Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). A un año de la elección por voto popular de personas juzgadoras: La reforma constitucional al Poder Judicial publicada el 15 de septiembre de 2024 transformó uno de los pilares tradicionales del constitucionalismo mexicano: el acceso a la judicatura mediante carrera judicial y nombramientos institucionales. La elección extraordinaria del 1 de junio de 2025 constituyó la primera experiencia nacional de elección mediante voto popular de integrantes del Poder Judicial Federal.

A un año de distancia, podemos realizar una evaluación preliminar con cierto grado de objetividad. Sin embargo, debe reconocerse una limitación metodológica importante: un año es insuficiente para medir plenamente la calidad jurisdiccional de las personas electas, pues los efectos más relevantes y trascendentales de cualquier reforma judicial suelen manifestarse entre tres y diez años después de su implementación.

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Diagnóstico general

La justicia mexicana sigue enfrentando problemas estructurales que existían antes de la reforma y que no fueron resueltos automáticamente mediante la elección por voto popular:

• Rezago procesal.
• Lentitud en la resolución de asuntos.
• Acceso desigual a la justicia.
• Altos costos de litigación.
• Déficit de defensores públicos.
• Percepción ciudadana de corrupción e impunidad.
• Distancia entre el Poder Judicial y la sociedad.

La reforma modificó principalmente los mecanismos de integración y control del Poder Judicial, pero no eliminó por sí misma los problemas operativos históricos del sistema.

Ventajas

Los defensores del modelo sostienen que

1.- Fortalece la legitimidad de origen de los juzgadores y reduce la percepción de que el Poder Judicial era una élite cerrada y autorreproducida. Afirman que la ciudadanía recibe más información sobre la existencia y funcionamiento del Poder Judicial que antes de la reforma.

2. Ruptura parcial de estructuras corporativas. La reforma debilitó el antiguo sistema de ascensos internos basado en carrera judicial y relaciones burocráticas, lo que abrió espacios para abogados, académicos y operadores jurídicos que anteriormente tenían pocas posibilidades reales de acceder a la judicatura federal.
3. Mayor escrutinio público. Los perfiles de los candidatos quedaron expuestos a revisión ciudadana, mediática y académica. Antes de la reforma, gran parte de los nombramientos judiciales ocurrían fuera del interés público.
4. Incentivos para la rendición de cuentas. La posibilidad de futuras evaluaciones electorales genera incentivos para que los juzgadores mantengan una imagen de independencia, eficiencia y cercanía social. Este es uno de los argumentos más utilizados en favor de la elección judicial.

Desventajas y riesgos

1. Baja participación ciudadana. Esto acusa falta de legitimidad material del proceso.

La misión de observación de la OEA reportó una participación aproximada del 13%, uno de los niveles más bajos observados en procesos electorales de la región, además de registrar una proporción significativa de votos nulos o no marcados. Existe una diferencia importante entre legitimidad jurídica y legitimidad sociológica. Formalmente los juzgadores fueron electos democráticamente, pero la escasa participación limita la fuerza política de dicho mandato.

2. Riesgo de politización. El principal cuestionamiento formulado por académicos, organizaciones civiles y organismos internacionales. La función judicial exige resolver controversias contra actores políticamente poderosos. Cuando el acceso al cargo depende de campañas electorales, existe el riesgo de que algunos juzgadores busquen aprobación pública o respaldo político para preservar su posición.

3. Debilitamiento de la carrera judicial. Durante décadas se formó un sistema profesional especializado basado en concursos, capacitación y ascensos.

La sustitución acelerada de gran parte de la estructura judicial plantea interrogantes sobre:

◆ Experiencia técnica

◆ Especialización

◆ Continuidad institucional

◆ Calidad de las resoluciones. Éste es el costo más alto de la reforma.

4. Influencia de grupos de poder: Grupos políticos; organizaciones corporativas; liderazgos regionales; estructuras partidistas informales y facciones relacionadas o integrantes del crimen organizado. La OEA observó preocupaciones relacionadas con la participación de actores políticos durante el proceso y señaló que el modelo no tiene precedentes equivalentes a escala mundial.

5. Complejidad del modelo electoral. resultó difícil de comprender para el electorado. Problemas de información, conocimiento de perfiles y comprensión del proceso electoral.

