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Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Aunque BCS cuenta con el reconocimiento oficial por tener uno de los menores indicadores de corrupción a nivel nacional según ENCIG-INEGI, diversos casos recientes evidencian que persisten prácticas corruptas que afectan directamente a las pequeñas y medianas empresas (PYMES):

• Conflictos de interés y favoritismo institucional: Funcionarios públicos de los tres niveles, vinculados a empresas privadas han sido acusados de desviar recursos públicos y beneficiar a contratistas afines.
• Trámites opacos y discrecionalidad administrativa: Las PYMES enfrentan obstáculos burocráticos, pagos indebidos y demoras injustificadas en permisos, licencias y contrataciones públicas.
• Corrupción en sectores estratégicos: El gremio transportista denunció corrupción en la Dirección de Transporte, afectando el acceso equitativo a concesiones y rutas.
• Desconfianza institucional: La percepción de impunidad y falta de sanciones genera un entorno de inseguridad jurídica que desalienta la inversión local.

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Para abatir la corrupción en el Estado, es necesario implementar medidas estructurales y operativas desde la administración pública para combatir la corrupción que afecta a las PYMES, entre las cuales estimamos como de mayor urgencia y relevancia las siguientes:

1. Transparencia y digitalización

◆ Implementar plataformas públicas de trámites y licitaciones con trazabilidad y auditoría ciudadana.

◆ Publicar en tiempo real los criterios de asignación de contratos, subsidios y permisos.

2. Fortalecimiento institucional

◆ Crear unidades anticorrupción independientes con facultades de investigación y sanción.

◆ Profesionalizar el servicio público mediante concursos abiertos y evaluaciones periódicas.

3. Reforma normativa

◆ Revisar y armonizar leyes locales con estándares internacionales de integridad pública.

◆ Establecer sanciones más severas por corrupción que afecte a sectores productivos vulnerables.

4. Protección a denunciantes

◆ Crear mecanismos seguros y anónimos para denunciar extorsión o abuso de autoridad.

◆ Garantizar que las denuncias tengan seguimiento judicial y administrativo.

5. Fomento a la participación empresarial

◆ Incluir a representantes de PYMES en comités de vigilancia de obra pública y gasto gubernamental.

◆ Establecer mesas de diálogo permanente entre gobierno y sector productivo.

De manera complementaria y accesoria, es imperativo que se emprendan acciones desde la sociedad civil para proteger a las PYMES frente a la corrupción:

1. Observatorios ciudadanos

◆ Crear observatorios locales que documenten irregularidades en contrataciones, trámites y servicios públicos.

◆ Publicar informes periódicos que visibilicen patrones de corrupción y sus impactos.

2. Redes de defensa empresarial

◆ Formar alianzas entre PYMES para compartir información, asesoría legal y estrategias de protección.

◆ Promover cláusulas anticorrupción en contratos privados y públicos.

3. Educación cívica y legal

◆ Capacitar a empresarios en derechos administrativos, mecanismos de denuncia y ética empresarial.

◆ Impulsar campañas de cultura de la legalidad en medios locales y redes sociales.

4. Litigio estratégico

◆ Emprender acciones legales colectivas contra actos de corrupción que afecten al sector.

◆ Colaborar con organizaciones jurídicas para llevar casos emblemáticos ante tribunales y organismos internacionales.

5. Incidencia política

◆ Promover reformas legislativas que fortalezcan la transparencia y la rendición de cuentas.

◆ Participar activamente en procesos electorales y exigir compromisos anticorrupción a candidatos.

Corolario

La lucha contra la corrupción no es una consigna abstracta: es una tarea urgente y concreta que exige voluntad política, vigilancia ciudadana y compromiso ético. Defender a las PYMES es defender el futuro económico, democrático y ambiental de Baja California Sur.

No hay desarrollo sin justicia. No hay justicia sin transparencia.

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AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

FOTO: Archivo.

Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). El 31 de octubre de 2003, en Mérida, se firmó la UNCAC, Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, y entre sus principales postulados, se destaca la importancia de la prevención, como herramienta invaluable en la lucha contra la corrupción, cuyo planteamiento debe basarse en enfoque integral, multidisciplinario y contando siempre con la participación ciudadana como principal aliado de las instituciones y organismos públicos legalmente constituidos para enfrentar la lucha anticorrupción.

Actualmente, es el único instrumento universal y jurídicamente vinculante contra la corrupción, y en el planteamiento toral establece como áreas prioritarias las siguientes: prevención; criminalización y aplicación de la ley; cooperación internacional; recuperación de activos; la asistencia técnica y el intercambio de información.

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En principio, corresponde al sector público establecer todos los programas y acciones tendientes a prevenir y combatir la corrupción, pero ninguna entidad pública puede alcanzar un nivel óptimo de resultados, sin contar para ello con la participación de actores no estatales, esto es, particulares que desde el sector privado, ya sea en forma individual o colegiada, a través de organizaciones de la sociedad civil y agrupaciones académicas, contribuyan proactivamente en las labores de prevención y combate a la corrupción.

En este ámbito, la convención establece la figura de los llamados alertadores. En el caso de México, la Secretaría de la Función Pública ha implementado un programa de ciudadanos alertadores, a través de la plataforma alertadores, donde podemos participar los ciudadanos para alertar respecto de actos graves de corrupción, en los que se encuentren involucradas personas servidoras públicas federales.

En esta plataforma podemos alertar con relación hechos con apariencia de cohecho, peculado y/o desvío de recursos públicos. La plataforma garantiza en todo momento el anonimato de las alertas, la confidencialidad de las comunicaciones y la identidad del alertador.

Entre los objetivos de esta plataforma, destacan:

• Facilitar que la ciudadanía y personas servidoras públicas puedan comunicar alertas sobre cohecho, peculado y desvío de recursos públicos, sin sufrir represalias.
• Garantizar la confidencialidad de las comunicaciones.
• Proteger el anonimato cuando así lo decida la persona alertadora.
• Servir de herramienta en el combate a la corrupción e impunidad.

Para que sea eficaz la alerta, debemos seguir las siguientes directrices:

◦ Describe de manera concisa los hechos para facilitar la identificación de los actos que se alertan. La narración debe responder —en la medida de lo posible— a las preguntas ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde?

◦ Aporta la mayor cantidad de datos de identificación de la persona servidora pública que presuntamente se encuentra involucrada.

◦ Nombre de la dependencia o entidad en la que ocurrieron los actos.

◦ Proporciona —en su caso— elementos probatorios a tu alcance, tales como documentos, fotografías, escritos, memoria de audio y/o video.

◦ Envías tu alerta a la plataforma y el sistema genera un código para que puedas dar seguimiento a tu alerta.

Existe un protocolo de protección para las personas alertadoras, que puedes consultar AQUÍ.

Es importante nuestra participación en el combate a la corrupción, y el formato de alertadores nos garantiza el anonimato que nos permite evitar ser víctimas de represalias.

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Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Incuestionablemente, la corrupción es el peor cáncer que padece la administración pública de los tres niveles en nuestro País, y encuentra su cobijo en la impunidad, pues históricamente la cifra de casos de corrupción judicialmente sancionados es estadísticamente insignificante, de ahí que se estime en el imaginario popular, que la corrupción es incombatible.

Para abatir el marco de impunidad que cobija a la corrupción, debemos exigir transparencia, claridad en el ejercicio de la cuenta pública y eliminar todos los procedimientos secretos, pues el ocultamiento en el quehacer oficial y todo ejercicio de gobernanza decisorio, debe realizarse de cara al pueblo y no a puerta cerrada.

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La corrupción cuenta además con el valioso apoyo del llamado cómplice infalible conformado por todo ciudadano que, teniendo conocimiento de un acto de corrupción, elige guardar silencio en lugar de denunciarlo. La apatía, indiferencia y desinterés ciudadano, es pues, otro factor que genera impunidad.

