Violencia sexual infantil

FOTOS: Internet.

Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Una de las formas más severas de violencia es la violencia sexual infantil, cuyas repercusiones, lesionan física y emocionalmente a nuestra niñez, con consecuencias devastadoras para la víctima, su familia y la comunidad.

La jurisprudencia de la SCJN (RD2027850) establece que la violencia sexual se constituye con las acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento, las cuales pueden comprender la invasión física del cuerpo o actos que no involucren penetración o contacto físico. Los actos de naturaleza sexual pueden abarcar aquellos que se ejerzan con violencia física, pero también otros que se cometan por otros medios y que resulten igualmente lesivos y/o causen un daño o sufrimiento equiparable. La afectación a la sexualidad de la víctima es el bien jurídico tutelado.

También te podría interesar: ONU: Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes la define como todo contacto y/o actividad sexual entre un(a) niño(a) o adolescente y una persona que ejerce una posición de poder sobre él o ella, sin su consentimiento o valiéndose de amenazas, violencia física, psicológica u obteniendo su consentimiento por medio de engaño; para estimularse sexualmente o estimular a otras personas. El niño, niña y adolescente no comprende la gravedad del hecho por su inmadurez psicosexual y/o no está en condición de aceptar o negarse libremente.

Dependiendo del tipo de violencia sexual, la frecuencia, la duración, la fuerza ejercida y la relación afectiva del agresor/a con la víctima, la gravedad de los daños puede ocasionar lesiones físicas: lesiones en genitales, ano, boca, cara e infecciones de transmisión sexual y/o emocionales; problemas psicológicos como: depresión, ansiedad, dificultad para relacionarse, problemas sexuales futuros, disminución de la autoestima, odio hacia el propio cuerpo, sentir culpa, miedo a la intimidad, dificultad para poner límites, graves problemas de conducta, intentos de suicidio o agredir o de nuevo ser víctima de violencia sexual.

Entre las herramientas usuales del victimador(a), destacan como las más usuales: amenazas, seducción, engaño, mentira, chantaje, uso de la fuerza, abuso de una posición de confianza, de autoridad o influencia y/o de una situación de vulnerabilidad de la víctima, debido a una discapacidad o situación de dependencia.

Respecto a las conductas sexuales realizables por el violentador(a) es importante precisar que puede existir o no contacto físico, incitación verbal, manoseos o peticiones sexuales, exhibición de genitales, mostrar películas, imágenes pornográficas o de violencia sexual, sexo oral, penetración anal, genital u oral con cualquier objeto o parte del cuerpo.

Después del seno familiar, el campo de acción más frecuente de violencia sexual infantil es el centro escolar, seguido de los centros de formación religiosa, de actividades deportivas o recreativas. El común denominador es la calidad de autoridad que en esos campos ejerce el violentador sobre su víctima.

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN

En el hogar

Educación sexual: Habla con tus hijos sobre sexualidad, límites personales y consentimiento.
Establece límites claros: Enséñales a respetar su propio cuerpo y el de los demás.
Supervisa: Mantén una comunicación abierta y cercana con tus hijos.
Conoce a las personas que interactúan con tus hijos: Familiares, amigos, cuidadores o profesores.

En la comunidad

Promueve la educación sexual: En escuelas y comunidades.
Fomenta entornos seguros: Parques, centros recreativos y espacios públicos.
Apoya organizaciones: Que trabajan contra el abuso infantil.
Participa en campañas como el Día Internacional contra el Abuso Sexual Infantil (25 de noviembre).

En las instituciones

Políticas de protección: Implementa protocolos de prevención en escuelas, iglesias y organizaciones.
Capacitación: Entrena a personal y voluntarios sobre prevención y detección.
Supervisión: Monitorea interacciones entre adultos y niños.
Mecanismos de denuncia: Establece procedimientos claros para reportar sospechas.

En línea

Vigila el uso de Internet: Monitorea actividades en línea de tus hijos.
Habla sobre seguridad digital: Educación sobre riesgos y precauciones.
Utiliza herramientas de seguridad: Software de control parental.
Reporta contenido inapropiado a plataformas y autoridades.

