Instalaciones antiguas de El Boleo en Santa Rosalía. FOTOS: Modesto Peralta Delgado.

Explicaciones Constructivas

Por Noé Peralta Delgado

La Paz, Baja California Sur (BCS). Con un gran impacto por parte de la oposición de grupos ambientalistas y, siendo el sector minero, uno de los más contaminantes del planeta, la industria de la minería en la región está prácticamente destinada al fracaso en un futuro. La emblemática mina El Boleo de Santa Rosalía no es la excepción.

En noticias recientes a nivel local y nacional, el Presidente de México anunció que se les negaban los permisos que estaba solicitando para una ampliación en la explotación diversos metales como manganeso y cobre, principalmente. El impacto de la noticia a nivel nacional fue mínimo, pero a nivel local cayó como una bomba, ya que hablar de la mina El Boleo, es hablar de la principal fuente de ingresos y de empleo del bello puerto de Santa Rosalía, en el lejano municipio de Mulegé.

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La piedra de la abundancia

Para entender el nacimiento de Santa Rosalía y la mina El Boleo, debemos de hacer un poco historia, y saber que desde el inicio de la explotación minera, se sabía con gran certeza que no iba haber cobre que durara tantos años de explotación, por lo que en sus inicios las compañías extranjeras aprovecharon las “fáciles” concesiones otorgadas por el Gobierno Mexicano para exprimir todo el cobre posible de las entrañas de la serranía aledaña a Santa Rosalía, y claro, también haremos una breve reseña del supuesto renacimiento reciente de la mina, ya de la mano de las empresas coreanas y canadienses.

Como se cuenta en la mayoría de los libros de historia regional —y un poco a manera de mito—, se dice que corría el año de 1868 cuando el señor José Rosas Villavicencio (en otras fuentes se menciona el apellido “Rosa”), oriundo del pueblo de Santa Águeda, descubrió por casualidad una piedra color azul prusia, y la llevó a un marinero de la región, quien a su vez la llevó al puerto de Guaymas para su estudio y análisis. Don José desconocía que la piedra tan llamativa que se había encontrado en alguna parte de la sierra era una roca que después bautizarían  como “boleita” los geólogos —esto, por su origen— y que contenía grandes cantidades de cobre y de muy buena calidad, únicamente equiparables con la región minera chilena de Chuquicamata, en el desierto de Atacama —y que aún en la actualidad posee las más grandes reservas de cobre del mundo.

Una vez que los especialistas descubrieron que dicha piedra contenía cobre y era factible de explotación corrió la noticia por el mundo sobre su posible explotación a gran escala desde los Estados Unidos hasta Europa, pero el ingeniero francés Georges Alfred de la Bouglise quien, como principal representante de la empresa minera Societé Anonyme des Mines de Lexington, adquirió del presidente Porfirio Díaz todos los permisos de explotación por 100 años. Cabe destacar que el magnate norteamericano, James Rothscild, también ofreció al Gobierno de México la solicitud; pensamos que don Porfirio se decantó por los franceses por la admiración que este tenía hacia la cultura francesa, y según se dice, para mantener una buena relación con Francia después del asesinato del emperador Maximiliano de Habsburgo.

El contrato para inicio de los trabajos de la compañía denominada: Compagnie Du Boleo, fue el día 7 de julio de 1885, donde se firmó un contrato por un millón de pesos en oro (desconocemos a donde fue a dar el recurso) y por un tiempo inicial de 50 años prorrogables a más tiempo, dependiendo de la extracción; también la empresa extranjera se comprometía a fundar un pueblo con los servicios básicos y dar empleo a la comunidad nativa, que al estar escasa se mandó traer a indígenas yaquis del vecino estado de Sonora para poder satisfacer la demanda de mano de la recién creada empresa.

El inicio fue alentador para la región, y más para el empresa minera, que consiguió por parte del gobierno una exención del pago de impuestos por concepto de aduanas. Los geólogos de la empresa hicieron estudios corroborando la buena calidad del cobre que estaba incrustado el recién nombrada piedra boleita, y ya desde ese momento se especulaba que la producción total sería de 900 mil toneladas. En un lapso de 50 años, era muy redituables económicamente, y como se dice en lenguaje empresarial: negocio redondo.

