1

La sombra de los giros negros

FOTOS: Internet

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). A finales del siglo pasado, cuando la agencia del Ministerio Público de Cabo San Lucas se ubicaba en la zona de giros negros, un reportero local entrevistó al comandante de la policía ministerial, a propósito de la disponibilidad de drogas de abuso en las calles sanluqueñas. El mando policiaco refirió entonces, que la venta de drogas era un mal necesario, porque los turistas, sobre todo los norteamericanos, venían a consumirla. Básicamente sostenía, que sin drogas, no habría turismo.

Esa falacia cayó por su propio peso, pues el tiempo ha demostrado que el potencial turístico no se relaciona necesariamente con el consumo de drogas.

También te podría interesar: Justicia ciega, sorda y perezosa

El antecedente viene a colación, porque a raíz de la pandemia que enfrentamos y la necesidad de reactivar económicamente la zona sur del estado -principal detonante de la actividad turística en la entidad-, debe establecerse el orden en que se irán aperturando los distintos rubros comerciales, y el aviso de reactivación inmediata de los giros negros, publicitado por prestadores de ese servicio, es indicativo de que para las autoridades municipales dicha actividad es prioritaria, y otra vez, aunque de forma vedada, ha surgido como justificante la afirmación de que se trata de un mal necesario, como se decía hace treinta años de la disponibilidad de drogas de abuso en las calles.

Es innegable que hay un sector del turismo que nos visita que consume drogas, y otro –o el mismo-, que nutre el mercado de los giros negros, pero ese sector no es el que sostiene el destino, y ello lo corrobora la estadística del crecimiento económico de la entidad, que ubica a la pesca deportiva como el principal detonante de la derrama económica en la entidad.

Ni el sector restaurantero, ni el hotelero, ni los prestadores de servicios recreativos lícitos, requieren de drogas ni giros negros para desarrollarse en la entidad, tal y como las estadísticas lo demuestran.

Si los establecimientos relacionados con la prostitución, trata de personas, y consumo de sustancias de abuso no son un mal necesario, ¿por qué la autoridad municipal prioriza su apertura?

La respuesta está en la disponibilidad inmediata de recursos que esta actividad genera para las autoridades municipales, principalmente aquellos recursos económicos que no ingresan a las arcas y que, por tanto, evaden el escrutinio de la fiscalización oficial. Representan ingresos no registrables que, en las manos adecuadas, se convierten en fuente de financiamiento no documentado de campañas políticas; y es que las elecciones intermedias están a la vuelta de la esquina, y hay que allegarse recursos para sufragar los gastos de campaña, sobre todo aquellos que no pueden reportarse a las autoridades electorales.

La reapertura económica del destino en el proceso de incorporación a lo que se ha llamado “la nueva normalidad”, no puede anteponer el interés de grupo al interés general que, en el caso, es la salud pública.

Otras entidades, como la Ciudad de México, han colocado la apertura de los giros negros en la última etapa de reactivación económica, precisamente porque no es prioritaria y, en cambio, si se constituye en una potencial fuente de contagios masivos, dado que resulta prácticamente imposible aplicar un dispositivo de sano distanciamiento, por la cercanía que este tipo de servicios exige entre quienes lo prestan y quienes lo reciben, lo reducido de los locales en proporción al número de asistentes, y las complicaciones relativas a las labores oficiales de supervisión, dado los horarios en que operan este tipo de establecimientos.

Autorizar la apertura de los locales destinados a los giros negros, en esta etapa de la pandemia, es un grave error, que pone en peligro no solo a la comunidad, sino al turismo cuyo retorno se pretende detonar.

El riesgo de contagio es sumamente elevado durante la operación de estos establecimientos, y lo cierto es que la entidad no está preparada para enfrentar un brote masivo de complicaciones médicas relacionadas con la infestación viral.

Independientemente del peligro en que se pone la salud de visitantes y residentes, cabe la posibilidad de que el gobierno norteamericano emita una alerta sanitaria, lo que conlleva el riesgo de perder el atractivo que tradicionalmente ha colocado al sur de la entidad como importante destino turístico de visitantes norteamericanos.

