FOTOS: Congreso del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). El diputado Venustiano Pérez Sánchez presentó iniciativa para reformar el Artículo 36 de la Constitución de Baja California Sur con el fin de eliminar la figura de las candidaturas comunes, derogada ya del marco jurídico electoral nacional y prohibida por la Ley General de Partidos Políticos.

La iniciativa también elimina la Fracción IX sobre candidaturas comunes y armoniza diversas disposiciones para fortalecer la coherencia del sistema electoral estatal.

El legislador señaló que con esta iniciativa se frenarán prácticas fraudulentas en materia de paridad de género, ya que los vacíos legales permiten que partidos concentren candidaturas femeninas en municipios del norte, utilizándolos como “laboratorios electorales”.

En su lugar, el Diputado de la fracción parlamentaria de Morena plantea un sistema de paridad alternada, mediante el cual partidos y coaliciones deberán postular un género distinto al de quien ganó la elección previa en gubernatura, diputaciones y ayuntamientos, sin que el Instituto Estatal Electoral pueda aplicar criterios adicionales.

La iniciativa fue enviada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, de Asuntos Políticos y de Igualdad de Género, para su análisis y dictaminación; de aprobarse, en el proceso electoral  2026-2027, los partidos podrán decidir libremente el género de la candidatura a la gubernatura, pero en elecciones posteriores deberán cumplir la alternancia.

Con esta reforma, se busca garantizar la participación plena de las mujeres, evitar el uso discrecional de los municipios del norte y cerrar espacios que permiten la permanencia de partidos sin representación efectiva.

FOTOS: Gobierno del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). El Festival de la Machaca, el Queso y el Chorizo (MaQueCho) 2025 celebró su cuarta edición en San Antonio, municipio de La Paz, consolidándose como uno de los principales encuentros gastronómicos de la región al reunir a más de 80 productores y artesanos, destacó el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, quien llamó a recobrar la esencia y las tradiciones para fortalecer la riqueza cultural del Estado.

El mandatario sudcaliforniano subrayó que el crecimiento del MaQueCho ha sido evidente, ya que en su primera edición participaron alrededor de 30 exponentes y, en esta ocasión, la cifra superó los 80; este avance —dijo— refleja el compromiso de quienes preservan la gastronomía típica y contribuyen al fortalecimiento de la economía local, al atraer cada año a miles de visitantes.

El evento registró una amplia afluencia y ofreció un variado programa artístico-cultural, concursos de gastronomía tradicional, exposición de artesanías y actividades recreativas para todas las edades, reafirmando su relevancia como un espacio que promueve identidad, tradición y convivencia comunitaria.

Durante su recorrido por los módulos del festival, el Gobernador estuvo acompañado por la secretaria de Turismo y Economía, Maribel Collins Sánchez; la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero; la alcaldesa de Mulegé, Edith Aguilar Villavicencio; el alcalde de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez; la presidenta del Sistema DIF Estatal, Patricia López Navarro; así como por el delegado de San Antonio, Agustín Avilés Zamora.

FOTO: Modesto Peralta Delgado | INTERIOR: Congreso de BCS.

La Paz, Baja California Sur (BCS). El Congreso del Estado exhortó al gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, y a la presidenta del XVIII Ayuntamiento de Mulegé, a unir esfuerzos para concretar en 2026 la construcción del “Monumento al Minero” en un espacio público de Santa Rosalía, con el propósito de convertirlo en un símbolo de orgullo para residentes y visitantes.

El punto de acuerdo, presentado en sesión ordinaria por el diputado Venustiano Pérez Sánchez, destaca la importancia de rendir homenaje a los trabajadores de la minería, una de las actividades económicas de mayor tradición en México y un referente histórico para Baja California Sur.

La obra propuesta no solo busca reconocer a quienes hoy laboran en la extracción de minerales, sino también a las generaciones que, con esfuerzo incansable, han aportado al desarrollo de la región y al bienestar de sus familias, contribuyendo a la modernización de las comunidades.

“Al minero anónimo, a sus familias y a quienes han forjado nuestra identidad, queremos ofrecer un reconocimiento permanente desde esta XVII Legislatura, junto con el ciudadano gobernador del Estado y la presidente municipal de Mulegé, en representación de la sociedad sudcaliforniana”, expresó el legislador.

Durante el debate, los diputados Fabrizio del Castillo Miranda y Karina Olivas Parra respaldaron la propuesta, subrayando que se trata de una acción que fortalece la memoria colectiva y rescata la identidad histórica de Santa Rosalía, al tiempo que proyecta un legado de orgullo para las futuras generaciones.

FOTO: Archivo | INTERIOR: Congreso del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Turnan a la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia la iniciativa presentada por los diputados Fernando Hoyos Aguilar y Sergio Ricardo Huerta Leggs, mediante la cual se busca que el Estado promueva y difunda la cultura regional que caracteriza las raíces históricas, identidad y tradiciones, atendiendo la diversidad cultural existente en Baja California Sur.

