FOTO: Congreso del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Este martes 21 de enero, el Congreso del Estado hará la presentación oficial del Memorial del Proceso Legislativo de la Conversión de Territorio Federal a Estado Libre y Soberano de Baja California Sur (1928-1975), se informa a través de un comunicado oficial del Congreso de BCS.

La elaboración del documento que se colocará en forma digital en la página web oficial del Congreso del Estado, estuvo a cargo del Instituto de Estudios Legislativos de la XVII Legislatura, cuyo director, Fernando Gracia Aguilar, coordinó la investigación y recopilación de los documentos históricos que narran el proceso legislativo que culminó con la promulgación de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur.

El evento se llevará a cabo en el marco del cincuentenario de esa promulgación, en la Sala de Comisiones del Congreso, a las 12:00 horas; contará con las intervenciones de la diputada Alondra Torres García, Presidenta de la Diputación Permanente, del diputado Eduardo Valentín Van Wormer Castro, el diputado constituyente Eligio Soto López, Rodrigo Serrano Castro en representación del Poder Judicial, del Rector de la UABCS, Dante Arturo Salgado González y el propio Director del Instituto de Estudios Legislativos.

El documento podrá ser consultado por estudiantes, investigadores e historiadores en la página www.cbcs.gob.mx del Poder Legislativo.

IMAGEN: Gobierno del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). En cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo, que establece en sus ejes transversales acciones en materia de sustentabilidad y cambio climático, el gobernador Víctor Castro Cosío, publicó en el Boletín Oficial la nueva Ley de Cambio Climático para BCS.

Carolina Armenta Cervantes, titular de la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEPUIMM), recordó que esta iniciativa fue presentada por el mandatario el 25 de julio de 2023 ante el Congreso del Estado. Posteriormente, a un proceso de consenso y análisis, la actual XVII Legislatura aprobó la Ley en sesión celebrada el 14 de diciembre de 2024.

Allí se establecen las bases para estructurar acciones que promuevan el incremento en la resiliencia del Estado ante los efectos del cambio climático y la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero. Su objetivo general es garantizar el derecho de las personas a un medio ambiente sano y definir la Política Estatal en materia de Cambio Climático.

Asimismo, la Ley contempla la aplicación de diversos instrumentos de política climática y económicos, fomentando la participación de organizaciones sociales y privadas. Además, promueve el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno para garantizar una implementación eficaz.

Finalmente, Armenta Cervantes destacó que, en el proceso de construcción de esta Ley, la Dirección de Cambio Climático de la SEPUIMM organizó diversas mesas de trabajo, en las cuales participaron academias, asociaciones civiles e instancias gubernamentales, permitiendo así la elaboración de un documento socializado y adaptado a las necesidades de la entidad.

FOTOS: Internet.

Vientos de Pueblo

José Luis Cortés M.

San José del Cabo, Baja California Sur (BCS). BCS, un estado que brilla por su belleza natural y su creciente industria turística, enfrenta un desafío que se oculta tras el esplendor de sus playas: el desempleo. A pesar de que las cifras oficiales apuntan a una tasa de desocupación relativamente baja, del 2.41% en el segundo trimestre de 2024, la realidad del mercado laboral es mucho más compleja y revela un panorama lleno de contradicciones y desigualdades.

La población económicamente activa (PEA) en la entidad asciende a aproximadamente 467 mil 275 personas, de las cuales 456 mil están ocupadas. Sin embargo, detrás de estos números se encuentra una alarmante tasa de informalidad laboral, que alcanza el 36.9%. Esto significa que una gran parte de los trabajadores carece de acceso a prestaciones sociales, seguridad social y estabilidad laboral. En este contexto, la precariedad se convierte en la norma para muchos sudcalifornianos.

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Omar Antonio Zavala Agúndez, secretario del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social de BCS, ha destacado que la baja tasa de desempleo es resultado de la colaboración entre el gobierno y el sector empresarial. Sin embargo, esta colaboración no parece haber logrado abordar las necesidades de los sectores más vulnerables. Los jóvenes recién egresados enfrentan un mercado laboral que no les ofrece oportunidades adecuadas a su formación, mientras que los adultos mayores son a menudo excluidos de un sistema que parece haber olvidado su valía.

La llegada constante de trabajadores provenientes de otras entidades del país ha creado un “mercado flotante” en BCS. Muchos llegan con la esperanza de encontrar empleo temporal, pero se ven obligados a marcharse rápidamente en busca de mejores oportunidades en otros lugares. Este fenómeno no sólo refleja la inestabilidad del empleo local, sino que también ejerce presión sobre los recursos y servicios disponibles en la región.