Finalmente, hacemos hincapié en la conveniencia de reorientar la nueva normalidad con un enfoque que permita canalizar el impulso oficial a las actividades productivas que realmente generan un crecimiento económico sustentable y saludable, y en ese espacio, los giros negros deben ser la última opción en el esfuerzo público, no solo por el riesgo de contagio que en esta época pandémica representan, sino por su tradicional vinculación con actividades ilícitas altamente lesivas, como resultan la trata de personas, la explotación sexual de mujeres y menores de edad, el consumo de drogas, delincuencia organizada y criminalidad marginal.

Hacemos un llamado a los integrantes del cabildo cabeño, para que se ubique a los giros negros en la última etapa de reactivación económica del destino. El dinero fácil que bajo la mesa genera esta actividad no vale la pena, comparado con los riesgos que ello implica a la salud pública de la localidad.

__

AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, esto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

 




La adicción temprana

FOTOS: Internet

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). Hay sustancias nocivas para la salud, legalmente permitidas, y que pese al enorme daño que ocasionan a la salud de los consumidores, no solo son permitidas, sino que son fomentadas mediante costosas campañas mediáticas, y socialmente incorporadas como elementos festivos.

Es el caso del azúcar, la grasa y el alcohol, que siempre se encuentran presentes en los festejos y celebraciones, porque se les relaciona con la alegría, la felicidad, y en abundancia, son reflejo de un estatus de triunfo, bienestar, alta estima social. Las dos primeras nos tienen en los primeros lugares mundiales de obesidad y existen programas oficiales tendientes a revertir su consumo. El alcohol es otra historia.

También te podría interesar: La objeción de conciencia en nuestra legislación

El alcohol y la nicotina, son las sustancias de consumo legalmente tolerado, cuya ingesta es la puerta de acceso al consumo de las drogas fuertes. Las estadísticas las apuntan como las primeras agresoras de la salud con que se inician los consumidores que posteriormente se habituarán al consumo de marihuana, cocaína y las drogas sintéticas, que constituyen los tres rubros de sustancias de abuso que más se consumen en territorio nacional.

Si queremos evitar que nuestros jóvenes se inicien en el consumo de drogas fuertes, es imperativo mantenerlos alejados del alcohol y el tabaco, que siendo drogas permitidas, resultan de fácil acceso a los menores, pues su consumo es reiterado en los ambientes familiares y en los círculos sociales de convivencia e interacción grupal.

Si queremos mantener a nuestros jóvenes saludables, debemos mantenerlos libres de todas las adicciones, no solo de las sustancias proscritas por la ley, pues las adicciones legales también resultan altamente nocivas para la salud. De ahí la importancia de emprender una campaña seria, frontal, agresiva, contra el alcoholismo.

Tomando como referencia la ENA, Encuesta Nacional sobre Adicciones, realizada por el INEGI, el consumo de bebidas alcohólicas se ha incrementado de manera explosiva, sobre todo los fines de semana. Junto con el incremento del consumo de alcohol, sucede un fenómeno sociocultural que contribuye a minimizar el problema: por un lado se ha perdido la percepción de la gravedad del problema y por otro, ha disminuido la edad en que se inician los consumidores de alcohol

La estadística apunta a una constante reducción de la edad en que se inician en el consumo del alcohol sus adictos. Antes se hablaba de los jóvenes, posteriormente de los adolescentes. Hoy se habla de edades de iniciación inferiores a los 12 años; es decir, tenemos ya el problema de niños iniciándose en el consumo regular de alcohol, en promedio a los 11 años, lo que es gravísimo, pues esos niños están expuestos a daños neurológicos irreversibles, pues a esa edad todavía sus prefrontales no se han desarrollado y por ende pueden desarrollar adicción de por vida.

Si queremos combatir de tajo el problema, debemos exigir a nuestras autoridades de los tres órdenes, la generación de políticas públicas de cero tolerancia al consumo de alcohol en menores de edad, buscando por todos los medios disponibles, la implementación de campañas agresivas de alto contenido informativo en las que se advierta sobre los daños neurológicos que ocasiona la ingesta de alcohol en edad temprana.

