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Vientos de Pueblo

José Luis Cortés M.

San José del Cabo, Baja California Sur (BCS). En el extremo donde el desierto baja hasta tocar el Golfo de California, Cabo Pulmo no parece una frontera de guerra. Parece apenas una franja de sol, polvo y mar transparente. Pero allí, a un kilómetro y medio del Parque Nacional, una autorización ambiental anulada en marzo de 2026 dejó al descubierto algo más profundo que el destino de un proyecto turístico: la forma en que Baja California Sur decide qué vidas merecen agua, qué paisajes pueden venderse y qué futuro se acepta sacrificar bajo el nombre limpio del desarrollo.

El proyecto se llamaba Baja Bay Club y, de acuerdo con documentos revisados por organizaciones, pretendía ocupar unas 600 hectáreas dentro del área de influencia de Cabo Pulmo. No era una palapa ni un pequeño hotel frente al mar: contemplaba 422 villas residenciales, 275 habitaciones de hotel, club de playa, infraestructura para embarcaciones y un campo de golf sobre dunas. En una región árida, donde el agua no sobra, la imagen resulta brutal: pasto verde trazado sobre la sed.

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La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales había permitido el avance del proyecto en 2024 desde su representación estatal. Después vinieron recursos de revisión promovidos por organizaciones. La resolución posterior anuló aquella autorización y ordenó emitir una negativa formal. La autoridad identificó omisiones técnicas graves: el promovente habría negado cuerpos de agua en el predio pese a la existencia de al menos tres arroyos temporales que desembocan en el mar; también se acreditó la fragmentación de una obra mayor en piezas separadas, Baja Bay Club y Hotel Bahía el Rincón, con el efecto de evitar una evaluación regional de impactos acumulativos. El expediente describe una vieja técnica del poder inmobiliario: partir el elefante para que parezca hormiga.

Cabo Pulmo no es una postal más del catálogo turístico mexicano. Fue decretado área natural protegida el 6 de junio de 1995 y protege más de 7,100 hectáreas, casi todas marinas. Allí se conserva el arrecife coralino más importante del Golfo de California y uno de los ejemplos más citados de recuperación por la prohibición de extracción. Estudios científicos han documentado que la biomasa de peces se multiplicó después de la protección. Lo que para el mercado puede ser un frente de playa, para la ciencia y para la comunidad ha sido una prueba rara: cuando se deja respirar al mar, el mar regresa.

No se trata solo de un permiso cancelado. Se trata de una pregunta moral: cuánto vale un arrecife vivo frente a un proyecto inmobiliario. En el papel, la respuesta parece sencilla. En el territorio, donde cada hectárea tiene dueño posible y cada promesa de empleo puede funcionar como chantaje, la respuesta se vuelve incómoda.

El conflicto se manifiesta en la playa, pero empieza tierra adentro, en las tuberías, los caminos, las colonias que crecen más rápido que los servicios y los acuíferos que no leen folletos de inversión. En Los Cabos, el boom turístico convive con una crisis hídrica persistente. Información pública del organismo operador de agua ha señalado que Cabo San Lucas requería al menos 1,000 litros por segundo para regularizar el abasto y producía alrededor de 480. El mismo organismo ha anunciado tinacos, pipas y ampliaciones de desalación para colonias con suministro limitado. La desigualdad, en BCS, a veces se mide en litros: unos llenan albercas; otros esperan el tandeo.

Ese es el paisaje moral que rodea Cabo Pulmo. No basta decir conservación contra progreso. La comunidad no vive de contemplar el mar como si fuera un museo. El turismo de bajo impacto, el buceo, la investigación y la economía local son parte de una salida posible. Lo que está en disputa es otra cosa: el modelo de enclave, el desarrollo que promete prosperidad mientras privatiza el horizonte, exige agua pública y traslada costos ambientales a quienes no aparecen en las maquetas.

La anulación del permiso de Baja Bay Club es un freno, no una absolución. El promovente todavía puede buscar medios de defensa y la historia de Cabo Pulmo enseña que los megaproyectos rara vez mueren del todo: cambian de nombre, de escala, de abogado o de ventanilla. Si una autoridad aprobó en 2024 lo que después otra revisión consideró inviable, la pregunta no puede quedarse en el expediente. ¿Quién revisó? ¿Quién omitió? ¿Quién decidió qué arroyos, dunas, tortugas y corredores biológicos podían tratarse como notas al pie?

