FOTO: López Dóriga.

Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

La Paz, Baja California Sur (BCS). Los hombres del siglo XVIII gustaban de escribir cartas largas. Cartas que hablaban de sequías, de hambre y de luces que se apagaban en las vetas rocosas del desierto. Francisco María Píccolo escribió muchas de esas cartas. Las escribió desde lugares donde el sol caía a plomo y donde el mar quedaba lejos, como si se hubiera detenido mucho antes de completar su giro hacia el Norte. Él sabía de geografías pedregosas, de olores a polvo y a salitre que no siempre se captaban en las habitaciones con puerta y ventanas. Ese pedazo de mundo con él mismo cambió, se transformó, y quedó en papeles que viajan aún en bibliotecas y archivos.

En la región Carbonífera de Coahuila, el tajo que se abrió para rescatar a los diez mineros de El Pinabete sigue abierto: un hueco de unos 375 metros de largo, 320 de ancho y 64 de profundidad, rodeado de montículos de tierra minera que suman más de 5.3 millones de toneladas. Más de un año después de la recuperación del último cuerpo, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no ha iniciado las obras de restauración ecológica que ella misma prometió en su Manifestación de Impacto Ambiental, según documentó el Semanario de Vanguardia y confirmó la propia Semarnat.

También te podría interesar: “Tierra de agua, tierra en riesgo”. El megaproyecto minero El Arco y su impacto en el Valle de los Cirios

Ese tajo no sólo recuerda la tragedia de los diez mineros ahogados el 3 de agosto de 2022; es también un símbolo de los “pasivos ambientales” que deja la minería en México: heridas abiertas en el territorio donde el agua, el suelo y las comunidades quedan expuestas por años. En la última década, el país ha acumulado una serie de desastres mineros que van desde derrumbes en pozos de carbón hasta derrames masivos de jales y ácidos en ríos y mares. Detrás de cada accidente hay nombres de empresas, omisiones de autoridades, normas que se actualizan tarde y comunidades que siguen viviendo con las consecuencias mucho después de que las cámaras se apagan.

La posible instalación de la minera El Arco en el Valle de los Cirios, un Área de Protección de Flora y Fauna de más de 2.5 millones de hectáreas en Baja California —una de las zonas naturales más extensas y biodiversas del país— se ha convertido en un foco rojo que exige análisis profundo y reservas críticas. Legisladores estatales han advertido que el proyecto, promovido por una de las mayores empresas mineras del mundo, implicaría la explotación a cielo abierto de más de 50 mil hectáreas durante décadas y el uso de cantidades masivas de agua de un acuífero en equilibrio, justo donde comunidades rurales dependen del recurso para su vida cotidiana. Además, expertos y organizaciones ambientales han señalado que las concesiones se superponen con límites de áreas naturales protegidas, lo que podría poner en riesgo no solo especies endémicas y delicados ecosistemas desérticos, sino también la disponibilidad de agua potable para pueblos cercanos. Ante el legado de desastres mineros en México —desde derrames de jales hasta accidentes mortales— este proyecto exige un escrutinio riguroso para evitar que se sume a la larga lista de tragedias ecológicas que han marcado al país.

Este reportaje reconstruye algunos de los casos más graves ocurridos en los últimos diez años —con antecedentes clave fuera de ese periodo—, a partir de comunicados oficiales, investigaciones periodísticas, estudios de especialistas y testimonios de personas afectadas.

Múzquiz, 2021: la mina que se inundó en minutos

El 4 de junio de 2021, una mina de arrastre de carbón conocida como Micarán, en el municipio de Múzquiz, Coahuila, se derrumbó tras una inundación repentina. Siete trabajadores quedaron atrapados a varios metros de profundidad; ocho días después, las autoridades confirmaron la recuperación de los siete cuerpos sin vida. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el gobierno estatal atribuyeron el accidente al ingreso súbito de agua, pero organizaciones como Familia Pasta de Conchos recordaron que la región está llena de pocitos y minas subterráneas con estándares mínimos de seguridad: galerías estrechas, ventilación deficiente, escasas rutas de evacuación. Más allá del conteo de muertos, la tragedia exhibió un patrón: pequeñas minas que operan con condiciones precarias para abastecer de carbón a la CFE, en una cadena donde los riesgos se “externalizan” hacia trabajadores mal pagados y sus familias.

El Pinabete, 2022: una inundación y un tajo que no se cierra

Apenas un año después, el 3 de agosto de 2022, la historia se repitió en Sabinas, Coahuila. En el pozo de carbón El Pinabete, el agua almacenada durante décadas en la mina abandonada Conchas Norte se abrió paso hacia las galerías activas: la inundación derrumbó los túneles y atrapó a diez mineros a unos 60 metros de profundidad. Sólo cinco trabajadores lograron escapar; los otros diez murieron ahogados. El gobierno federal convirtió el rescate en una “obra emblemática”: la CFE recibió más de 1,000 millones de pesos para excavar un tajo a cielo abierto con el fin de llegar a las galerías y recuperar los cuerpos. El último resto óseo fue hallado en febrero de 2025, 918 días después del derrumbe, como detalló un reportaje de El País.