Se supone que está prohibida la venta de alcohol a menores, pero en la práctica, la normatividad no se cumple, y tenemos un problema muy grande de clandestinidad en la venta de alcoholes, y una alta permisividad en materia de celebraciones festivas donde el acceso al alcohol es ilimitado, como ocurre con las barras libres, bailes, toquines y las horas felices en las que el alcohol corre sin ningún control, ni sobre la cantidad ni sobre la calidad de las bebidas.

Parte del problema administrativo se genera a partir de que el Municipio detenta la facultad para otorgar o negar licencias para la venta de alcoholes, y en la mayoría de los municipios, se privilegia la prebenda, el favoritismo, la corrupción, al momento de asignar las licencias, y en muchos casos dichas licencias son acaparadas por las grandes compañías cerveceras, que explotan dichas licencias a través de sus concesionarios y distribuidores, bajo la única expectativa de vender la mayor cantidad de alcohol posible, sin detenerse a considerar la posibilidad de que dicha sustancia incluya a menores como consumidores, pues carecemos en la República Mexicana de un código de ética, de una norma oficial que regule de manera uniforme los lineamientos para la expedición y explotación de las licencias de alcoholes.

Debemos cerrarle la puerta a las adicciones fuertes, y la llave está en detener el acceso de nuestros niños y adolescentes al alcohol y al tabaco.

LAS DROGAS MÁS CONSUMIDAS POR NUESTROS JÓVENES

Si bien no contamos con un estudio metodológicamente sistematizado que nos presente de manera completamente confiable el panorama de inicio en el consumo de drogas de abuso, contamos con el referente de dicho proceso en zonas metropolitanas. Entendemos que es un buen referente, tomando en cuenta que la tendencia nacional es el aglutinamiento poblacional en las zonas urbanas.

La información del SRID (Sistema de Registro de Información en Drogas) indica que la mariguana es la sustancia que presenta el nivel de consumo más alto (61%). Los usuarios de esta sustancia inician antes de los 11 años; sin embargo, el grupo más afectado es el de los 15 a 19 años (56.7%). Su nivel de uso más frecuente es el alto (20 días o más durante el último mes) en el 4.8% de los casos. La vía de administración más frecuente es fumada (98.7%).

En cuanto a los inhalables, estos representan el 40.4% del uso de sustancias alguna vez. El grupo más afectado es el de los 12 a 14 años de edad (45.5%). El nivel de uso más frecuente es alto (20 días o más en el último mes) en el 34.3% de los casos. El nombre genérico y popular más mencionado es el activo (73.1%).

La cocaína ocupa el tercer lugar de consumo en la prevalencia de alguna vez (34.0%). El grupo más afectado es el de los 15 a 19 años de edad (45.9%). El nivel de uso más frecuente es el leve (1 a 5 días en el último mes) en el 38.8% de los casos. Los nombres que más reportan los usuarios son cocaína (73.4%) y crack (25.9%)

CONCLUSIÓN: Podremos seguir gastando como nación los miles de millones de pesos que anualmente se invierten en la llamada lucha contra el narcotráfico, pero mientras no ataquemos la demanda, la guerra seguirá siendo coronada por la derrota. Tenemos que acotar el problema de raíz, y la demanda se inicia en el hogar, en la medida en que se permite, y en muchos casos se fomenta, el consumo de alcohol y tabaco.

El frente de batalla ciudadano es el de la prevención y el combate al alcoholismo, en el campo de acción familiar, escolar, comunitario.

Prevenir siempre será más conveniente, sencillo, funcional y económico, que tratar de remediar.

__

AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, esto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.




Los dos rostros de Los Cabos

FOTOS: Gladys Navarro.

Cabo San Lucas, Baja California Sur (BCS). Son dos rostros completamente distintos. Uno es rubio y el otro moreno. Ambos vienen de lejos, aunque no por los mismos fines. Uno grita, goza, se emborracha, y se va; el otro suda, calla, sobrevive, y en su día de descanso hace una pausa, y olvida por un momento que el lunes regresará al hotel o a la obra, al supermercado, a esperar el transporte incómodo bajo los 40 grados, y recorrer a pie, otra vez, esa calle de tierra, obscura y peligrosa.

