FOTOS: Yahoo! | Caribe Peninsular.

Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

La Paz, Baja California Sur (BCS). Por años, el crecimiento inmobiliario en Baja California Sur ha sido presentado como símbolo de desarrollo económico y prosperidad turística. Sin embargo, detrás de muchos de estos proyectos existe un patrón que preocupa a ambientalistas, investigadores y comunidades locales: obras que comienzan a construirse durante meses —o incluso años— antes de ser detenidas por autoridades ambientales federales. Cuando llegan las clausuras de PROFEPA o SEMARNAT, el daño a la flora, la fauna y los ecosistemas ya está hecho.

En una mañana de julio de 2025, inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) colocaron sellos de clausura en un desarrollo inmobiliario frente a la bahía de La Paz. El proyecto, llamado Balaena Costa Apartments, se construía en Lomas de Palmira, una zona con ecosistemas costeros de alto valor ambiental. El problema era grave: el desarrollo no contaba con autorización en materia de impacto ambiental emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), requisito indispensable para construir en ecosistemas costeros. La inspección reveló que el proyecto afectaba una zona considerada Área de Importancia para la Conservación de las Aves y parte del Sitio Ramsar Humedales El Mogote, áreas protegidas por su biodiversidad y su función ecológica en la bahía. Cuando los sellos se colocaron definitivamente en julio de ese año, el desarrollo llevaba meses en construcción. El caso no fue aislado.

También te podría interesar: La ciudad bajo las aguas negras: el colapso silencioso del drenaje en La Paz, BCS

En septiembre de 2025, PROFEPA volvió a intervenir en otro proyecto inmobiliario en el municipio de La Paz, esta vez en Las Tunas, en la delegación de Todos Santos, donde se realizaban obras dentro de un sistema de dunas costeras. La dependencia federal ordenó la clausura total temporal al detectar que las construcciones no contaban con autorizaciones ambientales. El desarrollo había iniciado obras con licencias municipales para vivienda, pero sin la autorización ambiental federal obligatoria para intervenir en ecosistemas costeros sensibles. Este tipo de situaciones revela un conflicto frecuente en la región: los permisos municipales para construir pueden otorgarse antes de que exista autorización ambiental federal. Mientras el trámite ambiental se retrasa o se omite, las obras avanzan. Cuando finalmente interviene la autoridad ambiental, el terreno ya ha sido desmontado.

Uno de los casos más impactantes ocurrió en la zona de Conquista Agraria, en el municipio de La Paz. Tras una denuncia ciudadana difundida en redes sociales, PROFEPA clausuró un predio donde se realizaban obras sin permisos ambientales en más de 17 hectáreas de terrenos forestales. Las imágenes mostraban cardones centenarios derribados y quemados.

El cardón (Pachycereus pringlei) es el cactus más grande del mundo y una especie emblemática del desierto sudcaliforniano. Investigadores de la Universidad Autónoma de Baja California Sur han señalado que estos cactus funcionan como refugio y fuente de alimento para aves, murciélagos e insectos, además de generar microclimas que permiten sobrevivir a otras plantas del desierto. Su destrucción implica más que la pérdida de una planta: significa romper un ecosistema que tardó siglos en formarse. Para cuando las autoridades clausuraron la obra, el daño ya era visible. Un elemento que se repite en muchos de estos casos es el origen de la intervención oficial. No suele ser una inspección preventiva.

La mayoría de las clausuras se producen tras denuncias ciudadanas. En el caso del proyecto K Naj Community, rumbo a El Mogote, inspectores federales detectaron la apertura de vialidades, construcción de cabañas y obras en 12.5 hectáreas de terreno forestal, sin autorización ambiental. La investigación comenzó después de que ciudadanos reportaran actividades sospechosas. Esta dinámica genera una pregunta recurrente entre organizaciones ambientales y académicos:

¿Por qué las autoridades no detectan estas obras antes de que comiencen?

Baja California Sur es uno de los estados con mayor crecimiento turístico y urbano en México. La expansión de desarrollos inmobiliarios —muchos orientados al turismo residencial— ha incrementado la presión sobre ecosistemas frágiles como manglares, dunas costeras y zonas desérticas. Uno de los lugares más sensibles es El Mogote, una península frente a la ciudad de La Paz que alberga dunas, manglares y humedales protegidos internacionalmente.

Estos ecosistemas funcionan como:

• Barreras naturales contra huracanes.
• Zonas de reproducción para especies marinas.
• Refugio para aves migratorias.
• Filtros naturales que mejoran la calidad del agua.

La urbanización descontrolada en estas áreas puede alterar flujos de agua, destruir vegetación y afectar el equilibrio ecológico de toda la bahía. Ante la presión inmobiliaria, diversos colectivos ciudadanos han asumido un papel activo en la defensa ambiental.

Uno de los grupos más conocidos es Las Guardianas del Conchalito, una organización de mujeres que trabaja en la restauración y vigilancia del manglar del estero El Conchalito en La Paz. Su labor incluye monitoreo ambiental, reforestación y denuncia de actividades ilegales que amenazan los ecosistemas costeros. Durante años, estas activistas han advertido que el crecimiento inmobiliario en la bahía puede afectar tanto a la biodiversidad como a las comunidades pesqueras que dependen de estos ecosistemas. El manglar del Conchalito, por ejemplo, actúa como barrera natural contra tormentas y almacena miles de toneladas de carbono, lo que lo convierte en un ecosistema clave para la adaptación al cambio climático.

En México, cualquier obra que pueda afectar ecosistemas debe contar con una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) aprobada por la SEMARNAT. Este estudio evalúa los posibles daños al medio ambiente y establece medidas de mitigación. Sin embargo, en muchos casos los desarrollos inmobiliarios avanzan con permisos municipales de construcción, sin haber completado el proceso ambiental federal. La ley establece que las obras no deben iniciar sin la autorización ambiental correspondiente. Pero en la práctica, la supervisión preventiva es limitada. Cuando PROFEPA interviene, suele hacerlo tras denuncias o inspecciones tardías. Los daños provocados por desarrollos inmobiliarios sin permisos pueden ser irreversibles.

