FOTOS: PGJE.

Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Así como el Congreso BCS mantiene un rezago histórico de 30 años en materia de armonización, actualización y adecuación legislativa, el Ejecutivo también acusa atavismos administrativos infuncionales, ya que la única entidad de la República Mexicana que conserva el formato de Procuraduría de Justicia en lugar de Fiscalía, es Baja California Sur, y el único responsable de ese atraso en la modernización institucional de la administración pública estatal, es el Gobernador.

Desde abril de 2020, el marco regulatorio constitucional fue debidamente adminiculado, para llevar a cabo en Baja California Sur, la transición de Procuraduría a Fiscalía. No existe ningún impedimento legal, jurídico, técnico, práctico o logístico. Es la voluntad del Gobernador la que ha mantenido en suspenso dicha transición, y, por tanto, la única razón es política.

También te podría interesar: Reparación integral del daño

Entendemos, entonces, que la pretensión sostenida por el titular del Ejecutivo es mantener la subordinación que le brinda la dependencia presupuestal, y seguir utilizando la procuración de justicia como una herramienta de control político en la entidad.

En otras palabras, un gobierno estatal cuyo discurso proselitista se finca en criticar las instituciones del pasado, se aferra al viejo formato de procuración de justicia, para conservar el control vertical de una institución que, conforme a los modernos esquemas democráticos, debe gozar de plena autonomía decisoria, presupuestal y orgánica.

Las principales diferencias entre una Procuraduría y una Fiscalía en el ámbito de la procuración de justicia, son:

Autonomía: La Procuraduría está bajo el control del Ejecutivo, mientras que la Fiscalía es un organismo autónomo con independencia plena del Ejecutivo.

Funciones: La Procuraduría investiga delitos y defiende al Estado con base en las políticas públicas que marca el Ejecutivo; la Fiscalía persigue delitos y ejerce acción penal y representación social subordinación al Ejecutivo.

Estructura: La Fiscalía tiene una organización más especializada en delitos de alto impacto y protección de derechos humanos conforme a parámetros internacionales, y no con sujeción a la voluntad del Ejecutivo.

Rendición de cuentas: La Fiscalía está sujeta a mecanismos de supervisión más estrictos, con participación ciudadana, lo que brinda al gobernado mayor transparencia en sus acciones.

Empeñarse en retrasar la migración, genera una menor eficacia e inadecuada atención a las demandas de la ciudadanía cuya percepción se traduce en una desconfianza y descalificación permanente de la labor oficial en materia de procuración de justicia, manteniéndose una constante sospecha de perversa injerencia política en la investigación y persecución de delitos.

Ventajas de tener una Fiscalía en lugar de una Procuraduría

Las Fiscalías en México tienen ventajas presupuestales que las Procuradurías no poseen, principalmente debido a su autonomía y estructura organizativa. Algunas diferencias clave incluyen:

• Autonomía presupuestal: Las Fiscalías tienen mayor independencia para gestionar sus recursos, mientras que las Procuradurías dependen del Ejecutivo.
• Asignación de fondos específicos: Las Fiscalías pueden recibir financiamiento directo, nacional e internacional, público y/o privado, para programas de modernización, digitalización y capacitación.
• Recursos para transformación digital: Se han destinado presupuestos para mejorar la eficiencia en la procuración de justicia mediante herramientas tecnológicas, exclusivos para las Fiscalías y no disponibles para la Procuraduría.
• Mayor capacidad operativa: Las Fiscalías cuentan con más agentes del Ministerio Público por cada cien mil habitantes, lo que impacta positivamente en la carga de trabajo y resolución de casos.

Aun cuando no existe un organismo internacional que certifique a las Fiscalías, sí existen entidades que establecen estándares internacionales sobre su autonomía e independencia. Algunas de las más relevantes son:

∞ Fundación para el Debido Proceso (DPLF): Desarrolla estándares sobre la autonomía de los fiscales y las Fiscalías.

∞ Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA): Publica estudios sobre la independencia de las Fiscalías en América Latina.

∞ Fiscalía General de la República (FGR): Coordina cooperación jurídica internacional y representa a México ante organismos extranjeros.

Estos estándares buscan garantizar que las Fiscalías sean independientes del poder político y operen con transparencia.

