Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Incuestionablemente, la corrupción es el peor cáncer que padece la administración pública de los tres niveles en nuestro País, y encuentra su cobijo en la impunidad, pues históricamente la cifra de casos de corrupción judicialmente sancionados es estadísticamente insignificante, de ahí que se estime en el imaginario popular, que la corrupción es incombatible.

Para abatir el marco de impunidad que cobija a la corrupción, debemos exigir transparencia, claridad en el ejercicio de la cuenta pública y eliminar todos los procedimientos secretos, pues el ocultamiento en el quehacer oficial y todo ejercicio de gobernanza decisorio, debe realizarse de cara al pueblo y no a puerta cerrada.

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La corrupción cuenta además con el valioso apoyo del llamado cómplice infalible conformado por todo ciudadano que, teniendo conocimiento de un acto de corrupción, elige guardar silencio en lugar de denunciarlo. La apatía, indiferencia y desinterés ciudadano, es pues, otro factor que genera impunidad.

En ese orden de ideas, la participación ciudadana es fundamental en el combate a la corrupción, y por más voluntad política que hipotéticamente pudiera tener una administración pública, sin el aporte ciudadano resulta imposible acabar con la corrupción, pues para acabar con la impunidad debemos denunciar toda acción u omisión gubernamental que se constituya en acto de corrupción.

Es por eso que, todo gobernado debe participar en ejercicios de contraloría ciudadana, y si se lleva a cabo de manera colectiva, organizada y sistematizada, las posibilidades de éxito se multiplican.

Es el caso de la denuncia que formulamos en contra del expresidente municipal paceño, por su participación comisiva en los delitos de uso indebido de atribuciones y coalición de funcionarios, cuando a través del Cabildo que presidía, otorgó un uso de suelo ilegal a un desarrollo inmobiliario cuya concreción amenazaba gravemente el abasto de agua potable en la zona urbana paceña, y comprometía el funcionamiento de los servicios públicos municipales, dada la magnitud del megaproyecto urbano, el cual se pretendía desarrollar en una zona de reserva ecológica estratégica contemplada en el Plan de Desarrollo Urbano.

Cuando todavía era presidente municipal el imputable, formulamos la denuncia, y aportamos los datos de prueba necesarios para poder acreditar que los hechos denunciados tienen al menos la apariencia de delito, y resulta presumible la participación comisiva del investigado y sus cómplices.

El Ministerio Público investido de Fiscal Anticorrupción cuenta con los elementos procesales formales y materiales necesarios para judicializar el caso e imputar al investigado, pero en estos momentos no es posible, porque gracias al cargo de representación que ostenta -actualmente es diputado federal por Baja California Sur, bajo las siglas de Morena-, goza de inmunidad procesal, no es posible procesarlo penalmente, mientras se desempeñe como representante de elección popular, pues mientras dure en ese encargo, goza de inmunidad procesal (fuero).

Es necesario para retirarle la inmunidad procesal, que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión emita una declaratoria de procedencia” o desafuero.

En el caso concreto, la solicitud de declaratoria de procedencia ya fue solicitada por el agente del Ministerio Público investido en la figura de Fiscal Anticorrupción de Baja California Sur, y se radicó en la Comisión Instructora bajo el número de expediente LXV/HCD/DP/02/2023 asignado por la Secretaría General de la actual legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Serán 4 diputados federales, dos de Morena, uno del PRI y uno del PAN los que recibirán todas las pruebas que se ofrezcan dentro de un plazo perentorio, concluido el cual dictaminarán si existen suficientes datos de prueba para proceder penalmente contra el investigado, o en su defecto, si la imputación les resulta notoriamente improcedente, la Cámara decidirá si se desecha la solicitud, y en tal supuesto el procedimiento podrá reanudarse, si posteriormente aparecen motivos para ello que así lo justifiquen. 

Si la Cámara declara que ha lugar a proceder contra el inculpado, éste quedará inmediatamente separado de su cargo y quedará sujeto a la jurisdicción de los tribunales competentes. En el Caso, lo será el Juez de Control del sistema penal acusatorio de Baja California Sur.