En ese orden de ideas, la participación ciudadana es fundamental en el combate a la corrupción, y por más voluntad política que hipotéticamente pudiera tener una administración pública, sin el aporte ciudadano resulta imposible acabar con la corrupción, pues para acabar con la impunidad debemos denunciar toda acción u omisión gubernamental que se constituya en acto de corrupción.

Es por eso que, todo gobernado debe participar en ejercicios de contraloría ciudadana, y si se lleva a cabo de manera colectiva, organizada y sistematizada, las posibilidades de éxito se multiplican.

Es el caso de la denuncia que formulamos en contra del expresidente municipal paceño, por su participación comisiva en los delitos de uso indebido de atribuciones y coalición de funcionarios, cuando a través del Cabildo que presidía, otorgó un uso de suelo ilegal a un desarrollo inmobiliario cuya concreción amenazaba gravemente el abasto de agua potable en la zona urbana paceña, y comprometía el funcionamiento de los servicios públicos municipales, dada la magnitud del megaproyecto urbano, el cual se pretendía desarrollar en una zona de reserva ecológica estratégica contemplada en el Plan de Desarrollo Urbano.

Cuando todavía era presidente municipal el imputable, formulamos la denuncia, y aportamos los datos de prueba necesarios para poder acreditar que los hechos denunciados tienen al menos la apariencia de delito, y resulta presumible la participación comisiva del investigado y sus cómplices.

El Ministerio Público investido de Fiscal Anticorrupción cuenta con los elementos procesales formales y materiales necesarios para judicializar el caso e imputar al investigado, pero en estos momentos no es posible, porque gracias al cargo de representación que ostenta -actualmente es diputado federal por Baja California Sur, bajo las siglas de Morena-, goza de inmunidad procesal, no es posible procesarlo penalmente, mientras se desempeñe como representante de elección popular, pues mientras dure en ese encargo, goza de inmunidad procesal (fuero).

Es necesario para retirarle la inmunidad procesal, que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión emita una declaratoria de procedencia” o desafuero.

En el caso concreto, la solicitud de declaratoria de procedencia ya fue solicitada por el agente del Ministerio Público investido en la figura de Fiscal Anticorrupción de Baja California Sur, y se radicó en la Comisión Instructora bajo el número de expediente LXV/HCD/DP/02/2023 asignado por la Secretaría General de la actual legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Serán 4 diputados federales, dos de Morena, uno del PRI y uno del PAN los que recibirán todas las pruebas que se ofrezcan dentro de un plazo perentorio, concluido el cual dictaminarán si existen suficientes datos de prueba para proceder penalmente contra el investigado, o en su defecto, si la imputación les resulta notoriamente improcedente, la Cámara decidirá si se desecha la solicitud, y en tal supuesto el procedimiento podrá reanudarse, si posteriormente aparecen motivos para ello que así lo justifiquen. 

Si la Cámara declara que ha lugar a proceder contra el inculpado, éste quedará inmediatamente separado de su cargo y quedará sujeto a la jurisdicción de los tribunales competentes. En el Caso, lo será el Juez de Control del sistema penal acusatorio de Baja California Sur.

La declaratoria de procedencia (desafuero) no prejuzga sobre la responsabilidad penal del imputado, solo le retira la inmunidad procesal (fuero) para que sea juzgado por los tribunales judiciales competentes.

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Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). La corrupción es el cáncer de la administración pública que tomó carta de naturalización en la vida nacional como herencia gestada tras la conquista y arraigada en la colonia y etapas históricas sucesivas en el devenir de la vida nacional. Cinco siglos de permanencia en el plano funcional han permitido que la corrupción tenga un amplio margen de tolerancia social.

El principal problema que enfrentamos en la lucha contra la corrupción estriba en el control gubernamental de los órganos encargados de combatirla. Es el mismo gobernante corrupto el encargado de combatir la corrupción. En los cotos oficiales se generan los acuerdos y componendas que permiten al grupo en el poder utilizar estos órganos de control como herramientas de persecución política de aquellos que no simpatizan con su equipo.

