El avance de la impunidad

FOTOS: Internet.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). A once años de la reforma constitucional que generó la implementación del Sistema Penal Acusatorio en México, los diversos informes de evaluación que publican diferentes organizaciones del sector privado coinciden en apuntar estadísticas que reflejan un elevado índice de impunidad, acusando con ello la incapacidad oficial frente al reto que implica brindar a la ciudadanía un adecuado acceso a la justicia penal.

El más reciente informe denominado Hallazgos 2018. Seguimiento y evaluación del Sistema de Justicia Penal, elaborado por México Evalúa, pone de manifiesto que no se ha logrado una mejoría en las condiciones de eficiencia y eficacia de las instituciones del sistema para proporcionar justicia a los ciudadanos, y que la impunidad sigue siendo –por mucho- la reina de las estadísticas en materia de procuración y administración de justicia penal.

También te podría interesar: La moderna esclavitud.

La promesa contenida en el espíritu de la reforma constitucional de 2008 se encuentra plasmada en la Fracción I del Artículo 20 Constitucional, que establece: “El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen”, se encuentra lejos de ser cumplimentada. Los operadores hemos sido incapaces de consolidar las bases del sistema lo suficiente como para dar los resultados esperados.

En consecuencia, la impunidad sigue siendo la gran vencedora en este juego de incompetencia y complacencia oficial, sin que a la fecha se vea en el panorama a corto, mediano o largo plazo, el esfuerzo de las instituciones encargadas de legislar, procurar y administrar justicia, para revertir la tendencia de la impunidad. Por el contrario, pareciera que se empeñan más en disfrazar las estadísticas que en combatir las causas generadoras de la impunidad.

El panorama es desalentador. Específicamente hablando de Baja California Sur, que de acuerdo con el informe en comento, se ubica como la entidad de la República que más utiliza el archivo temporal con un porcentaje de 89.09%, solo superado por Chihuahua que utiliza este recurso en un 89.6% de los casos.

Archivar una carpeta es legal y está justificado, cuando no aparecen datos de prueba que permiten el avance procesal, pero también es cierto que, en la práctica, este tipo de determinaciones se convierten en auténticas legitimaciones de la impunidad, pues una vez que una carpeta se archiva, es prácticamente imposible que el delito por el que se inició sea sancionado, ya que únicamente 3 de cada 100 determinaciones de archivo temporal se revierten para reactivar la investigación.

El archivo temporal es el reconocimiento oficial que hace el agente del Ministerio Público, de su incapacidad para llevar a cabo exitosamente la integración y, en su caso, la judicialización de las carpetas de investigación a su cargo.

De mantenerse la tendencia actual en los porcentajes de determinación de archivo temporal prácticamente el 99% de los casos que se denuncien quedarán en el olvido que corona los cajones en los que se guardan en las carpetas archivadas.

Las principales causas de archivo temporal son atribuibles a los órganos de investigación, tanto policiales como periciales, lo que nos lleva a concluir que hace falta un esfuerzo presupuestal extraordinario –y urgente- para dotar de suficientes recursos materiales y humanos a la Procuraduría Estatal de Justicia, para abatir el rezago que hoy se acumula en el cumplimiento de las ordenes de investigación y en las solicitudes de dictaminación pericial.

Aquí es importantísimo el papel que juegan los legisladores, que actualmente se limitan a incrementar las penas a los delitos de mayor incidencia, lo cual es una demagógica pérdida de tiempo y recursos, pues está comprobado que incrementar las penas no inhibe el delito.

Lo que deben hacer nuestros diputados es requerir a la Procuraduría un programa de adecuación de los recursos necesarios, tanto técnicos como materiales y humanos, a fin de abatir el elevado número de investigaciones pendientes de realización, y con base a cifras precisas y objetivos claramente trazados, autorizar en el próximo presupuesto de egresos 2020, un incremento sustancial que permita contar con los elementos necesarios para abatir el rezago que tanta impunidad genera, y que nos ubica en los últimos lugares de ineficacia en materia de justicia penal.