La declaratoria de procedencia (desafuero) no prejuzga sobre la responsabilidad penal del imputado, solo le retira la inmunidad procesal (fuero) para que sea juzgado por los tribunales judiciales competentes.

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Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). La corrupción es el cáncer de la administración pública que tomó carta de naturalización en la vida nacional como herencia gestada tras la conquista y arraigada en la colonia y etapas históricas sucesivas en el devenir de la vida nacional. Cinco siglos de permanencia en el plano funcional han permitido que la corrupción tenga un amplio margen de tolerancia social.

El principal problema que enfrentamos en la lucha contra la corrupción estriba en el control gubernamental de los órganos encargados de combatirla. Es el mismo gobernante corrupto el encargado de combatir la corrupción. En los cotos oficiales se generan los acuerdos y componendas que permiten al grupo en el poder utilizar estos órganos de control como herramientas de persecución política de aquellos que no simpatizan con su equipo.

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El primer paso entonces es crear una estructura de supervisión de la actuación pública, que escape al control directo y dependencia jerárquica del gobernante. Esto es: Deberemos entonces ciudadanizar los órganos de control interno, a través de la participación directa y efectiva de la sociedad civil organizada en los espacios de supervisión y auditoría del actuar público, principalmente en lo relativo a la toma de decisiones y el manejo de los recursos públicos.

Antes de pensar en crear más aparatos burocráticos ostentosos, costosos y de adorno, como el que se pretende construir a partir de la entrada en vigor de la ley anticorrupción, habría que enfocar los esfuerzos en transparentar el quehacer oficial. De poco o nada servirán fiscalías y organismos anticorrupción, si no se obliga al aparato gubernamental a transparentar toda su actuación.

La transparencia gubernamental inicia desde el estatuto fundamental que la impone. Así las cosas, en nuestra Constitución General de la República habrá de ser eliminada toda secrecía en el ejercicio público.

El hecho de que en la centuria pasada nuestra Carta Magna permitiera la celebración de sesiones secretas, encontraba justificación en la violencia y turbulencia que se vivía en la secuencia post revolucionaria, pero hoy, a cien años de distancia, resulta obsoleto y anacrónico suponer que el ejercicio de gobierno se realice a escondidas, en lo oscurito, de espaldas al gobernado y se decida en asuntos de interés general mediante sesiones secretas.

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Es por eso que nuestra Carta Magna, siguiendo los lineamientos de la ONU, ha suprimido todo reducto de opacidad en el quehacer público, reservando exclusivamente esa secrecía al Colegio electoral que se integre en el supuesto en que deba nombrarse un presidente de la República interino. Secrecía que también deberá desaparecer en un futuro esperemos no muy lejano

Por lo anterior, lo único secreto que debe seguir prevaleciendo en nuestra Constitución, es el relativo al voto ciudadano al ejercer el derecho soberano de elegir a sus gobernantes y representantes populares. La secrecía debe prevalecer como prerrogativa exclusiva del gobernado al participar en los comicios electorales, y debe proscribirse completamente para el gobernante, quien en todo momento habrá de producirse con absoluta transparencia en el ejercicio público.

Por cuanto hace a Baja California Sur, nuestra Constitución estatal presenta un atraso de 100 años en materia de transparencia, pues aún previene sesiones secretas en la toma de decisiones para diputados, Cabildos y magistrados judiciales. La toma de decisiones en sesiones secretas propicia la componenda, la complicidad, la corruptela.

Debemos desaparecer toda facultad constitucional que legalmente permita la secrecía en el ejercicio público, para propiciar la transparencia. La tendencia democrática moderna exige que se gobierne de cara el pueblo, de frente al gobernado, sin opacidad ni ocultamientos.