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El primer paso entonces es crear una estructura de supervisión de la actuación pública, que escape al control directo y dependencia jerárquica del gobernante. Esto es: Deberemos entonces ciudadanizar los órganos de control interno, a través de la participación directa y efectiva de la sociedad civil organizada en los espacios de supervisión y auditoría del actuar público, principalmente en lo relativo a la toma de decisiones y el manejo de los recursos públicos.

Antes de pensar en crear más aparatos burocráticos ostentosos, costosos y de adorno, como el que se pretende construir a partir de la entrada en vigor de la ley anticorrupción, habría que enfocar los esfuerzos en transparentar el quehacer oficial. De poco o nada servirán fiscalías y organismos anticorrupción, si no se obliga al aparato gubernamental a transparentar toda su actuación.

La transparencia gubernamental inicia desde el estatuto fundamental que la impone. Así las cosas, en nuestra Constitución General de la República habrá de ser eliminada toda secrecía en el ejercicio público.

El hecho de que en la centuria pasada nuestra Carta Magna permitiera la celebración de sesiones secretas, encontraba justificación en la violencia y turbulencia que se vivía en la secuencia post revolucionaria, pero hoy, a cien años de distancia, resulta obsoleto y anacrónico suponer que el ejercicio de gobierno se realice a escondidas, en lo oscurito, de espaldas al gobernado y se decida en asuntos de interés general mediante sesiones secretas.

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Es por eso que nuestra Carta Magna, siguiendo los lineamientos de la ONU, ha suprimido todo reducto de opacidad en el quehacer público, reservando exclusivamente esa secrecía al Colegio electoral que se integre en el supuesto en que deba nombrarse un presidente de la República interino. Secrecía que también deberá desaparecer en un futuro esperemos no muy lejano

Por lo anterior, lo único secreto que debe seguir prevaleciendo en nuestra Constitución, es el relativo al voto ciudadano al ejercer el derecho soberano de elegir a sus gobernantes y representantes populares. La secrecía debe prevalecer como prerrogativa exclusiva del gobernado al participar en los comicios electorales, y debe proscribirse completamente para el gobernante, quien en todo momento habrá de producirse con absoluta transparencia en el ejercicio público.

Por cuanto hace a Baja California Sur, nuestra Constitución estatal presenta un atraso de 100 años en materia de transparencia, pues aún previene sesiones secretas en la toma de decisiones para diputados, Cabildos y magistrados judiciales. La toma de decisiones en sesiones secretas propicia la componenda, la complicidad, la corruptela.

Debemos desaparecer toda facultad constitucional que legalmente permita la secrecía en el ejercicio público, para propiciar la transparencia. La tendencia democrática moderna exige que se gobierne de cara el pueblo, de frente al gobernado, sin opacidad ni ocultamientos.

Desde la trinchera ciudadana podemos y debemos instar al legislativo local hasta lograr la erradicación en el texto constitucional estatal, de todo vestigio, todo resabio de opacidad y secrecía. Habrá que modificar entonces los artículos 11, 72 y 97 fracción XIV de nuestra Constitución, así como lo conducente en todas las leyes secundarias en vigor, para eliminar las sesiones secretas, que las siguen previendo, tal y como ocurre -por ejemplo- con la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos, y la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia Estatal. No podemos, por un lado, exigir transparencia, y por otro, legalizar la secrecía decisoria oficial.

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El librero

Por Ramón Cuéllar Márquez

La Paz, Baja California Sur (BCS). La estructura del Conaculta salinista sigue intacto en la Secretaría de Cultura en los tiempos de la 4T. Existe aún una enorme red de compadrazgos, complicidades, cacicazgos, sicariatos culturales y grupos de la vieja élite que siguen incrustados dentro de sus oficinas y organigrama, incluso aquellos que como fantasmas dan golpes sobre la mesa en la toma de decisiones o para que las cosas no cambien, o mejor: no se transformen. La percepción que tenemos muchos es que esa área de gobierno es la que menos ha tocado la columna vertebral que sostuvo ese sistema neoliberal, para que sólo unos cuantos fueran beneficiados.

