FOTOS: Congreso del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Fue mediante tres pronunciamientos que integrantes del III Parlamento de la Diversidad Sexual dieron a conocer las necesidades que aún padece la comunidad LGBTTTIQ+, a fin de que las autoridades de los tres órdenes de gobierno trabajen en políticas públicas con perspectiva de género y de la diversidad sexual, para alcanzar así una verdadera igualdad sustantiva y no discriminación, se informa a través de un comunicado oficial del Congreso del Estado.

En la Presidencia de la Mesa Directiva estuvo José Francisco Castillo Escobar, Vicepresidencia Gabriela Martínez Reyes, Secretario Rodolfo Alberto Rieke Sánchez y Pro- Secretario Martha Alicia Jabín Angulo. La mesa de trabajo “Igualdad y no Discriminación» le solicitó a la Salud BCS programas institucionales que brinden atención a las personas diversas, partiendo de la igualdad constitucional; también que universalice los programas por cuanto a la profilaxis post exposición y profilaxis previa (prec y pec) sobre enfermedades de transmisión sexual.

En materia de educación, la mesa integrada por Alma Romero López, René Arturo Aréchiga Flores, Gilberto Robles Martínez, Alanna Stephanía García Gómez, Mónica Yasmín Reyes Jiménez y Rocío Estefanía Rincón Gutiérrez, se pronunciaron por el establecimiento de programas de contención y atención psicológica enfocados a las personas de la diversidad sexual, desde su primer infancia, como una forma de prevención del bullying escolar y social, fenómeno nocivo actual, condicionante de un número significativo de suicidios.

Finalmente, solicitaron se legisle respecto a las familias diversas, conformadas por lesbomaternidades o homoparentalidades, permitiéndoles igualdad de derechos en materia de registro civil para infantes.

En cuanto a la mesa integrada por Rodolfo Alberto Rieke Sánchez, Blanca Trinidad Barriga Moyrón, Luis Alfredo Mendoza Cervantes, Iván Sameer Cota Figueroa, Jared Eduardo González Trujillo y Luis Felipe Ramírez Dávila, se pronunciaron para que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), por medio del área de Prevención del Delito, imparta pláticas en materia de ciberdelitos, extorsiones telefónicas y violencia digital hacia la comunidad LGBTTTIQ+, exhortándoles a celebrar convenios con la Secretaría de Educación Pública y Secretaría de Salud, para obtener un mayor alcance y difusión de las situaciones de riesgo.

Hicieron un llamado al Instituto Sudcaliforniano del Deporte, y Salud BCS, para que exhorten a las autoridades deportivas federales, a analizar la posibilidad de crear competencias en una tercera categoría sexo-genérica, para que deportistas trans tengan la posibilidad de competir en igualdad de circunstancias.

Por último, la mesa de trabajo “Políticas Públicas con Perspectiva de Género y de la Diversidad Sexual”, integrada por Gabriela Martínez Reyes, Brittany Talamantes Obeso y José Francisco Castillo Escobar, sentenciaron en su intervención que “no se trata de incluirnos como favor, sino de reconocernos como sujetos de derecho. No pedimos privilegios, exigimos igualdad sustantiva y paridad de oportunidades”.

Razón por la cual, se pronunciaron para que las mujeres trans que no encuentran empleo formal por su identidad puedan hacerlo; para que las juventudes LGBTTTIQ+ tengan acceso a educación libre de violencia, y con información veraz sobre su sexualidad; que los servicios de salud estén capacitados para atender sin prejuicios a una persona lesbiana, a una persona no binaria, o a un hombre gay con VIH; así como, la creación de Unidades de Diversidad Sexual en dependencias gubernamentales y la creación de un Portal Integral de Atención y Orientación LGBTTTIQ+.

Razón por la cual hicieron un llamado a las instituciones a trabajar de manera transversal la perspectiva de género en todas las áreas, y finalmente, a la Comisión Permanente de Atención a Grupos Vulnerables y a Personas con Discapacidad, se aboque al estudio y dictaminación de la iniciativa con proyecto de decreto que crea al Instituto Sudcaliforniano de la Diversidad Sexual.

La Paz, Baja California Sur (BCS). La diputada por el PAN, Guadalupe Saldaña Cisneros, presentó hoy en el Congreso del Estado una iniciativa con proyecto de decreto que propone expedir la Ley de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación en Baja California Sur.

Se trata de una ley que establece desarrolla y especifica el derecho humano a la ciencia, reconocido por la Ley General y por la Relatoría Especial de la ONU.

Es una ley de fomento, promoción, instrumentos y acciones para detonar las humanidades, las ciencias, las tecnologías y la innovación, como elementos fundamentales del desarrollo integral y sustentable de nuestra entidad federativa.