Desde la trinchera ciudadana podemos y debemos instar al legislativo local hasta lograr la erradicación en el texto constitucional estatal, de todo vestigio, todo resabio de opacidad y secrecía. Habrá que modificar entonces los artículos 11, 72 y 97 fracción XIV de nuestra Constitución, así como lo conducente en todas las leyes secundarias en vigor, para eliminar las sesiones secretas, que las siguen previendo, tal y como ocurre -por ejemplo- con la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos, y la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia Estatal. No podemos, por un lado, exigir transparencia, y por otro, legalizar la secrecía decisoria oficial.

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El librero

Por Ramón Cuéllar Márquez

La Paz, Baja California Sur (BCS). La estructura del Conaculta salinista sigue intacto en la Secretaría de Cultura en los tiempos de la 4T. Existe aún una enorme red de compadrazgos, complicidades, cacicazgos, sicariatos culturales y grupos de la vieja élite que siguen incrustados dentro de sus oficinas y organigrama, incluso aquellos que como fantasmas dan golpes sobre la mesa en la toma de decisiones o para que las cosas no cambien, o mejor: no se transformen. La percepción que tenemos muchos es que esa área de gobierno es la que menos ha tocado la columna vertebral que sostuvo ese sistema neoliberal, para que sólo unos cuantos fueran beneficiados.

Salinas de Gortari creó el Conaculta para el control social (cooptación) de la intelectualidad mexicana, haciendo de ella la caja chica de prebendas de grupos exclusivos que estuvieran apegados o mantuvieran vínculos con la élite de Letras Libres o Nexos. Después de treinta años, podemos ver que un reducido grupo cercano a ellos disfrutó de las mieles del presupuesto; pocos tenían acceso, a menos que alguno de esa elite “te recomendara” a la antigua (modo priísta), o bien, según como el mismo Conaculta lo pedía: por escrito, que fue una exigencia al meter un proyecto personal o grupal.

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Hemos hecho una crítica pública hacia afuera todo el tiempo, grupos contra grupos, pero no hacia adentro. He visto poca autocrítica cuando se trata de buscar nuevas soluciones en la cosa cultural, en especial de la literatura, que es la que a mí me concierne. No hablaré de egos, vanidades o ser esclavos de eso, sino del necesario cuestionamiento al sistema literario que ha sobrevivido a lo largo de las últimas tres décadas. Un novelista, cuentista, poeta, ensayista, dramaturgo, cronista, está sujeto a que tenga golpes de suerte y obtenga una beca, un premio, un reconocimiento a su labor. Y ya no hablemos de publicaciones, de que alguna de las obras se imprima en un libro. Tal vez por eso Daniel Sada decía con desencanto que nos olvidáramos de las ediciones institucionales porque esas terminaban quedando en las bodegas, en el olvido o la basura.

Todos los años, miles de creadores mandan sus trabajos a una infinidad de concursos literarios con la esperanza de que la “Diosa Fortuna” les conceda el favor (aunque no siempre es la divinidad de la suerte, sino un jurado corrupto y complaciente), pero sólo hay un ganador. Por supuesto, muchos hemos ganado alguno, que más por el “honor” es por el monto que se recibe. Bueno, en realidad es por el monto que se crea la ilusión que la obra ha sido tocada por la diosa, dentro de un sistema literario de canonjías donde no todos tienen la misma oportunidad. La mayor parte de esos creadores viven en la necesidad, tienen familias y una entrada es una bendición a las situaciones precarias.

Claro, están los “encuentros” literarios anuales, donde podemos conocer a verdaderos talentos, con los que se puede hacer amistad y con los que se puede aprender bastante. También las salas de lectura, los promotores culturales que hacen una labor titánica y que ha tenido efectividad más por el entusiasmo de sus participantes que por los programas de los gobiernos que van y vienen. A los políticos, o esos que piensan que el gobierno les permite enriquecerse, no les interesa la cultura; son muy pocos quienes toman en serio una verdadera labor cultural para la comunidad: esos son los que en verdad sacarán adelante donde haga falta una transformación.