Pero el costo ambiental del rescate no es menor. De acuerdo con la propia Manifestación de Impacto Ambiental y la crónica de Vanguardia, el tajo dejó expuesto el acuífero local y generó una montaña de millones de toneladas de material estéril que sigue sin ser reacomodado ni reforestado, pese a que Semarnat condicionó la autorización del proyecto a un programa de restauración ecológica que incluía relleno, estabilización de taludes y revegetación con especies nativas. Organizaciones como Familia Pasta de Conchos advierten que El Pinabete reveló no sólo la precariedad laboral de los pocitos de carbón —la empresa operaba de forma irregular mientras vendía carbón a CFE—, sino también la facilidad con la que una obra de rescate puede transformarse en un nuevo pasivo ambiental si no se cumple la remediación prometida.

La sombra de Pasta de Conchos

Estos desastres recientes se inscriben en una historia más larga. En 2006, una explosión en la mina Pasta de Conchos, también en la región carbonífera, dejó 65 mineros atrapados; sólo dos cuerpos fueron recuperados en aquel momento. Tras años de presión de las familias, a partir de 2024 el gobierno federal comenzó a recuperar restos: en 2024 se hallaron los primeros cuerpos y en 2025 se informó de la recuperación de 13 mineros; en 2026 se anunció la identificación de dos más. En una misma región, Múzquiz, El Pinabete y Pasta de Conchos forman una especie de triángulo de la reiteración: minas con seguridad deficiente, contratos públicos que dan viabilidad económica a proyectos riesgosos y una remediación ambiental parcial o inexistente.

Si en Coahuila el rostro de la minería son los pozos que tragan vidas, en otros estados los desastres se leen en el agua: ríos blanqueados por jales, mares con manchas ácidas, arroyos con peces y tortugas muertas.

Oaxaca: la presa de jales de Minera Cuzcatlán

El 8 de octubre de 2018, tras fuertes lluvias, habitantes de Magdalena Ocotlán, Oaxaca, observaron que el río Coyote corría con una corriente “blanca” que bajaba desde la presa de jales de Minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines. Autoridades agrarias y municipales denunciaron que una parte de la presa se había desbordado. Mientras la empresa y autoridades minimizaron el riesgo, investigaciones periodísticas posteriores revisaron estudios oficiales que identificaban concentraciones de metales tóxicos muy por encima de la normatividad mexicana —en algunos casos, más de mil por ciento por arriba de lo permitido—, lo que cuestionó la versión de que no había peligro para la población. En 2024, comunidades de la zona denunciaron nuevas filtraciones desde el “dry stack” —una montaña de jales aparentemente “secos”— hacia el río Coyote, mostrando cómo un solo proyecto puede generar episodios de contaminación recurrente en el tiempo.

Guaymas, 2019: ácido sulfúrico en el Mar de Cortés

En julio de 2019, una falla en una válvula de la planta metalúrgica de Grupo México en Guaymas, Sonora, provocó el derrame de aproximadamente 3,000 litros de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés, Patrimonio Natural de la Humanidad. La empresa aseguró que el incidente fue controlado rápidamente y que no hubo “riesgos” para la vida marina; sin embargo, medios y redes sociales documentaron la aparición de tortugas y otros animales muertos en las playas cercanas, lo que generó protestas y el reclamo de cancelar concesiones a la compañía, marcada ya por el derrame del Río Sonora en 2014.

FOTO: BBC.

Durango, 2020: casi 6 mil m³ de jales

En 2020, la Profepa clausuró temporalmente una planta de beneficio de plomo y zinc en Canelas, Durango, tras el derrame de más de 5,780 metros cúbicos de jales de su presa. El comunicado oficial reconoce la magnitud del vertido, pero no detalla públicamente los impactos de largo plazo en cuerpos de agua y suelos. El caso ilustra otra constante: las sanciones administrativas —suspensión temporal, multas— suelen ser mucho más concretas que los programas de monitoreo de salud o la remediación ambiental integral.

Cosalá, 2021: peces y tortugas muertas en Sinaloa

En abril de 2021, en la zona serrana de Cosalá, Sinaloa, se rompió infraestructura de la mina Real de Cosalá y alrededor de 1,960 metros cúbicos de jales mineros llegaron al arroyo El Cajón, afluente del río San Lorenzo. La Conagua informó que realizaba muestreos para evaluar las posibles afectaciones, luego de denuncias de muerte masiva de peces, tortugas y crías de caimanes en el cauce. Los jales, recordó la propia autoridad, suelen contener metales pesados e incluso compuestos como cianuro o arsénico, altamente tóxicos para fauna y humanos. Habitantes de San José de las Bocas relataron que la presa de jales se rompió el 25 de abril, pero se enteraron cinco días después, cuando los derrames ya habían llegado al río; el representante de la mina incluso les dijo que él “bebería esa agua” para demostrar que no pasaba nada.

Concordia, 2025: 19 mil m³ de jales en tres arroyos

El 30 de junio de 2025, la empresa Metales Rosmex, dedicada a la extracción de oro y plata, sufrió un desborde en su presa de jales en el municipio de Concordia, Sinaloa. Según Profepa, 19,280 metros cúbicos de residuos mineros corrieron a lo largo de casi 600 metros, afectando tres arroyos —Tía Chona, Magistral y Agüita Caliente— y una zona de selva baja, ecosistema de alta biodiversidad. La mina fue clausurada de manera temporal total. Las autoridades estatales de salud y ambientales declararon una contingencia, pero, como en otros casos, aún no existe un diagnóstico público integral sobre el impacto en la cadena alimentaria ni sobre las posibles afectaciones a largo plazo para comunidades aguas abajo.