Después de la bonanza de la extracción, donde aparentemente el movimiento revolucionario no afectó en gran medida su extracción y el recién creado pueblo de Santa Rosalía siguió su crecimiento y su auge económico entre los pobladores, la empresa minera se fue acabando poco a poco el preciado metal hasta llegar al año de 1935, cuando los geólogos avisaron a la empresa minera sobre la existencia de más mineral. Se recomendó ampliar el contrato por otros 50 años o hasta que el metal se acabe —lo que sucediera primero.

Llegando hasta 1954 se tiene que la extracción de cobre tiene su nivel más bajo. La compañía francesa inicia con su recorte de personal y su ya inevitable quiebra ante la falta de cobre suficiente. Entonces fue cuando, al fin, el Gobierno Mexicano entra al rescate de la mina y del poblado de Santa Rosalía con la creación de un fondo minero de rescate, que terminó de plano en el año de 1972, con el agotamiento total del cobre. A partir de este año el pueblo entra en un bache económico en donde, entre sus reservados atractivos turísticos y algunas temporadas de pesca de calamar, hace que su población opte por quedarse y no emigrar, y convertir en pueblo fantasma la otrora ciudad de desarrollo.

El nuevo amanecer llega a inicios de la segunda década del nuevo milenio, con el descubrimiento en menor escala, pero al fin y al cabo, de yacimientos de manganeso, cobalto y un poco de cobre. Fue la empresa coreana Korea Resources Corporation (KORES) la que en 2012 inició con la larga burocracia de los permisos para la obtención de la concesión para explotar el manganeso y, que según estimaciones, la producción con las superficies en estudio era para 15 años y se ocuparía una ampliación en el futuro…. Y es justo lo que se está solicitando en estos tiempos. El pueblo de Santa Rosalía revivió a partir del 2015 con el inicio de la explotación de manganeso, ya que la extracción de cobre, cobalto y zinc, tuvo muchas complicaciones técnicas y se valora si vale la pena invertirle dinero en su pobre extracción.

La piedra en el zapato

Según reportes de la página de la industria minera en México, la mina emplea mil 283 trabajadores y 478 empleos indirectos, también tiene una relación con alrededor de 4 mil proveedores, y crea una derrama económica sobre la población de Santa Rosalía, haciendo que se vea el “movimiento” de recurso humano y económico. Hasta el momento la empresa minera ha demostrado que es amigable con el entorno y no se ha sabido de contaminaciones ambientales, tal vez por la poca extracción o por tener un adecuado procedimiento de extracción; pero lo que sí es cierto, es que ya no hay las grandes cantidades de metal por extraerse y que sea redituable para los empresarios, a tal grado que la Korea Resources Corporation, cedió un 7.3% de las acciones a la canadiense Camrova Resources Inc, quedándose con el 92.7% restante.

La razón de la solicitud para ampliar el terreno para la extracción del mineral hacia una superficie de 300 a 400 hectáreas, es por la sencilla razón de que con la extracción actual no van a durar los años que hagan valer la pena la inversión, es por eso que se están “poniendo el huarache” y están solicitando expansión de terreno. Hasta donde se sabe, el procedimiento está bien elaborado y ha cumplido con las normas de impacto ambiental; pero el Presidente del país negó —aunque de manera un tanto informal: en la “conferencia mañanera”—, el permiso de la ampliación, argumentando que no se puede seguir entregando concesiones a empresas extranjeras.

El tema es muy delicado, en primera porque las informalidades en las decisiones del Presidente, ya sabemos que se cumplen más tarde que temprano; recordemos la rifa del avión, por lo que los empresarios se preocuparon y con mucha razón; en segunda, porque para tomar dicha decisión se debe de hacer una análisis objetivo de las consecuencias entre la población que no está preparada para este tipo de eventualidad.