Balance actual (2026)

No existen parámetros oficiales objetivamente analizables, pero en general podemos apuntar que la escasa participación ciudadana efectiva en la elección, se traduce en falta de legitimación del proceso, sin mencionar el uso de acordeones, que, en estricto rigor, hicieron nula la elección.

A un año de la reforma, encontramos un retroceso en aspectos torales, tales como independencia judicial, calidad técnica de las sentencias, tiempos procesales, estabilidad institucional y acceso real a la justicia. La conclusión objetiva es que el primer año no demuestra el fracaso definitivo de la reforma, pero sí marca una sostenida tendencia negativa en las expectativas generadas.

El costo social de la reforma judicial deberá estimarse a partir de:

Փ La permanencia de problemas estructurales

Փ Los avances limitados en legitimidad democrática

Փ la calidad jurisdiccional heterogénea

Փ Los conflictos ocasionales entre poderes

Փ La adaptación gradual de los operadores jurídicos

El riesgo que implica mantener el modelo de elección judicial por voto popular implica que aumente la influencia política sobre las decisiones judiciales, disminuya la calidad técnica de las resoluciones, se utilice el sistema disciplinario como mecanismo de presión, desaparezca la carrera judicial y se premie más la estrategia electoral que el mérito profesional, la capacidad, el conocimiento y la experiencia.

Depender del voto popular debilita la independencia judicial y aumenta la incertidumbre jurídica para ciudadanos, empresas e inversionistas.

Corolario

Desde una perspectiva estrictamente jurídica e institucional, el sistema de justicia mexicano atraviesa el proceso de transformación más profundo desde la reforma judicial de 1994.

Pretender “democratizar” un proceso de selección que por naturaleza debe basarse en evaluación técnica y concurso por oposición,  amenaza la independencia judicial, aniquila la carrera judicial y pone en riesgo la calidad técnica de las resoluciones.

En lo sucesivo, la verdadera prueba de la reforma no será quién gane las elecciones judiciales, sino cómo se resuelvan los asuntos más sensibles del país: derechos humanos, control del poder público, corrupción, seguridad, medio ambiente y protección de las minorías.

Ahí es donde se medirá, en definitiva, la salud del nuevo modelo de justicia mexicano.

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AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). La justicia es la piedra angular del Estado Constitucional de Derecho, y descansa sobre la premisa de que toda persona tiene derecho a que sus controversias sean resueltas por tribunales independientes, imparciales, competentes y previamente establecidos por la ley.

La impartición de justicia, como función esencial del Estado, representa el principal mecanismo institucional para la protección de los derechos humanos, la preservación del orden democrático y la vigencia efectiva del Estado de Derecho.

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FOTOS: Internet

Los Artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los Artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; así como el Artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, reconocen el derecho de toda persona a ser oída por tribunales competentes, independientes e imparciales. Por ello, no basta la mera existencia de órganos jurisdiccionales formalmente constituidos.

La tutela judicial efectiva exige que quienes ejercen la función jurisdiccional posean una sólida preparación profesional, conocimientos especializados, capacidad argumentativa, independencia de criterio, integridad ética y compromiso irrestricto con la protección de los derechos humanos.

La legitimidad de la función jurisdiccional no deriva exclusivamente de la ley que crea los tribunales, sino también de la confianza pública en la capacidad técnica y moral de quienes integran dichos órganos.

La complejidad del ejercicio jurisdiccional exige juzgadores altamente capacitados

La evolución del constitucionalismo contemporáneo ha transformado profundamente la labor judicial.

Actualmente, las personas juzgadoras están obligadas a interpretar y aplicar:

◙ La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

◙ Los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos.

◙ El control difuso de constitucionalidad.

◙ El control de convencionalidad.

◙ La perspectiva de género.

◙ El interés superior de la niñez.

◙ El principio pro persona.

◙ Los derechos de grupos históricamente vulnerados.

◙ Los estándares internacionales de protección ambiental.

◙ Las reglas del sistema penal acusatorio.

◙ Los principios de justicia abierta, transparencia y rendición de cuentas.

La creciente complejidad del fenómeno jurídico exige jueces y magistrados con conocimientos especializados que trasciendan la formación profesional básica.

La función jurisdiccional involucra decisiones que pueden afectar la libertad, el patrimonio, la familia, la honra, el medio ambiente, los derechos políticos e incluso la vida de las personas.

Por ello, resulta constitucionalmente legítimo y socialmente indispensable exigir que quienes aspiren a ocupar dichos cargos acrediten objetivamente los conocimientos, habilidades y competencias necesarias para ejercerlos con excelencia.