Es un domingo a mediodía. Los turistas estadounidenses caminan por la avenida el Paseo de la Marina, se ven relajados; ellas, con su cortito short de mezclilla y debajo el bikini fosforescente, y ellos, con el pecho descubierto, bermudas y sandalias. Ya el sol y el bronceador hicieron de las suyas y lo presumen. Mejillas y torsos bronceados, brillantes.

CULCO BCS convoca al concurso literario “Carta al Padre” ¡Participa! Consulta las Bases aquí.

Van en grupo o en parejas. Algunos van al tradicional “Mango Deck”, el restaurante de los concursos atrevidos a cambio de shots de tequilas, el favorito de los springbreakers que, año con año, poco antes de Semana Santa, llegan a adueñarse del puerto por unos días.

En “El Mango”, como también le dicen, ya comienza a sentirse el ambiente festivo, como cada día de la semana. Los automóviles rodean la glorieta y monumento al Pescador y buscan estacionamiento.

Ya adentro los meseros van y vienen y, hay que decirlo, lucen más animados cuando llegan a aquellas mesas que están ocupadas por grupos de extranjeros bronceados. Piensan en las propinas, quizá, que es donde mejor les va. Y allí están, morenos, delgados, no muy altos, sonrientes, veloces, suben y bajan la escalera que lleva a las mesas que están en la arena, las que tienen esa vista privilegiada al “fin de la tierra”. Varios de ellos, si no todos, tienen ya experiencia en la industria turística. Nacieron en Acapulco.

En ese espacio, entre mesas, platillos con ceviches, cocteles y pescados, nadie está triste. En un rato más alistarán los concursos, el animador se prepara. Allí nadie piensa en balaceras, la crisis o las elecciones. La temperatura que no cede, entonces lo esencial son las ambarinas, faltaba más.

En las calles del puerto los turistas caminan con seguridad y eso que no se observa ninguna patrulla. Apenas un par de gendarmes en la zona de la joyería Diamante que ha sufrido al menos tres robos. El más reciente en mayo pasado.

A simple vista, pareciera que pasó lo peor. Ya van poco más de cinco meses desde aquel 20 de diciembre de 2017 cuando Los Cabos llegó a las portadas  de los diarios y a los portales nacionales e internacionales: aparecieron colgados, simultáneamente, los cuerpos de seis hombres. Fueron dos en cada puente, en La Paz, San José del Cabo y en Cabo San Lucas.

Esa era la manera de recibir a quien apenas llegaba para fungir como procurador de Justicia del Estado, Daniel de la Rosa Anaya. Llegaba de Baja California, la tierra donde se estrenó esa violencia extrema.

Luego de  la noticia que puso a temblar a gobiernos, empresarios e inversionistas, vinieron los anuncios de más fuerzas federales, mesas de seguridad, planes especiales para los destinos turísticos.

Pero antes de esas fotografías que inundaron los medios de comunicación, las pugnas entre grupos criminales habían dejado a cientos de hombres y mujeres, incluso a niños asesinados. Tras los cuerpos colgados en los destinos que integran Los Cabos, comenzó, entonces sí, un drástico descenso en el número de homicidios.

“Hasta en un 90 por ciento”, presumió el secretario de Turismo, Enrique De la Madrid, en una visita reciente.

Los Cabos, con su San Lucas de desenfreno y su San José histórico, parece que es el mismo que se conoce desde hace años. Como si no hubiese vivido el año pasado la peor crisis de inseguridad en su historia, con cerca de 500 personas asesinadas y que, a decir de algunos empresarios y autoridades optimistas, “se está normalizando,”.

El destino mantiene una tarifa promedio de 286 dólares la noche (casi 6 mil pesos en promedio por noche) y el Gobierno estatal y federal presumen que se construyen casi 5 mil nuevas habitaciones que estarán listas entre 2018 y 2021, con todo lo que ello implica, más demanda de mano de obra y entonces de servicios, de tierra, casas, agua, alumbrado, transporte, paz, de todo lo que merece un ser humano que llega con sueños, con hambre y miedo, que debe dejar a su familia porque ya les levantaron un hermano o les mataron un hijo, o porque –como dice Miguel— “el trabajo ya no deja, a menos que seas sicario o narco”.

