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En los escándalos del agua, de prianistas a morenistas, ¡todos salen enlodados!

FOTOS: Archivos.

La Última Trinchera

Por Roberto E. Galindo Domínguez

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). En Baja California Sur, el agua es un asunto de suprema importancia debido a que es un bien escaso, al menos para los ciudadanos comunes, como usted y como yo. Para los políticos es un asunto del más impune ejercicio de la corrupción y la inmoralidad, aunque hayan legalizado la posesión de numerosos títulos de concesión equivalentes a millones de metros cúbicos de agua.

Así quedó evidenciado en el pasado proceso electoral, cerca del cierre de campañas, cuando en un reportaje de Jonathan Nácar y María Idalia Gómez del portal Eje Central  se hicieron públicas las concesiones de extracción de agua de los integrantes cupulares de la fracasada alianza Unidos Contigo, políticos de renombre que no de probada honradez, entre ellos, el priísta Ricardo Barroso, entonces candidato a la presidencia municipal de La Paz y el candidato panista a gobernador Francisco Pelayo, entre otros deslustrados políticos prianistas. Y eso se dio justo en el momento en el que las candidaturas de los tricolores y los azules parecían repuntar en la gesta electoral e incluso sobreponerse a las candidaturas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

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Por aquel entonces, cuando los candidatos se daban hasta con la cubeta, los prianistas la aventaban llena de agua y los de Morena la arrojaban vacía, fueron éstos últimos, sobre todo Milena Quiroga, entonces candidata a la Presidencia Municipal de La Paz, y Víctor Castro Cosío, candidato a gobernador por la Cuarta Transformación, quienes con todo el fragor de la adoptada moralina cuatroteista y con la inyección del ímpetu obradorista de la honradez, defendieron —de palabra, claro— los bienes del pueblo y de entre éstos se enfocaron en el vital líquido; es así que en los medios y en los debates se lanzaron contra los poseedores de las millonarias concesiones acuosas, los integrantes del llamado Grupo Comondú.

En uno de los debates, Castro Cosío atacó a Francisco Pelayo con el asunto del acaparamiento del agua: “Cuidar el agua no es un asunto sólo político, es un asunto de carácter social. Hay quienes dicen que es legítimo, que es jurídicamente correcto, pero no pueden nueve familias del Valle de Santo Domingo tener más agua, trescientos por ciento más agua que el ayuntamiento de Comondú“.

Por su parte, Milena Quiroga en uno de los debates enarboló la bandera acuosa contra Ricardo Barroso por tener —a nombre de su hijo—, una concesión de millones de metros cúbicos de agua y dijo que: “No podemos permitir que se siga lucrando con nuestra agua…”, para después en los medios señalar que “el agua debe ser para nosotros como ciudadanos del municipio de La Paz, que requerimos agua cada uno de los días”, y entonces exigió transparencia y que se supiera la verdad sobre el uso del agua. Esperemos que ahora llegue hasta el fondo en el escándalo político del intercambio de cuartos de hotel y comidas de restaurante por agua entre el municipio morenista de Rubén Muñoz y el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMSAPAS) con el Hotel Acuarios.

Es así que, el agua, además de ser un bien fundamental para vivir y ser un bien humano acaparado por los políticos, se ha vuelto en Sudcalifornia un arma politiquera, así la usaron Castro Cosío y Quiroga Romero. Esperemos por el bien de su respetabilidad y de su recién adquirida membresía VIP en Morena, que mantengan firmes sus convicciones cuatroteistas y vayan hasta el fondo del escándalo político del agua para que se castigue con la ley en la mano a todos los implicados municipales en el acuoso affaire entre el Hotel Acuarios y OOMSAPAS durante las administraciones municipales de la priísta Esthela Ponce, del panista Armando Martínez, así como, y sobre todo, de los implicados de la administración del seudomorenista, pero diputado federal, Rubén Muñoz en la aceptación o pedimento de cuartos de hotel, comidas y otros servicios proporcionados por el Hotel Acuarios a diversas autoridades municipales y no sólo de OOMSAPAS, así como también para personas de otras latitudes estatales y hasta trans-marítimas.

El escándalo municipal del agua fue hecho público por el periodista Rodrigo Rebolledo de Diario El Independiente, al entrevistar al representante legal del Hotel Acuarios, Carlos Murillo Aguirre, quien mostró documentación oficial del anterior “Honorable” Ayuntamiento morenista de La Paz a cargo de Rubén Muñoz, oficios mediante los cuales el Secretario Técnico de Presidencia, Valente Martínez Campos, solicitó en diversas ocasiones varias habitaciones “con cargo a la cuenta de adeudo que mantiene Hotel Acuarios con este H XVI Ayuntamiento de La Paz”. Lo que no es otra cosa que corrupción oficializada, legalizada y hasta con membrete municipal inducida por funcionarios públicos.