Las Fiscalías en México pueden acceder a fondos internacionales a través de diversos mecanismos de cooperación jurídica y financiamiento externo. Algunos de los procedimientos incluyen:

∞ Convenios bilaterales y multilaterales: La FGR coordina acuerdos con organismos internacionales para fortalecer la procuración de justicia.

∞ Fondos de asistencia técnica: Existen programas de financiamiento de instituciones como la ONU, la OEA y la Unión Europea, destinados a mejorar la capacidad operativa de las Fiscalías.

∞ Cooperación internacional: La Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías de la FGR facilita el acceso a recursos para capacitación, tecnología y combate a delitos transnacionales.

∞ Proyectos de fortalecimiento institucional: Las Fiscalías pueden recibir apoyo financiero para modernización y digitalización de procesos

Entre las organizaciones que gestionan fondos internacionales para fortalecer la procuración de justicia, destacan:

∞ Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la FGR que coordina tratados y acuerdos internacionales en materia de justicia.

∞ Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías de la FGR encargada de promover la cooperación jurídica internacional y gestionar recursos para fortalecer la procuración de justicia.

∞ CERI (Centro de Recursos Internacionales), que facilita el acceso a financiamiento de diversos países para proyectos de justicia y derechos humanos.

Corolario

El Gobernador del Estado no puede seguir postergando la transición de Procuraduría a Fiscalía. Baja California Sur necesita acceder a la modernidad, eficiencia, transparencia y autonomía en materia de procuración de justicia.

—–

AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

FOTO: Archivo.

La Paz, Baja California Sur (BCS). El Congreso del Estado aprobó el dictamen presentado por las Comisiones Permanentes Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, mediante los cuales se otorgará una mayor protección al correcto desarrollo psicosexual de niñas, niños y adolescentes, así como la armonización legislativa del Código Penal Estatal, elevando de doce a quince años la edad de estupro.

Las iniciativas presentadas por las legisladoras María Guadalupe Saldaña Cisneros y Teresita de Jesús Valentín Vázquez, permitirán proteger a los menores de 15 años de edad para que, aun dando su consentimiento a una relación sexual se considere como una violación equiparada y se sancione de acuerdo con la gravedad del delito; así como, a los menores de edad, mayores de 15 y menores de 18 años de edad, para que en los casos en que el sujeto activo obtenga su consentimiento por cualquier tipo de engaño, se considere como estupro.

En relación a las reformas del Código Penal estatal, éstas permitirán reconocer en la legislación el delito de estupro, a fin de considerar que el agresor se aprovechó de la inmadurez de la víctima, tomando en cuenta que, aunque en el caso de una persona menor de 15 años, se den todas las características de un consentimiento libre, valorar que en esa edad las personas se encuentran en una etapa formativa en la cual aún están en un proceso inconcluso de madurez, que son personas que no son capaces de comprender el hecho o que, muy probablemente, no comprenden el alcance de la toma de muchas de sus decisiones.

Por lo que, derivado del estudio y análisis se concluyó que ésta reforma no sólo cumple el fin de otorgar una mayor protección al correcto desarrollo psicosexual de niñas, niños y adolescentes, sino que también significa el armonizar legislativamente esta porción jurídica del Código Penal estatal.

FOTO: Congreso del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Este martes 29 de abril, el Congreso del Estado y la Asociación “Líderes por BCS” presentaron en rueda de prensa las bases de la convocatoria para el evento denominado, “Incubadoras de Líderes 2025”, empuje avalado por la diputada Karina Olivas Parra y el diputado Fabrizio Del Castillo Miranda.

El evento convocado por el joven Lucien Pierre-Noel Navarro, presidente de la asociación, anunció que el ejercicio se llevará a cabo el 16 y 17 de mayo, en donde un comité evaluador seleccionará a 24 jóvenes de 18 a 29 años de edad de todo el Estado, quienes conocerán y ejecutarán el funcionamiento del Congreso de la Unión, con el objetivo de que se fortalezcan las habilidades y conocimientos del proceso legislativo.

Además, se van a generar propuestas en beneficio de la sociedad, enmarcadas en cuatro temas principales: relación bilateral con Estados Unidos, regulación de la inteligencia artificial y de las redes sociales en México, cuidado animal y protección del medio ambiente, oportunidades laborales y de desarrollo para jóvenes. Las bases de la convocatoria se encuentran en la página web del Congreso del Estado.