Como “Miguel”—así pide que le diga—, oriundo de Tlapa de Comonfort, pero residente en San Lucas desde hace 14 años, a este puerto siguen llegando diariamente 100 personas, según platica el secretario general de Cabo San Lucas, Jorge Luis Sánchez.

Muchos de estos nuevos residentes sanluqueños siguen haciendo la travesía hasta llegar a estas tierras sudcalifornianas. Vienen del emblemático Acapulco, cuya “Bahía del amor” inspiró a grandes, como a don Agustín Lara, con su “María bonita”. Lo hacen cargados de historias, y algunos incluso dudan en compartir que son de aquellas tierras sureñas. Están cansados de prejuicios. Así lo sienten. “Son los fuera”, se escucha decir con bastante frecuencia cuando se dirige alguna crítica hacia ellos.

—¿Y de dónde es, don Miguel?

—Soy de Guerrero.

—¿De qué parte?

—De un pueblito.

—¿Cómo se llama? Yo conozco un poco. Platíqueme.

—Tlapa

—Tlapa de Comonfort. De La Montaña. Muy bien. Pero ya es usted choyero, oiga. Ya tiene un buen rato aquí.

—Sí, ¿verdad?

Miguel es un hombre moreno, bajito y de ojos grandes. “Algo desconfiado”, dice él mismo. Cuida un estacionamiento en la zona dorada de San Lucas. Es cauteloso y de pocas palabras, pero entre las pláticas sobre las aficiones compartidas, como aquella por el pozole verde, las picaditas con quesillo, y las historias aquellas con alguno que otro mezcal entre pecho y espalda, don Miguel sí alcanza a platicar que la vida en Los Cabos no es de ensueño, no para ellos, “los de fuera”.

—No es fácil, hay que trabajarle, hay que sudar mucho. Le sufre uno mucho.

Y el año pasado, con la crisis de inseguridad, las cosas se volvieron más feas, aunque aún  —subraya— sin comparación a lo que le tocó ver en su pueblo y de lo que huyó.

Hoy el puerto luce en calma, de hecho, “lo peor” –platica— fue en San José del Cabo. “Por el bien de todos así debe permanecer”, concluye.

El problema es que muchos, oriundos o no, desconfían de esta tensa calma y padecen a diario su propia crisis.

***

Lilia y Yolanda son vecinas. Viven en la invasión Real Unidad, cuyo nombre no tiene nada ver con realeza, sino con la realidad.

Lilia llegó de Culiacán hace doce años. El dinero no alcanzaba. Así que decidió tomar el ferry y conocer Los Cabos, con su fama de tierra segura y llena de oportunidades.

Al llegar aquí se topó con la realidad: ganaba el doble que allá, sí, cerca de los 4 mil pesos al mes, pero no podía con las rentas de 5 mil pesos. Le tocó engancharse con los “vendedores” de terrenos irregulares que no son de ellos, pero saben de la necesidad de las personas y la ruta ilegal para formar nuevos asentamientos, incluso en zonas de peligro, como los cauces de arroyo.

Real Unidad está detrás de Bodega Aurrerá, apenas a unos metros de la avenida Leona Vicario que lleva hasta el aeropuerto privado de Cabo San Lucas o hasta el otro extremo, al paseo de la marina, aquel donde van caminando los turistas relajados decidiendo dónde comer.

Las últimas casas de la colonia colindan con la autopista de cuota, el libramiento Cabo San Lucas-San José del Cabo. Así recibe el destino a los turistas que toman esta ruta más rápida para llegar: un arroyo seco en donde se observan cuartos construidos con madera y cartón, que se deben levantar año con año porque los ciclones arrasan con ellos cada temporada.

Si alguna vez bajaran, los turistas conocerían con detalle el otro rostro de Los Cabos, donde viven quienes los atienden con una sonrisa.

El terreno es arenoso, las “casas” construidas con pedazos de lo que sea, algunas tienen un cuarto en obra negra. A medida que se avanza, son más los polines viejos que sostienen un montón de cables enmarañados que llevan la energía hasta sus cuartos.