Las salidas existen, pero exigen voluntad: evaluación regional obligatoria para proyectos conectados, ordenamiento territorial real en Cabo del Este, consulta pública temprana y no decorativa, límites hídricos antes que permisos de lujo, vigilancia ambiental con dientes y una política turística que mida éxito no solo por habitaciones, sino por agua disponible, vivienda digna y ecosistemas en pie.

Cabo Pulmo no pide ser intocable. Pide algo más radical en un país acostumbrado a vender la costa por partes: que el desarrollo demuestre primero que no destruye aquello que dice venir a admirar. En ese arrecife hay una lección sencilla y severa. Lo vivo no siempre gana en los escritorios, pero cuando se pierde, no hay fideicomiso capaz de comprarlo de regreso.

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AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

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Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). La iniciativa que propone permitir la alteración del orden de los apellidos en el Registro Civil en Baja California Sur —anteponiendo el apellido materno al paterno— se presenta como una medida orientada a fortalecer el derecho a la identidad y promover la igualdad de género. No obstante, desde una perspectiva técnica, jurídica y administrativa, dicha propuesta resulta ociosa, estéril e incluso contraproducente, al no resolver de fondo problemas estructurales de desigualdad y, en cambio, generar múltiples riesgos e inconsistencias en el orden jurídico y administrativo.

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Antecedentes históricos

El sistema de apellidos en México tiene raíces en la tradición hispánica, que estableció la doble filiación nominal (paterno-materno) como mecanismo de identificación plena del individuo dentro del núcleo familiar. Este modelo cumple funciones de orden público: garantiza certidumbre jurídica, trazabilidad genealógica y coherencia registral.

Si bien el primer apellido ha sido tradicionalmente el paterno, ello no implica jurídicamente una subordinación del linaje materno, sino una convención uniforme que permite la operatividad del sistema registral. Cambiar esta regla sin una reforma integral de fondo implicaría debilitar la función ordenadora del nombre.

Derecho comparado

En países como España, desde la reforma de 1999, se permite alterar el orden de los apellidos por acuerdo de los progenitores. Sin embargo, esta reforma ha derivado en múltiples problemas prácticos, obligando al establecimiento de reglas subsidiarias complejas y a reiteradas interpretaciones administrativas para garantizar la uniformidad entre hermanos y evitar cambios arbitrarios.

En América Latina, la tendencia mayoritaria mantiene el orden tradicional por razones de seguridad jurídica, aunque se han abierto excepciones limitadas.

En todos los casos, las reformas han requerido ajustes sistémicos profundos en registros civiles, bases de datos fiscales y sistemas de identidad nacional, lo cual no parece contemplado de manera integral en la iniciativa bajo análisis.

Inconvenientes jurídicos y administrativos

• Desarticulación del sistema registral

El marco normativo vigente en México —incluyendo CURP, registros civiles y sistemas fiscales (SAT)— presume un orden uniforme de apellidos. Alterar dicho orden generaría inconsistencias en la identificación de las personas, duplicidades registrales y problemas en la interoperabilidad de bases de datos.

• Inseguridad jurídica en la identificación

La identidad jurídica requiere estabilidad y previsibilidad. Introducir múltiples combinaciones discrecionales de apellidos dificultará la trazabilidad de las personas en procedimientos legales, notariales, financieros y administrativos.

• Confusión genealógica y ruptura de cadenas de filiación

El orden actual permite identificar de manera relativamente clara la línea paterna y materna a lo largo de generaciones. La alternancia libre de apellidos introduce ambigüedad, complicando la reconstrucción genealógica, la investigación histórica e incluso procesos sucesorios.

• Carga administrativa y costos públicos

La implementación de esta medida implicaría modificar sistemas informáticos, protocolos de registro y mecanismos de validación de identidad, con un costo económico significativo que no guarda proporción con el beneficio simbólico que persigue la iniciativa.

