FOTO: Congreso de BCS.

La Paz, Baja California Sur (BCS). El diputado Venustiano Pérez Sánchez presentó ante el Pleno de la XVII Legislatura una proposición con punto de acuerdo para exhortar a las presidentas y presidentes municipales de los cinco ayuntamientos de Baja California Sur a instruir a las áreas de seguridad pública y tránsito para que observen y apliquen correctamente las disposiciones vigentes sobre polarizados vehiculares contenidas en la Ley de Tránsito Terrestre del Estado y Municipios.

La propuesta recuerda que, mediante el Decreto 3249, publicado el 31 de enero de 2026, se establecieron reglas claras sobre el uso de películas de control solar en los vehículos, permitiendo el oscurecimiento de vidrios laterales y traseros dentro de parámetros específicos y obligando a las autoridades a utilizar instrumentos certificados para medir el nivel de transmisión de luz.

El legislador señaló que ninguna sanción debe imponerse con base en apreciaciones subjetivas de los elementos de tránsito, ya que la propia ley establece la obligación de utilizar equipos especializados para determinar si un vehículo cumple o no con los límites permitidos.

Pérez Sánchez destacó que las condiciones climáticas de Baja California Sur hacen del polarizado una medida de protección para miles de automovilistas frente a la intensa radiación solar y las altas temperaturas que se registran durante gran parte del año.

Mediante el exhorto, se solicita además que los ayuntamientos armonicen sus reglamentos municipales con las disposiciones estatales vigentes y que cesen los operativos que generen molestias a los ciudadanos cuando no se realicen conforme a lo establecido en la ley.

La asamblea aceptó la propuesta de adhesión al punto de acuerdo del diputado Sergio Ricardo Huerta Leggs para que se dote a los elementos de vialidad de los instrumentos necesarios para la medición de la graduación de la película solar en las unidades.

FOTO: Congreso de BCS.

La Paz, Baja California Sur (BCS). El Congreso del Estado aprobó por unanimidad exhortar al Director General de Educación Básica, José María Hernández Manríquez, y al Director de Educación Primaria, Edgar Salvador Ruelas Andrade, ambos de la Secretaría de Educación Pública (SEP BCS), para que, en el ámbito de sus atribuciones, realicen una revisión puntual de las condiciones de la escuela primaria “Estado de Sonora”, clave 03DPR0176I, del Ejido San Lucas, municipio de Mulegé, y se coordinen con las áreas correspondientes para atender las necesidades planteadas por las y los estudiantes.

Se trató de una proposición con punto de acuerdo presentada por la diputada Teresita de Jesús Valentín Vázquez, mediante la cuales se busca poner en evidencia y atender las necesidades básicas para el funcionamiento digno y seguro de la escuela primaria “Estado de Sonora”, incluyendo el acceso al agua, la higiene de los sanitarios, la existencia de condiciones adecuadas para el recreo y la recolección de basura.

Valentín Vázquez explicó que lo anterior deriva de diversas cartas recibidas de Evelin, Lukas, Isaac, Servando, alumnas y alumnos de la Escuela Primaria “Estado de Sonora”, ubicada en San Lucas, en las que expresan preocupaciones muy concretas relacionadas con la falta de agua suficiente, la necesidad de tinacos o cisternas, la renovación de sanitarios, la recolección de basura y la falta de juegos recreativos dentro de su plantel.

“No se trata de señalar por señalar, se trata de que la voz de la niñez sirva para activar a las instituciones competentes, se trata de acompañar, gestionar y exhortar con respeto, pero también con claridad, para que las necesidades planteadas no queden sin atención”, afirmó la legisladora.

Las diputadas Alondra Torres García (PT) y Lupita Saldaña Cisneros (PAN), así como el diputado Christian Fabrizio del Castillo Miranda (PRI), expresaron su respaldo a las acciones en favor de la niñez y la educación. Mientras la diputada Alondra Torres reconoció el ejemplo de esfuerzo y valentía del joven Servando de Jesús, proponiendo una colecta para apoyarlo en el cumplimiento de sus metas.

La diputada Lupita Saldaña señaló las carencias de infraestructura y servicios básicos que enfrentan diversas escuelas, y pidió que sea incluida en el exhorto la atención oportuna de la primaria “Estado de Sonora”, de todas las demás en la entidad.

Por su parte, el diputado Christian Fabrizio del Castillo destacó la necesidad de incrementar los recursos destinados al sector educativo y llamó a construir acuerdos presupuestales que fortalezcan la infraestructura escolar y atiendan las necesidades de la comunidad educativa en Baja California Sur.

FOTO: Gobierno del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Durante la Conferencia para el Pueblo, el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío destacó que Baja California Sur mantiene una política laboral orientada a fortalecer los ingresos de las familias, generar empleo y lograr que el crecimiento económico se refleje en bienestar social.