Río Sonora, 2014: antecedente que sigue presente

Aunque ocurrió hace más de diez años, el derrame de Buenavista del Cobre —filial de Grupo México— en el Río Sonora sigue siendo el punto de referencia obligado. El 6 de agosto de 2014, alrededor de 40,000 metros cúbicos de lixiviados ácidos con metales pesados se vertieron en los ríos Sonora y Bacanuchi, dejando sin agua limpia a unas 22,000–23,000 personas. Un dictamen conjunto de Semarnat, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, presentado en 2023, concluyó que el derrame no fue un “accidente” inevitable, sino resultado de un mal diseño hidrológico y fallas de manejo; además, señaló que persiste la contaminación en agua, aire, flora y fauna, con metales por encima de las normas. En 2024, los Comités de Cuenca del Río Sonora denunciaron que, a una década del evento, no hay reparación integral ni atención médica especializada en toxicología para la población afectada. El caso Sonora, muestra de manera cruda algo que se repite en los desastres más recientes: los efectos ambientales y en salud se extienden mucho más allá de la fecha del derrame.

Los derrames descritos no son hechos aislados. De acuerdo con el Inventario Homologado Preliminar de Presas de Jales, elaborado por Semarnat y el IMTA, en México existen al menos 585 presas de jales georreferenciadas, concentradas sobre todo en estados mineros como Durango, Zacatecas, Chihuahua, Sonora y Sinaloa. Estos depósitos contienen lodos finos y agua cargada de metales como arsénico, plomo y mercurio; la lixiviación a través de la lluvia permite que los contaminantes lleguen a acuíferos, ríos y suelos agrícolas, con efectos que pueden durar décadas.

Entre 2000 y 2023, Profepa registró 66 derrames en presas de jales; un análisis reciente detalla que Zacatecas concentra 25 de estos incidentes, seguido de Durango (9), Chihuahua (8), Guanajuato (5) y Sinaloa (3). Es decir, en promedio, casi tres derrames cada año en estructuras que, por norma (NOM‑141‑SEMARNAT‑2003), deberían operar bajo “condiciones de máxima seguridad” para proteger a la población y el equilibrio ecológico.

Reformas legales y resistencias

Durante décadas, la Ley Minera de 1992 declaró la minería “de utilidad pública” y preferente sobre casi cualquier otro uso del suelo, lo que facilitó la entrega de decenas de miles de concesiones. Investigadores y organizaciones como PODER y la Red Mexicana de Afectados por la Minería han señalado que ese marco permitió una expansión acelerada de proyectos sin suficientes salvaguardas ambientales ni protección efectiva a pueblos indígenas y comunidades agrarias. En 2022 y 2023 se aprobaron reformas a la Ley Minera y otras normas relacionadas con agua y residuos, orientadas a limitar nuevas concesiones en áreas naturales protegidas o zonas con escasez de agua, reducir la duración de los títulos mineros e introducir obligaciones más claras en materia de consulta a pueblos originarios. Paralelamente, el gobierno integró el Inventario de Presas de Jales y elaboró lineamientos para su manejo, reconociendo que la información estaba dispersa y era incompleta.

FOTO: BBC.

Ya con Claudia Sheinbaum en la presidencia, la Secretaría de Economía anunció en febrero de 2026 la recuperación de 1,126 concesiones mineras —unas 889,000 hectáreas— por incumplimientos fiscales o de reporte, muchas de ellas ubicadas en áreas naturales protegidas. Aun así, en el país siguen vigentes más de 22,000 concesiones. Para organizaciones ambientalistas, estos pasos son insuficientes mientras no se detenga la expansión de nuevas minas y no se garantice la remediación de daños antiguos. La persistencia de pasivos como El Pinabete o Río Sonora, y los derrames recientes en Sinaloa y Durango, alimentan la percepción de que buena parte del territorio minero funciona como “zona de sacrificio”: espacios donde la protección ambiental y los derechos de las comunidades se subordinan al valor del mineral.

En los últimos diez años, México ha visto morir a mineros atrapados en pozos inundados en Coahuila y ha observado ríos y arroyos teñirse de blanco o naranja por jales y ácidos derramados en Oaxaca, Sonora, Durango y Sinaloa. Cada caso tiene su expediente, sus comunicados oficiales y sus promesas de remediación, pero para las comunidades afectadas el “desastre” no termina cuando los titulares desaparecen: continúa en consultas médicas que no llegan, en agua que ya no se puede beber, en tierras que pierden productividad y en tajos abiertos que nadie cierra. La minería seguirá siendo un sector estratégico para la economía mexicana y para la transición energética. La pregunta es si el país será capaz de modificar las condiciones en las que se extraen los minerales —en el subsuelo y en las presas de jales— para que el costo no se siga cargando, una y otra vez, sobre los mismos ríos, las mismas comunidades y los mismos trabajadores.