Baja California Sur ocupa el vergonzoso cuarto lugar nacional de ineficacia, por contar con los más elevados porcentajes de impunidad, pues nuestro porcentaje (99.4%) solo es superado por Tamaulipas (99.99%) Veracruz (99.8%) y Nuevo León (99.6%).

El Estado de la República que presume la bonanza económica que nos ubica como el estado más próspero del país, no puede tener un presupuesto tan limitado en materia de procuración de justicia. Necesitamos operadores capacitados, bien remunerados, y servicios de investigación policial y pericial de primer nivel, acorde a las necesidades de la entidad. La impunidad no puede seguir siendo la constante. La demanda de justicia debe ser atendida en lo operativo y funcional, no solo en el discurso político.

AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, esto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

Ciudadanos combatiendo la corrupción en BCS

FOTOS: Cortesía.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2018 de Transparencia Internacional, ubica a México en el lugar 130 de 180 naciones evaluadas. El sexenio anterior enfatizó una tendencia constante al alza en los niveles de corrupción e impunidad, lo que sirvió de estandarte en la exitosa campaña electoral del actual Presidente de la República.

El eje central de la política del Gobierno Federal contra la corrupción gira en torno a tres grandes programas: austeridad, transparencia y estado de bienestar. El proyecto de nación que presenta el actual Ejecutivo, no contiene un programa claro de combate a la corrupción, pues los programas anunciados encuadran más en el campo de la prevención que en los del combate y erradicación. Encontramos una grave omisión en cuanto a los mecanismos encaminados a denunciar y castigar.

También te podría interesar: Necesitamos magistrados con carrera judicial

A lo anterior, habremos de agregar que la corrupción como práctica constante, encuentra cobijo en la impunidad que se negocia desde el espacio cupular. Y es que es el mismo grupo en el poder, el que se encarga de denunciar, investigar, perseguir y sancionar los actos de corrupción.

Ante ese panorama, consideramos imperativo que el ciudadano se incorpore en labores complementarias al eje de acción planteado por el Ejecutivo federal para lograr prevenir, inhibir y erradicar la corrupción. Nos toca entonces asumir nuestra responsabilidad ciudadana, específicamente en las labores de denuncia ante posibles actos de este tipo, y de exigencia en materia de transparencia y rendición de cuentas. Es claro que el combate a la corrupción es una tarea de imposible realización, si los ciudadanos no participamos activa, efectiva, sistemática y permanentemente en el proceso.

BCS organizada

Específicamente en Baja California Sur, contamos con referentes de éxito alcanzado por la sociedad civil cuando de manera organizada y masiva participa en actividades de interés público. Somos referente a nivel continental, por haber sido el primer Estado en América Latina que frenó a la megaminería de extracción de metales a cielo abierto, antes de que iniciara operaciones, evitando con ello los daños ambientales que actualmente sufren otros Estados de la República Mexicana, que aunque han logrado expulsar esa minería, lo han hecho tras seis, ocho o diez años de operación, esto es, cuando ya se generaron daños al medio ambiente, muchos de ellos irreparables.

En materia de seguridad, el mejor antídoto contra el robo a casa habitación ha sido la organización vecinal, en la que los ciudadanos se han unido para participar en labores de prevención de ese delito.

Letras contra corruptos

A partir de la experiencia de esos exitosos modelos, arrancamos en el Estado, un programa ciudadano de combate a la corrupción y la impunidad. El esquema es sencillo: un grupo de profesionales del Derecho y Ciencias Forenses, a través de la asociación civil LETRAS, Legalidad y Transparencia A.C., ofrecen asesoría legal, apoyo logístico, acompañamiento y en su caso, representación legal. La idea es brindarle al ciudadano que tenga conocimiento de un hecho de corrupción que resulte comprobable, la oportunidad de denunciarlo, sin tener que padecer el viacrucis que implica recorrer las instancias burocráticas oficiales, estructuradas estratégicamente para desanimar este tipo de denuncias.