A pesar de las iniciativas gubernamentales para fomentar el empleo formal y reducir la informalidad, como ferias del empleo y programas de capacitación, los resultados son decepcionantes. La creación de vacantes no siempre se traduce en oportunidades accesibles para todos. Aunque hay alrededor de 480 vacantes disponibles en La Paz y cerca de 600 en Los Cabos, muchos aspirantes no cumplen con los requisitos o simplemente no tienen acceso a la información necesaria para postularse.

Los salarios también son un tema crítico. El salario promedio mensual en BCS es de 11 mil 400 pesos, cifra que puede parecer atractiva, pero que no garantiza una calidad de vida digna. La inflación y el aumento en el costo de vida han erosionado el poder adquisitivo de muchas familias, dejando a muchos trabajadores luchando por llegar a fin de mes.

La desigualdad social se manifiesta claramente en el acceso al empleo. Las mujeres representan el 40.5% de la fuerza laboral, pero enfrentan barreras significativas para acceder a puestos bien remunerados y estables. La falta de políticas efectivas que promuevan la igualdad laboral agrava esta situación.

El impacto del desempleo va más allá del ámbito económico; afecta también la salud mental y emocional de la población. La incertidumbre económica genera ansiedad y estrés entre quienes buscan trabajo o quienes están atrapados en empleos informales, sin futuro claro. Esta situación no sólo afecta a los individuos, sino también a sus familias y comunidades.

El panorama del desempleo en BCS es un reflejo complejo de oportunidades y desafíos. Aunque las cifras oficiales sugieren un estado saludable en términos laborales, la realidad detrás de esos números revela una lucha constante por parte de muchos sudcalifornianos por encontrar empleos dignos y estables. La informalidad laboral sigue siendo un obstáculo significativo que debe ser abordado con urgencia.

Para enfrentar estos retos, es fundamental que tanto el gobierno como el sector privado trabajen juntos para crear políticas inclusivas que promuevan no sólo la generación de empleos, sino también su formalización y estabilidad. La inversión en educación y capacitación será crucial para preparar a las nuevas generaciones para un mercado laboral cambiante y exigente.

BCS necesita mirar más allá de las estadísticas optimistas sobre el desempleo. Es imperativo reconocer las realidades complejas del mercado laboral y trabajar hacia soluciones sostenibles que beneficien a todos sus habitantes. La lucha por empleos dignos debe ser una prioridad si se desea construir un futuro donde cada sudcaliforniano tenga acceso a oportunidades laborales satisfactorias y equitativas.

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AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

FOTO: Archivo.

Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). En un régimen democrático, el sistema de pesas y contrapesas (checks and balances) entre los tres poderes del Estado—Legislativo, Ejecutivo y Judicial— es un mecanismo de control y equilibrio que busca evitar la concentración del poder en una sola entidad. Cada poder tiene ciertas facultades y limitaciones que evitan que alguno de ellos abuse de su autoridad.

El Poder Legislativo depositado en el Congreso, puede:

• Aprobar o rechazar leyes propuestas por el Ejecutivo.
• Realizar investigaciones y auditorías al Ejecutivo.
• Remover al presidente de la República o a personas juzgadoras mediante un proceso de juicio político.

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El Poder Ejecutivo depositado en el Presidente de la República puede:

• Vetar leyes aprobadas por el Legislativo.
• Proponer candidatos a Mmnistros judiciales, sujetos a elección del Legislativo.
• Convocar a sesiones extraordinarias del Legislativo.

El Poder Judicial depositado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede:

• Declarar inconstitucionales leyes o acciones del Ejecutivo.
• Juzgar y remover a funcionarios, agotado el requisito de procedencia a cargo del poder legislativo.
• Interpretar la Constitución y las leyes que de ella emanan, resolviendo conflictos entre autoridades, entre poderes y entre particulares.

El sistema de pesas y contrapesas —con algunas variantes— es el sistema democrático por excelencia, y busca:

1. Evitar la tiranía: Impide que un poder abuse de su autoridad.

2. Proteger los derechos: Garantiza que las leyes y acciones gubernamentales respeten los derechos fundamentales.

3. Fomentar la colaboración: Anima a los poderes a trabajar en armonía y a encontrar consensos.

De esta manera, el sistema de pesas y contrapesas es esencial para mantener el equilibrio y la estabilidad en un régimen democrático.

El sistema de pesas y contrapesas tiene sus raíces en la filosofía política y la historia de las instituciones gubernamentales. Entre sus antecedentes, destacan:

Filósofos griegos y romanos: Platón y Aristóteles analizaron la importancia de la separación de poderes para evitar la tiranía. Cicerón y Polibio también abordaron este tema.

Magna Carta (1215): Este documento estableció limitaciones al poder real en Inglaterra, sentando las bases para la separación de poderes.