Creemos que, en el supuesto caso de que se autorice a la empresa seguir ampliando la superficie de extracción, va a llegar el día que el metal se acabe; entonces, la población deberá buscar otras fuentes de ingreso o definitivamente abandonar Santa Rosalía como sucedió en los 60. En Chile se vivió algo parecido con la mina ya mencionada de Chuquicamata, donde se nacionalizó, y tras un largo conflicto con los dueños originales, se creó la empresa paraestatal CODELCO —acrónimo de Corporación Nacional del Cobre de Chile—, y que el día de hoy es un referente de cómo el gobierno puede ser buen administrador de una mina. Tal vez sea una solución, pero se ha comprobado que el Gobierno de México lo que toca lo lleva al fracaso como, por ejemplo, la salinera de Guerrero Negro y el lejano caso del parque solar Sonntlan en Las Barrancas.

Sin duda, la decisión de cancelar la ampliación de la concesión es un tema controversial, que puede tener argumentos válidos, pero castigar a la población de tajo es irresponsable. No debe suceder; al contrario se le debe ir preparando con otras opciones. Por lo pronto, el socio minero canadiense se declaró en pasivos y puso en venta sus acciones, lo que con mucha seguridad harán sus pares coreanos en corto plazo.

Escríbenos a noeperalta1972@gmail.com

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AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

Protesta contra la minera en visita de AMLO a La Paz. FOTO: Gladys Navarro.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). La tarde de este miércoles, de la oficina del Jurídico de la Delegación de Semarnat en Baja California Sur salió una información que establecía que el proyecto de aprobación de cambio de uso de suelo forestal a favor de Los Cardones —que se encontraba en borrador desde hace dos meses—, finalmente había quedado concluido y era favorable a la minera. Estaba listo para que únicamente lo firmará el Delegado y se le diera trámite al mismo.

Tras filtrarse la información, de inmediato, las organizaciones de la sociedad civil encabezadas por el Frente en Defensa del Agua y la Vida, se presentaron ante las oficinas del Delegado para cuestionarlo al respecto y reprocharle la ilegalidad en su caso de la firma de ese documento.

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El Delegado negó la existencia del documento y la firma del mismo, pero está muy presente en nuestra memoria el hecho de que también, en la administración municipal de la señora Ponce Beltrán negaban sistemáticamente que se otorgaría la autorización municipal de cambio de uso de suelo a la minera Los Cardones, y en los últimos días de su ejercicio público, intentaron otorgarla; de no haber sido por la movilización ciudadana hubiesen alcanzado su nefasto propósito.

En ambos casos, es decir, en la supuesta autorización que hubiera podido otorgar la administración poncista, y el cambio de uso forestal que pudiera otorgar el Delegado de Semarnat de BCS, se está en presencia de permisos emitidos dentro del marco de la ilegalidad, lo que significa que cuando hay corrupción y componendas en lo oscurito, cabe la posibilidad de que funcionarios deshonestos emiten permisos ilegales.

Es por eso que aunque el Delegado de Semarnat niegue insistentemente que no va a firmar esa autorización y que el documento de marras no existe no podemos creerle, y debemos buscar la certeza del hecho, para tranquilidad de todos los residentes de la entidad.

Despejando dudas

¿El uso de suelo lo da el Ayuntamiento de La Paz o Semarnat? Se trata de dos permisos distintos. El Ayuntamiento debe otorgar una licencia de uso de suelo para que la minera opere en el municipio, y además de ello, por afectarse una zona de la Reserva de la Biósfera de la Sierra de La Laguna. Pero se requiere además, un cambio de uso de suelo forestal, el cual está a cargo de la depedencia federal, Semarnat. Se necesitan ambos usos de suelo, para que pueda operar la minera.

¿Porque sería ilegal el permiso de uso de suelo forestal que supuestamente otorgaría Semarnat a Los Cardones? En principio, podemos afirmar con pleno conocimiento de causa que ese supuesto permiso sería totalmente ilegal, toda vez que no reúne los requisitos legales para ello, resaltando el hecho de que no existe un estudio técnico ni opinión favorable por parte del Consejo Estatal Forestal que —incluso— ni siquiera ha sido convocado.

Aunado a todo lo anterior, y por encima de ello, es importantísimo destacar que en la especie existe una suspensión definitiva otorgada por un juez federal que prohíbe expresamente la realización de cualquier obra y actividades relativas al proyecto Los Cardones en la Reserva de la Biósfera de la Sierra de la Laguna, lo que significa que si la expedición de ese supuesto permiso se constituyera en una violación a la suspensión definitiva otorgada por el juez, en automático se constituiría un delito de carácter Federal cuya comisión impone pena privativa de libertad e inhabilitación para el funcionario que la realice. Y en este caso, sería el todavía Delegado de Semarnat en Baja California Sur.