• Efecto nulo en la igualdad sustantiva

La propuesta se limita a un cambio nominal que no incide en las causas estructurales de desigualdad de género, como la brecha salarial, la violencia de género o la falta de acceso a oportunidades. Se trata de una medida simbólica que puede generar una percepción de avance sin producir efectos reales.

• Traslado del problema, no solución

Lejos de reivindicar el papel de la madre, la medida únicamente desplaza la preeminencia del apellido del abuelo paterno por la del abuelo materno, sin modificar la lógica estructural del sistema de apellidos. En consecuencia, el argumento de justicia histórica pierde sustento material.

Consideraciones en materia de Derechos Humanos

El derecho a la identidad, reconocido en el Aartículo 4º constitucional y en tratados internacionales, implica garantizar nombre, filiación y nacionalidad.

Sin embargo, este derecho no exige la alteración del orden de los apellidos, sino la certeza sobre los mismos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que las regulaciones sobre el nombre deben equilibrar la autonomía individual con el interés público en la seguridad jurídica.

En este caso, el interés público resulta comprometido, pues la reforma introduce incertidumbre sin un beneficio proporcional en términos de derechos fundamentales.

Corolario

La iniciativa analizada, obedece más a un capricho ideológico que a una necesidad real. Carece de eficacia jurídica y produce efectos adversos en el sistema registral y administrativo.

Se trata de una medida simbólica que no atiende las causas reales de la desigualdad de género y que, por el contrario, introduce desorden, inseguridad jurídica y costos innecesarios para el Estado.

Por las razones expuestas, se concluye que la propuesta debe ser desechada por el Congreso del Estado de Baja California Sur, privilegiando reformas que generen impactos reales, medibles y sustantivos en la protección de los derechos humanos y la igualdad entre mujeres y hombres.

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Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

La Paz, Baja California Sur (BCS). El lunes 1 de junio de 2026, las escuelas de Baja California Sur amanecieron con una quietud inusual. En muchas colonias, madres y padres de familia hicieron la misma pregunta antes de salir de casa: si habría clases o si el paro anunciado por el magisterio se mantendría. La respuesta llegó pronto, por mensajes de directivos, grupos escolares y comunicados sindicales: las actividades quedaban suspendidas en numerosos planteles. Lo que comenzó como una jornada de presión laboral se convirtió, con el paso de los días, en un conflicto estatal que ha puesto frente a frente a docentes, autoridades educativas, gobierno estatal, familias y estudiantes.

El origen inmediato del paro estuvo en las demandas del magisterio sudcaliforniano relacionadas con pensiones, servicios médicos, condiciones salariales y problemas administrativos acumulados. La Sección 3 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, encabezada por Elmuth Castillo Sandoval, confirmó la movilización y la extendió durante los días siguientes. Al mismo tiempo, expresiones del magisterio mantuvieron sus propias acciones de protesta, con plantones y concentraciones en espacios públicos de La Paz y otros municipios.

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La causa más profunda del conflicto se encuentra en la inconformidad contra el régimen de cuentas individuales derivado de la Ley del ISSSTE de 2007. Para miles de docentes, ese modelo modificó la expectativa de jubilación digna y trasladó parte del futuro laboral a un esquema financiero que consideran insuficiente. La exigencia de eliminar las cuentas individuales y regresar a un sistema solidario de pensiones se convirtió en el núcleo de la protesta. A ello se sumaron reclamos por deficiencias en los servicios médicos del ISSSTE, falta de especialistas, desabasto de medicamentos, trámites rezagados y la demanda de resolver cargas fiscales vinculadas al llamado “doble patrón”.

La protesta local coincidió con un contexto nacional de movilización magisterial. La CNTE había convocado a un paro nacional indefinido a partir del 1 de junio, también centrado en la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, el rechazo a las cuentas individuales y la exigencia de mejores condiciones laborales. Aunque Baja California Sur tiene una dinámica sindical propia, el clima nacional fortaleció la presión en la entidad y dio mayor visibilidad a una inconformidad que ya venía acumulándose desde meses anteriores.

