Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). En algunas calles de El Esterito, el Centro Histórico, Pueblo Nuevo y otras zonas de La Paz, el cambio puede advertirse sin recurrir a estadísticas. Donde anteriormente había una vivienda para una familia aparecen edificios con departamentos, estudios o habitaciones destinados al alquiler temporal. Las cisternas, tinacos, terrazas, albercas y anuncios de hospedaje forman parte de un nuevo paisaje urbano. A pocas calles de esas construcciones, sin embargo, familias enteras esperan el día asignado por el tandeo para llenar recipientes y asegurar el agua de la semana.

La contradicción llegó al discurso oficial en julio de 2026. El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, reconoció públicamente que el crecimiento inmobiliario de La Paz debe regularse. “Donde había una casa ahora hay edificios”, declaró al referirse a la proliferación de construcciones en distintas colonias. También planteó que no deberían autorizarse nuevos desarrollos mientras no existan condiciones suficientes para garantizar el agua. El pronunciamiento confirmó lo que residentes y organizaciones urbanas venían señalando: la capital sudcaliforniana construye nuevas unidades habitacionales y turísticas sobre una infraestructura hídrica que ya trabaja bajo presión.

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La preocupación tiene sustento en cifras oficiales. La Comisión Nacional del Agua calcula que el acuífero La Paz, identificado con la clave 0324, recibe una recarga media anual de aproximadamente 21 millones de metros cúbicos. Frente a esa recarga existen 29.47 millones de metros cúbicos concesionados o asignados, 6.15 millones pendientes de titulación o registro y 13.19 millones reservados para programación hídrica, incluido el derecho humano al agua. El resultado administrativo es un déficit de 27.82 millones de metros cúbicos anuales. En términos sencillos, no existe agua subterránea disponible para otorgar nuevas concesiones sin agravar el desequilibrio.

El déficit no significa que mañana dejará de salir agua de todos los pozos. Indica algo quizá más preocupante: los derechos, compromisos y extracciones reconocidos superan la recarga estimada. La ciudad depende principalmente de un acuífero sobreexplotado en una región árida, con lluvias escasas e irregulares. Extraer más agua de la que se repone reduce los niveles subterráneos, eleva los costos de bombeo y favorece el avance de agua salina desde la costa. La intrusión marina puede deteriorar la calidad del recurso y volver inutilizables algunos pozos, un riesgo ampliamente reconocido en los estudios hidrogeológicos sobre acuíferos costeros.

Sobre esa base limitada crece la ciudad. El Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de La Paz ya había diagnosticado en 2018 una expansión dispersa, especialmente hacia el sur, acompañada por especulación del suelo, fraccionamientos alejados y una disminución de la densidad urbana. El documento registró que para 2015 el centro de población alcanzaba una superficie aproximada de 5,642 hectáreas y una densidad de 48.34 habitantes por hectárea. También estimó que podría llegar a 363,391 habitantes en 2050. Su diagnóstico advirtió que el crecimiento acelerado había dejado infraestructura insuficiente, desarticulación vial y asentamientos desconectados.

Desde entonces, el fenómeno adquirió otra dimensión. Además de los fraccionamientos periféricos, aumentó la densificación mediante departamentos, condominios y pequeños edificios de habitaciones. Parte de esta oferta atiende una demanda real de vivienda derivada del crecimiento poblacional y de la llegada de trabajadores, jubilados y nuevos residentes. Otra parte se dirige al mercado turístico y a las rentas de corta estancia, cuyo rendimiento puede ser superior al alquiler tradicional. Plataformas digitales permiten convertir casas, departamentos y cuartos en unidades de hospedaje sin construir necesariamente un hotel convencional.

La renta vacacional no puede considerarse por sí sola la causa de la crisis hídrica. El problema viene de décadas de sobreexplotación, fugas, expansión urbana, insuficiente captación, debilidad del saneamiento y dependencia casi absoluta de pozos. Tampoco existe un estudio oficial público que cuantifique cuánta agua consumen, en conjunto, los departamentos de renta temporal en La Paz. Atribuirles todo el déficit sería incorrecto. Sin embargo, cada unidad nueva agrega demanda a una red que ya distribuye el agua mediante horarios y zonas. Cuando varias viviendas de baja ocupación son sustituidas por edificios capaces de alojar a decenas de personas, la carga local sobre tuberías, drenaje y almacenamiento puede aumentar de manera considerable.

