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Hilo de media

Por Elisa Morales Viscaya

La Paz, Baja California Sur (BCS).  El pasado martes 23 de febrero, trascendió en medios que el Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen que se conoce como “Ley Ingrid”, la cual no es una ley como tal, sino un conjunto de reformas legislativas que sancionan a los servidores públicos y policías que difundan imágenes o videos de investigaciones vinculadas con hechos delictivos. Esta reforma se hace necesaria en atención al respeto a la memoria de las víctimas que han sido privadas de la vida y como parte del combate a la violencia de género en los medios de comunicación.

Se conoce como “Ley Ingrid” ya que esta reforma se propuso a raíz del indignante manejo que se dio en la prensa del brutal feminicidio de Ingrid Escamilla, una mujer de 25 años que murió a manos de su pareja, Francisco Robledo, el 9 de febrero del 2020. El propio feminicida confesó, posterior a su crimen, que durante una discusión él la golpeó y ella trató de defenderse con un cuchillo, sin embargo, él se lo quitó y la mató con él, alegando que estaba bajo influjo de drogas; luego trató de ocultar su crimen cortando el cuerpo de Ingrid.

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Este crimen trascendió no sólo por la barbarie con el que fue perpetrado, sino por la exhibición del cuerpo de Ingrid en las portadas de los diarios de nota roja La Prensa y Pásala —que comenzaron a circular rápidamente en las redes sociales—, donde mostraron su fotografía sin pudor alguno, mostrando el cuerpo de Ingrid desnudo y mancillado de forma morbosa con el titular de “DESCARNADA”. Esta falta de respeto a la memoria de la joven y el tratamiento crudo, sensacionalista y amarillista del caso, provocó una ola de indignación en todo el país, y diversos colectivos feministas levantaron la voz, manifestándose en las calles y ante las instalaciones de estos medios de comunicación.

Así, nació la propuesta de la creación de la Ley Ingrid, la cual fue presentada por la Fiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, y cuyo objetivo es castigar la filtración de expedientes de la Fiscalía, en especial cuando la información que se difunde menoscaba la dignidad de las víctimas o de sus familiares; ya sea tratándose de cadáveres de mujeres, niñas o adolescentes, las circunstancias de su muerte, las lesiones o el estado de salud de la víctima, según cita el propio dictamen.

De acuerdo a éste “se impondrán de dos a seis años de prisión, y una multa de 500 mil Unidades de Medida y actualización a la persona servidora pública que, de forma indebida difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios, videos, información reservada, documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con el procedimiento penal o productos, con uno o varios hechos señalados por la Ley como delitos”.

Sin embargo, a pesar de que se ha aprobado este dictamen con el nombre de Ingrid, y que la Fiscalía General de Justicia CDMX anunció en su momento que al menos seis personas —entre policías y fiscales— estaban siendo investigadas por la filtración de las imágenes, a más de un año, sigue sin resolución alguna. La Fiscalía aún no ha dado alguna información que indique que existe siquiera algún avance en este proceso, por lo que no hay claridad sobre lo sucedido con los agentes investigados, si han recibido alguna sanción penal o administrativa, o por el contrario, si continúan en funciones, o siguen a cargo de casos de este tipo, de naturaleza delicada.

Así, aunque ahora existe en la Ciudad de México y en Oaxaca –y en BCS, ¿para cuándo?– una legislación que pretende evitar que estos hechos se repitan, lo cierto es que la revictimización de Ingrid al filtrar las terribles fotografías de su cuerpo violentado, en favor del amarillismo y el morbo, haciendo apología a la violencia y poniendo en riesgo el debido proceso, teniendo detrás una evidente corrupción por parte de aquellos que tenían a su cargo hacer justicia y resguardar la integridad del caso, ha quedado impune. Una vergüenza.

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Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Themis, la mítica dama de impasible rostro y ojos vendados, con balanza en mano y espada en ristre, representa a la justicia. Suele decirse que es ciega, pero si en realidad fuera ciega, no ocuparía vendaje en los ojos para impartir justicia sin mirar a los enjuiciables.

Hay quien dice que la helénica Themis, de origen divino, fue adoptada por los romanos bajo el nombre de Iustitia, y es cuando a su representación le agregan la venda en los ojos, y es que si algo padecieron los romanos, fue la corrupción y la prebenda en el ejercicio de la aplicación del derecho a cargo del tribuno en turno. La espada y el león a sus pies, en algunas representaciones, simbolizan la fuerza que acompaña a la aplicación de la ley.

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A Iustitia le han quitado y vuelto a poner la venda, a lo largo de la historia, prevaleciendo en estos días la imagen vendada, que-insisto-, sale sobrando, si la dama es ciega.