Referencias:

• El País. https://elpais.com/mexico/2025-02-07/el-gobierno-recupera-los-huesos-del-ultimo-minero-atrapado-en-el-pinabete-dos-anos-y-medio-despues.html
• El País. https://elpais.com/mexico/2024-08-26/dos-anos-despues-del-derrumbe-en-la-mina-del-pinabete-los-rescatistas-recuperan-el-quinto-cuerpo.html
• El País. https://elpais.com/mexico/2025-02-07/el-gobierno-recupera-los-huesos-del-ultimo-minero-atrapado-en-el-pinabete-dos-anos-y-medio-despues.html
• https://vanguardia.com.mx/coahuila/semanario/el-pinabete-otro-pasivo-ambiental-AP19341551 «El Pinabete, ¿otro pasivo ambiental?»
• https://elpais.com/mexico/2025-02-07/el-gobierno-recupera-los-huesos-del-ultimo-minero-atrapado-en-el-pinabete-dos-anos-y-medio-despues.html «El Gobierno recupera los huesos del último minero atrapado en el Pinabete dos años y medio después»
• https://mineriaenlinea.com/2021/06/colapsa-mina-en-muzquiz-coahuila-reportan-al-menos-7-trabajadores-atrapados/ «Colapsa mina en Múzquiz, Coahuila; reportan al menos 7 trabajadores …»
• https://www.cndh.org.mx/noticia/desastre-minero-de-pasta-de-conchos «Desastre minero de Pasta de Conchos – Comisión Nacional de los …»
• https://www.eleconomista.com.mx/politica/CFE-y-Proteccion-Civil-inician-recuperacion-de-cuerpos-de-mineros-atrapados-en-El-Pinabete-20231210-0034.html «CFE y Protección Civil inician recuperación de cuerpos de mineros …»
• https://periodicolavoz.com.mx/coahuila/sabinas/tragedia-en-mina-el-pinabete-tres-anos-de-la-tragedia-miner/346371 «Tragedia en mina El Pinabete: Tres años de la tragedia miner»

—–

AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

Instalaciones antiguas de El Boleo en Santa Rosalía. FOTOS: Modesto Peralta Delgado.

Explicaciones Constructivas

Por Noé Peralta Delgado

La Paz, Baja California Sur (BCS). Con un gran impacto por parte de la oposición de grupos ambientalistas y, siendo el sector minero, uno de los más contaminantes del planeta, la industria de la minería en la región está prácticamente destinada al fracaso en un futuro. La emblemática mina El Boleo de Santa Rosalía no es la excepción.

En noticias recientes a nivel local y nacional, el Presidente de México anunció que se les negaban los permisos que estaba solicitando para una ampliación en la explotación diversos metales como manganeso y cobre, principalmente. El impacto de la noticia a nivel nacional fue mínimo, pero a nivel local cayó como una bomba, ya que hablar de la mina El Boleo, es hablar de la principal fuente de ingresos y de empleo del bello puerto de Santa Rosalía, en el lejano municipio de Mulegé.

También te podría interesar: Prismas basálticos de Comondú, recorrido en fotos 

La piedra de la abundancia

Para entender el nacimiento de Santa Rosalía y la mina El Boleo, debemos de hacer un poco historia, y saber que desde el inicio de la explotación minera, se sabía con gran certeza que no iba haber cobre que durara tantos años de explotación, por lo que en sus inicios las compañías extranjeras aprovecharon las «fáciles» concesiones otorgadas por el Gobierno Mexicano para exprimir todo el cobre posible de las entrañas de la serranía aledaña a Santa Rosalía, y claro, también haremos una breve reseña del supuesto renacimiento reciente de la mina, ya de la mano de las empresas coreanas y canadienses.

Como se cuenta en la mayoría de los libros de historia regional —y un poco a manera de mito—, se dice que corría el año de 1868 cuando el señor José Rosas Villavicencio (en otras fuentes se menciona el apellido «Rosa»), oriundo del pueblo de Santa Águeda, descubrió por casualidad una piedra color azul prusia, y la llevó a un marinero de la región, quien a su vez la llevó al puerto de Guaymas para su estudio y análisis. Don José desconocía que la piedra tan llamativa que se había encontrado en alguna parte de la sierra era una roca que después bautizarían  como «boleita» los geólogos —esto, por su origen— y que contenía grandes cantidades de cobre y de muy buena calidad, únicamente equiparables con la región minera chilena de Chuquicamata, en el desierto de Atacama —y que aún en la actualidad posee las más grandes reservas de cobre del mundo.

Una vez que los especialistas descubrieron que dicha piedra contenía cobre y era factible de explotación corrió la noticia por el mundo sobre su posible explotación a gran escala desde los Estados Unidos hasta Europa, pero el ingeniero francés Georges Alfred de la Bouglise quien, como principal representante de la empresa minera Societé Anonyme des Mines de Lexington, adquirió del presidente Porfirio Díaz todos los permisos de explotación por 100 años. Cabe destacar que el magnate norteamericano, James Rothscild, también ofreció al Gobierno de México la solicitud; pensamos que don Porfirio se decantó por los franceses por la admiración que este tenía hacia la cultura francesa, y según se dice, para mantener una buena relación con Francia después del asesinato del emperador Maximiliano de Habsburgo.