El Gobierno de Baja California Sur recibió previamente un pliego petitorio del magisterio, con planteamientos laborales y salariales. Ese documento mostró que la inconformidad no se limitaba a una sola demanda, sino a un conjunto de asuntos que combinan temas estatales y federales. Ahí radica una de las dificultades centrales del conflicto: algunas respuestas dependen del gobierno estatal, pero otras requieren intervención directa de la Federación, del ISSSTE, de la Secretaría de Educación Pública federal, de Hacienda o incluso de reformas legislativas.

La Secretaría de Educación Pública de Baja California Sur, encabezada por Alicia Meza Osuna, reconoció la legitimidad de varias demandas, pero llamó a terminar el paro para cerrar adecuadamente el ciclo escolar 2025-2026. La dependencia advirtió que junio es un mes clave para evaluar el tercer trimestre, aplicar exámenes finales, elaborar boletas y certificados. La postura oficial fue clara: el derecho laboral de manifestarse debía equilibrarse con el derecho de niñas, niños, adolescentes y jóvenes a concluir sus actividades escolares en tiempo y forma.

El paro afectó principalmente a la educación básica. Desde Guerrero Negro hasta Cabo San Lucas, la suspensión de actividades modificó la rutina de miles de familias. En hogares donde ambos padres trabajan, la falta de clases obligó a buscar cuidados alternativos. En comunidades rurales, donde la escuela también funciona como centro de organización social, el cierre temporal de planteles generó incertidumbre. En secundarias y primarias, estudiantes quedaron a la espera de saber si habría exámenes, recuperación de contenidos o ajustes al calendario.

Las consecuencias educativas no son menores. Cada día sin clases representa contenidos que deberán reorganizarse, evaluaciones que se posponen y procesos administrativos que se acumulan. Para estudiantes próximos a cerrar grado escolar, la incertidumbre pesa más. Para docentes, el dilema también es complejo: protestan por derechos laborales que consideran fundamentales, pero lo hacen desde una profesión cuya razón de ser está directamente vinculada con la continuidad del aprendizaje.

En las calles de La Paz, el conflicto adquirió forma visible. Docentes se instalaron en Palacio de Gobierno, en la Plaza de la Reforma, en instalaciones de la SEP y en otros puntos de presión. Las pancartas hablaban de pensiones, salud, justicia laboral y retiro digno. No era una protesta improvisada: detrás había años de inconformidad, asambleas, consultas, comunicados y una sensación extendida de que las respuestas institucionales habían sido insuficientes.

El gobernador, Víctor Manuel Castro Cosío, intervino solicitando apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum para abrir una mesa nacional que revisara el régimen de cuentas individuales. Ese gesto fue leído por la dirigencia sindical como un respaldo político importante, aunque no suficiente para levantar la movilización. El magisterio pidió compromisos medibles, minutas firmadas y rutas concretas de solución. La experiencia de conflictos anteriores ha hecho que los docentes desconfíen de los acuerdos generales sin fechas, montos o responsables definidos.

Uno de los avances reportados fue la instalación de mesas de negociación con el gobierno estatal para revisar asuntos contractuales, salariales y administrativos. También se mencionó la atención a temas de salud, incluyendo brigadas médicas en regiones apartadas como Pacífico Norte y comunidades rurales de Los Cabos. Sin embargo, esas acciones fueron vistas como respuestas parciales frente a demandas de mayor alcance. La eliminación del régimen de cuentas individuales, por ejemplo, no puede resolverse desde una oficina estatal.

El paro también mostró diferencias internas dentro del magisterio. Por un lado, la estructura institucional de la Sección 3 del SNTE encabezó movilizaciones y negociaciones formales. Por otro, grupos disidentes mantuvieron presión propia y colocaron demandas adicionales, como la abrogación completa de la Ley del ISSSTE de 2007 y la solución al problema fiscal del doble patrón. Esa diversidad de voces refleja la complejidad del movimiento: no se trata de un bloque uniforme, sino de un gremio amplio, con corrientes, estrategias y grados distintos de confianza hacia las autoridades.