¿Qué debemos hacer para el caso de que, efectivamente, se expida la autorización de cambio de uso de suelo forestal a Los Cardones? El primer paso sería denunciar penalmente ante el juez de distrito y ante la PGR al Delegado, e impugnar dicha autorización en la vía administrativa mediante el recurso de revisión y el procedimiento de nulidad; en la vía judicial a través de un juicio de garantías. Tanto en la vía administrativa como en la vía judicial, el primer efecto sería que se suspendiese cualquier actividad que pudiera intentar la minera.

Conclusión

No creo que se atreva el Delegado de Semarnat de BCS a firmar ese documento con el que se le otorgaría a la minera el cambio de uso de suelo forestal, para que Los Cardones pudiera realizar actividad minera en La Sierra de la Laguna. Pero como ya estamos curados de espanto, desde la sociedad civil organizada se ha convocado a una movilización para frenar cualquier intento de emitir tal permiso. No pasarán.

Si se otorga el multicitado permiso, combatiremos su ejercicio en la vía penal, administrativa y judicial, con los recursos y procedimientos ya citados.

La minera Los Cardones, no va a operar en la Sierra de la Laguna. No lo permitiremos.

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AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, esto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

FOTOS: Gladys Navarro.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Enorme inquietud ha generado entre los habitantes de Baja California Sur, la declaración vertida por el presidente electo, en el sentido de someter a la consulta popular, el tema de la operación en la entidad, de la mega minería de metales preciosos a cielo abierto, tóxico lesiva y depredadora por definición. Y es que nadie sabe a ciencia cierta, de llevarse a cabo dicha consulta, quién, cómo, cuando y donde se llevará a cabo, qué autoridad convocará, qué marco legal regulatorio será aplicado, quién elaborará el cuestionario; a quién se consultará, y así las interrogantes, hasta completar un largo etcétera, sin contar que la dichosa consulta no resulta vinculante, si no se ajusta a un marco legal que la regule.

En tanto se resuelven las interrogantes, solicitamos al Colegio de Posgraduados en Derecho y Ciencias Afines de BCS, una opinión técnico jurídica de la consulta popular, a la luz del marco constitucional y convencional. Aquí presentamos el aporte emitido por el doctorando Marcos Ignacio Peralta Piriz, a quien agradecemos la forma sintética en que abordó el tema, y la sencillez del lenguaje empleado, que facilita la comprensión y el análisis del texto.

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Implicaciones

La consulta al gobernado, prevista en el Artículo 35 Fracción VIII de la CPEUM se halla contemplada como uno de los tantos derechos o prerrogativas inherentes al “ciudadano” enfatizando este concepto o definición (ciudadano), por la razones a las que más adelante haré referencia; la consulta popular al igual que la iniciativa ciudadana resultan ser un modelo que con clara limitantes empodera al ciudadano, pretendiendo constituir una muestra de una reingeniería jurídica teniente a la transición hacia una democracia directa.

Respecto de esta es importante destacar que las consultas populares presentadas dotan al ciudadano del derecho  para votar  sobre temas de trascendencia nacional, sin perjuicio de quien convoque a la misma de acuerdo a los incisos a), b) y c) del fundamento Constitucional citado.

Bajo ese contexto es importante definir con precisión que debemos entender por temas de “trascendencia nacional” y en qué casos puntuales acudir o promover este tipo de consultas; en principio y en mi opinión cualquier afectación a intereses del dominio público y que directa o indirectamente tengan por objeto la alteración o modificación del estatus jurídico y/o social de las personas que residen en territorio nacional (en lo general, para no puntualizar la infinidad de supuestos que podrían contemplarse) serán materia de estas consultas, siempre y cuando no se cuenta con la normatividad tutelar preexistente, de lo contrario estaríamos frente a una práctica ociosa sustitutiva del poder legislativo; esta figura podría ser comparable a lo que se conoce como “referéndum por vía de petición popular” lo cual es algunos sistemas no es otra cosa que la petición de los votantes sobre ciertas leyes aprobadas para que sean sometidas a su consideración.