En su intervención, el diputado Del Castillo Miranda aplaudió el planteamiento propuesto por el joven Lucien, a señalar que las ideas de las y los jóvenes son de suma importancia para la creación de leyes y desarrollo político, económico y social de BCS. A su vez, la diputada Olivas Parra expresó que, el ejercicio en mención representa un paso importante en la participación de las y los universitarios o egresados de sudcalifornia, para que las necesidades no pierdan el interés, pero sobre todo el ímpetu de que a Baja California Sur le vaya mejor.

Finalmente, el joven Lucien Pierre-Noel Navarro agradeció a las y los legisladores la aprobación de manera unánime para el uso de las instalaciones para la realización del ejercicio de dialogo de “Incubadoras de Líderes 2025”, ahí mismo precisó que dicha actividad se realizará en el marco del Día del Estudiante.

FOTOS: Archivo | Congreso del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). La diputada Teresita de Jesús Valentín Vázquez anunció que la insistencia en las gestiones para resolver las condiciones de la carretera transpeninsular por fin han sido exitosas, pues la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transporte (SICT) en Baja California Sur, le informó que ya se instrumentan acciones para resolver permanentemente el mal estado de esta vía tan importante para la región, informa el Congreso del Estado a través de un comunicado oficial.

La representante del Distrito XIV señaló que para solucionar este problema, Marco Antonio Gutiérrez de La Rosa, titular de la SICT BCS informó que la Federación autorizó importantes recursos para la reparación, conservación y mantenimiento de la carretera que ahora se encuentra en pésimas condiciones.

Además, el Ingeniero le aclaró que los recursos aprobados para iniciar los trabajos de reparación y mantenimiento, 58 millones se destinarán a conservación rutinaria de 1400 kilómetros de tramos; 40 millones para la primera etapa de conservación periódica en 14 km y 67 millones para una segunda etapa de 32 km; 15.5 millones para señalamiento horizontal en 890 km y 2.2 millones para 357 piezas de señalamiento vertical; 1.5 millones para 688 metros de barreras de protección, 2.8 millones para conservación rutinaria de 165 puentes, y 450 millones para el paso a desnivel en la glorieta Fonatur en San José del Cabo.

Por otra parte, para realizar los trabajos de reparación de la carretera transpeninsular, se crearán brigadas que iniciarán trabajos en dos semanas, primero en los tramos más afectados, pero continuarán con labores de mantenimiento permanente hasta diciembre.

FOTOS: Gaceta UDG | El Economista.

Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). El ser humano está biomecánicamente diseñado para deambular, desplazarse y vivir en sociedad, Somos seres gregarios. En la historia del desarrollo de la humanidad, iniciamos nuestra travesía como recolectores de frutos y cazadores. Siempre siguiendo las fuentes de alimento, realizamos grandes migraciones.

A pesar de construir grandes asentamientos, las movilizaciones constantes han sido motor del comercio, intercambio cultural y desarrollo científico. Esa capacidad de movimiento e interacción es lo que conocemos como libertad, uno de los atributos humanos más importantes, incluso para muchos autores, más importante que la vida misma, pues estiman que la vida, sin libertad, no es vida.

También te podría interesar: Caso Misión Punta Norte. Cronología de un escándalo

La libertad es poder elegir, la inteligencia es saber elegir, y la voluntad es la determinación de llevar a cabo nuestra elección. Estos tres atributos, LIBERTAD, INTELIGENCIA, VOLUNTAD, son los atributos que distinguen a la especie humana. De ahí que se diga que privar de la libertad a una persona, es inhumano.

Cuando privar de la libertad implica también segregar, aislar, se interrumpen, se cortan y cuando el encierro es prolongado, se pierden los lazos que unen a la persona privada de su libertad, con su núcleo familiar primario y su entorno social inmediato.

Una vez rotos los lazos anteriores, el impulso gregario lleva al ser humano a reagruparse, formándose así sociedades que, al darse al interior de los centros penitenciarios, se gesta la incubadora de los grupos de la delincuencia organizada.

Privación de la libertad como auto de autoridad

En el desarrollo social de la humanidad, atendiendo al campo específico de la administración de justicia, la privación de la libertad sólo es admisible en dos supuestos:

• De manera preventiva o cautelar, o
• Como pena impuesta en una condena judicialmente dictada.