Para las autoridades educativas, el principal reto inmediato es recuperar la normalidad escolar sin ignorar las causas del conflicto. Obligar al regreso sin respuestas podría profundizar el malestar. Pero prolongar indefinidamente el paro afectaría a estudiantes y familias. La solución requiere diálogo, pero también precisión: qué demandas puede resolver el Estado, cuáles debe gestionar ante la Federación, qué plazos son realistas y cómo se verificará cada compromiso.

Para el magisterio, el reto es mantener legitimidad social. La defensa de pensiones, salud y salario tiene respaldo entre amplios sectores, pero la suspensión de clases genera preocupación en familias que dependen de la escuela. La fuerza del movimiento dependerá no solo de su capacidad de presión, sino también de explicar con claridad por qué sus demandas impactan en la calidad educativa. Un docente con incertidumbre laboral, sin atención médica adecuada o sin perspectiva de retiro digno trabaja bajo condiciones que tarde o temprano afectan al sistema completo.

El conflicto deja una lección de fondo: la educación pública no se sostiene únicamente con planes de estudio, libros de texto o calendarios escolares. También requiere estabilidad laboral, servicios médicos funcionales, pensiones justas y canales permanentes de diálogo. Cuando esos elementos fallan, la inconformidad termina llegando a las aulas, aunque se exprese en las calles.

Hasta este jueves 4 de junio, el paro continuaba y las clases seguían suspendidas en educación básica en Baja California Sur. Los resultados aún son parciales: hay mesas abiertas, pronunciamientos oficiales, gestiones ante la Federación y medidas emergentes en salud, pero no una solución definitiva al núcleo del conflicto. La disputa por las pensiones y la seguridad social seguirá siendo el punto más difícil.

El desenlace dependerá de la capacidad de las partes para convertir la presión en acuerdos verificables. Si las mesas producen compromisos claros, el paro podría abrir una ruta de solución. Si predominan las respuestas generales, el conflicto puede reaparecer con mayor fuerza. En medio quedan los estudiantes, las familias y los propios maestros, atrapados entre la urgencia de volver a clases y la necesidad de resolver problemas que llevan años esperando.

Baja California Sur vive así una pausa incómoda. Las escuelas cerradas no solo muestran un conflicto laboral; revelan una fractura más profunda entre las condiciones reales del trabajo docente y las exigencias sociales depositadas sobre la educación pública. El paro iniciado el 1 de junio no puede entenderse como un hecho aislado. Es el resultado de una acumulación de promesas, reformas, rezagos y demandas que llegaron a un punto límite. Su solución exigirá más que llamados al regreso: requerirá acuerdos serios, presupuesto, voluntad política y seguimiento público.

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Vientos de Pueblo

José Luis Cortés M.

San José del Cabo, Baja California Sur (BCS). El Spring Break no entra a Baja California Sur en silencio. Entra por el aeropuerto de San José del Cabo, por los camiones turísticos, por las pulseras de hotel todo incluido, por los bares encendidos antes de que caiga la tarde y por esa postal que el mundo compra sin mirar el reverso: sol limpio, mar azul, arena caliente, servicio impecable. Del 1 de marzo al 3 de abril de 2026, Los Cabos esperaba recibir entre 45 mil y 50 mil jóvenes, principalmente de Estados Unidos, con una derrama estimada superior a 50 millones de dólares. Doce hoteles participaron directamente en esta temporada organizada, coordinada entre autoridades, hoteleros y operadores turísticos. La ocupación prevista rondaba el 80%. En la superficie, todo parecía una buena noticia. Y lo es, al menos para una parte del Estado.

Ganan los hoteles, los restaurantes, los bares, los transportistas, las agencias, los organizadores de eventos, los comercios de la zona turística y una cadena amplia de trabajadores que vive de la temporada alta. Gana también el gobierno, que puede presentar cifras de dinamismo, conectividad y confianza internacional. En un Estado donde el turismo no es solo actividad económica sino columna vertebral del discurso público, el Spring Break funciona como vitrina: muestra a Los Cabos como destino seguro, deseable, rentable. Cada llegada confirma una marca; cada habitación ocupada sostiene una narrativa de éxito. Pero Baja California Sur no es solo la postal. Es también el territorio que sostiene esa postal. Y ahí empieza la grieta.

