Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). El proyecto inmobiliario Misión Punta Norte, se oferta como un desarrollo residencial de 200 hectáreas y 4 mil 675 lotes totalmente urbanizados. Se encuentra ubicado a 21 km al Norte de la ciudad de La Paz, en la localidad de El Centenario.

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Observaciones

1. El proyecto aumentaría gravemente la presión hídrica sobre el acuífero de La Paz.
2. El predio tiene dos tipos de usos de suelo que, de acuerdo con el PDUCP-LPZ, resultan incompatibles con el tipo de obras que se pretenden desarrollar.
3. El proyecto no puede contar con evaluación de impacto ambiental Estatal, ya que el PDUCP-LPZ indica como prohibidas el tipo de actividades que el proyecto pretende desarrollar.
4. El proyecto carece de autorización para la publicidad de la venta de sus predios conforme al Artículo 77 Bis de la Ley de Desarrollo Urbano vigente para Baja California Sur.
5. El proyecto afecta zonas federales de cuerpos de agua. Conforme a la cartografía del PDUCP-LPZ, el polígono del proyecto se ve atravesado por un arroyo de tipo intermitente (arroyo Garambullo), sin contar con concesión federal para ello.
6. La zona del proyecto es considerada como de riesgo según el atlas de riesgo de La Paz.
7. La ciudad no cuenta con las capacidades de dotar servicios públicos a un proyecto de la magnitud que se plantea.
8. Los programas de desarrollo urbano no pueden ser modificados en términos puntuales por el Cabildo, ni cualquier otra autoridad municipal, sino mediante el procedimiento por el que fueron creados: Artículo 17 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California Sur.

Cronograma

El 24 de octubre de 2019, mediante oficio DPYRU/DPU/811/2019, la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología (DGDUyE) niega el uso de suelo para dos grandes extensiones de terreno rústico, afectas al proyecto de desarrollo urbano denominado Misión Punta Norte, por encontrarse una parte en Área de Preservación Ecológica y otra parte en Área de Bienes Nacionales.

El 20 de mayo de 2020 el promovente solicita que su petición de cambio de uso de suelo sea estudiada por Cabildo.

El 4 de junio de 2020 la DGDUyE envía petición del promovente a la Secretaría General del Ayuntamiento de La Paz.

El 14 de agosto de 2020, durante la XXXIV sesión de cabildo, se turna a la Comisión edilicia de Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente para el dictamen de la petición.

El 16 de diciembre de 2020, la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano, Ecología  y Medio Ambiente presenta dictamen en el que establece que el Cabildo no cuenta con facultades para autorizar cambio de uso de suelo, pues debe observarse la normativa que establece que deben respetarse el PDU y que para cambiar el uso de suelo, es forzoso modificar el PDU siguiendo lo establecido para ello, es decir, la convocatoria, foros, consulta, presentación de observaciones por parte de la ciudadanía, corrección al instrumento, valoración por parte de la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente, presentación al cabildo, aprobación y publicación. Ya que, como lo establece la Ley de Desarrollo Urbano Estatal, en el párrafo último del Artículo 17: “Cualquier modificación a los planes de desarrollo urbano, o a la zonificación en ellos contenida que se efectúe sin haberse observado el procedimiento que establece este artículo, estará afectado de nulidad absoluta”.

El 16 de diciembre de 2020, en sesión de cabildo, el alcalde Rubén Muñoz Álvarez promueve el desechamiento del dictamen presentado por la Comisión edilicia de Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente, a la que por razón de materia compete el asunto, y propone a la Comisión de Gobernación, Seguridad Pública y Tránsito, (comisión incompetente) que el propio alcalde preside, para elaborar un nuevo dictamen al respecto de la petición de cambio de uso de suelo del proyecto Misión Punta Norte. Cabildo vota a favor.

El 25 de marzo de 2021, en sesión extraordinaria de Cabildo, la Comisión de Gobernación, Seguridad Pública y Tránsito, en su dictamen autoriza el cambio de uso de suelo para el proyecto Misión Punta Norte.

El 13 de mayo de 2021, la Secretaría General gira oficio SG/DTC/1278/2021 a la DGDUyE, informándole que el Cabildo autorizó el cambio de uso de suelo, para que haga sabedor de ello al promovente.

El 21 de mayo de 2021 la DGDUyE mediante oficio DGDUyE-1101/240-21 hace del conocimiento del promovente lo acordado por Cabildo.

Estatus procesal actual

La causa penal SIFI 1197/2024 se encuentra en etapa inicial, que incluye la formulación de imputación, la solicitud de medidas cautelares, y la solicitud de vinculación a proceso. El 4 de abril de 2025 debió llevarse a cabo la audiencia inicial, pero la defensa solicitó el diferimiento, para poder estudiar las diversas constancias que contiene la carpeta de investigación LPZ/4446/2021, motivo por el cual, la audiencia se difirió para el 29 de mayo hogaño a las 12:00 horas.

El objetivo en esta etapa del proceso penal, audiencia inicial, es lograr la vinculación a proceso de RUBÉN GREGORIO “N” alias “EL MENTIRITAS”, JUAN RAMÓN “N” sin alias conocido y PILAR EDUARDO “N” alias “El Pílalo”, por el hecho que la ley señala como delito de USO ILÍCITO DE ATRIBUCIONES Y FACULTADES, ilícito previsto y sancionado por el Artículo 280 del Código Penal de Baja California Sur, en relación con los Artículos 21 fracción III, 22 fracción I y 26 fracción I inciso C del mismo ordenamiento, cometidos en agravio del Ayuntamiento de la Paz, Baja California Sur, en lo específico, y de todos los habitantes de esta circunscripción territorial municipal, en lo genérico.