Entre los impactos más frecuentes se encuentran:

1. Pérdida de vegetación nativa

La eliminación de cardones, mezquites y otras especies del desierto altera el equilibrio ecológico.

2. Alteración de dunas costeras

Las dunas funcionan como protección natural contra tormentas y erosión costera.

3. Destrucción de manglares

Estos ecosistemas son zonas de reproducción para peces y crustáceos.

4. Fragmentación de hábitats

Las obras pueden aislar poblaciones de fauna silvestre.

En algunos casos, la restauración ecológica puede tardar décadas. En otros, el daño es permanente. Baja California Sur enfrenta una paradoja. El crecimiento económico depende en gran medida del turismo y la inversión inmobiliaria. Pero precisamente esos proyectos pueden amenazar los ecosistemas que hacen atractiva la región. La Bahía de La Paz, por ejemplo, es considerada uno de los ecosistemas marinos más importantes del Golfo de California.

La degradación de manglares, dunas y esteros podría afectar no solo la biodiversidad, sino también actividades económicas como la pesca, el turismo ecológico y el buceo. Especialistas advierten que si continúa el patrón de construir primero y regular después, Baja California Sur podría enfrentar varios riesgos en los próximos años.

Entre ellos:

Mayor pérdida de biodiversidad

Las especies adaptadas al desierto y a los manglares tienen ciclos ecológicos lentos y son especialmente vulnerables.

Aumento de la erosión costera

La eliminación de dunas y vegetación reduce la protección natural frente a tormentas.

Contaminación de ecosistemas marinos

Las obras pueden alterar escurrimientos y generar descargas contaminantes hacia la bahía.

Conflictos sociales

Las comunidades locales, pescadores y activistas han comenzado a organizarse para frenar proyectos que consideran destructivos.

El futuro del desarrollo inmobiliario en Baja California Sur dependerá de la capacidad de las autoridades para fortalecer la supervisión ambiental. Especialistas en planeación urbana señalan que el crecimiento de la región requiere:

• Mayor coordinación entre gobiernos municipales y federales
• Vigilancia ambiental preventiva
• Planeación territorial basada en ecosistemas
• Participación ciudadana en decisiones urbanas

Sin estas medidas, el modelo actual podría profundizar los conflictos entre desarrollo económico y conservación ambiental. En muchos de los casos recientes, las clausuras de PROFEPA llegaron después de que el terreno había sido desmontado, nivelado o incluso urbanizado. El problema no es solo legal. Es ecológico. Los cardones derribados tardarán siglos en volver a crecer. Las dunas alteradas pueden desaparecer. Los manglares destruidos pueden cambiar el equilibrio de la bahía. Los sellos de clausura detienen las obras. Pero rara vez pueden devolver el paisaje a su estado original. Y esa es la verdadera dimensión del problema que enfrenta Baja California Sur.

Referencias:

https://www.infobae.com/mexico/2025/07/10/profepa-clausura-proyecto-inmobiliario-en-ecosistema-costero-de-baja-california-sur/ «Profepa clausura proyecto inmobiliario en ecosistema costero de Baja …»

https://www.elimparcial.com/mexico/2025/07/10/clausuran-de-forma-definitiva-desarrollo-inmobiliario-en-zona-ecologica-protegida-de-la-paz/ «Clausuran de forma definitiva desarrollo inmobiliario en zona ecológica …»

https://www.diarioelindependiente.mx/2025/09/construccion-ilegal-en-dunas-costeras-de-la-paz-fueron-clausuradas-por-la-profepa «Construcción ilegal en dunas costeras de La Paz, fueron clausuradas por …»

https://nbcs.mx/?p=155922&utm_source=chatgpt.com «Clausura Profepa obra en dunas de Todos Santos autorizada por el …»

https://lado.mx/noticia/19144972 «Profepa clausura construcción ilegal de 17 hectáreas en Baja California Sur»

https://www.posta.com.mx/bcs/profepa-clausura-construccion-ilegal-en-la-paz-denuncian-dano-a-cardones-del-desierto/vl2096096 «Profepa clausura construcción ilegal en La Paz: denuncian daño a …»

https://www.gob.mx/profepa/prensa/profepa-clausura-actividades-de-cambio-de-uso-de-suelo-en-terrenos-forestales-en-la-paz-baja-california-sur «Profepa clausura actividades de cambio de uso de suelo en terrenos …»

https://es.wikipedia.org/wiki/El_Mogote_%28M%C3%A9xico%29 «El Mogote (México)»

https://es.wikipedia.org/wiki/Las_Guardianas_del_Conchalito «Las Guardianas del Conchalito»

—–

AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

FOTOS: Internet | El Sudcaliforniano | Gobierno de México.

Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

La Paz, Baja California Sur (BCS). En el extremo sur de la península de Baja California se levanta una cadena montañosa que contrasta con el paisaje árido que domina la región. La Sierra de la Laguna, declarada Reserva de la Biósfera en 1994, abarca más de 112 mil hectáreas en los municipios de La Paz y Los Cabos. Este macizo montañoso constituye uno de los ecosistemas más singulares del país. En sus cumbres sobreviven bosques de pino-encino en medio del desierto, con una diversidad biológica excepcional: cientos de especies de plantas, aves y fauna endémica que dependen de su clima templado y sus manantiales.

Pero su importancia no se limita a la biodiversidad. Para Baja California Sur, uno de los estados más áridos de México, la Sierra de la Laguna funciona como una gigantesca “fábrica de agua”: sus cuencas captan humedad y recargan los acuíferos que abastecen a gran parte de la población. Diversos estudios y autoridades estiman que hasta el 60–67 % del agua que consumen ciudades como La Paz y Los Cabos proviene de este sistema hidrológico. Por ello, cualquier intervención en este territorio genera un debate intenso. En los últimos años, la discusión sobre proyectos de desarrollo —turísticos, inmobiliarios o incluso mineros— ha colocado nuevamente a la Sierra en el centro de una disputa entre intereses económicos, autoridades ambientales y organizaciones civiles.