Señales de alerta

– Cambios de comportamiento.

– Miedo o evasión hacia ciertas personas.

– Conocimiento inapropiado sobre sexualidad.

– Lesiones o marcas inexplicables.

La prevención es clave. La educación, la comunicación y la vigilancia constante pueden ayudar a proteger a los niños contra la violencia sexual. Es importante que todos los padres de familia conozcan el protocolo de actuación para prevenir detectar y actuar en los casos de violencia sexual infantil, y participen en programas de capacitación y acción a nivel vecinal y escolar. Para descargar el protocolo completo haz clic AQUÍ.

—–

AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

ONU: Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030

FOTO: Internet.

Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, trazándola como una estrategia de oportunidades para que naciones y sociedades construyan lo que denominaron “una vida mejor».

Cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (OSD), cuyo postulado conjunto es la erradicación de la pobreza y el crecimiento económico, atendiendo las necesidades sociales básicas: educación, sanidad, protección social y perspectivas de empleo; todo ello de la mano con los programas tendientes al combatir el cambio climático y proteger el medio ambiente.

También te podría interesar: Reforma Judicial: la contrapropuesta de la Corte

El objetivo general se puede sintetizar en la búsqueda de un mundo mejor, conforme a los patrones y valores que consagra la ONU en sus postulados básicos.

Objetivos

Fin de la pobreza.- 700 millones de personas viven actualmente en situación de pobreza extrema.
Lucha contra el hambre y mejora de la agricultura sostenible.- 135 millones de personas padecen hambre severa. Es imperativo implementar una política sin sobreexplotación del campo ni afectación al medio ambiente.
Vida sana y bienestar.- Se busca ampliar la expectativa de vida y abatir la mortandad materno infantil.
Educación igualitaria.-260 millones de niños no reciben educación escolarizada. Es imperativo abatir el analfabetismo. Se busca un enfoque universal de educación ambiental.
Igualdad de género.- Se enarbola la bandera de lucha contra la injusticia patriarcal universal. Se busca abatir las leyes y reglamentos que imponen a la mujer situaciones de desventaja en materia laboral, educativa y de acceso a cargos públicos. Abatir el matrimonio infantil.
Disponibilidad de agua, gestión sostenible y saneamiento.- Combatir la mortandad humana asociada a factores patógenos relacionados con aguas estancadas y/o contaminadas. La implementación sistematizada de sistemas y medidas de saneamiento para prevenir la contaminación de las fuentes de agua.
Energía asequible y limpia.-Desarrollar fuentes de energía limpia para frenar, disminuir y abatir el cambio climático. Reducir la contaminación reduciendo el uso de combustibles fósiles y reducir las enfermedades generadas por la polución. Impulsar la accesibilidad energética.
Crecimiento económico sostenible.-Millones de personas se ven obligadas a laborar en condiciones precarias e indignas para subsistir. Los empleos peor remunerados son para mujeres y niñas.
Infraestructuras resilientes.- Se busca alcanzar una industrialización global inclusiva, resiliente y sostenible. Reducción de tasas impositivas y mejor redistribución de la riqueza.
Desigualdad global.- Implementar políticas públicas tendientes a combatir las desigualdades sociales muy pronunciadas que existen entre países del norte y del sur.
Ciudades y asentamientos.-Todo espacio debe ser seguro e inclusivo. Abatir las causas de las migraciones, tales como el éxodo del campo, la violencia y criminalidad, el desempleo y demás factores generadores de desigualdad social y económica.
Producción y consumo respetuoso.- Desarrollar modelos de producción sostenible con una visión de economía circular y local.
Cambio climático.- De no alcanzar los objetivos del Acuerdo de París —abatir dos grados—, los daños ecológicos serán severos e irreversibles, con graves consecuencias para los más desposeídos.
Conservación de los océanos.- Terminar con la sobre pesca y los plásticos en el mar.
Bosques y desertificación.- Frenar la desertificación que genera pérdidas en la biodiversidad y grandes desplazamientos poblacionales.
Sociedad justa e inclusiva.- Incrementar la lucha cultural para abatir la xenofobia, machismo, aporofobia, gerontofobia, gordofobia, homofobia, maltrato infantil, los abusos sexuales, etcétera.
Alianza Mundial para los ODS.- Buscar el entendimiento y compromiso entre gobiernos, empresas privadas y ciudadanos, en busca de alcanzar los objetivos trazados y alcanzar una sociedad global más justa, equitativa, desarrollándose en un ambiente sano, sostenible y sustentable.

