La Paz, Baja California Sur (BCS). La diputada por el PAN, Guadalupe Saldaña Cisneros, presentó hoy en el Congreso del Estado una iniciativa con proyecto de decreto que propone expedir la Ley de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación en Baja California Sur.

Se trata de una ley que establece desarrolla y especifica el derecho humano a la ciencia, reconocido por la Ley General y por la Relatoría Especial de la ONU.

Es una ley de fomento, promoción, instrumentos y acciones para detonar las humanidades, las ciencias, las tecnologías y la innovación, como elementos fundamentales del desarrollo integral y sustentable de nuestra entidad federativa.

De aprobarse, BCS sería una de las primeras entidades federativas en contar con una nueva Ley, guiada por la reciente Ley General, como fue también la adición al Artículo 6 de la Constitución Estatal, aprobada el pasado 29 de abril, que otorga rango constitucional a la obligación del Estado de promover, fomentar e impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación para el desarrollo integral, sustentable y competitivo de Baja California Sur.

“Hoy Baja California Sur tiene la oportunidad de estar entre las primeras entidades del país en contar con una Ley moderna, útil y alineada a la visión nacional e internacional que impulsa la ciencia con sentido humano y de beneficio colectivo”, expresó Lupita Saldaña.

Es importante destacar que no se proponen nuevas autoridades ni se incrementa el gasto público para la implementación y ejecución de la Ley, no busca un replanteamiento de la administración pública, sólo fortalecer lo que hoy existe.

Además, se establecen bases de las políticas públicas en la materia de humanidades, ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo de capacidades para la protección del medio ambiente y el acceso al agua potable en el Estado, considerando su posición geográfica privilegiada.

Durante su mensaje, explicó que esta iniciativa tiene un solo objetivo: acercar el conocimiento a la gente, para que no sea sólo cosa de investigadores o universidades, sino que sirva para resolver los problemas de todos los días, como el acceso al agua, la salud, el empleo o el cuidado del medio ambiente.

“Aquí hay mucho talento. Lo que falta es darle herramientas, apoyos y espacio para crecer. Con esta ley, el conocimiento se convierte en palanca de desarrollo para todos”, indicó la legisladora.

Finalmente, la diputada llamó a todas y todos los legisladores, académicos y ciudadanos a sumar esfuerzos para que Baja California Sur tenga una Ley moderna, clara y útil.

FOTOS: Congreso del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). La presidenta de la Comisión Permanente de la Diversidad Sexual del Congreso del Estado, diputada Alondra Torres García, encabezó la instalación del III Parlamento Sudcaliforniano de la Diversidad Sexual, donde destacó el compromiso del Poder Legislativo de continuar garantizando espacios de participación plural, así como de impulsar un marco legal progresista e incluyente que atienda los derechos y necesidades de la comunidad LGBTTTIQ+ en BCS.

“Todas y todos queremos lograr una sociedad más justa, igualitaria, libre de prejuicios, discriminación y violencias”, expresó la legisladora ante las y los integrantes del parlamento, así como representantes de los tres órdenes de gobierno.

Las diputadas Teresita de Jesús Valentín Vázquez y Arlene Moreno Maciel, secretarias de la Comisión Permanente de la Diversidad Sexual, también refrendaron el compromiso del Congreso del Estado de poner su mayor esfuerzo para que este parlamento posicione los temas fundamentales de la diversidad sexual, promoviendo propuestas que surjan de todas las voces del estado.

“Sabemos que el reto es grande, pero más grande es la oportunidad de vivir estos momentos cruciales para sentar un precedente de inclusión y respeto”, coincidieron las legisladoras.

El parlamento se desarrolla en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Diversidad Sexual, como una acción afirmativa que promueve la participación ciudadana y visibiliza las realidades de los sectores históricamente discriminados.

Al concluir la ceremonia de instalación, se contó con la destacada participación de la diputada federal Laura Hernández García, secretaria de la Comisión Ordinaria de la Diversidad Sexual en la Cámara de Diputados, quien impartió la conferencia «Avances y Retos para un Marco Jurídico Incluyente, Igualitario y Libre de Discriminación para las Personas de la Diversidad Sexual».

Este espacio de diálogo permitió reflexionar sobre la importancia de avanzar hacia un marco legal más inclusivo, equitativo y respetuoso de todas las personas, sin importar su orientación sexual o identidad de género.

Con este ejercicio legislativo, BCS reafirma su liderazgo en la construcción de políticas públicas con enfoque de derechos humanos, inclusión y diversidad.

Las actividades del parlamento concluirán el próximo miércoles 25 de junio con la sesión solemne, que se llevará a cabo en la Sala de Sesiones José María Morelos y Pavón del Congreso del Estado, a partir de las 10:00 horas.

FOTO: Archivo.

Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). El derecho humano al agua se fundamenta en la garantía de que toda persona pueda disponer de agua en cantidad suficiente, de calidad adecuada y en condiciones que permitan satisfacer las necesidades básicas de la vida. Esto incluye el agua para beber, cocinar, el aseo personal y otros usos domésticos esenciales.

En síntesis, este derecho reconoce que sin acceso a un recurso vital como el agua es imposible ejercer otros derechos fundamentales, como el derecho a la salud, la alimentación, la vivienda o el medio ambiente sano.

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El derecho humano al agua implica que este recurso debe ser administrado de forma equitativa, sostenible y accesible. Esto no solo significa que el agua debe estar disponible, sino también que su costo y distancia no representen una barrera para las personas, garantizando que el acceso no sea el privilegio de unos pocos, sino un bien público destinado a mejorar la calidad de vida y a promover el desarrollo sostenible. Para ello, el Estado tiene la obligación de implementar políticas y leyes que regulen su distribución, preservación y uso racional, evitando la privatización o sobreexplotación que pudiera afectar a comunidades vulnerables.