También te podría interesar: Las heridas abiertas de la minería: Desastres que marcaron a México en los últimos 10 años

La controversia en torno al desarrollo de la Sierra de la Laguna no es nueva. Desde hace más de una década, la región ha sido escenario de proyectos que han despertado oposición social. Uno de los casos más emblemáticos fue el proyecto minero “Los Cardones”, que proponía explotar oro mediante una mina a cielo abierto en una superficie superior a 439 hectáreas, parte de ellas dentro del Área Natural Protegida.

Organizaciones ambientalistas y académicos denunciaron que esta actividad podría contaminar acuíferos y provocar daños irreversibles en los ecosistemas. Tras años de litigios y movilizaciones ciudadanas, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) anuló la autorización ambiental, aunque el proceso legal no ha concluido totalmente y aún existen concesiones mineras vigentes en la región.  La oposición social a este proyecto consolidó un movimiento ambientalista en Baja California Sur. Organizaciones como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), académicos sudcalifornianos y colectivos ciudadanos han mantenido vigilancia constante sobre cualquier iniciativa que pueda afectar la reserva. Este antecedente explica por qué cada nuevo proyecto —incluso aquellos presentados como sustentables— es recibido con desconfianza por parte de la sociedad civil.

La discusión se reavivó recientemente cuando comenzaron a circular versiones sobre la compra de predios dentro o cerca de la reserva por parte de particulares. De acuerdo con información confirmada por autoridades ambientales, algunas propiedades privadas dentro de la Sierra cambiaron de dueño, lo que generó preocupación por la posibilidad de que se establezcan cabañas, desarrollos turísticos o proyectos inmobiliarios en zonas ecológicamente sensibles.

Aunque la presencia de propiedad privada no es ilegal —pues dentro de la reserva coexisten ejidos, terrenos nacionales y predios particulares— cualquier intervención requiere autorización federal y estudios de impacto ambiental. Entre las iniciativas más discutidas se encuentra un proyecto denominado “Santuario del Tío Checo”, promovido por la fundación Hermandad en Armonía. Según los documentos presentados ante SEMARNAT, el plan propone construir un centro de conservación de flora y fauna que incluiría infraestructura turística y educativa.

La organización argumenta que el proyecto busca rescatar especies en riesgo, promover educación ambiental y reintroducir ejemplares a su hábitat natural. También afirma que el desarrollo tendría una vida útil estimada de 30 años y contaría con instalaciones de tratamiento ambiental. No obstante, la iniciativa ha generado polémica. Aunque los promotores aseguran que el centro se ubicaría fuera del polígono del Área Natural Protegida, ciudadanos y especialistas sostienen que la infraestructura podría impactar indirectamente a la reserva debido a su cercanía y a la presión turística que generaría.

Otro ejemplo es el proyecto turístico “Cerro del Rhino”, que plantea la construcción de villas y áreas recreativas en la zona baja de la sierra con una inversión de más de 20 millones de pesos. Para algunos promotores, este tipo de iniciativas permitirían ordenar el turismo rural y generar ingresos para comunidades rancheras. Sin embargo, para los críticos representan un precedente peligroso de urbanización en una región altamente vulnerable.

Ante el debate público, las autoridades han intentado aclarar el alcance real de los proyectos. SEMARNAT ha señalado que varios de los desarrollos aún se encuentran en fase de evaluación ambiental, por lo que no cuentan con autorización definitiva. Además, funcionarios federales han precisado que algunos proyectos no se ubicarían dentro del polígono oficial de la reserva, lo que técnicamente los coloca fuera de la zona de mayor protección.

Sin embargo, el gobierno de Baja California Sur ha adoptado una postura más cautelosa. El gobernador Víctor Manuel Castro Cosío ha reiterado públicamente que su administración no permitirá desarrollos que pongan en riesgo la Sierra de la Laguna, debido a su importancia estratégica para el abastecimiento de agua del estado. En diversas declaraciones, el mandatario ha señalado que la defensa del ecosistema será una prioridad, incluso frente a proyectos presentados como iniciativas de conservación o turismo sustentable.

Este posicionamiento refleja una realidad política: en Baja California Sur, la protección de la Sierra de la Laguna se ha convertido en un tema sensible para la opinión pública.

Las organizaciones ambientales han sido uno de los actores más influyentes en este debate. Diversos colectivos han solicitado información pública sobre posibles trámites de cambio de uso de suelo, manifestaciones de impacto ambiental o permisos de construcción relacionados con predios cercanos a la reserva. La demanda de transparencia se basa en principios establecidos en el Acuerdo de Escazú, tratado internacional que garantiza el acceso a la información ambiental y la participación ciudadana en decisiones que afecten el medio ambiente.

Además, grupos ambientalistas advierten que incluso desarrollos fuera del polígono de la reserva podrían provocar impactos indirectos como:

• Aumento de la presión turística.
• contaminación de arroyos y manantiales.
• fragmentación del hábitat.
• sobreexplotación de acuíferos.

Para los defensores del ecosistema, la experiencia con proyectos mineros anteriores demuestra que las amenazas a la Sierra pueden surgir gradualmente, a partir de múltiples iniciativas aparentemente pequeñas.

En la Sierra de la Laguna viven comunidades rancheras que han habitado la región durante generaciones. Su economía se basa principalmente en la ganadería extensiva, pequeñas actividades agrícolas y, en años recientes, el ecoturismo. Algunos habitantes ven con buenos ojos proyectos turísticos controlados que puedan generar empleo y mejorar la infraestructura rural. Para ellos, la falta de oportunidades económicas es una de las principales razones de la migración hacia las ciudades costeras.

Los promotores de desarrollos sustentables argumentan que es posible combinar conservación y desarrollo, mediante actividades de bajo impacto como senderismo, hospedaje ecológico o investigación científica. Sin embargo, los ambientalistas advierten que la historia de otros destinos turísticos en Baja California Sur —como Los Cabos— demuestra que el crecimiento inmobiliario puede expandirse rápidamente y provocar presiones irreversibles sobre el territorio.

La preocupación por la Sierra de la Laguna no se basa únicamente en consideraciones paisajísticas. La reserva alberga más de dos mil especies de plantas y animales, al menos 63 de ellas clasificadas en alguna categoría de riesgo según la normativa mexicana.