En lo que todos coinciden es que en su ejercicio, debe ser imparcial, y su administración, en la actualidad, es una exigencia fundamental en todos los sistemas democráticos del planeta.

En México, la justicia se administra por los tribunales, cuyo ejercicio debe estar previamente constituido. Cada Estado de la República se reserva el establecimiento de tribunales propios, para que en el campo de su competencia la justicia se administre en la vía interna, conforme al modelo republicano, de manera gratuita, pronta y expedita.

En Baja California Sur, la sana administración de justicia es una asignación pendiente. Como entidad hemos evolucionado en muchos campos del desenvolvimiento social, pero en seguridad pública, procuración y administración de justicia, enfrentamos grandes carencias y rezagos.

Específicamente hablando de la administración de justicia, seguimos encasillados en un modelo forjado a mediados del siglo pasado.

Nuestra justicia no es ciega, es miope, y lo peor, sorda y perezosa, veleidosa y corruptible, en gran medida, gracias a los viejos vicios de asignación de cuotas de poder, que convierten al órgano judicial en el brazo ejecutor del gobernador en turno, quien –para afianzar su poder- designa a los magistrados judiciales a través de una simulación avalada por el Congreso.

Al controlar la designación de magistrados y controlar la asignación presupuestal vía iniciativa respectiva al Congreso, el gobernador tiene bajo su férula a quienes deciden sobre culpabilidad o inocencia, sobre patrimonios, heredades, derechos y obligaciones ventiladas controversialmente en los juzgados.

El primer reto entonces, en el siglo XXI, al correr la primera veintena de la centuria, es alcanzar la autonomía decisoria y presupuestal plena, para así poder hablar de un Poder Judicial realmente soberano.

La autonomía presupuestal es sencillo alcanzarla. Basta con establecer constitucionalmente un porcentaje fijo mínimo de asignación, para no depender de la propuesta que al respecto formule en su presupuesto anual el gobernador.

Para alcanzar la autonomía decisoria, habrá también que modificar el marco constitucional, para que la magistratura judicial deje de ser una beca que otorga el gobernador en turno a sus fieles y allegados.

El fiel de la balanza debe modificarse para que las magistraturas y los nombramientos de jueces, por norma constitucional, se asignen previo examen y concurso por oposición, buscando así que tales puestos se otorguen a los más aptos, más capacitados, más experimentados, con el mejor perfil para el encargo.

Es urgente entonces, que magistrados y jueces gocen de plena autonomía, para que ejerzan su encargo como auténticos themistopoloi, servidores de la justicia, y no testaferros del gobernador en turno.

También ha de modificarse el marco constitucional del Estado para desaparecer toda secrecía. Actualmente se permiten sesiones secretas del pleno, en las que se deciden cuestiones tan importantes como la elección del presidente del Tribunal.

Estamos en el siglo de la transparencia, y todavía arrastramos viejos vicios del oscurantismo, la opacidad, la secrecía que alimenta el contubernio, el encubrimiento y la complicidad.

La justicia debe impartirse de cara al pueblo, de frente al gobernado, y las decisiones deben tomarse con absoluta transparencia.

Cuenta el Tribunal de justicia estatal con un millonario Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, que se nutre con los fondos que resultan de depósitos, fianzas, multas, y donaciones, el cual manejan discrecionalmente y bajo absoluta secrecía, sin rendir cuentas a nadie. Y como a nadie rinden cuentas, los dispendios vía bonos a los magistrados, hacen de su reparto un jugoso botín económico. Y es que dicen que con el arca abierta, hasta el más justo peca, y no puede haber control, si no hay transparencia. El fondo auxiliar debe ser auditado por el Congreso, en un sano ejercicio de control de las finanzas públicas.

Si queremos alcanzar un nivel de administración de justicia funcionalmente satisfactoria, es imprescindible contar con un eficaz sistema de tribunales, para que la carga de trabajo se procese de manera justa, adecuada y diligente. Solo un tribunal eficaz nos puede brindar justicia efectiva.

Necesitamos entonces modificar el marco constitucional, o de lo contrario, seguiremos arrastrando el lastre de una justicia miope, sorda, perezosa, veleidosa, opaca y altamente corruptible.

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Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). El primer acto de corrupción que comete un servidor público, es aceptar un cargo para el cual no está preparado.  Este postulado básico establece como requisito indispensable para la asignación de un cargo público, la acreditación de competencia, capacidad, experiencia y conocimientos necesarios para desempeñarse de manera honesta y eficiente en el encargo público. Si de verdad existe el compromiso público de erradicar la corrupción del servicio público, los órganos de gobierno de los tres niveles deben contar con un marco legal claro y preciso, que establezca los requisitos mínimos indispensables que deberá reunir todo aspirante para ser designado como servidor público.