John Locke (1632-1704): En su obra Dos tratados sobre el gobierno civil, Locke argumentó que el poder debe dividirse para evitar abusos.

Montesquieu (1689-1755): En El espíritu de las leyes, Montesquieu desarrolló la teoría de la separación de poderes, proponiendo la división en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Revolución Inglesa (1688): La Revolución Gloriosa estableció la supremacía del Parlamento y limitó el poder real.

Revolución Francesa (1789): La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789) y la Constitución de 1791 reflejaron la influencia de Montesquieu.

Constitución de los Estados Unidos (1787): Los Padres Fundadores, influenciados por Montesquieu y Locke, diseñaron un sistema de gobierno con separación de poderes y un sistema de pesas y contrapesas.

Sistema Constitucional Mexicano (1824): El 4 de octubre de 2024 celebramos 200 años de constitucionalismo basado en el equilibrio de poder que brinda el sistema de pesas y contrapesas, con limitaciones e imprecisiones, pero en constante progreso, culminando en la reforma de 1911 que convirtió nuestra carta magna en garante irrestricto de los derechos humanos y su progresividad, al establecerse e control de la constitucionalidad y la convencionalidad a que todo acto de autoridad debe estar sujeto.

El sistema de pesas y contrapesas ha sido adoptado y adaptado por diversas democracias, evolucionando a lo largo del tiempo para responder a desafíos y necesidades específicas. Es resultado de la búsqueda de un equilibrio entre la eficacia gubernamental y la protección de los derechos y libertades individuales.

En México, con la imposición en bloque del grupo político mayoritario en el Congreso, se modificó la Constitución para desarticular el poder judicial y privarlo de autonomía, ya que, al someter la designación de jueces y magistrados a elección popular, se estableció un procedimiento sujeto al control del grupo político en el poder.

Finalmente, al establecer en la reforma constitucional denominada inimpugnabilidad, terminan por privar al Poder Ejecutivo de revisar la inconstitucionalidad o inconvencionalidad de las reformas al texto constitucional.

Esta reforma termina por eliminar del sistema político mexicano el equilibrio de poderes, al suprimir la facultad más importante que en el sistema de pesas y contrapesas se asigna al poder judicial, el ser garante de la constitucionalidad.

Los grandes perdedores en este ejercicio de concentración de poder en manos del grupo político dominante, somos los gobernados, que ya no podremos acudir al amparo cuando nuestros derechos fundamentales sean violados o amenazados por una reforma constitucional

Nuestra Carta Magna ha dejado de ser la garantía de legalidad y equilibrio de poder en el ejercicio público, para convertirse en un cheque en blanco a los caprichos, excesos y ocurrencias del grupo mayoritario en el poder, sin importar el alcance de sus repercusiones.

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FOTOS: Internet.

El librero

Ramón Cuéllar Márquez

Lo que no se nombra, no existe.

Claudia Sheinbaum Pardo

La Paz, Baja California Sur (BCS). Cuando México perdió más de la mitad del territorio nacional con la invasión estadounidense de 1846-1848, incluyó la pérdida de la Alta California y con ello la apropiación de la palabra California por parte de EEUU, pues una vez dueños de la tierra fue fácil tumbarle el «Alta» al nombre. Por su parte, luego de eso, México y los bajacalifornianos tuvieron que defender el territorio ante los constantes intentos bélicos y amenazas políticas estadounidenses de quedarse también con la península. El Gral. Márquez de León fue defensor cuando el comodoro Jones intentó anexarse la península por la fuerza en 1946, y luego enfrentó en 1853 al navegante filibustero William Walker, quien pretendía crear la «República de las Dos Estrellas»; asimismo, Lázaro Cárdenas en el siglo XX ordenó la colonización de Baja California con mexicanos nacionales y mexicanos provenientes de Estados Unidos en los años 1935-1939 para evitar su vulnerabilidad ante la codicia extranjera.

No obstante, al final, por otro lado, tuvimos que conformarnos con que la península se quedara con «Baja» California, es decir, no hicimos como EEUU, no eliminamos el «Baja» sino que lo conservamos y lo volvimos oficialmente parte del nombre. Ese, pienso, fue un error. Ya conocemos cómo es que «California» se volvió nombre de un territorio al que llegaron los españoles, porque por aquellos años circulaba un libro de Garci Rodríguez de Montalvo, Las sergas de Esplandián, donde se contaba de una isla California llena de oro y joyas, riquezas inmensas, esas cosas que a los españoles de la conquista volvía locos. Hernán Cortés creía que esa historia era cierta y por ello, cuando arribó, pensó que se trataba de la California de «Las sergas…» (se topó con la realidad de unas tierras desérticas).