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El mayor impacto se concentra en Los Cabos, no en todo el Estado por igual. La Paz, Loreto, Comondú y Mulegé reciben efectos indirectos: movilidad, proveeduría, expectativas de inversión, presión sobre servicios, comparación permanente con el sur próspero. Pero el peso principal cae sobre el corredor San José del Cabo-Cabo San Lucas, donde el turismo de alto consumo convive con colonias que han crecido más rápido que la infraestructura pública. Según datos censales, Los Cabos pasó de 238,487 habitantes en 2010 a 351,111 en 2020; en ese último año concentraba alrededor del 44% de la población estatal. Ese crecimiento no llegó acompañado, en la misma proporción, de agua, vivienda digna, transporte suficiente ni planeación urbana capaz de ordenar la expansión.

La contradicción es brutal porque se mira sin necesidad de explicarla demasiado: campos de golf verdes en medio del desierto, albercas relucientes frente al mar, hoteles de lujo ofreciendo abundancia hídrica como parte de la experiencia, mientras en zonas populares el agua puede convertirse en espera, tandeo, tinaco, pipa, gasto extra y resignación. De acuerdo con registros oficiales de disponibilidad de agua subterránea, el acuífero de Cabo San Lucas presenta una disponibilidad media anual negativa de más de 24 hectómetros cúbicos; el de San José del Cabo también aparece con déficit, al igual que el de La Paz. No es una metáfora: el subsuelo está diciendo, con números secos, que la fiesta ocurre sobre una cuenta sobregirada.

La pregunta no es si el turismo debe existir. Sería absurdo plantearlo así en un Estado cuya economía depende de esa maquinaria. La pregunta es quién decide sus límites, quién paga sus costos y quién se queda con sus beneficios más altos. Porque el Spring Break deja dinero, sí, pero también deja presión: más consumo de agua, más residuos, más tránsito, más demanda de seguridad, más ruido, más tensión sobre playas y espacios públicos, más empleo temporal y, muchas veces, más desigualdad normalizada bajo el lenguaje amable del desarrollo.

El crecimiento hotelero e inmobiliario ha reordenado las prioridades. En Los Cabos, el suelo vale por su capacidad de mirar al mar, no necesariamente por su capacidad de alojar con justicia a quienes hacen funcionar el destino. La vivienda para trabajadores se empuja lejos de la franja turística; los traslados se alargan; la ciudad se estira hacia donde puede, no siempre hacia donde debe. El lujo concentra inversión, pero también concentra vulnerabilidad: un destino que depende de vender abundancia en un territorio de escasez está obligado a revisar su modelo antes de que la contradicción se vuelva fractura.

Hay salidas, pero no caben en el optimismo publicitario. Requieren transparencia en concesiones y usos de agua, planeación urbana vinculante, medición pública del consumo turístico, inversión real en infraestructura hidráulica, tratamiento y reúso, límites ambientales verificables, vivienda accesible para trabajadores y acceso público efectivo a playas. Requieren que el éxito no se mida solo por ocupación hotelera y derrama, sino por la capacidad de que el destino no expulse, no seque y no oculte a quienes lo sostienen.

Spring Break 2026 muestra, con una claridad casi cruel, las dos caras de Baja California Sur: la del paraíso que se vende al mundo y la del territorio que absorbe la factura. Los jóvenes se irán con fotos, pulseras cortadas y memoria de fiesta. Los hoteles cerrarán cuentas. Las autoridades hablarán de saldo positivo. Pero cuando baje la música, quedará lo esencial: un Estado que debe decidir si quiere seguir celebrando el desarrollo como espectáculo o empezar a defenderlo como derecho compartido. Porque en el desierto, la prosperidad que no alcanza para todos termina pareciéndose demasiado a la sed.

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Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). En Baja California Sur, el conflicto ya no es técnico ni administrativo: es político, ambiental y de supervivencia. La Sierra de la Laguna —la principal fábrica de agua del Sur del Estado— se ha convertido en el epicentro de una disputa entre el interés público y la presión de proyectos privados que, bajo discursos maquillados de desarrollo, amenazan el equilibrio ecológico de la región.