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AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

IMAGENES: Internet

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). A puerta cerrada, el Cabildo paceño celebró el pasado 25 de marzo una sesión extraordinaria cuyo único objetivo fue aprobar un dictamen, mediante el cual se pretende autorizar un megaproyecto denominado “Misión Punta Norte”, cuya realización pone en grave peligro el abasto de agua en el municipio, y afecta a toda la estructura de los servicios públicos municipales.

El proyecto inmobiliario se encuentra ubicado a 21 km al Norte de la ciudad de La Paz, en la localidad de El Centenario, y se oferta como un desarrollo residencial de 200 hectáreas y 4 mil 675 lotes, totalmente urbanizados.

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Como antecedente, en diciembre de 2020, en sesión de Cabildo, la Comisión de Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente presentó un dictamen desechando prácticamente el proyecto por inviable, y precisa que el Cabildo no está facultado para autorizar cambios de uso de suelo.

En la misma sesión, el Presidente Municipal, fuera de procedimiento, encargó un nuevo dictamen, turnando el asunto a la Comisión de Gobernación, Seguridad Pública y Tránsito, que él mismo preside y que NO TIENE ninguna competencia en materia de impacto ambiental, ecología y desarrollo urbano.

Fue esta comisión la que presenta el ilegal dictamen, que fue aprobado por nueve votos a favor, cinco en contra y una abstención.

Sobre la ilicitud y graves consecuencias que tendrá la autorización del megaproyecto, presentamos algunas observaciones:

• El proyecto colapsará el sistema hídrico de La Paz.

El acuífero de La Paz que abastece del recurso hídrico a la población de la ciudad y que abarca la zona donde el proyecto se desarrollaría es, de acuerdo con cifras oficiales de la CONAGUA, un acuífero que presenta déficit del recurso en por lo menos 7 mil 470 millones de litros de agua anuales.

Se estima, de manera conservadora, que el proyecto necesitaría, sólo para su construcción, aproximadamente un volumen de agua de 10 mil millones de litros. Aún faltan las estimaciones sobre el volumen que todo el complejo necesitaría para abastecer las construcciones en los más de 4 mil 600 lotes que se ofertan.

• El predio tiene asignado dos tipos de usos de suelo que, de acuerdo con el PDU, resultan incompatibles con el tipo de obras que se pretenden desarrollar.

El 70% del terreno está catalogado como área de protección ecológica, en la cual no se pueden construir obras de infraestructura. El resto del predio es residencial turístico, esto es, con predios de mínimo 500 m², y una parte mínima como corredor urbano.

Lo que pretende la constructora es cambiar el uso de suelo, a residencial medio, para poder construir más de 4 mil 600 casas. Este cambio no puede modificarse por el Cabildo. Carece de facultades para ello. La única manera es modificando el PDU con las convocatorias, foros, consultas, opiniones documentadas de la ciudadanía, respuesta a las mismas, dictamen por la Comisión de Desarrollo Urbano, presentación ante Cabildo para su aprobación, modificación o rechazo y, en caso aprobatorio, su respectiva publicación. En síntesis, ni el Cabildo ni ninguna Dirección municipal está facultada para realizar un cambio de uso de suelo.

• El proyecto no cuenta con evaluación de Impacto Ambiental estatal.

El Artículo 20 de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente de BCS indica que dicha evaluación le corresponde a la Secretaría estatal de Turismo, Economía y Sustentabilidad, cuando se trate de fraccionamientos, unidades habitacionales y nuevos centros de población.

• El proyecto pretende desarrollarse en zonas federales de cuerpos de agua.

El polígono del proyecto se ve atravesado por un arroyo de tipo intermitente (arroyo Garambullo), cuya administración es del orden federal. El dictamen que se aprueba no acredita que se haya cubierto este requisito del orden federal. Además, la zona del proyecto es considerada como de riesgo, según el Atlas de Riesgo de La Paz.

Conclusión

Con independencia de todas las ilegalidades cometidas durante el procedimiento, el simple hecho de amenazar el suministro de agua para los habitantes de La Paz es motivo suficiente para oponernos y combatir este abusivo ejercicio de poder, que sólo beneficia a los bolsillos de los desarrolladores.

Cada tres años es lo mismo. Cuando no es la minería tóxica, son los desarrollos depredadores.

Esta tendencia criminal de malos servidores públicos que nos obliga a pelear contra su ilegal proceder ante los tribunales federales debe terminar. Hoy mismo iniciamos desde la sociedad civil organizada la defensa legal. Otra vez volveremos a ganar, porque la razón y el derecho nos asisten.

Así como paramos a las mineras y a Tres Santos, pararemos Punta Norte, porque de ello depende sostener nuestro frágil entorno ecológico.

La ley y la razón están de nuestro lado. La sociedad civil organizada, alista tres frentes de eficacia probada: 1.- Movilización social, 2.- Defensa jurídico legal y 3.- Difusión masiva en redes sociales.

Contamos con todos los habitantes del Estado y simpatizantes que no radican en la Entidad, para emprender esta batalla. No es la primera vez que enfrentamos estos retos, y ya hemos derrotado a poderosas empresas cobijadas por el entreteje del poder al abrigo de la corrupción.

La invitación está abierta para todos los que quieran sumarse, participando en una, dos o las tres líneas de acción, para detener el proyecto depredador de desarrolladores rapaces apoyados por el presidente municipal y sus incondicionales en el Cabildo paceño.

De una forma u otra, deben entender esos malos servidores públicos, que traicionan la confianza de quienes los llevamos al encargo mediante el voto, que no pueden seguir actuando al margen de la ley y en beneficio de unos cuantos, como en el caso, que pretenden quitarnos el agua y afectar zonas de reserva ecológica, para satisfacer intereses económicos de empresas inmobiliarias, con las que casualmente se liga al actual presidente municipal.

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