Resoluciones relevantes de la SCJN

Amparo en Revisión 269/2013

El acceso al agua potable forma parte del contenido esencial del derecho a una vida digna. Este precedente establece que el Estado tiene la obligación de garantizar un mínimo vital de agua, incluso en contextos de pobreza o marginación.

Acción de Inconstitucionalidad 49/2014

La SCJN determinó que el corte del suministro sin notificación previa vulnera derechos fundamentales, como el debido proceso y el acceso al agua.

Amparo Directo en Revisión 4441/2020

La Corte reafirmó que el servicio de agua potable, aun cuando sea prestado por particulares, debe respetar los estándares del derecho humano al agua. Se resolvió que los usuarios tienen derecho a ser informados antes de cualquier suspensión del servicio, salvo en casos de falta reiterada de pago.

Tesis Aisladas y Jurisprudencia

La SCJN ha emitido en múltiples tesis que el agua es un bien público y que su acceso debe ser equitativo, suficiente, salubre y asequible. Estas tesis también han abordado la relación del derecho al agua con otros derechos, como el medio ambiente sano y la salud.

Resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Por expreso sometimiento del Estado mexicano a la jurisdicción de la CIDH, las siguientes resoluciones son vinculantes, y, por tanto, es obligatorio su cumplimiento para México, aunque nuestra nación no haya sido parte en la controversia generadora de la causa.

Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay (2005)

La falta de acceso al agua potable y alimentos adecuados vulnera el derecho a la vida digna de la comunidad indígena. Este caso marcó un hito al vincular el derecho al agua con el derecho a la vida en condiciones de dignidad.

Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay (2006)

Se reiteró que el Estado tiene la obligación de garantizar condiciones mínimas de subsistencia, incluyendo el acceso al agua, especialmente para comunidades en situación de vulnerabilidad.

Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay (2010)

La Corte reafirmó que la falta de acceso al agua potable y servicios básicos constituye una violación del derecho a la vida y a la integridad personal.

Caso Pacheco Teruel y otros vs. Honduras (2012)

En el contexto de personas privadas de libertad, la Corte señaló que las condiciones de detención, -incluyendo el acceso al agua-, deben respetar la dignidad humana.

La jurisprudencia de la CIDH establece que el derecho al agua es indispensable para garantizar otros derechos humanos. Aunque no esté expresamente consagrado en la Convención Americana, su protección se deriva de una interpretación evolutiva y pro persona del sistema interamericano.

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FOTO: Congreso del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Para fortalecer las funciones y atribuciones y reforzar su capacidad para diseñar, dirigir, ejecutar y evaluar programas, políticas públicas, relativas a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, la diputada Karina Olivas Parra propuso hoy, elevar a Secretaría de las Mujeres al actual Estatal al Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres (ISMUJERES).

Con una iniciativa con proyecto de decreto, presentada este jueves, la legisladora de la bancada del PT afirmó que pretende asegurar que estas políticas reciban el apoyo y la atención necesarios para hacer una diferencia significativa en la vida de las mujeres, adolescentes y niñas, mejorando así, la prestación de servicios públicos y la implementación de políticas públicas o acciones afirmativas.

En su disertación detalló que, al transformarse en la Secretaría de las Mujeres se formalizaría el cambio de naturaleza jurídica del organismo descentralizado integrándolo como una nueva dependencia dentro del Poder Ejecutivo del Estado.

Esta transición implica una reestructuración, potencialización y redefinición de sus funciones, importancia, responsabilidades y recursos presupuestales.

“Buscamos brindar las herramientas adecuadas para alcanzar los objetivos en la lucha por abatir las violencias, eliminar las desigualdades históricas y estructurales que enfrentan las mujeres en Baja California Sur”, dijo Olivas Parra.

Y es que, desde su óptica, se logrará una mayor coordinación interinstitucional en la toma de decisiones gubernamentales y la ejecución de acciones; mejor coordinación entre las distintas dependencias, optimizando recursos y esfuerzos para lograr un impacto en el diseño y aplicación de sus políticas públicas; y mayor capacidad de operar programas asistenciales, brindando apoyo directo a las mujeres, adolescentes y niñas en situación de vulnerabilidad.

FOTOS: Archivo | Congreso del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). La diputada Lupita Saldaña Cisneros hizo uso de la tribuna del Congreso del Estado para pronunciarse en contra de la iniciativa de ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión denominada Ley Censura, la cual fue presentada al Senado de la República el pasado 23 de abril por la Presidente de la Republica, Claudia Sheinbaum Pardo.

En su argumentación, Saldaña Cisneros explicó que, la iniciativa propone crear una agencia dependiente del gobierno, encargada de revisar todos los contenidos audiovisuales y bloquear discrecionalmente plataformas digitales, la cual, a decir de observaciones realizadas por especialistas, viola la privacidad, la libertad de expresión, así como la censura de contenido en Internet sin la necesidad de una orden judicial.

Aunado a ello, consideró como un acto de autoritarismo el que, además de la iniciativa de ley antes mencionada, se pretenda aprobar otras leyes como, la que crearía el registro de nacional de usuarios de telefonía móvil que le permitirá a las instituciones de seguridad pública, intervenir líneas telefónicas, poniendo en riesgo los datos personales de la ciudadanía.

Lupita Saldaña señaló que si bien los medios de comunicación serían los principales afectados, también toda aquella persona que publiquen en las diversas plataformas digitales, y a quienes se les podrá iniciar una carpeta de investigación, dejando a la vista un acto de censura y no de combate al acoso.