Si el ciudadano tiene conocimiento de un hecho delictivo, y cuenta con información suficiente que nos permita allegarnos datos de prueba que hagan sostenible la formulación de imputación ante los tribunales, el equipo de abogados y peritos de LETRAS se hacen cargo de toda la carga procesal, sin costo alguno para el denunciante.

Estamos convencidos de que la sociedad civil organizada representa el factor decisorio en el combate a la corrupción y la impunidad. Contamos con las exitosas experiencias de que existe registro en materia de defensa al agua y al medio ambiente sano, así como en las actividades de prevención del delito. Ahora trabajamos para llevar ese ejercicio en el campo de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Si los programas federales se enfocan en la prevención de la corrupción, a nosotros nos toca aplicarnos en el campo de la denuncia, integración de carpetas de investigación, compilación e incorporación de datos de prueba, acompañamiento y coadyuvancia en la persecución ante tribunales, para alcanzar finalmente la sanción de todos aquellos malos servidores y particulares que se involucren en actos de corrupción.

LETRAS ha iniciado esta campaña, y a una semana de iniciar operaciones ya contamos con varias carpetas de investigación, que se integran contra servidores públicos imputables, y la lista se engrosará con las denuncias que se vayan incorporando. Si tienes conocimiento de un acto de corrupción y consideras que existen datos de prueba que nos permitan acreditarlo, acude en horario laboral a nuestras oficinas ubicadas en calle Instituto Politécnico Nacional 503 local 1, en colonia El Conchalito, casi frente a la Delegación de la Secretaría de Economía, a dos cuadras del palacio de Justicia Federal.

Al ejercicio de participación ciudadana en el combate a la corrupción que plantea LETRAS, se han sumado ya otras dos organizaciones civiles, y un par de “lobos solitarios”. Ya sea de manera individual, o a través de un colectivo, es importante para el éxito de este esfuerzo de participación ciudadana, que todos nos sumemos, como denunciantes, observadores, asesores, difusores, etcétera. En el combate a la corrupción, migremos de las redes sociales a los Tribunales de enjuiciamiento. Todos podemos y debemos participar, tenemos mucho que ganar y nada que perder.

El peculado. ¿Qué se necesita para acabar con la corrupción?

FOTOS: Internet

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). La función pública en los regímenes democráticos, se rige por principios de honestidad, transparencia, legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, bajo esquemas normativos que buscan alcanzar la máxima eficiencia con el menor costo posible. Desafortunadamente, en muchos casos, ese objetivo resulta malogrado —principalmente— por la corrupción.

El eje rector de la propuesta de la actual administración pública de los tres niveles, es el combate a la corrupción, y si bien no existe en el texto constitucional un concepto jurídico que la defina, fundamentalmente por tratarse de un concepto sociológico, en el discurso político y en la propuesta que genera la normatividad que rige la vida del Estado, se ha ubicado la interpretación y el combate a la corrupción, en el campo de la aplicación del Derecho Penal, a través de diversas figuras delictivas, cuyo común denominador es la protección del erario y del buen funcionamiento del servicio público; es así como surgen los diversos tipos penales que sancionan con cárcel y multas las conductas que a criterio del legislador, transgreden el servicio público y lesionan o ponen en peligro el erario.

También te podría interesar: Reconocen paternidad de pareja gay. Las resoluciones relevantes de SCJN en 2018

Entre esas figuras delictivas, destaca el peculado, que en términos generales, se concreta cuando un servidor público desvía o distrae de su destino, dinero, valores, fincas, o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, organismos descentralizados, municipios o a un particular, si por razón de su cargo los hubiera recibido en administración o en depósito.

Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, vinculado a proceso por peculado.

Si bien en sus orígenes únicamente se consideraba a los servidores públicos como probables perpetradores de este delito, actualmente las legislaciones modernas previenen un supuesto en el cual, el peculado puede ser cometido por particulares, ya sea por personas físicas (individuos) o jurídicas (sociedades, empresas, asociaciones) bajo la figura denominada peculado impropio.