La prisión cautelar, antes del desarrollo y evolución de los derechos humanos, era dictada en automático. En todas las sociedades humanas, quien era señalado como perpetrador de un crimen, era privado de su libertad, en tanto se determinaba su culpabilidad o inocencia. Siendo los procedimientos sumarísimos, la prisión cautelar duraba muy poco tiempo.

Conforme evolucionaron los sistemas de justicia, los procesos se fueron prolongando, tanto por la carga de trabajo como por la necesidad de brindar al procesado la oportunidad de reunir y presentar pruebas en favor de su defensa.

Prisión Preventiva Oficiosa (PPO)

Es una medida restrictiva de libertad deambulatoria, prevista en una norma procesal sujeta a los lineamientos oficiales en materia de justicia penal. Se aplica en automático, sin que sea requisito acreditar su necesidad, basándose, únicamente, en el tipo de delito por el que se instruye la causa, conforme al listado constitucional que se amplía o reduce por el legislador, conforme a la política pública vigente en materia de justicia penal y criminalidad.

Argumentos en contra de la PPO

Es una medida que ha generado debate y controversia en el ámbito jurídico y social

1. A) Constitucionales y legales
2. Violación del principio de presunción de inocencia: La PPO puede considerarse una violación del principio de inocencia, ya que se priva de la libertad a una persona sin que se haya demostrado su culpabilidad.
3. Restricción excesiva de la libertad: La PPO puede ser considerada una restricción excesiva de la libertad, ya que se priva a la persona de su derecho a la libertad sin una justificación suficiente.
4. Falta de proporcionalidad: La PPO puede ser desproporcionada en relación con la gravedad del delito y la peligrosidad del imputado.
5. B) Argumentos relacionados con la justicia y la igualdad
6. Discriminación contra personas de bajos recursos: La PPO puede afectar de manera desproporcionada a personas de bajos recursos, ya que pueden no tener acceso a la fianza o a un abogado que pueda defender sus intereses.
7. Falta de acceso a la justicia: La PPO puede limitar el acceso a la justicia de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
8. Perpetuación de la injusticia: La PPO puede perpetuar la injusticia, ya que se puede utilizar como una herramienta para mantener a personas inocentes en prisión.

4.- Invasión de facultades decisorias. La imposición de una medida cautelar es facultad exclusiva del juez de la causa. Al establecerse la PPO, es el legislador el que impone la medida.

5.- Constituye pena anticipada. La PPO es una pena que se antepone a la sentencia que resuelva sobre la culpabilidad o inocencia del procesado,

C)Argumentos relacionados con la seguridad y la sociedad

1. Ineficacia para prevenir la delincuencia: La PPO no es efectiva para prevenir la delincuencia, ya que no aborda las causas subyacentes del delito.
2. Impacto negativo en la sociedad: La PPO puede tener un impacto negativo en la sociedad, ya que puede generar un sentimiento de inseguridad y desconfianza en el sistema de justicia.
3. Costos económicos y sociales: La PPO puede generar costos económicos y sociales significativos, ya que requiere la utilización de recursos para mantener a las personas en prisión.
4. D) Argumentos relacionados con la salud y el bienestar
5. Impacto negativo en la salud mental: La PPO genera un impacto negativo en la salud mental de las personas que se encuentran en prisión, ya que puede generar estrés, ansiedad y depresión.
6. Riesgos para la salud física: La PPO puede generar riesgos para la salud física de las personas que se encuentran en prisión, ya que pueden estar expuestas a condiciones insalubres y a situaciones de violencia.
7. Separación familiar y social: La PPO puede generar la separación familiar y social de las personas que se encuentran en prisión, lo que puede tener un impacto negativo en su bienestar emocional y social.

Corolario

No necesitamos más cárceles ni elevar las penas, ni PPO, necesitamos:

• Humanizar el sistema penitenciario.
• Buscar la justicia, más que el balance estadístico.
• Privilegiar la investigación científica y elevar la calidad profesional, ética y técnica de nuestros agentes investigadores.
• Desarrollar estrategias de prevención integral del delito.
• Privilegiar la justicia restaurativa y eficientar las salidas alternas.
• Elevar la calidad profesional de los operadores del sistema.

—–

AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.