La carrera judicial como garantía de independencia y excelencia

La carrera judicial constituye uno de los mecanismos institucionales más eficaces para asegurar que el ingreso, promoción y permanencia de las personas juzgadoras se funden en criterios de mérito y capacidad profesional.

La experiencia comparada demuestra que los sistemas de justicia más sólidos son aquellos que fortalecen la profesionalización judicial mediante esquemas objetivos de selección y evaluación.

La carrera judicial permite:

• Garantizar la profesionalización continua.
• Fortalecer la independencia judicial.
• Evitar designaciones basadas en intereses políticos.
• Consolidar la experiencia jurisdiccional.
• Preservar la estabilidad institucional.
• Generar certeza y confianza ciudadana.

En consecuencia, el acceso a los cargos jurisdiccionales debe privilegiar a quienes hayan construido una trayectoria acreditada dentro de la administración de justicia, sin excluir la posibilidad de participación de profesionistas externos que demuestren méritos excepcionales y acrediten los requisitos técnicos correspondientes.

Estándares internacionales sobre capacidad técnica e independencia judicial

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la garantía judicial reconocida en el Artículo 8 de la Convención Americana implica la existencia de jueces competentes, independientes e imparciales.

La independencia judicial constituye un derecho de la ciudadanía y una garantía indispensable para la protección de los derechos humanos.

Por ello, los Estados tienen la obligación de diseñar procedimientos de selección judicial capaces de identificar objetivamente a las personas mejor preparadas para desempeñar la función jurisdiccional.

Principios de Naciones Unidas aplicables a la selección de jueces y magistrados

Los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura, adoptados por la Organización de las Naciones Unidas en 1985, establecen que: Las personas seleccionadas para ocupar cargos judiciales serán individuos íntegros y competentes, con la formación o las calificaciones jurídicas apropiadas.

Asimismo, disponen que: La promoción de los jueces se basará en factores objetivos, especialmente en su capacidad, integridad y experiencia.

Estos principios constituyen parámetros interpretativos obligatorios para todas las autoridades mexicanas conforme al Artículo 1° constitucional.

Principios de Bangalore sobre la conducta judicial

Los Principios de Bangalore reconocen que la competencia y la diligencia constituyen valores esenciales de la judicatura.

Dichos estándares internacionales exigen que los jueces:

Փ Mantengan una formación jurídica actualizada.

Փ Desarrollen conocimientos especializados.

Փ Garanticen altos niveles de desempeño profesional.

Փ Protejan y promuevan los derechos humanos.

Por consiguiente, la acreditación de conocimientos especializados debe entenderse como un requisito inherente a la excelencia judicial.

Carta Universal del Juez y Estatuto Universal del Juez

La Carta Universal del Juez y el Estatuto Universal del Juez establecen que el acceso a la judicatura debe sustentarse exclusivamente en criterios objetivos relativos al mérito, capacidad profesional, experiencia e integridad.

Estos instrumentos reconocen además que la formación inicial y continua constituye una condición indispensable para asegurar la calidad de la justicia y la independencia judicial.

La obligación constitucional y convencional del Estado Mexicano

A partir de la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos de 2011, todas las autoridades tienen el deber de ejercer control de convencionalidad y observar el bloque de constitucionalidad integrado por la Constitución Federal y los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

En consecuencia, el Estado de Baja California Sur se encuentra obligado a armonizar su marco normativo con los estándares internacionales que exigen mecanismos objetivos de selección judicial basados en:

◆ Mérito.

◆ Capacidad técnica.

◆ Carrera judicial.

◆ Independencia.

◆ Especialización.

◆ Experiencia profesional.

◆ Integridad.

Necesidad de blindar constitucional la independencia judicial

La independencia judicial no constituye un privilegio corporativo de quienes imparten justicia. Es una garantía institucional de la ciudadanía.

Cada sentencia judicial debe emitirse libre de presiones políticas, económicas, partidistas o de cualquier otro tipo.

Corolario

Por lo expuesto, los requisitos para acceder a los cargos de juez(a) o magistrado(a) deben ser elevados al máximo nivel normativo posible.

La Constitución debe convertirse en una barrera infranqueable frente a cualquier intento futuro de debilitar la profesionalización judicial.