Además, sus ecosistemas cumplen funciones ambientales esenciales:

• Captación de agua y recarga de acuíferos.
• regulación del clima regional.
• protección contra la erosión.
• refugio para especies endémicas.

La pérdida de cobertura vegetal o la contaminación de sus cuencas podría afectar directamente a las principales ciudades del estado, que dependen de los acuíferos recargados por la sierra. En un contexto de cambio climático y escasez de agua, esta función se vuelve aún más crítica.

El debate sobre el desarrollo en la Sierra de la Laguna está lejos de concluir. En el corto plazo, varios procesos serán determinantes:

1. La evaluación de proyectos ante SEMARNAT, que definirá si reciben o no autorización ambiental.
2. Los litigios pendientes relacionados con concesiones mineras, que aún representan una amenaza potencial para la región.
3. Las decisiones políticas del gobierno estatal y federal, que deberán equilibrar desarrollo económico y protección ambiental.

Mientras tanto, la sociedad civil continúa vigilante. El caso de la Sierra de la Laguna se ha convertido en un ejemplo de cómo los conflictos ambientales contemporáneos no solo se libran en tribunales o dependencias gubernamentales, sino también en la esfera pública.

Más allá de los proyectos específicos, la discusión refleja una pregunta más profunda sobre el futuro del Estado. Baja California Sur ha experimentado un crecimiento turístico acelerado en las últimas décadas. Este modelo ha generado prosperidad económica, pero también presiones sobre el agua, el territorio y los ecosistemas. La Sierra de la Laguna representa, para muchos sudcalifornianos, la última gran reserva natural del sur de la península y un símbolo de identidad ambiental.

El desenlace de los proyectos actuales podría definir no solo el destino de una montaña, sino también el modelo de desarrollo que la región adoptará en las próximas décadas. Porque en el corazón de este conflicto no solo está la construcción de villas o centros turísticos, sino una pregunta que divide opiniones: ¿hasta dónde puede llegar el desarrollo en un territorio que también es fuente de vida?

Referencias:

https://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=694509&utm_source=chatgpt.com «DOF – Diario Oficial de la Federación»

https://www.eluniversal.com.mx/estados/advierten-riesgo-de-desarrollo-turistico-en-la-sierra-de-la-laguna-en-bcs-exigen-transparencia-sobre-uso-de-terrenos/ «Advierten riesgo de desarrollo turístico en la Sierra de La Laguna en …»

https://cemda.org.mx/semarnat-anula-autorizacion-de-mina-los-cardones-en-la-paz-bcs/ «Semarnat anula autorización de mina Los Cardones, en La Paz, BCS»

https://zetatijuana.com/2025/09/sigue-amenaza-por-proyecto-minero-para-sierra-la-laguna/ «Sigue amenaza por proyecto minero para Sierra La Laguna»

https://diariohumano.com.mx/2026/02/18/congreso-local-analiza-postura-sobre-megaproyecto-en-sierra-la-laguna/ «Congreso local analiza postura sobre megaproyecto en Sierra La Laguna …»

https://hoybcs.com/conanp-desmiente-versiones-sobre-desarrollos-en-sierra-la-laguna-cambio-de-propiedad-no-compromete-conservacion/ «Conanp desmiente versiones sobre desarrollos en Sierra La Laguna …»

https://elcongresista.mx/politica/baja-california-sur/manifestacion-impacto-sierra-la-laguna/ «Manifestación de Impacto Ambiental para proyecto en Sierra La Laguna»

https://hoybcs.com/hermandad-en-armonia-solicita-a-semarnat-mia-y-cambio-de-uso-de-suelo-para-desarrollo-inmobiliario-con-planta-de-tratamiento-en-la-sierra-la-laguna/ «Hermandad en Armonía solicita a Semarnat MIA y cambio de uso de suelo …»

https://www.meganoticias.mx/los-cabos/noticia/semarnat-aclara-proyecto-hermandad-en-armonia-no-se-haria-en-sierra-laguna/709032 «Semarnat aclara proyecto Hermandad en Armonía no se haría en Sierra Laguna»

https://www.bcsnoticias.mx/buscan-cambio-de-uso-de-suelo-para-construir-15-villas-en-pescadero-y-parte-de-sierra-de-la-laguna/ «Buscan cambio de uso de suelo para construir 15 villas en Pescadero y …»

https://www.diarioelindependiente.mx/2026/02/exigen-frenar-desarrollos-en-sierra-la-laguna-advierten-impacto-al-agua-de-baja-california-sur «Exigen frenar desarrollos en Sierra La Laguna; advierten impacto al …»

—–

AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

FOTOS: Gobierno de México.

Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). El principio precautorio: una herramienta ciudadana para defender el agua y la vida en la Reserva de la Biósfera Sierra de la Laguna, decretada Área Natural Protegida en 1994, que no es solo una zona montañosa o un paisaje atractivo, es la principal fábrica de agua del Sur del Estado, de la cual dependen las zonas urbanas y las comunidades rurales de los municipios de La Paz y Los Cabos. La infiltración de lluvia en sus suelos y bosques alimenta los acuíferos en una de las entidades con mayor estrés hídrico del país.

Hoy, esta reserva enfrenta una amenaza real: proyectos turísticos e inmobiliarios que pretenden instalarse en su zona de amortiguamiento y áreas estratégicas para la recarga de agua. Aunque se presenten como “ecoturísticos” o de “bajo impacto”, diversos colectivos ciudadanos y especialistas han advertido que cualquier intervención mal evaluada puede afectar irreversiblemente el ciclo del agua. Frente a esta amenaza, existe una herramienta jurídica poderosa, al alcance de la sociedad: el principio precautorio.

También te podría interesar: Fraude por simulación ambiental. El caso de la Sierra de la Laguna

En términos sencillos, el principio precautorio significa que cuando existe la posibilidad de un daño grave o irreversible al medio ambiente, la falta de certeza científica absoluta no puede usarse como pretexto para autorizar una actividad riesgosa. Dicho de otra forma: si no estamos seguros de que un proyecto no dañará la naturaleza, lo responsable es no autorizarlo, o al menos detenerlo hasta tener plena certeza.