En materia de administración de justicia, los sudcalifornianos padecemos las consecuencias de contar con un esquema de designación de magistrados judiciales que otorga al Gobernador en turno la prerrogativa exclusiva de hacer la propuesta de candidatos a ocupar dicho encargo. En la práctica, la designación se hace para favorecer a los amigos y/o protegidos del Gobernador, sin tomar en cuenta su perfil ni experiencia profesional.

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Gracias a esa vieja práctica, de los siete magistrados que integran el Pleno del Tribunal de Justicia, sólo dos de ellos cuentan con carrera judicial. El resto, llegaron al cargo exclusivamente con el antecedente de haber sido allegados, amigos o subordinados leales al Gobernador en turno. Hacemos énfasis en la necesidad de la experiencia previa en el ramo, para garantizar al gobernado que enfrente una resolución judicial, que su caso estará en manos de un profesional experto y calificado.

El costo del favoritismo

Cuando se llega a la Magistratura Judicial, únicamente contando para ello con la recomendación del Gobernador, entenderemos porqué actualmente tenemos en Baja California Sur un Magistrado que antes de llegar a la magistratura, correteaba camiones sin placas, como servidor público dependiente del Gobernador en el área de autotransporte estatal.

Antes de la Reforma al Sistema de Justicia Penal, la sociedad no tenía un mecanismo eficaz para evaluar el desempeño de los magistrados, porque en el sistema de justicia penal tradicional, era muy fácil ocultar la ignorancia, el desconocimiento de la materia judicial de los magistrados, debido a que todo el procedimiento era escrito.

Lo que tenía que hacer el Presidente del Tribunal, cada vez que le endilgaban como Magistrado a un neófito en la materia, era asignarle un par de proyectistas capaces y competentes, que le hicieran todo el trabajo. Así las cosas, el ungido por el dedo del Gobernador como magistrado, lo único que tenía que hacer era firmar las resoluciones.

Por fortuna, eso está cambiando. Los procedimientos judiciales tienden todos a la oralidad y transparencia. En breve, probablemente todos los procesos serán orales. Hoy en día, los procesos penales ya son orales, y eso nos permite evidenciar el dominio o desconocimiento que tienen jueces y magistrados del sistema en el que actúan.

Ya no podemos seguir padeciendo a parásitos que se limitan a firmar. Ahora podemos evaluar el desempeño de los magistrados de cara al público, de frente al gobernado. La transparencia y la publicidad se erigen como herramientas ciudadanas que permiten evaluar el desempeño de todos los operadores del sistema de justicia, desde el agente de policía primer respondiente, hasta el Magistrado Judicial que resuelve la segunda instancia.

En términos generales, los jueces del sistema acusatorio, cuentan con experiencia y capacitación. Algunos de ellos llevan más de diez años preparándose para el encargo, y se desempeñan adecuadamente. Resulta contradictorio que su trabajo sea revisado por un magistrado que nunca ha ejercido en el sistema acusatorio, que no conoce el sistema, que no tiene la visión, perspectiva ni destrezas metodológicas, ni dominio del lenguaje jurídico necesarios para desenvolverse eficazmente en la aplicación de los nuevos paradigmas que impone el nuevo sistema de justicia penal.

¿Qué debemos hacer?

Necesitamos modificar la Constitución del Estado, para quitarle al Gobernador en turno la exclusiva en la propuesta de designación de magistrados, abriendo esa posibilidad a los sectores académicos y colegios de profesionistas. Han de establecerse en nuestra carta constitutiva estatal, los requisitos legales necesarios para hacer de la experiencia y el conocimiento previo, una exigencia insalvable.

La carrera judicial, el perfil, la preparación, han de ser los requisitos indispensables que deberá acreditar todo candidato, para asumir la Magistratura Judicial. Sólo así podremos garantizar una administración de justicia pronta, expedita, eficaz, técnica y humanamente acorde a las necesidades de la sociedad sudcaliforniana.

En la reforma constitucional que se necesita, debe establecerse como requisito insalvable para alcanzar la magistratura en el sistema acusatorio, el haber ejercido al menos tres años como juez del mismo sistema, para garantizar así que el candidato cuente con la experiencia mínima indispensable, y además de ello, deberá acreditar los conocimientos teóricos necesarios para el adecuado ejercicio del encargo. El parámetro de exigencia en materia de administración de justicia debe ser el más elevado, si aspiramos a tener un sistema de primer nivel.

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