No menos importante resulta definir el universo social que puede contar con dicha prerrogativa y como el artículo citado el inicio refiere de modo puntual al “ciudadano” y determinar que debemos entender como tal ya que la propia CPEUM define al ciudadano como la persona de nacionalidad mexicana en su artículo 34, mismo que necesariamente nos remite al diverso artículo 30, ambos de la norma constitucional la que describe que debe entenderse como ciudadano mexicano, excluyendo de forma clara y precisa a todo extranjero conforme lo dispone el artículo 33 de la propia Constitución, mismos a los que califica como “persona” y no “ciudadano”; en ese mismo orden de ideas no puede dejarse de lado que cualquier determinación que se adapte respecto de la instalación o no de la multicitada “minería toxica” es sin lugar a dudas afecta derechos sustantivos en caso de ser autorizada y fundamentalmente el o los actos de autoridad que eventualmente la permitieran resultan claramente violatorios de los derechos humanos del acceso al agua y del medio ambiente sano [1] como concepto de sustentabilidad ecológica con trascendencia jurídica, a fin de garantizar la utilización de los recursos naturales para las generaciones presentes y futuras, en la inteligencia de que su importancia vital radica en evitar su deterioro.

En consecuencia y tal como disponen los Artículos 1º, 4º, 133, de la CPEUM, este derecho es inherente a “todas las personas” motivo por el cual debe definirse si el ámbito de decisión es privativo a los ciudadanos mexicanos o a toda persona nacional o extranjera que resida en territorio nacional, encontrándonos con una severa contradicción que deberá ser resulta y definida previamente a promocionar consultas de esta naturaleza.

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[1]  Artículos 2, 3, 4, 7 y 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, surgida de la Conferencia de las Naciones Unidas reunida en Río de Janeiro, Brasil, del 3 al 14 de junio de 1992, así como el Informe Brundtland en materia de desarrollo sostenible.

FOTO: Gladys Navarro.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). La lucha ciudadana por evitar la operación de la minería tóxica en Baja California Sur, no es una pugna entre “un grupo de ambientalistas” y una empresa que trae “progreso” a la entidad, como pretenden hacernos creer los voceros del gigante minero, con el ánimo que veamos el problema como algo ajeno a nuestro interés, como si la contaminación y la destrucción del entorno ecológico no nos afectara, y sólo fuera tema de interés para unos cuantos, a quienes pretenden minimizar en su empeño, bajo el genérico anodino de “ambientalistas”.

Con esta estrategia, el grupo Salinas —titular de los derechos de explotación del proyecto minero Los Cardones—, a través de sus voceros importados y algunos comentaristas locales que sin escrúpulos venden su opinión, busca convertirnos en simples espectadores de un abstracto enfrentamiento entre “ambientalistas” y “el progreso”, cuando la realidad es que la amenaza que implica la entrada en operaciones de la minera, nos involucra a todos, no sólo a los actuales residentes y visitantes de la entidad, sino a aquellos que vienen detrás de nosotros, hijos, nietos, etcétera, y por ello, debemos ser participantes activos, decididos y constantes, en la lucha por preservar nuestra fuente de agua y el entorno natural en que se asienta su principal depósito.

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No podemos permitir que nos engañe el grupo Salinas, cuando trata de convencernos de las “bondades” de su proyecto, para que no veamos el enorme daño al agua y al ambiente que en el proceso de operación se genera para que al cabo de diez años, la empresa minera se embolse miles de millones de pesos, y a cambio deje solamente contaminación y desastre.

Para tratar de convencernos, el grupo Salinas utiliza una estrategia mediática que promueve “beneficios” —ocultando los perjuicios—, como cuando te habla de las ventajas de los “abonos chiquitos”, pero no te dice que son eternos y que cobran intereses altísimos, tan altos, que en muchos países esa tasa está prohibida. Exactamente como ocurre con su minería, “responsable”, que también está prohibida en los países desarrollados.

Esa campaña de promoción de “beneficios” viene acompañada de una embestida mediática paralela, que trata de convencernos de la inminencia de su operación. Que “ya están operando”, que “ya tienen todas las licencias”, que “ya están trayendo maquinaria”, que “ya ganaron todas las instancias”, y mensajes similares, todos falsos, y todos encaminados a minar nuestra resistencia a su entrada en operaciones. Buscan desanimar nuestros esfuerzos por detenerlos. Intentan convencernos de que es inútil resistirnos, que “ya está hecho” y es inevitable que lleven a cabo su proyecto.