El mandatario resaltó la paz laboral que distingue a la entidad, donde las diferencias entre trabajadores y empleadores se han resuelto mediante el diálogo y la conciliación, fortaleciendo la estabilidad y la confianza para la inversión. Asimismo, reiteró el compromiso de su administración de seguir promoviendo la actividad económica y la creación de oportunidades para las y los sudcalifornianos.

Por su parte, Omar Antonio Zavala Agúndez, secretario del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social (STByDS), informó que durante la presente administración se han recuperado cerca de mil 455 millones de pesos en favor de trabajadoras y trabajadores de Baja California Sur.

El titular del área precisó que estos recursos corresponden a salarios, finiquitos, prestaciones, convenios, laudos y otros derechos laborales. Añadió que este resultado es producto del trabajo entre el Centro de Conciliación Laboral del Estado, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y la Procuraduría General de la Defensa del Trabajo.

Zavala Agúndez mencionó que Baja California Sur se ubicó en el primer trimestre de 2026 como la entidad con menor pobreza laboral del país, con una tasa de 14.1 por ciento, frente al promedio nacional de 30.7 por ciento.

Asimismo, señaló que estos avances forman parte de las acciones impulsadas en materia laboral, entre las que destacan la recuperación del salario mínimo, vacaciones dignas, democracia sindical y el fortalecimiento de la justicia laboral.

Finalmente, resaltó la coordinación que mantiene el Gobierno del Estado con el sector empresarial, relación que ha contribuido a la generación de más de 50 mil empleos formales en la entidad.

FOTO: Congreso de BCS.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Con el objetivo de fortalecer la protección de los derechos humanos y responder a nuevas formas de exclusión social, el Congreso de Baja California Sur recibió una iniciativa para expedir una nueva Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la entidad.

La propuesta fue presentada por la diputada Alondra Torres García y el diputado Martín Escogido Flores, y plantea una actualización integral de la legislación vigente, incorporando herramientas para prevenir, atender, sancionar y reparar actos discriminatorios.

La iniciativa está integrada por 74 artículos, ocho capítulos y ocho disposiciones transitorias, bajo principios como igualdad, inclusión, accesibilidad, perspectiva de género, interseccionalidad, participación ciudadana y cultura de paz.

Se reconocen diversas modalidades de discriminación, como la directa, indirecta, estructural, sistémica, interseccional y por asociación. Se establecen sanciones administrativas para quienes cometan actos discriminatorios. Las multas podrían ir de 20 a 1300 veces el valor diario de la UMA, además de contemplar trabajo comunitario.

Se amplía la protección legal para mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas jóvenes y adultas mayores, personas con discapacidad, comunidades indígenas y afromexicanas, población LGBTTTIQNB+, personas migrantes, en situación de calle, privadas de la libertad y otros sectores considerados prioritarios.

Con la ley, se crea el Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, un organismo público descentralizado con autonomía técnica y de gestión, el cual emitirá políticas públicas, atenderá quejas y reclamaciones, emitirá resoluciones, impulsará campañas de sensibilización con indicadores y evaluación de resultados. La nueva legislación busca convertir la igualdad en una obligación para las instituciones, mediante seguimiento y evaluación combatir la discriminación eficazmente.

FOTO: Congreso de BCS.

La Paz, Baja California Sur (BCS). La protección de la infancia frente a cualquier forma de violencia motivó la presentación de una iniciativa que busca reforzar las restricciones legales para la recuperación de la patria potestad en Baja California Sur.

La diputada Alondra Torres García presentó una propuesta de reforma a los Artículos 511 y 513 del Código Civil del Estado, con el propósito de privilegiar el interés superior de niñas, niños y adolescentes cuando hayan sido víctimas de violencia física o sexual por parte de quienes ejercían sobre ellos la patria potestad.

La iniciativa plantea que, en los procedimientos de restitución de este derecho, los juzgados cuenten con una valoración pericial psicológica formal sobre la personalidad del solicitante, sustituyendo la figura actualmente prevista de un diagnóstico psicológico, con la finalidad de contar con elementos más sólidos para evaluar su capacidad de crianza y rehabilitación.

También se propone establecer de manera expresa que no proceda la recuperación de la patria potestad cuando la pérdida de esta haya sido consecuencia de hechos de violencia física o sexual cometidos en contra de niñas, niños o adolescentes.

La legisladora argumentó que la protección integral de la infancia exige mecanismos legales que eviten exponer nuevamente a las víctimas a entornos de riesgo, particularmente en casos donde existieron agresiones que vulneraron su desarrollo, dignidad e integridad.

La propuesta fue turnada para su análisis legislativo a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia, Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Afromexicanos y de Atención a Grupos Vulnerables y a Personas con Discapacidad.