El contrato para inicio de los trabajos de la compañía denominada: Compagnie Du Boleo, fue el día 7 de julio de 1885, donde se firmó un contrato por un millón de pesos en oro (desconocemos a donde fue a dar el recurso) y por un tiempo inicial de 50 años prorrogables a más tiempo, dependiendo de la extracción; también la empresa extranjera se comprometía a fundar un pueblo con los servicios básicos y dar empleo a la comunidad nativa, que al estar escasa se mandó traer a indígenas yaquis del vecino estado de Sonora para poder satisfacer la demanda de mano de la recién creada empresa.

El inicio fue alentador para la región, y más para el empresa minera, que consiguió por parte del gobierno una exención del pago de impuestos por concepto de aduanas. Los geólogos de la empresa hicieron estudios corroborando la buena calidad del cobre que estaba incrustado el recién nombrada piedra boleita, y ya desde ese momento se especulaba que la producción total sería de 900 mil toneladas. En un lapso de 50 años, era muy redituables económicamente, y como se dice en lenguaje empresarial: negocio redondo.

Después de la bonanza de la extracción, donde aparentemente el movimiento revolucionario no afectó en gran medida su extracción y el recién creado pueblo de Santa Rosalía siguió su crecimiento y su auge económico entre los pobladores, la empresa minera se fue acabando poco a poco el preciado metal hasta llegar al año de 1935, cuando los geólogos avisaron a la empresa minera sobre la existencia de más mineral. Se recomendó ampliar el contrato por otros 50 años o hasta que el metal se acabe —lo que sucediera primero.

Llegando hasta 1954 se tiene que la extracción de cobre tiene su nivel más bajo. La compañía francesa inicia con su recorte de personal y su ya inevitable quiebra ante la falta de cobre suficiente. Entonces fue cuando, al fin, el Gobierno Mexicano entra al rescate de la mina y del poblado de Santa Rosalía con la creación de un fondo minero de rescate, que terminó de plano en el año de 1972, con el agotamiento total del cobre. A partir de este año el pueblo entra en un bache económico en donde, entre sus reservados atractivos turísticos y algunas temporadas de pesca de calamar, hace que su población opte por quedarse y no emigrar, y convertir en pueblo fantasma la otrora ciudad de desarrollo.

El nuevo amanecer llega a inicios de la segunda década del nuevo milenio, con el descubrimiento en menor escala, pero al fin y al cabo, de yacimientos de manganeso, cobalto y un poco de cobre. Fue la empresa coreana Korea Resources Corporation (KORES) la que en 2012 inició con la larga burocracia de los permisos para la obtención de la concesión para explotar el manganeso y, que según estimaciones, la producción con las superficies en estudio era para 15 años y se ocuparía una ampliación en el futuro…. Y es justo lo que se está solicitando en estos tiempos. El pueblo de Santa Rosalía revivió a partir del 2015 con el inicio de la explotación de manganeso, ya que la extracción de cobre, cobalto y zinc, tuvo muchas complicaciones técnicas y se valora si vale la pena invertirle dinero en su pobre extracción.

La piedra en el zapato

Según reportes de la página de la industria minera en México, la mina emplea mil 283 trabajadores y 478 empleos indirectos, también tiene una relación con alrededor de 4 mil proveedores, y crea una derrama económica sobre la población de Santa Rosalía, haciendo que se vea el «movimiento» de recurso humano y económico. Hasta el momento la empresa minera ha demostrado que es amigable con el entorno y no se ha sabido de contaminaciones ambientales, tal vez por la poca extracción o por tener un adecuado procedimiento de extracción; pero lo que sí es cierto, es que ya no hay las grandes cantidades de metal por extraerse y que sea redituable para los empresarios, a tal grado que la Korea Resources Corporation, cedió un 7.3% de las acciones a la canadiense Camrova Resources Inc, quedándose con el 92.7% restante.

La razón de la solicitud para ampliar el terreno para la extracción del mineral hacia una superficie de 300 a 400 hectáreas, es por la sencilla razón de que con la extracción actual no van a durar los años que hagan valer la pena la inversión, es por eso que se están «poniendo el huarache» y están solicitando expansión de terreno. Hasta donde se sabe, el procedimiento está bien elaborado y ha cumplido con las normas de impacto ambiental; pero el Presidente del país negó —aunque de manera un tanto informal: en la «conferencia mañanera»—, el permiso de la ampliación, argumentando que no se puede seguir entregando concesiones a empresas extranjeras.

El tema es muy delicado, en primera porque las informalidades en las decisiones del Presidente, ya sabemos que se cumplen más tarde que temprano; recordemos la rifa del avión, por lo que los empresarios se preocuparon y con mucha razón; en segunda, porque para tomar dicha decisión se debe de hacer una análisis objetivo de las consecuencias entre la población que no está preparada para este tipo de eventualidad.

Creemos que, en el supuesto caso de que se autorice a la empresa seguir ampliando la superficie de extracción, va a llegar el día que el metal se acabe; entonces, la población deberá buscar otras fuentes de ingreso o definitivamente abandonar Santa Rosalía como sucedió en los 60. En Chile se vivió algo parecido con la mina ya mencionada de Chuquicamata, donde se nacionalizó, y tras un largo conflicto con los dueños originales, se creó la empresa paraestatal CODELCO —acrónimo de Corporación Nacional del Cobre de Chile—, y que el día de hoy es un referente de cómo el gobierno puede ser buen administrador de una mina. Tal vez sea una solución, pero se ha comprobado que el Gobierno de México lo que toca lo lleva al fracaso como, por ejemplo, la salinera de Guerrero Negro y el lejano caso del parque solar Sonntlan en Las Barrancas.