De aprobarse, BCS sería una de las primeras entidades federativas en contar con una nueva Ley, guiada por la reciente Ley General, como fue también la adición al Artículo 6 de la Constitución Estatal, aprobada el pasado 29 de abril, que otorga rango constitucional a la obligación del Estado de promover, fomentar e impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación para el desarrollo integral, sustentable y competitivo de Baja California Sur.

“Hoy Baja California Sur tiene la oportunidad de estar entre las primeras entidades del país en contar con una Ley moderna, útil y alineada a la visión nacional e internacional que impulsa la ciencia con sentido humano y de beneficio colectivo”, expresó Lupita Saldaña.

Es importante destacar que no se proponen nuevas autoridades ni se incrementa el gasto público para la implementación y ejecución de la Ley, no busca un replanteamiento de la administración pública, sólo fortalecer lo que hoy existe.

Además, se establecen bases de las políticas públicas en la materia de humanidades, ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo de capacidades para la protección del medio ambiente y el acceso al agua potable en el Estado, considerando su posición geográfica privilegiada.

Durante su mensaje, explicó que esta iniciativa tiene un solo objetivo: acercar el conocimiento a la gente, para que no sea sólo cosa de investigadores o universidades, sino que sirva para resolver los problemas de todos los días, como el acceso al agua, la salud, el empleo o el cuidado del medio ambiente.

“Aquí hay mucho talento. Lo que falta es darle herramientas, apoyos y espacio para crecer. Con esta ley, el conocimiento se convierte en palanca de desarrollo para todos”, indicó la legisladora.

Finalmente, la diputada llamó a todas y todos los legisladores, académicos y ciudadanos a sumar esfuerzos para que Baja California Sur tenga una Ley moderna, clara y útil.

FOTOS: Congreso del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). La presidenta de la Comisión Permanente de la Diversidad Sexual del Congreso del Estado, diputada Alondra Torres García, encabezó la instalación del III Parlamento Sudcaliforniano de la Diversidad Sexual, donde destacó el compromiso del Poder Legislativo de continuar garantizando espacios de participación plural, así como de impulsar un marco legal progresista e incluyente que atienda los derechos y necesidades de la comunidad LGBTTTIQ+ en BCS.

“Todas y todos queremos lograr una sociedad más justa, igualitaria, libre de prejuicios, discriminación y violencias”, expresó la legisladora ante las y los integrantes del parlamento, así como representantes de los tres órdenes de gobierno.

Las diputadas Teresita de Jesús Valentín Vázquez y Arlene Moreno Maciel, secretarias de la Comisión Permanente de la Diversidad Sexual, también refrendaron el compromiso del Congreso del Estado de poner su mayor esfuerzo para que este parlamento posicione los temas fundamentales de la diversidad sexual, promoviendo propuestas que surjan de todas las voces del estado.

“Sabemos que el reto es grande, pero más grande es la oportunidad de vivir estos momentos cruciales para sentar un precedente de inclusión y respeto”, coincidieron las legisladoras.

El parlamento se desarrolla en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Diversidad Sexual, como una acción afirmativa que promueve la participación ciudadana y visibiliza las realidades de los sectores históricamente discriminados.

Al concluir la ceremonia de instalación, se contó con la destacada participación de la diputada federal Laura Hernández García, secretaria de la Comisión Ordinaria de la Diversidad Sexual en la Cámara de Diputados, quien impartió la conferencia «Avances y Retos para un Marco Jurídico Incluyente, Igualitario y Libre de Discriminación para las Personas de la Diversidad Sexual».

Este espacio de diálogo permitió reflexionar sobre la importancia de avanzar hacia un marco legal más inclusivo, equitativo y respetuoso de todas las personas, sin importar su orientación sexual o identidad de género.

Con este ejercicio legislativo, BCS reafirma su liderazgo en la construcción de políticas públicas con enfoque de derechos humanos, inclusión y diversidad.

Las actividades del parlamento concluirán el próximo miércoles 25 de junio con la sesión solemne, que se llevará a cabo en la Sala de Sesiones José María Morelos y Pavón del Congreso del Estado, a partir de las 10:00 horas.

FOTO: Archivo.

Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). El derecho humano al agua se fundamenta en la garantía de que toda persona pueda disponer de agua en cantidad suficiente, de calidad adecuada y en condiciones que permitan satisfacer las necesidades básicas de la vida. Esto incluye el agua para beber, cocinar, el aseo personal y otros usos domésticos esenciales.

En síntesis, este derecho reconoce que sin acceso a un recurso vital como el agua es imposible ejercer otros derechos fundamentales, como el derecho a la salud, la alimentación, la vivienda o el medio ambiente sano.