Este principio está reconocido en México como parte del derecho humano a un medio ambiente sano, consagrado en el Artículo 4º constitucional.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desarrollado ampliamente este principio. En una tesis clave, la Corte estableció que:

◆ No se requiere demostrar el daño ambiental con certeza absoluta.

◆ Basta la posibilidad razonable de afectación.

◆ La incertidumbre científica es precisamente la razón para aplicar el principio precautorio.

◆ Debe prevenirse el daño antes de que ocurra, no repararlo después.

Además, la SCJN ha diferenciado claramente entre:

• Prevención (cuando el daño ya es conocido), y
• Precaución (cuando el daño es incierto pero factible).

En materia ambiental, la duda favorece a la naturaleza, no al proyecto económico.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fortalecido este enfoque. En casos recientes, como Habitantes de La Oroya vs. Perú, la Corte sostuvo que

◆ Los Estados deben actuar con cautela aun cuando no exista certeza científica.

◆ El principio precautorio protege el derecho a la vida, la salud y la integridad personal.

◆ Si hay indicios plausibles de daño grave o irreversible, el Estado debe prevenirlo.

Esto es fundamental para México, ya que las decisiones de la Corte Interamericana son obligatorias para el Estado mexicano.

Derecho comparado: una regla común en países responsables

Países como Alemania, Francia, España y otros miembros de la Unión Europea aplican el principio precautorio para:

Փ Frenar proyectos mineros.

Փ Detener desarrollos turísticos en zonas frágiles.

Փ Proteger fuentes de agua y ecosistemas estratégicos.

En estos países, la carga de la prueba recae en quien quiere desarrollar, no en la naturaleza ni en la ciudadanía.

El principio precautorio en la Sierra de la Laguna

Aplicado al caso concreto de la Sierra de la Laguna, el principio precautorio implica que:

• Si un proyecto turístico puede afectar la recarga de acuíferos, no debe autorizarse.
• Si existen dudas sobre su impacto acumulativo, debe detenerse.
• Si se pretende fragmentar proyectos para minimizar su evaluación ambiental, esto viola el espíritu del principio precautorio.

Un llamado a la participación ciudadana

El principio precautorio no es solo para abogados o jueces. Es una herramienta de la sociedad:

◆ Para exigir información,

◆ Para participar en consultas públicas,

◆ Para promover amparos y acciones legales,

◆ Para recordar a las autoridades que el agua vale más que cualquier desarrollo turístico

Corolario

La Sierra no es un sitio cualquiera: es infraestructura natural crítica para la vida en Baja California Sur. El daño al agua no se corrige, se hereda a futuras generaciones. Defender la Sierra de la Laguna es defender el derecho al agua, a la salud y a la vida. Cuando hay duda, la ley está del lado de la naturaleza.

—–

AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

FOTO: López Dóriga.

Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

La Paz, Baja California Sur (BCS). Los hombres del siglo XVIII gustaban de escribir cartas largas. Cartas que hablaban de sequías, de hambre y de luces que se apagaban en las vetas rocosas del desierto. Francisco María Píccolo escribió muchas de esas cartas. Las escribió desde lugares donde el sol caía a plomo y donde el mar quedaba lejos, como si se hubiera detenido mucho antes de completar su giro hacia el Norte. Él sabía de geografías pedregosas, de olores a polvo y a salitre que no siempre se captaban en las habitaciones con puerta y ventanas. Ese pedazo de mundo con él mismo cambió, se transformó, y quedó en papeles que viajan aún en bibliotecas y archivos.

En la región Carbonífera de Coahuila, el tajo que se abrió para rescatar a los diez mineros de El Pinabete sigue abierto: un hueco de unos 375 metros de largo, 320 de ancho y 64 de profundidad, rodeado de montículos de tierra minera que suman más de 5.3 millones de toneladas. Más de un año después de la recuperación del último cuerpo, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no ha iniciado las obras de restauración ecológica que ella misma prometió en su Manifestación de Impacto Ambiental, según documentó el Semanario de Vanguardia y confirmó la propia Semarnat.

También te podría interesar: “Tierra de agua, tierra en riesgo”. El megaproyecto minero El Arco y su impacto en el Valle de los Cirios

Ese tajo no sólo recuerda la tragedia de los diez mineros ahogados el 3 de agosto de 2022; es también un símbolo de los “pasivos ambientales” que deja la minería en México: heridas abiertas en el territorio donde el agua, el suelo y las comunidades quedan expuestas por años. En la última década, el país ha acumulado una serie de desastres mineros que van desde derrumbes en pozos de carbón hasta derrames masivos de jales y ácidos en ríos y mares. Detrás de cada accidente hay nombres de empresas, omisiones de autoridades, normas que se actualizan tarde y comunidades que siguen viviendo con las consecuencias mucho después de que las cámaras se apagan.

La posible instalación de la minera El Arco en el Valle de los Cirios, un Área de Protección de Flora y Fauna de más de 2.5 millones de hectáreas en Baja California —una de las zonas naturales más extensas y biodiversas del país— se ha convertido en un foco rojo que exige análisis profundo y reservas críticas. Legisladores estatales han advertido que el proyecto, promovido por una de las mayores empresas mineras del mundo, implicaría la explotación a cielo abierto de más de 50 mil hectáreas durante décadas y el uso de cantidades masivas de agua de un acuífero en equilibrio, justo donde comunidades rurales dependen del recurso para su vida cotidiana. Además, expertos y organizaciones ambientales han señalado que las concesiones se superponen con límites de áreas naturales protegidas, lo que podría poner en riesgo no solo especies endémicas y delicados ecosistemas desérticos, sino también la disponibilidad de agua potable para pueblos cercanos. Ante el legado de desastres mineros en México —desde derrames de jales hasta accidentes mortales— este proyecto exige un escrutinio riguroso para evitar que se sume a la larga lista de tragedias ecológicas que han marcado al país.

Este reportaje reconstruye algunos de los casos más graves ocurridos en los últimos diez años —con antecedentes clave fuera de ese periodo—, a partir de comunicados oficiales, investigaciones periodísticas, estudios de especialistas y testimonios de personas afectadas.