La inmoralidad de los prianistas no debe sorprendernos, por algo son de derecha y conservadores; y persignados, pero férreos herederos y aplaudidores del neoliberalismo. Lo que no los exculpa de sus actos. En lo que debemos poner la atención y a quienes les debemos exigir rendición de cuentas y transparencia es a nuestra presidenta municipal y a nuestro gobernador. Vamos a ver qué tan obradoristas resultan Milena Quiroga y Víctor Castro Cosío cuando en la corrupción del agua están implicados la anterior administración municipal e innumerables servidores públicos de la actual, además de los depredadores prianistas ya conocidos. Veamos que hacen los morenistas VIP cuando los que lucran con el agua son los miembros de su partido y funcionarios de la actual administración que dirigen.

Polilla Política

Ni el Gobernador, ni la Alcaldesa han tomado cartas en otros corruptos asuntos de Rubén Muñoz, como en la ilegal aprobación del desarrollo inmobiliario Misión Punta Norte, en la que uno de los grandes problemas es el suministro de agua.

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AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, esto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.




Defendamos nuestro derecho al agua

 

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). El agua es la esencia de la vida. El agua potable es indispensable para la vida y la salud, y primordial para la dignidad de toda persona. El acceso garantizado al agua potable, es un derecho humano fundamental, dado que el agua es un elemento esencial de sobrevivencia para el organismo humano. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, no basta que el suministro de agua se mida en su cauda, es indispensable además que la calidad de la misma garantice una saludable expectativa para el consumo humano, y debe privilegiarse las fuentes naturales, sobre las fuentes mejoradas por tratamiento, como son las plantas desalinizadoras o las plantas regeneradoras por filtración o cloración simple.

De acuerdo con el reporte publicado en 2006 por la ONU denominado Human Development Beyond Scarcity–Power, Poverty and the Global Water Crisis, en el mundo hay dos mil quinientos millones de personas que no disponen de servicios de agua potable, sin contabilizar a las naciones en guerra.  El reporte atribuye como las causas básicas de la actual crisis del agua a la pobreza, las desigualdades y la disparidad en las relaciones de poder, agravadas por los retos sociales y ambientales, como la urbanización cada vez más rápida, el cambio climático, y la creciente contaminación y merma de los recursos hídricos.

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Para afrontar la crisis, la comunidad internacional ha tenido que cobrar conciencia de que el acceso al agua potable debe encuadrarse en el marco de los Derechos Humanos, y así se establece directa o indirectamente en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas define el derecho al agua como el derecho de todos a “disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico”.

Nuestra Constitución reconoce, en su Artículo Cuarto, este derecho fundamental, al establecer que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, y en el mismo numeral se establece que el derecho al agua está indisolublemente asociado al derecho a la salud y a una vivienda y una alimentación adecuadas.

Es pues, obligación del Estado Mexicano garantizar a los habitantes de nuestra nación, el acceso al agua potable y así se ha establecido en los principales tratados de derechos humanos suscritos por nuestra nación, fundamentalmente como parte del derecho a un nivel de vida adecuado y del derecho a la salud.

Vale más que el oro

Partiendo de la premisa básica que el agua es un derecho fundamental avalado por los tratados internacionales y reconocido por nuestra Carta Magna, desde la reforma del 08 de febrero de 2011, ya no es necesario invocar  la frase “el agua vale más que el oro” para dirimir la controversia entre preservar el agua o renunciar a ella en aras de un “desarrollo sustentable”, pues es inadmisible, a la luz de la legislación enunciada, que ningún interés comercial, particular o público, puede privilegiarse al derecho fundamental, y por ende, toda autorización, concesión o permiso de explotación comercial que haya sido otorgada por el gobierno mexicano, que ponga en peligro la fuente natural de suministro de agua a una comunidad, debe ser cancelada, por contravenir el derecho fundamental de quienes integran esa comunidad.

La lucha en defensa del agua, gestada en diferentes flancos por la sociedad civil  organizada, ante la amenaza de la minería tóxica,  llevó a la autoridad estatal sudcaliforniana a reconocer la inadmisibilidad de una autorización local de uso de suelo que permitiera poner en riesgo nuestra principal fuente de agua, y generó el compromiso de la nueva administración municipal, de no autorizar el de uso de suelo que permita la operación de la minería tóxica en nuestro municipio, pero tal declaratoria no es suficiente para garantizar la preservación de nuestra fuente de agua. Sabemos que nuestros empleados públicos son corruptibles, y no podemos exponernos a una nueva traición que ponga en riesgo nuestro derecho fundamental al agua. Necesitamos trabajar ahora en la reforma y adecuación de nuestra legislación local, para adecuarlas y armonizarlas al nuevo marco constitucional federal y a los tratados internacionales sobre la materia, hasta conseguir que todas nuestras leyes locales prohíban expresamente la operación en Baja California Sur, de la minería de extracción de metales preciosos a tajo abierto.

¿Cómo apoyar?

Solo necesitamos tu firma en el mandato ciudadano al efecto emitido a nuestros diputados. Al mismo tiempo, y con el mismo fundamento, habremos de buscar y obtener de las autoridades judiciales federales, la cancelación de todas y cada una de las concesiones de explotación minera otorgadas por Semarnat, que pongan en peligro nuestra agua y nuestro entorno saludable.