Esperar a que un día la Diosa Fortuna nos cubra con su manto es un dilema. Hay muchos creadores literarios que siguen bregando, escribiendo, compartiendo, haciendo esfuerzos y luchas en las cosas que creen y crean, pero esos no aparecen en las listas de becarios del FONCA o el SNCA, sino que continúan edificando desde sus comunidades, desde sus colonias maneras de que la obra pueda ser difundida. Los mecenas ya no existen, por lo que los Estados asumieron ese rol para proteger a los creadores de literatura, y en México ese sistema sigue intacto, a pesar de los esfuerzos de romper con el viejo régimen, como se hace en otras secretarías. En la Secretaría de Cultura podrá hacerse mucho, pero al esqueleto del FONCA y el SNCA no se le toca porque justamente esas mafias culturales se mueven en un perfecto nado sincronizado para que nada cambie.

Si estamos sujetos al privilegio del premio como único modo de acceder a la difusión de la obra, algo nos falla. Insisto: hay quienes lo ven como una oportunidad, pero hay otros que lo ven como un modo de vida, vividores a la caza de concursos que dejan sin oportunidad al resto de creadores. No sé si deban desaparecer los concursos, premios, becas, pero lo que sí es definitivo es que debe cambiar la manera en cómo nos hemos relacionado al respecto. El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un gran pendiente en esa área.

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Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). A puerta cerrada, el Cabildo paceño celebró el pasado 25 de marzo una sesión extraordinaria cuyo único objetivo fue aprobar un dictamen, mediante el cual se pretende autorizar un megaproyecto denominado “Misión Punta Norte”, cuya realización pone en grave peligro el abasto de agua en el municipio, y afecta a toda la estructura de los servicios públicos municipales.

El proyecto inmobiliario se encuentra ubicado a 21 km al Norte de la ciudad de La Paz, en la localidad de El Centenario, y se oferta como un desarrollo residencial de 200 hectáreas y 4 mil 675 lotes, totalmente urbanizados.

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Como antecedente, en diciembre de 2020, en sesión de Cabildo, la Comisión de Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente presentó un dictamen desechando prácticamente el proyecto por inviable, y precisa que el Cabildo no está facultado para autorizar cambios de uso de suelo.

En la misma sesión, el Presidente Municipal, fuera de procedimiento, encargó un nuevo dictamen, turnando el asunto a la Comisión de Gobernación, Seguridad Pública y Tránsito, que él mismo preside y que NO TIENE ninguna competencia en materia de impacto ambiental, ecología y desarrollo urbano.

Fue esta comisión la que presenta el ilegal dictamen, que fue aprobado por nueve votos a favor, cinco en contra y una abstención.

Sobre la ilicitud y graves consecuencias que tendrá la autorización del megaproyecto, presentamos algunas observaciones:

• El proyecto colapsará el sistema hídrico de La Paz.

El acuífero de La Paz que abastece del recurso hídrico a la población de la ciudad y que abarca la zona donde el proyecto se desarrollaría es, de acuerdo con cifras oficiales de la CONAGUA, un acuífero que presenta déficit del recurso en por lo menos 7 mil 470 millones de litros de agua anuales.

Se estima, de manera conservadora, que el proyecto necesitaría, sólo para su construcción, aproximadamente un volumen de agua de 10 mil millones de litros. Aún faltan las estimaciones sobre el volumen que todo el complejo necesitaría para abastecer las construcciones en los más de 4 mil 600 lotes que se ofertan.

• El predio tiene asignado dos tipos de usos de suelo que, de acuerdo con el PDU, resultan incompatibles con el tipo de obras que se pretenden desarrollar.

El 70% del terreno está catalogado como área de protección ecológica, en la cual no se pueden construir obras de infraestructura. El resto del predio es residencial turístico, esto es, con predios de mínimo 500 m², y una parte mínima como corredor urbano.

Lo que pretende la constructora es cambiar el uso de suelo, a residencial medio, para poder construir más de 4 mil 600 casas. Este cambio no puede modificarse por el Cabildo. Carece de facultades para ello. La única manera es modificando el PDU con las convocatorias, foros, consultas, opiniones documentadas de la ciudadanía, respuesta a las mismas, dictamen por la Comisión de Desarrollo Urbano, presentación ante Cabildo para su aprobación, modificación o rechazo y, en caso aprobatorio, su respectiva publicación. En síntesis, ni el Cabildo ni ninguna Dirección municipal está facultada para realizar un cambio de uso de suelo.