La colonia tiene al menos 12 años.  Antes –platica Lilia— “de plano nos robábamos la luz”, pero a Comisión Federal de Electricidad no le quedó de otra que hacerles convenios para pagar una especie de cuota colectiva, que tampoco es barata, asegura.

—Nos cobran 700 pesos por dos familias. Por ejemplo, nosotros somos tres y con mi vecina son cuatro, pero prácticamente no estamos todo el día, nada más tenemos la tele y el refri. Mi vecina tiene una bocinita apenas.

Lilia añade que ella tuvo suerte porque fue a hacer el convenio para la luz son CFE hace un año, pero otras familias ya no alcanzaron.

—¿Qué les dijeron?

—Que no existimos, que la colonia no existe. ¿Cómo va usted a creer? ¡Pero si estamos aquí!

—¿Y el agua?

—Uy, esa es la batalla de siempre. Aquí el Ayuntamiento cuando quiere manda una pipa, y como no nos alcanza, tenemos que juntarnos entre varios y comprar una privada. Pero hablamos que hay familias un poco más grandes que pagan sus 100 pesos por un tinaco de 400 litros y no alcanza más que para uno o dos días.

La mujer comprende que están en una zona peligrosa, pero no tiene opción. No hay apoyos, no le alcanza para pagar créditos de 500 mil pesos por una casa, y la lista de espera para los apoyos del Instituto de Vivienda (INVI) no avanza. Así que en estos años, poco a poco, ha ido construyendo su casa de concreto.

—Lo que queremos es estar un poquito más seguros, de todos modos, si nos quieren sacar nos van a sacar, la tengamos de madera o de material.

A unos metros de su casa está un terreno que hace las veces de campo de fútbol, con llantas semienterradas y en donde se reúnen los aficionados para disfrutar de la tarde, aunque el sol les queme. Ya por la noche deben tener cuidado al volver a sus casas.

En esta colonia, como muchas más de San Lucas o San José, irregulares o no, el panorama es muy similar. No faltan los asaltos, los robos a las casas que la mayor parte del día están solas porque sus dueños tienen largas jornadas en los hoteles; tampoco faltan los vendedores de droga y los “halcones”, quienes caminan despacio y observan a los visitantes desconocidos, vigilando sus movimientos hasta que abandonan el terreno.

—¿Pasan patrullas por acá?

—Uy, señorita, no. Aquí hablamos a una patrulla y viene al cuarto día. Estamos jodidos.

—Pero si está cerca de la carretera…

—Pues sí, pero eso no importa, aquí no se pasa nadie. Y ahorita  hay más cholos. Viera qué peligro después de las siete de la tarde.

Las familias de las casas más alejadas, las de las orillas, son las que más han sufrido –dice—a cada rato les entran a robar. “Los agarran hasta dormidos”, cuenta. Y el año pasado también les tocó conocer los casos de dos conocidos que los levantaron y asesinaron.

—Al hijo de una subgerenta de Soriana se lo mataron acá abajo. Sí han pasado muchas cosas en toda esta área, solo que se sabe poco por el turismo. De eso se vive.

Ahora doña Yolanda quiere platicar su preocupación. Ella se encargó el año pasado de estar buscando apoyos en el Ayuntamiento para que les construyeran un parque, pero de nuevo la historia: son invasores. No existen.

—Teníamos un parquecito pero el ejido nos lo quitó. Fuimos a quitar el alambrado, barrimos y todo. No es nuestro, es cierto, pero si no le hacemos así, no hay donde jueguen los niños. De por sí, cada vez hay más vándalos…

Tocó puertas en varias dependencias, pero nadie le supo decir quién podría ayudarlos en su demanda: un parque para los niños.

—Al final, un vecino donó un columpio, cooperamos para pintar, le pusimos llantas. Era un basurero. Ahorita ya  no está tan bonito, pero mínimo que allí se entretengan un rato los chamacos.

La mujer dice que, con todo, ahora que no se han escuchado balaceras se siente algo más tranquila, pero teme que sea un asunto de tiempos electorales, por ejemplo, o que si existe una tregua, ésta se rompa.