De nosotros depende el prestar oídos sordos a esa agresiva y constante campaña de desinformación. Lo cierto es que NO TIENEN AUTORIZACIÓN DE USO DE SUELO MUNICIPAL, NI PERMITIREMOS QUE LA OBTENGAN, la verdad es que esta lucha no es de unos cuantos ambientalistas contra una empresa que nos trae “progreso” y “bienestar”.

Lo cierto es que no van a entrar en operaciones, pues vamos a evitarlo, si no caemos en sus juegos de engaño. Esta lucha es de todos los residentes del Estado. Y es una lucha vital, que no admite descuidos.

Enfrentamos el reto colectivo de:

1. Frenar la entrada de la minería tóxica a la zona de la Sierra de la Laguna, impidiendo que las autoridades municipales otorguen la autorización de uso de suelo, necesario para su operación.
2. Obtener la cancelación de todas las concesiones otorgadas a la fecha por las autoridades federales, para la explotación minera de metales preciosos a cielo abierto en nuestro Estado.
3. Generar una corriente de opinión bien informada, que conociendo los daños que ocasiona la minería tóxica, sistemáticamente se oponga a su operación.
4. Blindar al Estado, proscribiendo la realización de todo acto de explotación minera de extracción de metales preciosos a cielo abierto, desde su preparación hasta su consumación, con el marco legal adecuado, acorde a los estándares plasmados en los tratados internacionales, convenios, declaraciones y jurisprudencia de las cortes internacionales, plenamente armonizado con los preceptos constitucionales y su interpretación jurisprudencial a carga de la corte federal mexicana. Debemos tener presente para ello, que a partir de la reforma constitucional de 2011, todas las autoridades —municipales, estatales y federales—, en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los Tratados Internacionales en que el Estado Mexicano es parte.

Debemos mantenernos atentos y activos en los tres frentes de batalla que a la fecha nos han permitido detenerlos:

1.- La defensa jurídico-legal en los tribunales judiciales e instancias administrativas, a partir de la figura del mandato soberano popular específico, que nos ha permitido convertirnos en la primera entidad en América Latina en frenar la minería tóxica, antes de su entrada en operaciones.

2.- La constante participación en las redes sociales, compartiendo información, documentando y difundiendo los avances de nuestra lucha, haciendo cada día más grande la toma de conciencia ciudadana respecto a la dimensión y trascendencia del reto que enfrentamos. Cada día debemos ser más y más los residentes del Estado que de manera informada y decidida, se incorporen a la lucha contra la minería tóxica, desde todas las trincheras que sea posible implementar.

3.- La movilización social, atendiendo al llamado que se genere cuando sea necesario manifestarnos, tomando las calles de manera pacífica y respetuosa, pero masiva y contundente, dejando en claro a las mineras y al mundo entero, que en Baja California Sur, vale más el agua que el oro o cualquier otro producto cuya extracción genere contaminación y ponga en peligro nuestra fuente de abasto del vital líquido.

FOTOS: Gladys Navarro y Roberto Galindo / PORTADA: Gladys Navarro.

La Última Trinchera

Por Roberto E. Galindo Domínguez

La Paz, Baja California Sur (BCS). La lucha sudcaliforniana contra la minería tóxica –¿cuál no lo es?–, lleva de manera organizada más de una década y ahora está bien representada por diversas organizaciones civiles: agrupaciones nutridas de ciudadanos, colectivos que gozan del respeto de la sociedad, mismos que con el paso del tiempo han logrado decenas de miles de miembros y simpatizantes. En 2014 con la firma del Pacto de Todos Santos en una multitudinaria asamblea ciudadana –que no pudo ser boicoteada por los acarreados pro-mineros, ni por el silencio o tergiversación de algunos medios de comunicación–, se demostró que en Baja California Sur se quiere vivir libre de minería.