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El derecho humano al agua implica que este recurso debe ser administrado de forma equitativa, sostenible y accesible. Esto no solo significa que el agua debe estar disponible, sino también que su costo y distancia no representen una barrera para las personas, garantizando que el acceso no sea el privilegio de unos pocos, sino un bien público destinado a mejorar la calidad de vida y a promover el desarrollo sostenible. Para ello, el Estado tiene la obligación de implementar políticas y leyes que regulen su distribución, preservación y uso racional, evitando la privatización o sobreexplotación que pudiera afectar a comunidades vulnerables.

Resoluciones relevantes de la SCJN

Amparo en Revisión 269/2013

El acceso al agua potable forma parte del contenido esencial del derecho a una vida digna. Este precedente establece que el Estado tiene la obligación de garantizar un mínimo vital de agua, incluso en contextos de pobreza o marginación.

Acción de Inconstitucionalidad 49/2014

La SCJN determinó que el corte del suministro sin notificación previa vulnera derechos fundamentales, como el debido proceso y el acceso al agua.

Amparo Directo en Revisión 4441/2020

La Corte reafirmó que el servicio de agua potable, aun cuando sea prestado por particulares, debe respetar los estándares del derecho humano al agua. Se resolvió que los usuarios tienen derecho a ser informados antes de cualquier suspensión del servicio, salvo en casos de falta reiterada de pago.

Tesis Aisladas y Jurisprudencia

La SCJN ha emitido en múltiples tesis que el agua es un bien público y que su acceso debe ser equitativo, suficiente, salubre y asequible. Estas tesis también han abordado la relación del derecho al agua con otros derechos, como el medio ambiente sano y la salud.

Resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Por expreso sometimiento del Estado mexicano a la jurisdicción de la CIDH, las siguientes resoluciones son vinculantes, y, por tanto, es obligatorio su cumplimiento para México, aunque nuestra nación no haya sido parte en la controversia generadora de la causa.

Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay (2005)

La falta de acceso al agua potable y alimentos adecuados vulnera el derecho a la vida digna de la comunidad indígena. Este caso marcó un hito al vincular el derecho al agua con el derecho a la vida en condiciones de dignidad.

Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay (2006)

Se reiteró que el Estado tiene la obligación de garantizar condiciones mínimas de subsistencia, incluyendo el acceso al agua, especialmente para comunidades en situación de vulnerabilidad.

Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay (2010)

La Corte reafirmó que la falta de acceso al agua potable y servicios básicos constituye una violación del derecho a la vida y a la integridad personal.

Caso Pacheco Teruel y otros vs. Honduras (2012)

En el contexto de personas privadas de libertad, la Corte señaló que las condiciones de detención, -incluyendo el acceso al agua-, deben respetar la dignidad humana.

La jurisprudencia de la CIDH establece que el derecho al agua es indispensable para garantizar otros derechos humanos. Aunque no esté expresamente consagrado en la Convención Americana, su protección se deriva de una interpretación evolutiva y pro persona del sistema interamericano.

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FOTOS: Archivo | Congreso del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). La XVII Legislatura al Congreso del Estado solicitó que se revisen exhaustivamente los protocolos de seguridad de las carreras off road en BCS y establecer condiciones más seguras para los participantes y espectadores.

Ante los hechos ocurridos en la pasada edición de off road, la asamblea aprobó un punto de acuerdo presentado por el diputado Erick Ivan Agundez Cervantes para exhortar al Gobierno del Estado, a los cinco ayuntamientos a la Subsecretaría y las Coordinaciones Municipales de Protección Civil, para que convoquen a mesas de trabajo a los organizadores y asociaciones en materia de off road, con la finalidad de establecer condiciones más seguras.

Agundez Cervantes determinó que, pese a que las carreras son un motor económico importante en BCS, sin embargo, hechos lamentables como del pasado domingo 15 de junio durante la carrera “Coyote 300”, en el que un menor fue atropellado por un vehículo participante, replantean la necesidad de fortalecer las medidas de seguridad, puesto que se tratan de vidas.

El también Presidente de la Comisión de Protección Civil en la XVII Legislatura consideró que se debe de reconsiderar las rutas actuales y las velocidades permitidas en determinadas zonas, especialmente las que atraviesan áreas pobladas, así como el regular que personas se coloquen en zonas de alto peligro, como curvas cerradas.

En la discusión intervinieron a favor, el diputado Fabrizio del Castillo Miranda (PRI) quien coincidió en que se deben buscar mecanismos para que se reduzcan los accidentes y solicitó un informe del evento.

La diputada Arlene Moreno (PT) se sumó al llamado para que durante la revisión mecánica de los vehículos, se verifiquen los puntos de seguridad para los expectadores y colocar señaléticas.