Blindar constitucionalmente la carrera judicial, el mérito profesional y la acreditación de conocimientos especializados permitirá consolidar un Poder Judicial integrado por personas juzgadoras altamente capacitadas, comprometidas con los derechos humanos y protegidas por las máximas garantías de independencia.

La ciudadanía sudcaliforniana tiene derecho a ser juzgada no sólo por autoridades legalmente designadas, sino por las personas mejor preparadas para impartir justicia.

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FOTO: Archivo.

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Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Durante la campaña electoral que lo llevó a la gubernatura, el actual titular del Ejecutivo Estatal sudcaliforniano se comprometió a respetar y apoyar la carrera judicial. En diversas reuniones expuso su convicción —dijo él— de acabar con el compadrazgo, el amiguismo y los intereses de grupo. Se abriría a la comunidad jurídica la posibilidad de proponer candidatos a ocupar las magistraturas judiciales que durante su periodo gubernamental se habrían de renovar. Pero una cosa es la promesa de campaña y otra la realidad una vez que se alcanza el encargo público buscado.

En breve, habrá de ser designado un nuevo integrante del pleno del Poder Judicial estatal. La tendencia marcada de la alternancia, tanto de género como de perfil profesional, indica que la vacante correspondería a una mujer, con carrera judicial, habida cuenta que la anterior designación recayó sobre un profesionista masculino sin carrera judicial.

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Así las cosas, y atendiendo a la abrumadora carga que tiene el Tribunal Estatal en asuntos penales del sistema acusatorio, la próxima magistrada debería ser electa entre las actuales juzgadoras especializadas en el sistema penal acusatorio.

Pero resulta que no será así. La designación recaerá en una profesional del derecho, de toda la confianza y cercanía con el Gobernador; una empleada estatal, legalmente impedida para ser magistrada, por el cargo que actualmente ocupa, y sin la experiencia requerida, de 10 años de ejercicio profesional para detentar el encargo.

Tal y como ocurre en las dictaduras caribeñas, en BCS, el Congreso del Estado está plenamente subordinado al gobernador en turno, y si la Constitución del Estado impide que el capricho del gobernador se cumpla en la designación de la nueva magistrada, lo adecuado es modificar la Constitución, y hacer de ella un traje a la medida.

Al margen del entreguismo, servidumbre y sumisión del actual Congreso local al titular en turno del Ejecutivo Estatal, la reforma constitucional que se borda para favorecer a una sola persona tiene una trascendencia lesiva para la carrera judicial y la sana administración de justicia en el Estado.

Reducir de 10 a 5 los años de experiencia profesional previa, propicia la llegada de candidatos legos, y el reducir los impedimentos, facilita el arribo a la magistratura judicial estatal, de candidatos con conflicto de interés.

El dictamen para modificar la Constitución estatal ya se presentó, es público, y será aprobado antes de que concluya el actual periodo legislativo durante la semana en curso. Todo sea por complacer al Ejecutivo. El mayor daño de esta reforma es el dar al traste con la carrera judicial.

La carrera judicial es el sistema que regula los procesos de ingreso, formación, promoción, evaluación del desempeño, permanencia y separación de los integrantes del poder judicial, con base en el mérito e igualdad real de oportunidades, para garantizar la independencia, imparcialidad, idoneidad, estabilidad, profesionalización y especialización del personal judicial, entre otros objetivos.

La próxima magistratura, entonces, correspondería por alternancia a una juzgadora especializada en el sistema de justicia penal acusatorio, y sin duda alguna, el área de la administración de justicia donde existe mayor preparación y mejores perfiles profesionales es precisamente el de las impartidoras de justicia penal. Todas ellas con posgrado, especialización, maestría e incluso algunas con estudios de doctorado. Todas ellas con experiencia probada en la materia. De entre ellas debería ser electa la próxima magistrada judicial estatal, pero en lugar de eso, la designación recaerá en una persona sin perfil, ni experiencia ni calificación académica específica, cuyo único mérito es su vinculación con el actual Gobernador.

En su afán por tener el control de la administración de justicia en el Estado, el titular del Ejecutivo generará un daño de costo incalculable, pues una de las áreas del servicio público donde hay más reclamo social, es el de la impartición de justicia.

Mientras el requisito más importante para ser magistrado judicial siga siendo serle incondicional al gobernador en turno, la sana administración de justicia y la independencia judicial seguirán siendo asignaturas pendientes en el Estado.

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