El consumo turístico presenta además características diferentes al doméstico. Un visitante que paga por alojamiento espera agua continua, regadera, lavado de blancos y, en algunos casos, alberca, jardín o terraza. Para garantizar el servicio durante el tandeo, muchos edificios instalan cisternas de gran capacidad y sistemas de bombeo. Esas instalaciones son legales cuando cumplen las normas, pero generan una desigualdad práctica: los inmuebles con mayor capacidad económica almacenan agua cuando llega a la red, mientras viviendas sin cisterna dependen de tinacos pequeños o de la compra de pipas. La escasez deja de afectar a todos de la misma manera.

El impacto también alcanza el drenaje. Cada habitación incorporada a la ciudad produce aguas residuales. Un proyecto puede contar con conexión de agua, pero eso no garantiza que la tubería sanitaria, la planta de tratamiento y los colectores de la zona tengan capacidad suficiente para el aumento acumulado de densidad. Los permisos suelen evaluar obras de manera individual; la crisis aparece cuando se suman decenas de proyectos autorizados por separado dentro de una misma colonia. Un edificio aislado quizá no colapse el sistema, pero muchos desarrollos pequeños pueden producir un efecto equivalente al de un fraccionamiento sin que exista una evaluación conjunta.

La responsabilidad está fragmentada. El Ayuntamiento autoriza usos de suelo, alineamientos y licencias de construcción; el Organismo Operador Municipal administra la red de agua potable y alcantarillado; el gobierno estatal interviene en la planeación territorial y en proyectos hidráulicos; la Conagua administra las aguas nacionales y los títulos de extracción. Las plataformas de hospedaje, por su parte, se relacionan con autoridades fiscales y turísticas. Esta división favorece vacíos: una construcción puede ser compatible con el uso de suelo, pero aumentar una demanda que el organismo operador no tiene capacidad real de atender.

La regulación vigente contempla trámites y controles. El portal municipal ofrece autorizaciones de uso de suelo y licencias de construcción, mientras el Programa de Desarrollo Urbano establece densidades, alturas y modalidades de aprovechamiento. El Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027 colocó el agua y los servicios públicos como uno de sus ejes principales. Por ello, afirmar que no existe ninguna estrategia gubernamental sería inexacto. Lo que no se observa, al revisar los documentos disponibles, es un mecanismo integral, vinculante y transparente que subordine las nuevas densidades al balance hídrico de cada zona, acumule el impacto de los proyectos y regule específicamente el crecimiento de habitaciones para renta temporal.

Las respuestas oficiales se han concentrado principalmente en aumentar y redistribuir la oferta. El organismo operador ha rehabilitado pozos, realizado interconexiones e incorporado nuevos caudales a la red. También ha promovido el reúso de aguas tratadas y obras para reducir problemas de distribución. El gobierno estatal puso en servicio la planta potabilizadora de la presa La Buena Mujer y respalda el proyecto de la presa El Novillo como fuente adicional para La Paz.

Estas acciones pueden aliviar el suministro, pero no sustituyen la gestión de la demanda. Incorporar un pozo proporciona agua inmediata, aunque también incrementa la extracción del sistema subterráneo. Una presa depende de lluvias suficientes y exige estudios de cuenca, potabilización, conducción y mantenimiento. La desalación, mencionada recurrentemente como alternativa para ciudades costeras, ofrece una fuente independiente de las lluvias, pero consume energía, requiere inversiones elevadas y produce salmuera cuyo manejo debe evaluarse ambientalmente. Ninguna obra, por sí sola, permite mantener indefinidamente un crecimiento urbano sin límites.