• El proyecto no cuenta con evaluación de Impacto Ambiental estatal.

El Artículo 20 de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente de BCS indica que dicha evaluación le corresponde a la Secretaría estatal de Turismo, Economía y Sustentabilidad, cuando se trate de fraccionamientos, unidades habitacionales y nuevos centros de población.

• El proyecto pretende desarrollarse en zonas federales de cuerpos de agua.

El polígono del proyecto se ve atravesado por un arroyo de tipo intermitente (arroyo Garambullo), cuya administración es del orden federal. El dictamen que se aprueba no acredita que se haya cubierto este requisito del orden federal. Además, la zona del proyecto es considerada como de riesgo, según el Atlas de Riesgo de La Paz.

Conclusión

Con independencia de todas las ilegalidades cometidas durante el procedimiento, el simple hecho de amenazar el suministro de agua para los habitantes de La Paz es motivo suficiente para oponernos y combatir este abusivo ejercicio de poder, que sólo beneficia a los bolsillos de los desarrolladores.

Cada tres años es lo mismo. Cuando no es la minería tóxica, son los desarrollos depredadores.

Esta tendencia criminal de malos servidores públicos que nos obliga a pelear contra su ilegal proceder ante los tribunales federales debe terminar. Hoy mismo iniciamos desde la sociedad civil organizada la defensa legal. Otra vez volveremos a ganar, porque la razón y el derecho nos asisten.

Así como paramos a las mineras y a Tres Santos, pararemos Punta Norte, porque de ello depende sostener nuestro frágil entorno ecológico.

La ley y la razón están de nuestro lado. La sociedad civil organizada, alista tres frentes de eficacia probada: 1.- Movilización social, 2.- Defensa jurídico legal y 3.- Difusión masiva en redes sociales.

Contamos con todos los habitantes del Estado y simpatizantes que no radican en la Entidad, para emprender esta batalla. No es la primera vez que enfrentamos estos retos, y ya hemos derrotado a poderosas empresas cobijadas por el entreteje del poder al abrigo de la corrupción.

La invitación está abierta para todos los que quieran sumarse, participando en una, dos o las tres líneas de acción, para detener el proyecto depredador de desarrolladores rapaces apoyados por el presidente municipal y sus incondicionales en el Cabildo paceño.

De una forma u otra, deben entender esos malos servidores públicos, que traicionan la confianza de quienes los llevamos al encargo mediante el voto, que no pueden seguir actuando al margen de la ley y en beneficio de unos cuantos, como en el caso, que pretenden quitarnos el agua y afectar zonas de reserva ecológica, para satisfacer intereses económicos de empresas inmobiliarias, con las que casualmente se liga al actual presidente municipal.

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Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Si bien la Constitución mexicana aborda el tema del combate a la corrupción, no la define. Tampoco la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción proporciona una definición. En ese entendido, podemos afirmar que no contamos con una definición legal de corrupción, pese a que su combate es el estandarte de la actual administración pública federal.

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, el único instrumento universal y jurídicamente vinculante contra la corrupción, en sus postulados enuncia las causas y las consecuencias de la corrupción, pero no define.

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La Secretaría de la Función pública la define en su página de internet, como “el abuso del poder para beneficio propio”, y la clasifica en tres grupos: a gran escala, menor y política, según la cantidad de fondos perdidos y el sector en el que se produzca.

Transparencia Internacional, ONG, define la corrupción como “el abuso del poder encomendado, para beneficio privado”, y entre sus actividades enfocadas al combate a la corrupción, destaca un estudio estadístico que publica anualmente, y que sirve como referente mundial de clasificación del nivel de corrupción que desde la ciudadanía se percibe, y con esa base formula recomendaciones, no vinculantes, pero de alta consideración por organismos internacionales.