Múzquiz, 2021: la mina que se inundó en minutos

El 4 de junio de 2021, una mina de arrastre de carbón conocida como Micarán, en el municipio de Múzquiz, Coahuila, se derrumbó tras una inundación repentina. Siete trabajadores quedaron atrapados a varios metros de profundidad; ocho días después, las autoridades confirmaron la recuperación de los siete cuerpos sin vida. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el gobierno estatal atribuyeron el accidente al ingreso súbito de agua, pero organizaciones como Familia Pasta de Conchos recordaron que la región está llena de pocitos y minas subterráneas con estándares mínimos de seguridad: galerías estrechas, ventilación deficiente, escasas rutas de evacuación. Más allá del conteo de muertos, la tragedia exhibió un patrón: pequeñas minas que operan con condiciones precarias para abastecer de carbón a la CFE, en una cadena donde los riesgos se “externalizan” hacia trabajadores mal pagados y sus familias.

El Pinabete, 2022: una inundación y un tajo que no se cierra

Apenas un año después, el 3 de agosto de 2022, la historia se repitió en Sabinas, Coahuila. En el pozo de carbón El Pinabete, el agua almacenada durante décadas en la mina abandonada Conchas Norte se abrió paso hacia las galerías activas: la inundación derrumbó los túneles y atrapó a diez mineros a unos 60 metros de profundidad. Sólo cinco trabajadores lograron escapar; los otros diez murieron ahogados. El gobierno federal convirtió el rescate en una “obra emblemática”: la CFE recibió más de 1,000 millones de pesos para excavar un tajo a cielo abierto con el fin de llegar a las galerías y recuperar los cuerpos. El último resto óseo fue hallado en febrero de 2025, 918 días después del derrumbe, como detalló un reportaje de El País.

Pero el costo ambiental del rescate no es menor. De acuerdo con la propia Manifestación de Impacto Ambiental y la crónica de Vanguardia, el tajo dejó expuesto el acuífero local y generó una montaña de millones de toneladas de material estéril que sigue sin ser reacomodado ni reforestado, pese a que Semarnat condicionó la autorización del proyecto a un programa de restauración ecológica que incluía relleno, estabilización de taludes y revegetación con especies nativas. Organizaciones como Familia Pasta de Conchos advierten que El Pinabete reveló no sólo la precariedad laboral de los pocitos de carbón —la empresa operaba de forma irregular mientras vendía carbón a CFE—, sino también la facilidad con la que una obra de rescate puede transformarse en un nuevo pasivo ambiental si no se cumple la remediación prometida.

La sombra de Pasta de Conchos

Estos desastres recientes se inscriben en una historia más larga. En 2006, una explosión en la mina Pasta de Conchos, también en la región carbonífera, dejó 65 mineros atrapados; sólo dos cuerpos fueron recuperados en aquel momento. Tras años de presión de las familias, a partir de 2024 el gobierno federal comenzó a recuperar restos: en 2024 se hallaron los primeros cuerpos y en 2025 se informó de la recuperación de 13 mineros; en 2026 se anunció la identificación de dos más. En una misma región, Múzquiz, El Pinabete y Pasta de Conchos forman una especie de triángulo de la reiteración: minas con seguridad deficiente, contratos públicos que dan viabilidad económica a proyectos riesgosos y una remediación ambiental parcial o inexistente.

Si en Coahuila el rostro de la minería son los pozos que tragan vidas, en otros estados los desastres se leen en el agua: ríos blanqueados por jales, mares con manchas ácidas, arroyos con peces y tortugas muertas.

Oaxaca: la presa de jales de Minera Cuzcatlán

El 8 de octubre de 2018, tras fuertes lluvias, habitantes de Magdalena Ocotlán, Oaxaca, observaron que el río Coyote corría con una corriente “blanca” que bajaba desde la presa de jales de Minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines. Autoridades agrarias y municipales denunciaron que una parte de la presa se había desbordado. Mientras la empresa y autoridades minimizaron el riesgo, investigaciones periodísticas posteriores revisaron estudios oficiales que identificaban concentraciones de metales tóxicos muy por encima de la normatividad mexicana —en algunos casos, más de mil por ciento por arriba de lo permitido—, lo que cuestionó la versión de que no había peligro para la población. En 2024, comunidades de la zona denunciaron nuevas filtraciones desde el “dry stack” —una montaña de jales aparentemente “secos”— hacia el río Coyote, mostrando cómo un solo proyecto puede generar episodios de contaminación recurrente en el tiempo.

Guaymas, 2019: ácido sulfúrico en el Mar de Cortés

En julio de 2019, una falla en una válvula de la planta metalúrgica de Grupo México en Guaymas, Sonora, provocó el derrame de aproximadamente 3,000 litros de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés, Patrimonio Natural de la Humanidad. La empresa aseguró que el incidente fue controlado rápidamente y que no hubo “riesgos” para la vida marina; sin embargo, medios y redes sociales documentaron la aparición de tortugas y otros animales muertos en las playas cercanas, lo que generó protestas y el reclamo de cancelar concesiones a la compañía, marcada ya por el derrame del Río Sonora en 2014.

FOTO: BBC.

Durango, 2020: casi 6 mil m³ de jales

En 2020, la Profepa clausuró temporalmente una planta de beneficio de plomo y zinc en Canelas, Durango, tras el derrame de más de 5,780 metros cúbicos de jales de su presa. El comunicado oficial reconoce la magnitud del vertido, pero no detalla públicamente los impactos de largo plazo en cuerpos de agua y suelos. El caso ilustra otra constante: las sanciones administrativas —suspensión temporal, multas— suelen ser mucho más concretas que los programas de monitoreo de salud o la remediación ambiental integral.

Cosalá, 2021: peces y tortugas muertas en Sinaloa

En abril de 2021, en la zona serrana de Cosalá, Sinaloa, se rompió infraestructura de la mina Real de Cosalá y alrededor de 1,960 metros cúbicos de jales mineros llegaron al arroyo El Cajón, afluente del río San Lorenzo. La Conagua informó que realizaba muestreos para evaluar las posibles afectaciones, luego de denuncias de muerte masiva de peces, tortugas y crías de caimanes en el cauce. Los jales, recordó la propia autoridad, suelen contener metales pesados e incluso compuestos como cianuro o arsénico, altamente tóxicos para fauna y humanos. Habitantes de San José de las Bocas relataron que la presa de jales se rompió el 25 de abril, pero se enteraron cinco días después, cuando los derrames ya habían llegado al río; el representante de la mina incluso les dijo que él “bebería esa agua” para demostrar que no pasaba nada.