—Ya sabe cómo se las gastan…

Muchos jóvenes de colonias como ésta comienzan el consumo de drogas a edades muy tempranas. El Gobierno del Estado reconoció el año pasado que en la entidad se tenía un serio problema por el consumo de la droga conocida como “cristal”.

La Procuraduría General de Justicia del Estado ha informado con mayor frecuencia de decomisos de cientos de dosis de droga, pero a decir de muchos ciudadanos en este puerto, la realidad es algo distinta.

Un lanchero que ofrece tours al famoso arco de Cabo San Lucas platica la dinámica conocida.

—Aquí encuentras lo que quieras y así va a seguir. El gringo viene a eso, a disfrutar con todo. Eso sí, mientras mantengan las cosas tranquilas porque a nadie le conviene el desorden. Por eso lo frenaron.

Son las 4 de la tarde, el Paseo de la Marina conduce a la famosa playa de “La Empacadora”, también conocida como “Acapulquito” o, de plano, “La de los pobres”, como dice el joven que trae cargada su carreta de cacahuates y gomitas.

El cerro del Vigía es su guardián. Allí permanecen vestigios de la empacadora de Elías Pando, que hacia la segunda década del siglo XX se convirtió en una de las principales fuentes de trabajo para toda esta zona. Cerró justo en 1979, al arranque de la actividad turística a gran escala. Los Cabos se convertiría con los años en lo que es hoy, un lugar todavía atractivo para turistas, pero también para cientos de personas que buscan mejorar su calidad de vida, teniendo que abandonar sus raíces.

Pero en La Empacadora, quienes todavía siguen disfrutando del agua cálida, no tienen tiempo de pensar en el desarrollo, ni en los retos, ni los riesgos, ni los excesos, ni en los equilibrios. Es su día de descanso. Trabajaron toda la semana construyendo hoteles o limpiando cuartos, atendiendo locales, sirviendo bebidas, planchando, barriendo calles, y deberán volver en un rato a sus colonias en el viejo autobús, antes que obscurezca porque se pone peligroso.

Algunos ya levantan sus sombrillas de colores, muchas de ellas rentadas, y rodean el sector naval que está allí mismo. Van hacia la parada de autobuses, sandalias en mano, toalla al hombro, torsos morenos descubiertos.

Allá van, concluyendo otra jornada, ahora la de descanso. Disfrutando como se puede, con lo que se tiene; disfrutando una de las pocas playas donde el acceso no está restringido o no les ponen tantos “candados” para entrar, donde no les hacen mala cara.

En su camino de regreso también se encuentran la entrada al Pedregal, la zona exclusiva de residencias valuadas en millones de dólares. Desde aquí se observa el contraste del puerto, cabeño, ese que prevalece aunque los homicidios hayan descendido, aunque no se escuchen balaceras. Persisten las condiciones de desigualdad, de miseria, las víctimas de una visión de gobierno y de desarrollo.

Al menos dos rostros se encuentran en Los Cabos: disfrutando de una playa “privada”, quienes se hospedan en Ventanas del Paraíso, uno de los hoteles más caros, ubicado a la mitad del corredor turístico, en donde las habitaciones pueden costar de 50 mil a 80 mil pesos por noche, y, por otro lado, quienes ocuparon tierras que no son de ellos, porque no había más, que deben trabajar largas jornadas y el domingo de quincena, si pueden, se escapan a La Empacadora.

Los turistas tienen su Centro de Atención  y Protección que se construyó el año pasado, tras las alertas de viaje emitidas por el Gobierno estadounidense, ante el aumento de homicidios. Allí los visitantes son atendidos con amabilidad, reciben orientación y pueden levantar denuncias.

Los habitantes de San Lucas y San José deben aguantar las emergencias con una policía que no rebasa los 500 elementos, para una población de más de 300 mil habitantes. En las colonias como Real Unidad, no hay comandancia ni pasan patrullas con regularidad. Entonces, ¿será como platicó Lilia?: “para ellos, para el gobierno no existimos”.