Ésta es probablemente la figura delictiva más antigua, entre las destinadas a sancionar el desvío de recursos públicos; los romanos entendían la importancia de sancionar los actos de corrupción, para mantener sanas las finanzas públicas y su administración, y sancionaban severamente el peculado. El peculatus, era una forma agravada del hurto de dinero público, o disposición indebida de un botín de guerra obtenido por las tropas romanas.

En BCS, intocables

Hoy en día, hablando específicamente de Baja California Sur, ha sido un reproche social reiterado, el dispendio, derroche y desvío de recursos públicos, que queda al descubierto en cada cambio de administración, y siendo tan importante combatir el peculado, por ser el referente de corrupción por excelencia, en la práctica encontramos que no se sanciona.

De hecho, a la fecha, no existe registro histórico de algún servidor público que haya sido penalmente sancionado por la comisión del delito de peculado en este Estado; probablemente, el caso más cercano a ello, fue el del ex Alcalde de Loreto, de apellido oriental, que si bien fue condenado en primera y segunda instancia, un amparo lo exoneró, porque el Ministerio Público no supo integrar adecuadamente el expediente de averiguación previa con el que fincó su acusación.

Cuatro son, a grandes rasgos, los factores que históricamente han cobijado con franca impunidad a los servidores públicos que han saqueado las arcas estatales y municipales:

Complicidades

La complicidad o componenda entre quién delinque y quién tiene a su cargo la integración del expediente de investigación y acusación, es de los factores que más influye para que la corrupción permanezca en el sistema. El hecho de que el Ministerio Público dependa del Procurador de justicia, y éste del Gobernador en turno, somete el ejercicio de la persecución delictiva, a las directrices y vertientes que marque el Gobernador, al grado de que la facultad persecutora —en muchos casos— se utiliza más como herramienta de control político y venganza, que como un verdadero ejercicio de representación social.

Incapacidad técnica

Otro de los factores más sobresalientes es la incapacidad técnica del personal a cuyo cargo se encuentra la integración de la carpeta de investigación del hecho delictivo. A la fecha, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) no cuenta con protocolos de actuación que sean específicos para delitos cometidos por servidores públicos, y su dirección de servicios periciales no cuenta con un cuerpo pericial en materia de auditoría administrativa y contable, que le permita afrontar con eficacia, el reto de dictaminar en la mayoría de los casos en los que las finanzas públicas se ven lesionadas.

Ausencia de controles

Invariablemente el encargo de contralor municipal o estatal, recae en una persona allegada al respectivo titular del ejecutivo, lo que propicia corruptelas y omisiones en el desempeño del encargo.

Complacencia ciudadana

La corrupción encuentra tan arraigada en nuestro servicio público, que para la mayoría de los ciudadanos, es “normal”, que los servidores públicos lucren ilícitamente en el ejercicio de su encargo. “Robé poquito”, fue un exitoso eslogan de campaña de un político nacional. “Robó pero hizo obra pública”, dicen refiriéndose a cierto ex gobernador. En la percepción colectiva, la corrupción no es mala, si se hace «con moderación».

Hilario Ramírez «Layín», ex alcalde de San Blas, Nayarit, famoso por haber confesado que «robo poquito» durante su administración.

¿Qué necesitamos para castigar, inhibir, prevenir y finalmente erradicar el peculado?Debemos revertir completamente la visión complaciente y tolerante que se tiene de la coexistencia de la corrupción y el ejercicio público; la percepción y postura ciudadana, debe ser radical e inflexible. Cero tolerancia. Ni partícipe ni pasivo espectador de actos de corrupción.

Si queremos acabar con la impunidad en el Estado, podemos empezar por dotar al Procurador de Justicia, y a los contralores, de plena autonomía orgánica y presupuestal; asimismo, crear un instituto autónomo que brinde a los servicios periciales, la capacitación técnica y soporte logístico necesarios para que ejerzan su labor con honradez y eficacia.

Cualquier proyecto de combate a la corrupción que no dote de autonomía administrativa, presupuestal y soporte técnico a las instituciones encargadas de supervisar el ejercicio público, investigar y perseguir los delitos, y dictaminar al respecto, será mera simulación y empeño estéril.

—