La popularidad anti-minera que ha rebasado por mucho a los pocos pro-mineros, es el resultado del trabajo en varios frentes contra diversos proyectos, cuyas vertientes de acción van desde informar a pie sobre los devastadores efectos de la minería, con el uso de redes sociales, en eventos culturales y, por supuesto, en las protestas que se han realizado. Por otro lado, los grupos más organizados han investigado sobre las legislaciones relativas al establecimiento o restricción para emplazamientos mineros, sobre todo en Áreas Naturales Protegidas o Reservas de la Biósfera, y han informado a la sociedad acerca de las leyes que protegen su hábitat y aquellas que lo afectan, lo que ha derivado en una participación civil más activa en el conflicto minero.

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A pesar de ello los pequeños grupos pro-mineros, manejados por grandes corporaciones, no han cejado en impulsar la mega minería tóxica, al igual que las otras pequeñas minerías, bajo falsas banderas como: “minería sustentable” o “minería responsable”… Podrían llamarla minería humanamente caritativa, eso no va a cambiar la animadversión de los sudcalifornianos. Cuando los “pro-mineros” se han manifestado se han evidenciado el acarreo y las dádivas otorgadas a los “manifestantes”, la mayoría gente de zonas humildes, susceptible de ser “convencida” de arengar sin saber el porqué, claro, motivada por ofertas de miles de empleos bien pagados; la eterna promesa del “progreso y el desarrollo”, que al final los empresarios mineros siempre rompen. Sudcalifornia no necesita esa ilusión, su vocación es el turismo, sustentado gracias a su naturaleza, a su Estado casi virgen, a su belleza del paisaje. Al menos, en el Sur del Estado muchos de los atractivos turísticos y la sustentabilidad económica dependen de la más importante reserva y fuente de agua dulce: la Sierra de la Laguna, la que pondría en riesgo el proyecto de mega minería tóxica Los Cardones.

La lucha social y legal se ha dado durante años. El movimiento anti-minero ha engrosado sus filas, así lo han demostrado las manifestaciones del pasado lustro, incluida la masiva reunión con Andrés Manuel López Obrador (AMLO) el lunes 17 de septiembre en La Paz, en la que más de 3 mil personas le exigieron un pronunciamiento determinante contra la minería tóxica, que incluye Los Cardones; la minería submarina que quiere ser operada en el Golfo de Ulloa; y otras de menores efectos mediáticos. Ni el discurso de agradecimiento de AMLO, ni su plan de trabajo y proyectos para la entidad, ni siquiera el “no les voy a fallar” desviaron el grito de “no a la mina” que invadió la asamblea popular.

Manifestación en visita de AMLO a La Paz, septiembre de 2018. FOTOS: Gladys Navarro.

La gente quería escuchar un contundente no a la minería, una promesa de blindar al Estado contra una de las industrias más letales… López Obrador no complació a la masa, pero hizo mucho más que otros ante los reclamos, dijo: “…lo de la mina lo va a decidir el pueblo…”. Planteó una consulta ciudadana para legitimar la lucha anti-minera. Y sí, es cierto, el pueblo ya decidió, eso ha quedado claro desde hace años, sólo tendría que mostrar el músculo otra vez, así como lo hizo en la firma del Pacto de Todos Santos, cuando tomó las calles de Cabo San Lucas y bloqueó carreteras, cuando protestó frente a TV Azteca. La consulta puede ser un arma poderosa para no sólo detener el proyecto Los Cardones, sino para adelantar el blindaje de Sudcalifornia contra la minería, pero eso dependerá del tamaño de la participación ciudadana.

Manifestantes apoyando el Pacto de Todos Santos. FOTO: Roberto Galindo.

Protesta afuera de TV Azteca en La Paz, 2015. FOTO: Roberto Galindo.

Protesta ciudadana en Cabo San Lucas, 2015. FOTO: Roberto Galindo.

Protesta durante foro de presentación de la minería submarina en Ciudad Constitución, 2015. FOTO: Roberto Galindo.