Concordia, 2025: 19 mil m³ de jales en tres arroyos

El 30 de junio de 2025, la empresa Metales Rosmex, dedicada a la extracción de oro y plata, sufrió un desborde en su presa de jales en el municipio de Concordia, Sinaloa. Según Profepa, 19,280 metros cúbicos de residuos mineros corrieron a lo largo de casi 600 metros, afectando tres arroyos —Tía Chona, Magistral y Agüita Caliente— y una zona de selva baja, ecosistema de alta biodiversidad. La mina fue clausurada de manera temporal total. Las autoridades estatales de salud y ambientales declararon una contingencia, pero, como en otros casos, aún no existe un diagnóstico público integral sobre el impacto en la cadena alimentaria ni sobre las posibles afectaciones a largo plazo para comunidades aguas abajo.

Río Sonora, 2014: antecedente que sigue presente

Aunque ocurrió hace más de diez años, el derrame de Buenavista del Cobre —filial de Grupo México— en el Río Sonora sigue siendo el punto de referencia obligado. El 6 de agosto de 2014, alrededor de 40,000 metros cúbicos de lixiviados ácidos con metales pesados se vertieron en los ríos Sonora y Bacanuchi, dejando sin agua limpia a unas 22,000–23,000 personas. Un dictamen conjunto de Semarnat, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, presentado en 2023, concluyó que el derrame no fue un “accidente” inevitable, sino resultado de un mal diseño hidrológico y fallas de manejo; además, señaló que persiste la contaminación en agua, aire, flora y fauna, con metales por encima de las normas. En 2024, los Comités de Cuenca del Río Sonora denunciaron que, a una década del evento, no hay reparación integral ni atención médica especializada en toxicología para la población afectada. El caso Sonora, muestra de manera cruda algo que se repite en los desastres más recientes: los efectos ambientales y en salud se extienden mucho más allá de la fecha del derrame.

Los derrames descritos no son hechos aislados. De acuerdo con el Inventario Homologado Preliminar de Presas de Jales, elaborado por Semarnat y el IMTA, en México existen al menos 585 presas de jales georreferenciadas, concentradas sobre todo en estados mineros como Durango, Zacatecas, Chihuahua, Sonora y Sinaloa. Estos depósitos contienen lodos finos y agua cargada de metales como arsénico, plomo y mercurio; la lixiviación a través de la lluvia permite que los contaminantes lleguen a acuíferos, ríos y suelos agrícolas, con efectos que pueden durar décadas.

Entre 2000 y 2023, Profepa registró 66 derrames en presas de jales; un análisis reciente detalla que Zacatecas concentra 25 de estos incidentes, seguido de Durango (9), Chihuahua (8), Guanajuato (5) y Sinaloa (3). Es decir, en promedio, casi tres derrames cada año en estructuras que, por norma (NOM‑141‑SEMARNAT‑2003), deberían operar bajo “condiciones de máxima seguridad” para proteger a la población y el equilibrio ecológico.

Reformas legales y resistencias

Durante décadas, la Ley Minera de 1992 declaró la minería “de utilidad pública” y preferente sobre casi cualquier otro uso del suelo, lo que facilitó la entrega de decenas de miles de concesiones. Investigadores y organizaciones como PODER y la Red Mexicana de Afectados por la Minería han señalado que ese marco permitió una expansión acelerada de proyectos sin suficientes salvaguardas ambientales ni protección efectiva a pueblos indígenas y comunidades agrarias. En 2022 y 2023 se aprobaron reformas a la Ley Minera y otras normas relacionadas con agua y residuos, orientadas a limitar nuevas concesiones en áreas naturales protegidas o zonas con escasez de agua, reducir la duración de los títulos mineros e introducir obligaciones más claras en materia de consulta a pueblos originarios. Paralelamente, el gobierno integró el Inventario de Presas de Jales y elaboró lineamientos para su manejo, reconociendo que la información estaba dispersa y era incompleta.

FOTO: BBC.

Ya con Claudia Sheinbaum en la presidencia, la Secretaría de Economía anunció en febrero de 2026 la recuperación de 1,126 concesiones mineras —unas 889,000 hectáreas— por incumplimientos fiscales o de reporte, muchas de ellas ubicadas en áreas naturales protegidas. Aun así, en el país siguen vigentes más de 22,000 concesiones. Para organizaciones ambientalistas, estos pasos son insuficientes mientras no se detenga la expansión de nuevas minas y no se garantice la remediación de daños antiguos. La persistencia de pasivos como El Pinabete o Río Sonora, y los derrames recientes en Sinaloa y Durango, alimentan la percepción de que buena parte del territorio minero funciona como “zona de sacrificio”: espacios donde la protección ambiental y los derechos de las comunidades se subordinan al valor del mineral.

En los últimos diez años, México ha visto morir a mineros atrapados en pozos inundados en Coahuila y ha observado ríos y arroyos teñirse de blanco o naranja por jales y ácidos derramados en Oaxaca, Sonora, Durango y Sinaloa. Cada caso tiene su expediente, sus comunicados oficiales y sus promesas de remediación, pero para las comunidades afectadas el “desastre” no termina cuando los titulares desaparecen: continúa en consultas médicas que no llegan, en agua que ya no se puede beber, en tierras que pierden productividad y en tajos abiertos que nadie cierra. La minería seguirá siendo un sector estratégico para la economía mexicana y para la transición energética. La pregunta es si el país será capaz de modificar las condiciones en las que se extraen los minerales —en el subsuelo y en las presas de jales— para que el costo no se siga cargando, una y otra vez, sobre los mismos ríos, las mismas comunidades y los mismos trabajadores.