En 2023, el OOMSAPAS La Paz eliminó el esquema mediante el cual desarrolladores podían pagar por cada millar de metros cúbicos requerido para obtener factibilidad. La medida respondió al argumento de que el agua no debía convertirse simplemente en un costo incorporado al proyecto. Fue un reconocimiento de que pagar derechos no crea agua. No obstante, la continuidad de construcciones verticales y complejos habitacionales muestra que la regulación de factibilidades, cambios de uso, subdivisiones y conexiones todavía necesita mayor claridad pública.

El llamado del gobernador a “frenar” edificios marca un cambio político, pero hasta finales de julio de 2026 se mantenía como planteamiento y anuncio de revisión jurídica, no como una moratoria publicada con criterios, duración y alcances definidos. La declaración oficial recogida por medios locales propuso limitar el crecimiento mientras no pueda garantizarse el suministro. Tampoco se había presentado un inventario público que indicara cuántos edificios, departamentos y cuartos estaban autorizados, cuánta agua demandarían y en qué sectores de la red serían conectados.

Esa falta de información alimenta la percepción de descontrol. Para corregirla no basta con prohibir indiscriminadamente la vivienda vertical. Una ciudad compacta puede utilizar menos suelo y requerir menos kilómetros de tuberías que una urbanización extendida. El problema aparece cuando la densificación se autoriza sin infraestructura, sin captación pluvial, sin reúso, con equipamientos de alto consumo o sin medir la capacidad efectiva de la red. Regular debería significar establecer un presupuesto hídrico por sector, exigir medidores, dispositivos ahorradores, tratamiento y reúso en proyectos de cierta escala, y publicar las factibilidades otorgadas.

También implica reconocer la relación entre agua y desigualdad urbana. La expansión de rentas turísticas puede elevar el precio del suelo y desplazar a residentes hacia periferias donde el servicio es más precario. Así, quienes trabajan en restaurantes, construcción, limpieza o servicios turísticos pueden terminar viviendo más lejos y recibiendo menos agua que los visitantes y nuevos residentes a quienes atienden. La crisis hídrica se convierte entonces en un problema ambiental, económico y de justicia social.

La Paz necesita vivienda, inversión y empleo, pero también debe reconocer los límites físicos del desierto. Los datos de Conagua muestran que el acuífero se encuentra en déficit; el tandeo demuestra que la insuficiencia ya forma parte de la vida cotidiana; y el crecimiento visible de edificios confirma que la demanda sigue aumentando. Las autoridades poseen planes, reglamentos y proyectos hidráulicos, pero aún deben convertirlos en una política coordinada que relacione cada autorización urbana con agua realmente disponible.

La pregunta ya no es si La Paz continuará creciendo, sino bajo qué reglas y quién asumirá el costo. Si la expansión inmobiliaria precede a la infraestructura, ese costo se trasladará al acuífero y a las colonias con menor capacidad de almacenamiento. Si la planeación hídrica determina el ritmo y las condiciones de construcción, la ciudad todavía puede evitar que cada nuevo edificio se convierta en otro piso añadido a una crisis que comenzó bajo tierra.

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Vientos de Pueblo

José Luis Cortés M.

 

San José del Cabo, Baja California Sur (BCS). La tarde cae sobre el malecón de La Paz como un telón de luz rosada, y aun así el rumor es más fuerte que la brisa marina: la ciudad está cambiando demasiado rápido. Lo dicen quienes nacieron allí y quienes llegaron hace años, antes de que los precios se dispararan como si obedecieran a otra lógica, una ajena, importada. La escena se repite también en Los Cabos, donde los contrastes siempre existieron, pero hoy parecen haberse incrustado con una intensidad nueva, casi dolorosa.

El fenómeno tiene nombre, aunque a veces se evita pronunciarlo: gentrificación acelerada. Un movimiento tan discreto que empieza en los anuncios de renta y tan ruidoso que termina reconfigurando la vida entera de una comunidad.