Sin duda, la decisión de cancelar la ampliación de la concesión es un tema controversial, que puede tener argumentos válidos, pero castigar a la población de tajo es irresponsable. No debe suceder; al contrario se le debe ir preparando con otras opciones. Por lo pronto, el socio minero canadiense se declaró en pasivos y puso en venta sus acciones, lo que con mucha seguridad harán sus pares coreanos en corto plazo.

Escríbenos a [email protected]

—–

AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

Protesta contra la minera en visita de AMLO a La Paz. FOTO: Gladys Navarro.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). La tarde de este miércoles, de la oficina del Jurídico de la Delegación de Semarnat en Baja California Sur salió una información que establecía que el proyecto de aprobación de cambio de uso de suelo forestal a favor de Los Cardones —que se encontraba en borrador desde hace dos meses—, finalmente había quedado concluido y era favorable a la minera. Estaba listo para que únicamente lo firmará el Delegado y se le diera trámite al mismo.

Tras filtrarse la información, de inmediato, las organizaciones de la sociedad civil encabezadas por el Frente en Defensa del Agua y la Vida, se presentaron ante las oficinas del Delegado para cuestionarlo al respecto y reprocharle la ilegalidad en su caso de la firma de ese documento.

También te podría interesar: Lo que no dijo el Procurador de BCS

El Delegado negó la existencia del documento y la firma del mismo, pero está muy presente en nuestra memoria el hecho de que también, en la administración municipal de la señora Ponce Beltrán negaban sistemáticamente que se otorgaría la autorización municipal de cambio de uso de suelo a la minera Los Cardones, y en los últimos días de su ejercicio público, intentaron otorgarla; de no haber sido por la movilización ciudadana hubiesen alcanzado su nefasto propósito.

En ambos casos, es decir, en la supuesta autorización que hubiera podido otorgar la administración poncista, y el cambio de uso forestal que pudiera otorgar el Delegado de Semarnat de BCS, se está en presencia de permisos emitidos dentro del marco de la ilegalidad, lo que significa que cuando hay corrupción y componendas en lo oscurito, cabe la posibilidad de que funcionarios deshonestos emiten permisos ilegales.

Es por eso que aunque el Delegado de Semarnat niegue insistentemente que no va a firmar esa autorización y que el documento de marras no existe no podemos creerle, y debemos buscar la certeza del hecho, para tranquilidad de todos los residentes de la entidad.

Despejando dudas

¿El uso de suelo lo da el Ayuntamiento de La Paz o Semarnat? Se trata de dos permisos distintos. El Ayuntamiento debe otorgar una licencia de uso de suelo para que la minera opere en el municipio, y además de ello, por afectarse una zona de la Reserva de la Biósfera de la Sierra de La Laguna. Pero se requiere además, un cambio de uso de suelo forestal, el cual está a cargo de la depedencia federal, Semarnat. Se necesitan ambos usos de suelo, para que pueda operar la minera.

¿Porque sería ilegal el permiso de uso de suelo forestal que supuestamente otorgaría Semarnat a Los Cardones? En principio, podemos afirmar con pleno conocimiento de causa que ese supuesto permiso sería totalmente ilegal, toda vez que no reúne los requisitos legales para ello, resaltando el hecho de que no existe un estudio técnico ni opinión favorable por parte del Consejo Estatal Forestal que —incluso— ni siquiera ha sido convocado.

Aunado a todo lo anterior, y por encima de ello, es importantísimo destacar que en la especie existe una suspensión definitiva otorgada por un juez federal que prohíbe expresamente la realización de cualquier obra y actividades relativas al proyecto Los Cardones en la Reserva de la Biósfera de la Sierra de la Laguna, lo que significa que si la expedición de ese supuesto permiso se constituyera en una violación a la suspensión definitiva otorgada por el juez, en automático se constituiría un delito de carácter Federal cuya comisión impone pena privativa de libertad e inhabilitación para el funcionario que la realice. Y en este caso, sería el todavía Delegado de Semarnat en Baja California Sur.

¿Qué debemos hacer para el caso de que, efectivamente, se expida la autorización de cambio de uso de suelo forestal a Los Cardones? El primer paso sería denunciar penalmente ante el juez de distrito y ante la PGR al Delegado, e impugnar dicha autorización en la vía administrativa mediante el recurso de revisión y el procedimiento de nulidad; en la vía judicial a través de un juicio de garantías. Tanto en la vía administrativa como en la vía judicial, el primer efecto sería que se suspendiese cualquier actividad que pudiera intentar la minera.

Conclusión

No creo que se atreva el Delegado de Semarnat de BCS a firmar ese documento con el que se le otorgaría a la minera el cambio de uso de suelo forestal, para que Los Cardones pudiera realizar actividad minera en La Sierra de la Laguna. Pero como ya estamos curados de espanto, desde la sociedad civil organizada se ha convocado a una movilización para frenar cualquier intento de emitir tal permiso. No pasarán.

Si se otorga el multicitado permiso, combatiremos su ejercicio en la vía penal, administrativa y judicial, con los recursos y procedimientos ya citados.