—–

Reforma Judicial: la contrapropuesta de la Corte

FOTOS: El Universal / CuartoOscuro.

Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). El pasado viernes 4 de octubre conmemoramos el bicentenario de la entrada en vigor de la Constitución Mexicana de 1824, tras la caída del efímero Primer Imperio de México. Fue el primer texto constituyente que denominó a nuestra nación como Estados Unidos Mexicanos, y la definió como una república representativa popular federal, libre e independiente, cuya única religión oficial y autorizada era el catolicismo.

El Congreso General Constituyente redactor fue convocado en 1823 y tomó como base el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana de enero de 1824, que sirvió para comprometer formalmente a los distintos estados soberanos a constituirse en una República federal, representativa y dotada de una división de poderes tras la caída del Primer Imperio.

También te podría interesar: Importancia de los organismos autónomos

Su genealogía refiere haber tomado como modelo la conformación básica de la Constitución de los Estados Unidos de 1787, incorporando algunas disposiciones de la Constitución de Cádiz de 1812, así como de la Constitución de Apatzingán.

Destaca en su contenido el establecimiento de la división de poderes, con lo que se constituyó el PoderJudicial, sus atribuciones y funciones, con autonomía plena en el ejercicio de sus atribuciones, y dicho poder se depositó en la primera Corte Suprema, que desde entonces tiene la encomienda de garantizar el derecho de todos los ciudadanos a que se les administre justicia, de manera pronta, completa e imparcial, y se integró por once ministros y un fiscal, divididos en tres salas.

A doscientos años de la vida constitucional mexicana, la nación enfrenta una severa crisis generada por una reforma constitucional que, en gran parte de su contenido, resulta contraria a los principios y postulados básicos, consagrados en el texto anterior a la reforma, en los tratados internacionales suscritos por nuestro país, y en los principios que rigen su interpretación y aplicación.

Ante el embate a la autonomía judicial y la eliminación de la carrera judicial que la reforma constitucional aprobada al vapor, y más por consigna que por convicción, la Suprema Corte de Justicia de la Nación plantea una propuesta de reforma, que en un Estado democrático debe al menos ser escuchada y analizada por el Congreso de la Unión.

De manera sintética, la proposición se hace consistir en nueve aspectos torales a destacar entre 66 puntos que integran la propuesta alternativa de Reforma Judicial, que a continuación se enlistan:

1.- ÉTICA JUDICIAL: Revisión de procesos, estandarización de carreras, y transparencia.

2.- FORTALECER PODERES JUDICIALES LOCALES: Más recursos, reformas y juicios orales.

3.- DISEÑO NORMATIVO SUSTANTIVO Y PROCESAL: Eliminar arraigo y prisión preventiva; fortalecer el amparo.

4.- SEGURIDAD PÚBLICA: Desmilitarización y mejora en control de armas.

5.- INVESTIGACIÓN CRIMINAL: Mejora de protocolos, búsqueda de desaparecidos, formación de fiscales, policías y mecanismos de justicia.

6.- SERVICIOS FORENSES Y PERICIALES: Nueva ley general de servicios forenses y mayor independencia.

7.- DEFENSORÍA PÚBLICA: Más recursos, autonomía y carrera profesional.

8.- ATENCIÓN A VÍCTIMAS: Mejoras en atención médica y apoyo psicológico.

9.- EJECUCIÓN PENAL: Protección de vulnerables y adecuación de prisiones.

En ESTE ENLACE puedes consultar el texto completo de la propuesta.

—–

Importancia de los organismos autónomos

FOTOS: Internet.

Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). En México, los organismos autónomos son entidades públicas que gozan de independencia y autonomía respecto de los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).