En asuntos tan delicados la política no puede ser ejercida del grito a la promesa y de esta a la ley para la complacencia del manifestante, como esperaban muchos, los que hoy inundan las redes con su decepción de quien aún no es Presidente en funciones. Además de que en el tema minero la decisión no sólo es del titular del ejecutivo, intervienen los poderes federales, sí, pero a través de diversas instancias, como la Semarnat, entre otras que al amparo de leyes a modo o manipulación de éstas han concedido permisos parciales a Los Cardones, como la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA); o como el Cabildo Municipal de La Paz —el priísta, el de la legislatura pasada—, que violentando los procedimientos otorgó un cambio de uso de suelo a la empresa Desarrollo Zapal, mismo que fue negado en diferendo legal por el Cabildo panista actual. La ley no es tan digerible en beneficio social, es trocable, manipulable y en algunos casos benéfica para determinados aspectos de proyectos tan perniciosos como el que nos ocupa. Por lo anterior, la consulta ciudadana podría evolucionar una lucha de años, esa que se ha topado una y otra vez con autoridades y gobernantes que han favorecido a intereses ajenos a la entidad.

AMLO dijo: Y de una vez, para no andar con rodeos, lo de la mina lo va a decidir el pueblo de Baja California Sur… …vamos a ser respetuosos, de verdad, del estado de derecho, pero siguiendo todo el procedimiento, vamos a consultar a los ciudadanos, va a ser muy sencillo, voy a mandar a hacer una encuesta a Baja California (Sur) y el pueblo va a decidir sobre este asunto… Y ante el insistente grito de “ya lo decidimos” reviró: “Sí, pero no aquí, lo vamos a definir con una consulta para darle toda la legitimidad…”. Ahí está el anhelado “no a la mina”, pero menos romántico y subversivo de lo que esperaban muchos. De obtener una victoria abrumadora en la consulta se podría obligar a los diferentes niveles de gobierno a aprobar la iniciativa de ley ciudadana anti-minera que apenas hace unas semanas se discutía con el Secretario de Gobierno Estatal. Claro que la consulta no implica dejar de avanzar por el lado legal, ambas luchas pueden conciliarse, por ejemplo el 20 de septiembre pasado Lucía Trasviña, legisladora de Morena, presentó una propuesta de iniciativa de ley al respecto en el Senado de la República.

La respuesta de AMLO no fue obligada por los reclamos, ya se sabía que los manifestantes corearían el “no a la mina”. Era evidente que la asamblea se volvería el principal escaparate de la protesta anti-minera. Y aunque a muchos les pese, un Presidente elegido democráticamente, no puede y no debe mostrarse autoritario en sus decisiones, por más que se defiendan los Derechos Humanos más básicos. Que las leyes y la política se impulsen desde la plaza pública es maravilloso, pero la transformación de ideales y luchas en hechos se deben hacer en democracia y legalmente, eso implica la consulta ciudadana y el proceso legal que ya se está dando. Esas transformaciones no se deben hacer al grito de guerra, pues empezaríamos a deslegitimizar al que tal vez sea el Presidente más legítimo en décadas. Y si como algunos dicen, la consulta ciudadana sólo es valorativa y no efectiva, si todo depende de las leyes y de los legisladores, entonces ¿por qué exigir al presidente electo una solución si las leyes ya nos protegen? Sólo recuerden que antes ningún otro político del tamaño de AMLO nos tomó en cuenta para decidir un futuro sin minería.

Las consultas ciudadanas son para privilegiar la decisión de la gente, incluso por encima de los llamados intereses de la nación, que muchas veces son simulados; el asunto, es que los candados que han sufrido consultas pasadas —como la que se llevó a cabo en referencia a las reformas energéticas—, deberán ser removidos en los congresos, en los que ahora Morena tiene mayoría; de acuerdo a AMLO eso se hará a petición expresa de él una vez que tome posesión y mande la iniciativa correspondiente. No es momento de rechazar diferentes caminos de lucha, ni de dividir objetivos comunes en lo que se avizora como una democracia participativa. En este sentido será fundamental que las agrupaciones anti-mineras se involucren en la consulta ciudadana, en su organización, sobre todo en el tipo de cuestionamientos a ponderar. No es momento de dividir, sino de sumar y de redoblar esfuerzos. O qué, ¿creyeron que AMLO les iba a decir a todo que sí o no, dependiendo su postura?

Caravana de protesta en La Paz, 2015. FOTO: Roberto Galindo.

Protesta afuera del Palacio de Gobierno del Estado en La Paz, 2018. FOTO: Roberto Galindo.