La minera Los Cardones, no va a operar en la Sierra de la Laguna. No lo permitiremos.

—

AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, esto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

FOTOS: Gladys Navarro.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Enorme inquietud ha generado entre los habitantes de Baja California Sur, la declaración vertida por el presidente electo, en el sentido de someter a la consulta popular, el tema de la operación en la entidad, de la mega minería de metales preciosos a cielo abierto, tóxico lesiva y depredadora por definición. Y es que nadie sabe a ciencia cierta, de llevarse a cabo dicha consulta, quién, cómo, cuando y donde se llevará a cabo, qué autoridad convocará, qué marco legal regulatorio será aplicado, quién elaborará el cuestionario; a quién se consultará, y así las interrogantes, hasta completar un largo etcétera, sin contar que la dichosa consulta no resulta vinculante, si no se ajusta a un marco legal que la regule.

En tanto se resuelven las interrogantes, solicitamos al Colegio de Posgraduados en Derecho y Ciencias Afines de BCS, una opinión técnico jurídica de la consulta popular, a la luz del marco constitucional y convencional. Aquí presentamos el aporte emitido por el doctorando Marcos Ignacio Peralta Piriz, a quien agradecemos la forma sintética en que abordó el tema, y la sencillez del lenguaje empleado, que facilita la comprensión y el análisis del texto.

También te podría interesar: ¡No se dejen engañar! Justicia Federal no autoriza uso de suelo a minera

Implicaciones

La consulta al gobernado, prevista en el Artículo 35 Fracción VIII de la CPEUM se halla contemplada como uno de los tantos derechos o prerrogativas inherentes al “ciudadano” enfatizando este concepto o definición (ciudadano), por la razones a las que más adelante haré referencia; la consulta popular al igual que la iniciativa ciudadana resultan ser un modelo que con clara limitantes empodera al ciudadano, pretendiendo constituir una muestra de una reingeniería jurídica teniente a la transición hacia una democracia directa.

Respecto de esta es importante destacar que las consultas populares presentadas dotan al ciudadano del derecho  para votar  sobre temas de trascendencia nacional, sin perjuicio de quien convoque a la misma de acuerdo a los incisos a), b) y c) del fundamento Constitucional citado.

Bajo ese contexto es importante definir con precisión que debemos entender por temas de “trascendencia nacional” y en qué casos puntuales acudir o promover este tipo de consultas; en principio y en mi opinión cualquier afectación a intereses del dominio público y que directa o indirectamente tengan por objeto la alteración o modificación del estatus jurídico y/o social de las personas que residen en territorio nacional (en lo general, para no puntualizar la infinidad de supuestos que podrían contemplarse) serán materia de estas consultas, siempre y cuando no se cuenta con la normatividad tutelar preexistente, de lo contrario estaríamos frente a una práctica ociosa sustitutiva del poder legislativo; esta figura podría ser comparable a lo que se conoce como “referéndum por vía de petición popular” lo cual es algunos sistemas no es otra cosa que la petición de los votantes sobre ciertas leyes aprobadas para que sean sometidas a su consideración.

No menos importante resulta definir el universo social que puede contar con dicha prerrogativa y como el artículo citado el inicio refiere de modo puntual al “ciudadano” y determinar que debemos entender como tal ya que la propia CPEUM define al ciudadano como la persona de nacionalidad mexicana en su artículo 34, mismo que necesariamente nos remite al diverso artículo 30, ambos de la norma constitucional la que describe que debe entenderse como ciudadano mexicano, excluyendo de forma clara y precisa a todo extranjero conforme lo dispone el artículo 33 de la propia Constitución, mismos a los que califica como “persona” y no “ciudadano”; en ese mismo orden de ideas no puede dejarse de lado que cualquier determinación que se adapte respecto de la instalación o no de la multicitada “minería toxica” es sin lugar a dudas afecta derechos sustantivos en caso de ser autorizada y fundamentalmente el o los actos de autoridad que eventualmente la permitieran resultan claramente violatorios de los derechos humanos del acceso al agua y del medio ambiente sano [1] como concepto de sustentabilidad ecológica con trascendencia jurídica, a fin de garantizar la utilización de los recursos naturales para las generaciones presentes y futuras, en la inteligencia de que su importancia vital radica en evitar su deterioro.

En consecuencia y tal como disponen los Artículos 1º, 4º, 133, de la CPEUM, este derecho es inherente a “todas las personas” motivo por el cual debe definirse si el ámbito de decisión es privativo a los ciudadanos mexicanos o a toda persona nacional o extranjera que resida en territorio nacional, encontrándonos con una severa contradicción que deberá ser resulta y definida previamente a promocionar consultas de esta naturaleza.

____

[1]  Artículos 2, 3, 4, 7 y 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, surgida de la Conferencia de las Naciones Unidas reunida en Río de Janeiro, Brasil, del 3 al 14 de junio de 1992, así como el Informe Brundtland en materia de desarrollo sostenible.

FOTO: Gladys Navarro.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). La lucha ciudadana por evitar la operación de la minería tóxica en Baja California Sur, no es una pugna entre “un grupo de ambientalistas” y una empresa que trae “progreso” a la entidad, como pretenden hacernos creer los voceros del gigante minero, con el ánimo que veamos el problema como algo ajeno a nuestro interés, como si la contaminación y la destrucción del entorno ecológico no nos afectara, y sólo fuera tema de interés para unos cuantos, a quienes pretenden minimizar en su empeño, bajo el genérico anodino de “ambientalistas”.