Frente a ello, el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida, colectivo que agrupa a 34 organizaciones civiles, ha decidido subir el tono: prepara la presentación de un mandato ciudadano para obligar al gobierno estatal a utilizar una herramienta que el poder público ha evitado: la expropiación. No es una ocurrencia. Es una señal de que la ciudadanía está llegando al límite.

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El fondo del problema: agua contra negocio

La Sierra de la Laguna no es intercambiable ni sustituible. Es un ecosistema de más de 112 mil hectáreas que garantiza el abastecimiento de agua para cerca del 90% de la población de La Paz y Los Cabos. En un Estado marcado por el estrés hídrico, eso no es un dato ambiental: es un dato de seguridad pública. Y, sin embargo, sobre ese territorio avanzan proyectos inmobiliarios, turísticos y potenciales actividades extractivas que implican deforestación, presión sobre acuíferos, alteración del suelo y riesgo de contaminación.

El patrón es conocido: desarrollos disfrazados de “sustentables” que, en la práctica, privatizan el territorio y socializan el daño. La acusación: no sólo amenaza privada, también omisión pública

El planteamiento del Frente es frontal: no sólo hay presión privada, también hay tolerancia, complacencia y/o complicidad— de autoridades de los tres niveles de gobierno. La omisión ya no puede esconderse detrás de discursos burocráticos.

En derecho público, cuando una autoridad sabe que existe un riesgo y no actúa, deja de ser neutral: se convierte en parte del problema. En materia ambiental, eso tiene consecuencias graves: el daño no espera trámites, no respeta tiempos políticos, y muchas veces es irreversible.

Expropiar para proteger

Ante ese escenario, el mandato ciudadano rompe la inercia: propone la implementación de un programa integral de expropiación, adquisición o limitación de dominio de los predios privados ubicados dentro de la reserva. Que el Estado intervenga directamente en la propiedad privada cuando ésta pone en riesgo un bien colectivo esencial: el agua.

No se trata de arbitrariedad. La propia Constitución lo permite: la propiedad puede ser expropiada por causa de utilidad pública y mediante indemnización. Y si algo encaja en ese concepto, es precisamente esto: proteger la principal fuente de agua de toda una región.

Derechos humanos, no caprichos

El planteamiento no se sostiene en consignas, sino en un entramado jurídico sólido. El derecho humano al agua y al medio ambiente sano no es retórico, es exigible.

La Ley General de Equilibrio Ecológico reconoce la preservación del ambiente como materia de orden público. La legislación estatal permite expropiar bienes cuando el interés social está en juego. La Suprema Corte ha validado el principio precautorio, que obliga a actuar incluso ante riesgos no totalmente comprobados.

Y la Corte Interamericana ha sido clara: los Estados deben prevenir daños ambientales significativos. Aquí no hay margen de duda: la autoridad tiene la obligación de actuar.

Tres verdades incómodas

Detrás del mandato ciudadano hay tres afirmaciones que incomodan al poder:

• La Sierra de la Laguna sí es causa de utilidad pública. No por ideología, sino porque sin ella no hay agua.
• La inacción es una forma de violación a derechos humanos. Autorizar —o permitir— proyectos que afecten el ecosistema es comprometer el acceso al agua de miles de personas.
• La expropiación no es radical: es legal y necesaria. Siempre que haya debido proceso e indemnización, es una herramienta legítima del Estado para proteger el interés general.

El fondo del conflicto es más sencillo de lo que parece: ¿Debe prevalecer el interés privado de desarrollo inmobiliario o el interés colectivo de conservar el agua y el equilibrio ecológico? La respuesta jurídica ya existe. La pregunta es si existe voluntad política para aplicarla.

Un punto de quiebre

El mandato ciudadano que está por presentarse no sólo busca activar un procedimiento administrativo. Busca algo más profundo: romper la lógica de permisividad que ha permitido que intereses privados se inserten en zonas ambientalmente estratégicas.

En un estado donde el agua es escasa, la pasividad no es una opción. Porque en Baja California Sur, la disyuntiva ya no es desarrollo contra conservación. Es mucho más directa: o se protege la Sierra de la Laguna, o se pone en riesgo el futuro hídrico de toda la región.

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