Adicciones, el problema olvidado en las campañas

FOTO: Valente Rosas /El Universal.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). Si el comercio ilícito de sustancias psicotóxicas es ya un problema de seguridad nacional, por la vinculación directa de estos mercados a la delincuencia organizada, el incremento constante del número de adictos constituye un grave problema de salud púbica.

Históricamente, la respuesta del órgano gubernamental a los problemas de las drogas y las adicciones ha sido tardía. A la fecha, existen en el mercado sustancias de abuso de fabricación sintética, que no se encuentran registradas en el catálogo de la Ley General de Salud, o que estando registradas, se permite su uso para fines médicos, se permite su venta, pero no se lleva un control adecuado de su comercialización.

También te podría interesar Defendamos nuestro derecho al agua.

En el campo de la lucha contra las adicciones, la entidad gubernamental no ha pasado del discurso. Suman ya en la entidad millares de adictos, que no encuentran en el sector oficial un mecanismo terapéutico que les permita liberarse del infierno que padecen, atrapados en ese tobogán de círculos consecutivos de intoxicación, incremento en la tolerancia al efecto de la droga, síndrome de abstinencia, y dependencia psicofísica de la ingesta del producto nocivo, que deviene en un incremento en la dosis de consumo.

Cocaína. FOTO: Internet.

Ante la inactividad gubernamental, y la incapacidad de los farmacodependientes y de sus familiares para lidiar con la problemática de sus adicciones, desde la iniciativa privada han surgido los llamados centros de rehabilitación, que ante la falta de reglamentación, operan libremente, sin ningún tipo de control sanitario, administrativo o fiscal.

En muchos de estos centros, la violación a los derechos humanos de los adictos que son internados en la mayoría de los casos contra su voluntad, es una constante. Este problema ya es materia de estudio para la Suprema Corte, pues estamos en presencia de violación a los derechos humanos de un particular, cometida por otro particular. Todo el aparato proteccionista de los derechos fundamentales, está estructurado a partir de combatir abusos de órganos de autoridad, no de particulares. En tanto la Corte resuelve el dilema, día a día son violentados los derechos fundamentales de los enfermos, que son tratados como criminales.

La mayoría de estos centros, operan funcionalmente como centros de reclusión. Su estructura arquitectónica es una adaptación de rejas y más rejas. Operan empíricamente siguiendo el modelo Minnesota, bajo el presupuesto de los 12 pasos y terapias de grupo, pero sin el enfoque integral y multidisciplinario, supervisión médica ni sanitaria, sin un régimen alimentario, sin control fiscal, pues nadie sabe cuánto pagan los familiares de los internos, ni a dónde van a parar las ganancias. No es de extrañar que la mayoría de los internos padezcan desnutrición,  y que la misma se incremente en ocasiones a niveles crónicos, por la pésima alimentación que reciben.

Y el grado de reincidencia es altísimo. A nadie entusiasma la estadística informal que arrojan los centros de rehabilitación en Baja California Sur.

En contrapartida, existe un modelo, operado por particulares, que cobra cuotas de recuperación acordes a la capacidad económica del adicto en recuperación, que cuenta con instalaciones adecuadas, sin rejas, avalado por la CONADIC, que se ajusta a los programas elaborados por la Organización Mundial de la Salud, a la norma oficial mexicana NOM-028SSA2-2009 y lo mejor de todo: tiene las tasas de recuperación más altas del país, con el nivel de reincidencia más bajo a nivel nacional.

Nuestra propuesta

El centro Kumi, como se denomina, es un ejemplo a seguir en la propuesta de atención al adicto. No es Oceánica, pero ofrece mejores resultados. La clave está en la profesionalización, la capacitación, la especialización de todo el personal que atiende en el proceso de atención al adicto en recuperación, y lo más importante: el adicto se inscribe al programa por su propia voluntad.

La operación y resultados del centro Kumi, ONG sin fines de lucro, deben ser el modelo a seguir.

Además, el Congreso del Estado debe reglamentar la operación y funcionamiento de las cárceles privadas que operan como centros de rehabilitación, y que carecen de supervisión sanitaria, fiscal, administrativa, psicológica y nutricional.