De acuerdo al Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) publicado en enero 23 del 2020, por Transparencia Internacional, en 2019, México está reprobado en combate a la corrupción, pues obtuvo 29 de 100 puntos, y ocupa la posición 130 de 180 países evaluados.

La calificación de México nos ubica en el último lugar entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), grupo de países que engloba el 80% del comercio e inversiones mundiales

En el Grupo de los 20 (G20), que incluye a países industrializados y economías emergentes que concentran el 66% de la población y al 85% del PIB mundial, México es penúltimo lugar, sólo un punto arriba de Rusia (28 puntos).

Recomendaciones generales:

Para frenar la corrupción y recuperar la confianza en la política, es indispensable reducir las oportunidades para que ocurra la corrupción política y promover la integridad de los sistemas políticos, Transparencia Internacional propone las siguientes acciones concretas:

• Gestionar los conflictos de interés

Los gobiernos deben reducir los riesgos que suponen una influencia indebida en la elaboración de políticas públicas. Para ello, deben reforzar los controles sobre los intereses financieros y de otro tipo que puedan tener los funcionarios y cargos públicos. Los gobiernos también deben prestar atención a las “puertas giratorias”, establecer periodos de “enfriamiento” para los antiguos funcionarios, y garantizar que las normas se cumplan y que aplican las sanciones.

• Controlar la financiación política

Para evitar los flujos excesivos de dinero y su influencia en la política, los gobiernos deben mejorar y hacer cumplir las regulaciones sobre la financiación electoral. Los partidos políticos también deben publicar sus fuentes de ingresos, bienes y préstamos, y los gobiernos deben otorgar más poder a los órganos de supervisión a través de mayores competencias y recursos adecuados.

• Fortalecer la integridad electoral

Para que la democracia sea efectiva contra la corrupción, los gobiernos deben garantizar unas elecciones libres y justas. Prevenir y sancionar la compra de votos y las campañas engañosas deben ser acciones prioritarias para recuperar la confianza en el gobierno y permitir que la ciudadanía utilice su voto para castigar a los políticos corruptos.

• Regular las actividades de lobby

Los gobiernos deben promover un acceso transparente y amplio a los procesos de toma de decisiones, y consultar a una diversidad de grupos, más allá de los lobistas acaudalados y de unos pocos intereses privados. La información sobre las actividades de lobby debe ser pública y accesible.

• Acabar con el trato preferencial

Los gobiernos deben crear mecanismos para garantizar que la prestación de servicios y la distribución de los recursos públicos no responden a conexiones personales o están sesgados hacia determinados grupos de interés en detrimento del bienestar público. 

• Empoderar a la ciudadanía

Los gobiernos deben proteger las libertades civiles y los derechos políticos, entre ellos la libertad de expresión, opinión y asociación. Los gobiernos deben comprometerse con la sociedad civil y ofrecer protección a la ciudadanía, los activistas, los informantes y los periodistas que hacen seguimiento y denuncian la corrupción.

• Reforzar los sistemas de control

Los gobiernos deben promover la separación de poderes, fortalecer la independencia del poder judicial y salvaguardar los sistemas de control.

Recomendaciones específicas para México 

1. Consolidar su Sistema Anticorrupción, particularmente a nivel estatal y en los tres poderes. El esfuerzo por controlar la corrupción debe ser nacional y no sólo de la Administración Pública Federal.
2. Asegurar el cumplimiento cabal de la publicidad de las declaraciones patrimoniales y de intereses para todos los servidores públicos, especialmente en áreas de riesgo y alto nivel. Cinco años después de la promulgación de una reforma constitucional para cumplir con este fin, los sistemas de declaraciones patrimoniales y de intereses exhaustivos y públicos se sigue posponiendo.
3. Asegurar una Fiscalía General de la República autónoma e independiente, con controles democráticos efectivos para evitar su uso selectivo o político. Uno de estos controles democráticos es la creación de una política de persecución penal, discutida ampliamente con la sociedad, en materia de control de la corrupción.

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