Con esta estrategia, el grupo Salinas —titular de los derechos de explotación del proyecto minero Los Cardones—, a través de sus voceros importados y algunos comentaristas locales que sin escrúpulos venden su opinión, busca convertirnos en simples espectadores de un abstracto enfrentamiento entre “ambientalistas” y “el progreso”, cuando la realidad es que la amenaza que implica la entrada en operaciones de la minera, nos involucra a todos, no sólo a los actuales residentes y visitantes de la entidad, sino a aquellos que vienen detrás de nosotros, hijos, nietos, etcétera, y por ello, debemos ser participantes activos, decididos y constantes, en la lucha por preservar nuestra fuente de agua y el entorno natural en que se asienta su principal depósito.

También te podría interesar: ¡No se dejen engañar! Justicia Federal no autoriza uso de suelo a minera

No podemos permitir que nos engañe el grupo Salinas, cuando trata de convencernos de las “bondades” de su proyecto, para que no veamos el enorme daño al agua y al ambiente que en el proceso de operación se genera para que al cabo de diez años, la empresa minera se embolse miles de millones de pesos, y a cambio deje solamente contaminación y desastre.

Para tratar de convencernos, el grupo Salinas utiliza una estrategia mediática que promueve «beneficios» —ocultando los perjuicios—, como cuando te habla de las ventajas de los “abonos chiquitos”, pero no te dice que son eternos y que cobran intereses altísimos, tan altos, que en muchos países esa tasa está prohibida. Exactamente como ocurre con su minería, “responsable”, que también está prohibida en los países desarrollados.

Esa campaña de promoción de “beneficios” viene acompañada de una embestida mediática paralela, que trata de convencernos de la inminencia de su operación. Que “ya están operando”, que “ya tienen todas las licencias”, que “ya están trayendo maquinaria”, que “ya ganaron todas las instancias”, y mensajes similares, todos falsos, y todos encaminados a minar nuestra resistencia a su entrada en operaciones. Buscan desanimar nuestros esfuerzos por detenerlos. Intentan convencernos de que es inútil resistirnos, que “ya está hecho” y es inevitable que lleven a cabo su proyecto.

De nosotros depende el prestar oídos sordos a esa agresiva y constante campaña de desinformación. Lo cierto es que NO TIENEN AUTORIZACIÓN DE USO DE SUELO MUNICIPAL, NI PERMITIREMOS QUE LA OBTENGAN, la verdad es que esta lucha no es de unos cuantos ambientalistas contra una empresa que nos trae “progreso” y “bienestar”.

Lo cierto es que no van a entrar en operaciones, pues vamos a evitarlo, si no caemos en sus juegos de engaño. Esta lucha es de todos los residentes del Estado. Y es una lucha vital, que no admite descuidos.

Enfrentamos el reto colectivo de:

1. Frenar la entrada de la minería tóxica a la zona de la Sierra de la Laguna, impidiendo que las autoridades municipales otorguen la autorización de uso de suelo, necesario para su operación.
2. Obtener la cancelación de todas las concesiones otorgadas a la fecha por las autoridades federales, para la explotación minera de metales preciosos a cielo abierto en nuestro Estado.
3. Generar una corriente de opinión bien informada, que conociendo los daños que ocasiona la minería tóxica, sistemáticamente se oponga a su operación.
4. Blindar al Estado, proscribiendo la realización de todo acto de explotación minera de extracción de metales preciosos a cielo abierto, desde su preparación hasta su consumación, con el marco legal adecuado, acorde a los estándares plasmados en los tratados internacionales, convenios, declaraciones y jurisprudencia de las cortes internacionales, plenamente armonizado con los preceptos constitucionales y su interpretación jurisprudencial a carga de la corte federal mexicana. Debemos tener presente para ello, que a partir de la reforma constitucional de 2011, todas las autoridades —municipales, estatales y federales—, en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los Tratados Internacionales en que el Estado Mexicano es parte.

Debemos mantenernos atentos y activos en los tres frentes de batalla que a la fecha nos han permitido detenerlos:

1.- La defensa jurídico-legal en los tribunales judiciales e instancias administrativas, a partir de la figura del mandato soberano popular específico, que nos ha permitido convertirnos en la primera entidad en América Latina en frenar la minería tóxica, antes de su entrada en operaciones.

2.- La constante participación en las redes sociales, compartiendo información, documentando y difundiendo los avances de nuestra lucha, haciendo cada día más grande la toma de conciencia ciudadana respecto a la dimensión y trascendencia del reto que enfrentamos. Cada día debemos ser más y más los residentes del Estado que de manera informada y decidida, se incorporen a la lucha contra la minería tóxica, desde todas las trincheras que sea posible implementar.

3.- La movilización social, atendiendo al llamado que se genere cuando sea necesario manifestarnos, tomando las calles de manera pacífica y respetuosa, pero masiva y contundente, dejando en claro a las mineras y al mundo entero, que en Baja California Sur, vale más el agua que el oro o cualquier otro producto cuya extracción genere contaminación y ponga en peligro nuestra fuente de abasto del vital líquido.