Salinas de Gortari creó el Conaculta para el control social (cooptación) de la intelectualidad mexicana, haciendo de ella la caja chica de prebendas de grupos exclusivos que estuvieran apegados o mantuvieran vínculos con la élite de Letras Libres o Nexos. Después de treinta años, podemos ver que un reducido grupo cercano a ellos disfrutó de las mieles del presupuesto; pocos tenían acceso, a menos que alguno de esa elite “te recomendara” a la antigua (modo priísta), o bien, según como el mismo Conaculta lo pedía: por escrito, que fue una exigencia al meter un proyecto personal o grupal.

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Hemos hecho una crítica pública hacia afuera todo el tiempo, grupos contra grupos, pero no hacia adentro. He visto poca autocrítica cuando se trata de buscar nuevas soluciones en la cosa cultural, en especial de la literatura, que es la que a mí me concierne. No hablaré de egos, vanidades o ser esclavos de eso, sino del necesario cuestionamiento al sistema literario que ha sobrevivido a lo largo de las últimas tres décadas. Un novelista, cuentista, poeta, ensayista, dramaturgo, cronista, está sujeto a que tenga golpes de suerte y obtenga una beca, un premio, un reconocimiento a su labor. Y ya no hablemos de publicaciones, de que alguna de las obras se imprima en un libro. Tal vez por eso Daniel Sada decía con desencanto que nos olvidáramos de las ediciones institucionales porque esas terminaban quedando en las bodegas, en el olvido o la basura.

Todos los años, miles de creadores mandan sus trabajos a una infinidad de concursos literarios con la esperanza de que la «Diosa Fortuna» les conceda el favor (aunque no siempre es la divinidad de la suerte, sino un jurado corrupto y complaciente), pero sólo hay un ganador. Por supuesto, muchos hemos ganado alguno, que más por el “honor” es por el monto que se recibe. Bueno, en realidad es por el monto que se crea la ilusión que la obra ha sido tocada por la diosa, dentro de un sistema literario de canonjías donde no todos tienen la misma oportunidad. La mayor parte de esos creadores viven en la necesidad, tienen familias y una entrada es una bendición a las situaciones precarias.

Claro, están los “encuentros” literarios anuales, donde podemos conocer a verdaderos talentos, con los que se puede hacer amistad y con los que se puede aprender bastante. También las salas de lectura, los promotores culturales que hacen una labor titánica y que ha tenido efectividad más por el entusiasmo de sus participantes que por los programas de los gobiernos que van y vienen. A los políticos, o esos que piensan que el gobierno les permite enriquecerse, no les interesa la cultura; son muy pocos quienes toman en serio una verdadera labor cultural para la comunidad: esos son los que en verdad sacarán adelante donde haga falta una transformación.

Esperar a que un día la Diosa Fortuna nos cubra con su manto es un dilema. Hay muchos creadores literarios que siguen bregando, escribiendo, compartiendo, haciendo esfuerzos y luchas en las cosas que creen y crean, pero esos no aparecen en las listas de becarios del FONCA o el SNCA, sino que continúan edificando desde sus comunidades, desde sus colonias maneras de que la obra pueda ser difundida. Los mecenas ya no existen, por lo que los Estados asumieron ese rol para proteger a los creadores de literatura, y en México ese sistema sigue intacto, a pesar de los esfuerzos de romper con el viejo régimen, como se hace en otras secretarías. En la Secretaría de Cultura podrá hacerse mucho, pero al esqueleto del FONCA y el SNCA no se le toca porque justamente esas mafias culturales se mueven en un perfecto nado sincronizado para que nada cambie.

Si estamos sujetos al privilegio del premio como único modo de acceder a la difusión de la obra, algo nos falla. Insisto: hay quienes lo ven como una oportunidad, pero hay otros que lo ven como un modo de vida, vividores a la caza de concursos que dejan sin oportunidad al resto de creadores. No sé si deban desaparecer los concursos, premios, becas, pero lo que sí es definitivo es que debe cambiar la manera en cómo nos hemos relacionado al respecto. El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un gran pendiente en esa área.

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