 425. Los delitos contra la familia, tuvieron un incremento del 68.9%, de 2 mil 271 en 2015 a 3 mil 836 en 2019, mientras que, al 31 de julio del 2020 se han registrado mil 889.

El delito de violencia familiar tuvo un incremento del 54.5%, al pasar de mil 691 en 2015 a 2 mil 612 en 2019, mientras que, al 31 de julio del 2020 se han registrado mil 405 delitos. En tanto que el delito de violencia de género en todas sus modalidades registró un delito en 2016 y 14 delitos en 2019. Al 31 de julio del 2020 se han registrado 5 delitos.  La iniciativa fue turnada a la comisión de Igualdad de Género para análisis y dictaminación, concluye el boletín de prensa del Congreso del BCS.