Hoyos Aguilar expuso que lo que persigue la iniciativa es que se reconozca en la Constitución a las comunidades originarias del Estado, a los descendientes de la cultura ranchera, de costas y agrícola, por medio de la promoción de políticas públicas que logren abatir las desigualdades entre las ciudades y el campo y las costas, sin desnaturalizar sus elementos que los hacen reconocibles como tal.

En consecuencia, dijo, se aspira a que la ley provea las disposiciones que sean necesarias para elevar su bienestar social y preservar, promover y enriquecer la identidad, tradiciones, costumbres, conocimientos y modo de vida de sus comunidades originarias.

A su vez, el diputado Sergio Huerta Leggs manifestó que lo que se busca es obtener una protección a todos aquellos elementos que constituyan la identidad, tradiciones y costumbres, dentro del marco que respete el pacto federal y la soberanía del Estado, así como promover el desenvolvimiento social, cultural, artístico, deportivo, científico y tecnológico de la comunidad. “Por medio de este impulso, consideramos preservar la cultura ranchera, de costas y agrícola que proviene de sus comunidades originarias”, afirmó.

Huerta Leggs concluyó que dicho proceso parlamentario surgió del deseo legítimo de mineros, rancheros, pescadores, y familias de las costas del Golfo y del Pacífico, del Norte y del Sur sudcaliforniano quienes por generaciones con su presencia y trabajo han dado vida y sentido de pertenencia para México y los mexicanos a las más de 2 mil 500 comunidades en los más de 77 mil kilómetros cuadrados de nuestra geografía sudpeninsular.

FOTO: Congreso del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Con la finalidad de fortalecer los protocolos de seguridad aplicados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en planteles educativos, se llevaron a cabo mesas de trabajo y consulta sobre la reforma al Artículo 20 Bis de la Ley de Educación estatal para unificar criterios en un Protocolo Estatal Único de Seguridad Escolar, con la coordinación entre la SEP BCS, instituciones de seguridad, de impartición de justicia, padres de familia e instituciones involucradas.

La diputada Teresita Valentín Vázquez, presidenta de la Comisión de las Niñas, Niños y Adolescentes del Congreso del Estado, puntualizó que la iniciativa busca una armonización legislativa para fortalecer el protocolo de seguridad escolar ya existente.

Explicó que la inclusión de este protocolo en la ley aportará mayor certidumbre, coordinación y claridad en las responsabilidades institucionales.

«La iniciativa no pretende sustituir ni contradecir el protocolo; por el contrario, busca que se unifiquen criterios bajo el principio de respeto y protección de los derechos humanos de la niñez, la adolescencia y las juventudes» dijo.

Añadió que las consultas y el análisis del proceso arrojarán luz sobre qué aspectos deben fortalecerse, qué vacíos normativos deben aclararse y cuáles son las necesidades reales en materia de organización y actuación.

Por su parte, el diputado Martín Escogido Flores, presidente de la Comisión de Educación, enfatizó que el Poder Legislativo debe enfocarse en atender las causas originales de los fenómenos que se presentan en los planteles, como la portación de armas o estupefacientes, además de revisar y actualizar los protocolos ante la aparición de nuevos riesgos.

«El operativo mochila ya existe y es reactivo; debemos trabajar en sus causas, en las familias, en su integración, si tienen salud, vivienda… Si todas esas patologías no se subsanan de raíz, el problema no se resuelve.»

Destacó que para la elaboración del dictamen se escucharan y tomaran en cuentas las voces, como que éste se apegará a la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que establece que los protocolos no deben ser invasivos, sino que deben ser consensados, preventivos y diseñados para evitar cualquier violación a los derechos humanos.

Mesa de Educación

La Mesa de Educación enfatizó que los profesores carecen de certeza y se sienten inseguros ante diversas situaciones. Ratificaron la existencia de problemas como la introducción de armas, aerosoles y la ocurrencia de peleas dentro de los planteles escolares. Hicieron un llamado a la mayor participación de los padres de familia e instaron a que, durante este proceso de análisis legislativo, se consideren como referencia las experiencias y normativas aplicadas en otros estados.

Mesa de Seguridad

La Mesa de Seguridad concluyó que las instituciones buscarán definir las competencias específicas de cada organismo, identificar las herramientas jurídicas disponibles y comenzar la capacitación y sensibilización de los padres de familia para fomentar una mayor corresponsabilidad. La mesa sentenció: «El operativo mochila debe iniciar desde casa».

Mesa de Niñas, Niños y Adolescentes y de Derechos Humanos

Esta Mesa reconoció que la legislación actual ya contempla estos procesos de seguridad, pero consideró que el tema requiere un análisis más profundo. Subrayaron su compromiso con el respeto irrestricto a los derechos humanos tanto de los menores como de los docentes.