Estos organismos tienen como objetivo garantizar la imparcialidad, transparencia y eficiencia en la gestión pública, no están sujetos a la dirección o control directo de los poderes del Estado. Tienen facultades para tomar decisiones y actuar sin necesidad de autorización previa. Cuentan con personalidad jurídica propia, distinta de la del Estado, tienen recursos patrimoniales y financieros propios, aunque pueden recibir asignaciones presupuestarias.

También te podría interesar: Reforma Judicial: algunas implicaciones

En síntesis, Los organismos autónomos en México juegan un papel fundamental en la promoción de la democracia, la justicia y el Estado de derecho.

Características clave de los organismos autónomos en México

Independencia: Los organismos autónomos deben operar de manera independiente del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, lo que les permite tomar decisiones sin influencias políticas.
Protección de derechos: Organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) protegen los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Transparencia y rendición de cuentas: Los organismos autónomos como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) promueven la transparencia y la rendición de cuentas en el gobierno.
Regulación y supervisión: Organismos como la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y la Comisión Nacional de Energía (CNE) regulan y supervisan sectores estratégicos de la economía.
Imparcialidad: Los organismos autónomos toman decisiones basadas en la ley y los principios de justicia, sin favoritismos políticos.

Los organismos autónomos son considerados pilares de la democracia participativa. Pese a ello, el Ejecutivo federal presentó el 5 de febrero hogaño una iniciativa de reforma constitucional para desaparecer siete de esos organismos, misma que fue aprobada por la Cámara de Diputados, y se encuentra pendiente de aprobación por parte del Senado de la República. El objetivo de la reforma es que los órganos afectos a la iniciativa desaparezcan, y sus funciones y atribuciones sean absorbidas por las secretarías de Estado de las que derivan, dando control absoluto de las mismas al poder ejecutivo.

La desaparición de los órganos autónomos pretende justificarse en la necesidad de reducir gastos presupuestales, pues de 2018 a 2024 se les asignaron 32 mil millones de pesos, y a criterio del Ejecutivo y de los diputados afines a su movimiento, ese dinero podría utilizarse de manera más eficiente en programas sociales, como las pensiones para adultos mayores, lo cual resulta contrario a los fines y objetivos propios de una política pública de participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas.

Los organismos cuya desaparición se propone son

Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) cuya misión es promover la competencia y evitar prácticas monopólicas, podría ver sus funciones absorbidas por la Secretaría de Economía.
Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) es el encargado de regular las telecomunicaciones y la radiodifusión, y sus funciones serían asumidas por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) se encarga de garantizar el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales; se busca transferir sus funciones a la Secretaría de la Función Pública y a los órganos de control del poder Legislativo y Judicial. La responsabilidad sobre la transparencia de los partidos políticos quedaría a cargo del Instituto Nacional Electoral (INE). La desaparición del INAI tal vez sea el principal objetivo de esta reforma.

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) genera información objetiva sobre la situación de la política social y la medición de la pobreza en México, lo que permite mejorar la toma de decisiones en la materia. Sus funciones serían absorbidas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Comisión Reguladora de Energía (CRE) regula diversas actividades en el sector energético, incluyendo la electricidad y los hidrocarburos. Sus funciones serían absorbidas por la Secretaría de Energía.
Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) regula la exploración y extracción de hidrocarburos en México, y sus funciones pasarían a la Secretaría de Energía.
Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU) que regula el desarrollo del magisterio, el desempeño escolar y la mejora de las escuelas. Curiosamente, este organismo fue creado por la actual administración federal. Sus funciones serían absorbidas por la Secretaría de Educación Pública.

Corolario

Los organismos autónomos en México son entidades independientes que trabajan para garantizar la imparcialidad, transparencia y eficiencia en la gestión pública, son herramientas indispensables en el ejercicio de la democracia , y su desaparición centra el poder en el Ejecutivo, representando un retroceso de más de 50 años en materia de participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas.

—–

Reforma Judicial: algunas implicaciones

FOTO: Archivo.

Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Con el argumento no acreditado de que el poder judicial federal es corrupto y está al servicio de la cúpula del poder, se gesta una reforma constitucional que desarticula la estructura actual, tanto del del poder judicial federal como del poder judicial de cada entidad del país.

Analizando el contenido y alcance de la reforma, lejos de combatirse la corrupción, el nuevo esquema estructural y procedimiento de selección de jueces, magistrados y ministros, la hace más propicia, y en lugar de blindar al poder judicial de la probable influencia de grupos de poder, la facilita y la normaliza, pues el proceso de selección por voto popular implica necesariamente la realización de campañas promocionales, pues es verdad sabida que en el ánimo del electorado pesa más la popularidad que la preparación profesional.

También te podría interesar: Loreto, ¿cuál es la prisa?

El votante puede o no conocer a un candidato, pero difícilmente podrá evaluar su calidad profesional, aptitud, bonhomía e integridad, de ahí que la elección por voto popular, lejos de ser un procedimiento democráticamente eficaz, se convierte en una burda mascarada que facilitará a los grupos de poder, como oligarcas y organizaciones del crimen organizado, financiar e impulsar la campaña electoral de candidatos afines a sus intereses, quienes de resultar electos para ejercer como impartidores de justicia, estarán obligados a retribuir en su ejercicio público, el favor y el apoyo recibidos para alcanzar el escaño del juzgado, la magistratura o ministerio jurisdiccional.

Si bien, el poder legislativo, copado por una mayoría parlamentaria al servicio del Ejecutivo en turno ha aprobado aceleradamente la reforma judicial, con el respaldo de la mayoría de las legislaturas locales dominadas por la coalición política en el poder, aún falta que la Corte resuelva las múltiples acciones de inconstitucionalidad que habrán de interponerse, pero de quedar firme la reforma, entre las consecuencias que habremos de enfrentar, destacan las siguientes, en tratándose del Poder Judicial de la Federación.

Jueces, magistrados y ministros actuales serán removidos de su cargo por el simple hecho de tener, actualmente, ese encargo. Es decir, sin importar antigüedad, bagaje académico, grado de especialización. Sin consideración alguna, serán removidos de su encargo, lo cual se constituye en una flagrante violación de sus derechos humanos, como el debido proceso administrativo y todos los derechos laborales adquiridos. En su lugar, serán nombrados mediante voto popular quienes los sustituyan.
Se reduce de 11 a 9 el número de ministros integrantes del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya presidencia se renovará cada 2 años. Los ministros durarán doce años en el cargo y no podrán ser reelegidos.
Desaparecen la 1ª y 2ª Sala de la SCJN, lo cual implica una pesada redistribución de la carga de trabajo, con el consecuente retraso en la administración de justicia.
Desaparece el actual Consejo de la Judicatura y se crean el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial, un auténtico tribunal de inquisición, que podrá remover a cualquier juez, magistrado o ministro, bajo parámetros de operación poco claros, y estará compuesto por cinco miembros que durarán 6 años sin opción a reelección. Evaluarán al personal del Poder Judicial al año en que asuman su cargo y si no es acorde a sus lineamientos, los podrán suspender, destituir e incluso dar vista al Ministerio Público de la Federación para fincarles un proceso penal.
Los poderes de la Unión postularán a los candidatos para jueces, magistrados y ministros, el Comité de Evaluación, seleccionará entre ellos, incluso por sorteo aleatorio, a quienes aparecerán en la boleta electoral.
El INE llevará a cabo el proceso de elección popular y declarará validez de la elección.
Habrá un proceso electoral extraordinario 2024-2025 y se elegirá al 100% de ministros de la SCJN, magistrados faltantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial. La mitad de todos los jueces y actualmente en funciones, será removida el primer domingo de junio de 2025.
El periodo de los ministros de la SCJN que resulten electos en la elección extraordinaria durará 8 y 11 años, por lo que vencerá el año 2033 y 2036 para cuatro y cinco de ellos, respectivamente. Los jueces y magistrados electos en 2025 concluirán sus nombramientos en 2033. Los actuales magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial podrán permanecer hasta 2027 y los que sean elegidos para cubrir las actuales vacantes, lo harán hasta 2033.

—–