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Y así se llamó. Por cierto, en algún momento Loreto se convirtió en la capital de las tres Californias, lo cual confirma la fortaleza nominal histórica. Luego los investigadores en su rescritura de la Historia de la península la llamaron «Antigua California» y a los indígenas originarios (hoy por completo desaparecidos) «antiguos californios» o solo «californios«. La Baja California se dividió en dos, la Sur y la Norte. Ambas fueron Distritos, Territorios y al final Estados constitucionales, donde Baja California eligió llamarse de ese modo primero, como aparece desde la promulgación de su Constitución Política desde el 16 de enero de 1952. En el caso de la Sur tardó unos años más en convertirse en estado, el 8 de octubre de 1974, y asumió el nombre de Baja California Sur, un nombre por demás largo, donde el gentilicio se antoja imposible. Sin embargo, los habitantes de BCS se autodenominan «sudcalifornianos», una manera de aferrarse y apegarse a California, un nombre no oficial que da cierta identidad.

Ciento setenta y seis años después de que se cediera más de la mitad del territorio nacional (Tratado Guadalupe-Hidalgo, firmado el 2 de febrero de 1848, en la Villa de Guadalupe Hidalgo, Ciudad de México), los estadounidenses a la Baja California le dicen «Baja» y al Golfo de California le dicen «Mar de Cortés», donde desaparece la palabra California. Incluso en México, en el caso de BCS, dicen «Baja Sur»; de remate, muchos oriundos del Estado dicen «La Baja». En La Paz hubo un hotel que se llamó o se llamaría «Hotel Gran Baja» o la famosa carrera off-road la llaman «Baja Mil» (durante un tiempo se intentó llamarla «Baja California Mil», pero se volvió al mismo, aunque para serles franco, no sé si se sigue llamando «Baja California Mil» y le dicen «Baja Mil» por asuntos comerciales; huelga decir, «La Baja Mil» fue una hechura gringa: creada por Dave Ekins y Bill Robertson Jr. en 1962, cuando partieron de Tijuana, Baja California, en dos motocicletas Honda con destino a La Paz, BCS).

En la Constitución Política de BCS, desde el 31 de diciembre de 1982 está prohibido que oficialmente se omita California de eventos, instituciones o en giros comerciales, que en el caso de estos últimos de poca cosa ha servido porque por todos lados vemos anuncios con la palabra «Baja» y jamás se les sanciona ni se les llama la atención: «Ley para que en lo sucesivo se utilice en nombre completo de Baja California Sur y se suprima el calificativo ‘Baja’«.

Existe un cierto arraigo al nombre de BCS, porque cuando nos confunden con la Baja California, de inmediato gritamos «¡Suuuuur!» para recordar que no somos lo mismo (lo cual da una idea de separación eterna irrenunciable). He de decir que se me antoja una Baja California unida, como Vietnam y otras naciones lo hicieron, tumbarle el «Baja» y quede solo California: los californianos mexicanos en una sola pequeña patria. Pero ese es un debate intelectual que sólo se da entre historiadores, académicos, ensayistas, poetas, narradores (un círculo vicioso perenne que no lleva a ningún lado), no entre los políticos, o al menos no he escuchado que se den acalorados debates públicos al respecto o que exista una propuesta oficial al respecto (al parecer ni siquiera quieren arrancar para ponerlo en la arena pública).

Se les ha planteado a los gobernantes a través de medios escritos, de voz a voz, que se cambie la Constitución local y federal para tal efecto, pero replican que «hay cosas más importantes que atender»; me da la impresión de que no quieren tocar el asunto por razones políticas ¿por temor a EEUU?, ¿para no mover el tapete?, ¿por indiferencia? De este modo, como vemos, al momento de perder la Alta California también el nombre se ha ido difuminando poco a poco hasta que, puede ser, nos llamemos en el futuro, en efecto, Baja Norte y Baja Sur y seamos Bajeños, hasta que la ocupación e invasión territorial se complete con la apropiación cultural (y robo nominal) de la palabra California.

Estoy convencido de que California, su espíritu, su historia, su identidad deben politizarse, defenderse y ganarse en el terreno político, abrir la discusión pública, es decir, el vocablo como si se tratara del mismísimo territorio, porque, a mi parecer, estamos muy conformes y acomodados a que en la palabra vayamos perdiendo la batalla, donde sólo nos queda despotricar cada que alguien omite California, pero en la realidad nos quedamos sumisos y sin mayores aspavientos perdiendo con ello la cuestión identitaria. Siento que este alegato no ha concluido: 29 estados de la República tienen un nombre con el que se identifican de inmediato, entonces, ¿por qué no llevar al terreno político la palabra California? ¿Cómo llamarnos de tal modo que California abarque más allá de su Golfo?

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