Referencias:

• El País. https://elpais.com/mexico/2025-02-07/el-gobierno-recupera-los-huesos-del-ultimo-minero-atrapado-en-el-pinabete-dos-anos-y-medio-despues.html
• El País. https://elpais.com/mexico/2024-08-26/dos-anos-despues-del-derrumbe-en-la-mina-del-pinabete-los-rescatistas-recuperan-el-quinto-cuerpo.html
• El País. https://elpais.com/mexico/2025-02-07/el-gobierno-recupera-los-huesos-del-ultimo-minero-atrapado-en-el-pinabete-dos-anos-y-medio-despues.html
• https://vanguardia.com.mx/coahuila/semanario/el-pinabete-otro-pasivo-ambiental-AP19341551 «El Pinabete, ¿otro pasivo ambiental?»
• https://elpais.com/mexico/2025-02-07/el-gobierno-recupera-los-huesos-del-ultimo-minero-atrapado-en-el-pinabete-dos-anos-y-medio-despues.html «El Gobierno recupera los huesos del último minero atrapado en el Pinabete dos años y medio después»
• https://mineriaenlinea.com/2021/06/colapsa-mina-en-muzquiz-coahuila-reportan-al-menos-7-trabajadores-atrapados/ «Colapsa mina en Múzquiz, Coahuila; reportan al menos 7 trabajadores …»
• https://www.cndh.org.mx/noticia/desastre-minero-de-pasta-de-conchos «Desastre minero de Pasta de Conchos – Comisión Nacional de los …»
• https://www.eleconomista.com.mx/politica/CFE-y-Proteccion-Civil-inician-recuperacion-de-cuerpos-de-mineros-atrapados-en-El-Pinabete-20231210-0034.html «CFE y Protección Civil inician recuperación de cuerpos de mineros …»
• https://periodicolavoz.com.mx/coahuila/sabinas/tragedia-en-mina-el-pinabete-tres-anos-de-la-tragedia-miner/346371 «Tragedia en mina El Pinabete: Tres años de la tragedia miner»

—–

AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

FOTOS: Gobierno de México.

Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). El proyecto denominado “Santuario del Tío Checo”, según su Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), consiste en “realizar el cambio de uso de suelo de terrenos forestales con el objetivo de construir un centro de conservación y reproducción de vida silvestre, diseñado con un enfoque que armoniza con el entorno natural, al pie de la montaña, rodeado de vegetación, ideal para realizar actividades de enseñanza y concientización del cuidado de la biósfera.”

Este proyecto es inadmisible, por el daño irreversible que implica al entorno ecológico y a la principal fuente de abasto de agua en el Sur de la entidad. Se trata de un proyecto turístico disfrazado de “centro de conservación”. Cuya creación implica daños irreversibles al ecosistema.

También te podría interesar: ¿En qué consiste la pensión compensatoria en BCS?

La Reserva de la Biósfera Sierra de la Laguna fue decretada el 6 de junio de 1994, y cuenta con zonas núcleo y de amortiguamiento, así como Programa de Manejo vigente, el cual delimita de forma estricta las actividades permitidas y prohibidas.

La Conanp reconoce que esta Reserva es el único bosque del Estado; tiene función crítica de captación, retención y distribución de agua, y es fuente directa del abastecimiento hídrico de los municipios de La Paz y Los Cabos.

Cualquier intervención que altere el suelo forestal, la infiltración hídrica o la cobertura vegetal impacta directamente derechos humanos fundamentales, no solo ecosistémicos.

El “Santuario del Tío Checo” tiene la pinta completa de fraude por simulación ambiental. Aunque el proyecto se presenta formalmente como “Centro de conservación y reproducción de vida silvestre con fines educativos” la evidencia pública y técnica demuestra que:

• Implica cambio de uso de suelo forestal,
• Introducción de infraestructura permanente,
• Introducción de fauna no endémica,
• Apertura de caminos, servicios, visitantes, operación turística, y
• Se inserta en una zona ecológicamente frágil y estratégicamente hídrica.

Este proyecto configura jurídicamente un caso de simulación administrativa, donde el discurso de conservación encubre un uso turístico incompatible con el régimen de protección de una Reserva de la Biósfera, y se constituye en una violación directa al derecho humano al medio ambiente sano.

El Artículo 4º de la Constitución reconoce el derecho humano a un medio ambiente sano, con obligación positiva y preventiva del Estado, y al respecto, la SCJN ha establecido que, ante riesgos ambientales, las autoridades deben actuar incluso sin certeza científica, aplicando el principio precautorio.

Esta jurisprudencia es obligatoria y resulta plenamente aplicable, pues existe riesgo real al sistema hídrico, se trata de un Área Natural Protegida, y los daños serían irreversibles.

El principio precautorio no exige prueba plena del daño, basta la posibilidad razonable de afectación grave, y obliga a negar autorizaciones cuando el riesgo es estructural. En este caso, Semarnat está jurídicamente obligada a negar la autorización, no a condicionarla.

Respecto a la afectación grave al derecho humano al agua y seguridad hídrica regional, tenemos que la Sierra de la Laguna es el principal reservorio natural de agua del Sur del Estado, tal y como lo reconocen tanto estudios científicos como autoridades ambientales.

La SCJN reconoce el derecho humano al agua como derecho autónomo, interdependiente del medio ambiente, exigible frente a decisiones administrativas. Por ende, cualquier proyecto que ponga en riesgo la recarga de acuíferos constituye una violación anticipada al derecho humano al agua de toda la población de La Paz y Los Cabos.

En el ámbito convencional, la Corte Interamericana ha establecido que el Estado debe prevenir daños ambientales que afecten derechos humanos, aun si el daño no se ha consumado.

El Acuerdo de Escazú establece que México está obligado a: garantizar participación pública efectiva, proteger a quienes defienden el medio ambiente, y aplicar el principio de no regresión ambiental.

Autorizar este proyecto reduce el nivel de protección existente, lo cual está prohibido por el derecho internacional ambiental.

Corolario

La Sierra de la Laguna no es un espacio disponible para “proyectos verdes” de mercado: es una infraestructura natural crítica para la vida. Autorizar el “Santuario del Tío Checo” no sería un error técnico, sino una violación estructural a derechos humanos, con responsabilidad constitucional e internacional para el Estado mexicano.

—–

AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.