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En ambos municipios, la llegada constante de extranjeros que deciden vivir de forma permanente —muchos con ingresos en dólares y la facilidad de trabajar desde cualquier lugar— ha multiplicado la demanda de vivienda. Los precios, obedientes al mercado global y no al salario local, se disparan. Lo señalan diversos reportes oficiales publicados en 2023 y 2024, que registran incrementos de renta superiores al promedio nacional, con zonas donde subieron entre 25% y 40% anual. Son cifras comprobables, duras, que dejan poco espacio para el optimismo.

En una conversación reciente, una residente de La Paz relató que el departamento donde vivió por ocho años duplicó su renta en menos de dos. Otra persona, originaria de Cabo San Lucas, comentó que su familia tuvo que mudarse a más de 40 minutos del centro porque ya no podía costear el barrio donde había crecido. Ninguna de estas historias es aislada; más bien, ilustran lo que varios estudios urbanísticos han señalado: la presión inmobiliaria en destinos turísticos de alta demanda produce una expulsión silenciosa, pero constante.

Hay momentos en los que la transformación es evidente a simple vista. En La Paz, colonias tradicionalmente familiares han visto aparecer cafeterías de estética estandarizada, condominios minimalistas y letreros en inglés que compiten con los locales. En Los Cabos, la construcción de nuevos desarrollos residenciales orientados al público extranjero redibuja las fronteras urbanas, empuja a las familias locales hacia periferias cada vez más lejanas y complica la movilidad diaria. No se trata únicamente del precio: se trata del tiempo perdido en trayectos, de la dificultad para acceder a servicios, del desgaste emocional de sentir que la ciudad deja de pertenecer a quienes la sostienen.

La movilidad urbana, de hecho, es uno de los puntos más críticos. Conforme las comunidades locales se desplazan hacia zonas más económicas, aumentan los tiempos de traslado y se saturan las vías que conectan periferias con centros laborales y educativos. Urbanistas consultados en informes recientes advierten que, sin planificación a largo plazo, esta tendencia podría profundizar la segregación espacial: ciudades fracturadas entre quienes pueden y quienes no pueden pagar estar cerca.

La pregunta inevitable es por qué está ocurriendo con tanta intensidad. La respuesta, aunque múltiple, tiene un hilo conductor: destinos como La Paz y Los Cabos se han convertido en refugio para extranjeros que buscan seguridad, belleza natural, cercanía al mar y un costo de vida que, comparado con sus países de origen, sigue siendo atractivo. Lo paradójico es que, en esa comparación, el costo deja de ser atractivo precisamente para quienes siempre vivieron allí. Es una ecuación injusta: la economía global se impone sobre la economía local.

Aunque la problemática es real y ampliamente documentada, también existen rutas posibles. Algunos especialistas han planteado medidas como regulación más estricta de rentas a corto plazo, incentivos para vivienda accesible, programas de movilidad urbana más eficientes y actualización de políticas que prioricen a la población residente. Ninguna solución es inmediata, pero todas comienzan con un consenso básico: reconocer que el fenómeno existe y que ya afecta la vida cotidiana.

Al recorrer las calles de Baja California Sur es imposible no sentir que algo se está jugando en ellas. La identidad, la memoria, la pertenencia. Cada edificio nuevo, cada renta anunciada en dólares, cada familia que empaca en silencio revela una transición que exige ser contada sin alarmismo, pero con honestidad.

Lo que está en disputa no es solo el valor de una propiedad, sino el derecho a seguir siendo parte de un lugar que durante generaciones se ha sentido como hogar. Y frente a esa disputa, vale recordar que la dignidad comunitaria no se mide en metros cuadrados, sino en la capacidad colectiva de defender el territorio emocional que nos sostiene.

Porque cuando una ciudad pierde a su gente, pierde su alma. Y ninguna plusvalía vale tanto como la memoria viva de quienes la construyen día con día.

Referencias y fuentes consultadas:
– Reportes oficiales del INEGI sobre movilidad y vivienda (2023–2024)
– Comunicados municipales de La Paz y Los Cabos relacionados con desarrollo urbano y vivienda
– Análisis académicos recientes sobre gentrificación en destinos turísticos de México
– Información pública del Instituto de Planeación Municipal (IMPLAN) de La Paz y Los Cabos