Esperanza Martínez Romero, FOTO: Expansión

La inmortalidad del cangrejo

Por Lorena Durán Riveroll

El mejor lugar para una feminista es el laboratorio de otra persona

                                               James Watson (sobre Rosalind Franklin)

La Paz, Baja California Sur (BCS). Hace pocos días tuvieron lugar dos conmemoraciones importantes: el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el 11 de febrero, y el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Ambas conmemoraciones fueron designadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y en ambas se busca visibilizar el largo camino pendiente para lograr la equidad entre géneros a nivel mundial. El primero, en el trabajo científico; el segundo, en la vida diaria.

Hoy quiero escribir sobre una pregunta que me han hecho repetidamente. Quiero pensar que, quienes me han preguntado esto lo han hecho sin dolo. Este cuestionamiento generalmente va de la mano con la idea de que, de alguna manera, las mujeres tenemos menor capacidad que los hombres para las actividades intelectuales y mayor sensibilidad para otras más acordes con nuestro género. Esta pregunta es: Si las mujeres son igualmente inteligentes y capaces que los hombres, ¿por qué hay muchos menos premios Nobel e inventos realizados por mujeres? ¿Por qué, en el caso nacional, hay muchas menos mujeres científicas y en el Sistema Nacional de Investigadores?. Y la respuesta no es tan sencilla como argumentar diferencias fisiológicas relacionadas con la inteligencia y ligadas a los cromosomas (las cuales han sido desestimadas en cientos de estudios científicos). La respuesta es, y sigue siendo, histórica y social.

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Ali Guaneros/NASA, FOTO: El Universal

Hoy, en La Inmortalidad del Cangrejo, hablaré sobre los motivos históricos que han impedido que las mujeres tengamos pleno acceso a la actividad científica, y cuyos resultados seguimos viendo hoy.

Las científicas en números

De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), para el 2013 solo un poco más del 25% de las personas involucradas en investigación en el mundo son mujeres, y esos datos no han cambiado mucho. En los Estados Unidos y Europa Occidental, las mujeres investigadoras eran entonces el 32% del total, mientras que en Etiopía tan solo el 13%.

Hasta la preparatoria es muy común encontrar altos porcentajes de mujeres interesadas en las ramas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés, Science, Technology, Engineering and Mathematics). Sin embargo, conforme aumenta el nivel escolar, este porcentaje disminuye.

Uno de los motivos está relacionado con la edad reproductiva y el cuidado de los hijos (y, frecuentemente, de los padres). A menudo, el tiempo que las mujeres dedican al cuidado de la casa y la familia les impide dedicar tiempo a sus trabajos, justamente en el momento y la edad en que sus pares masculinos están enfocados en la construcción de sus carreras.

FOTO: Internet

La riqueza invisible producida por las mujeres

De acuerdo con el Centro de Investigación en Política Pública y con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las mujeres dedican, en promedio, unas 50 horas a la semana a la tareas domésticas, mientras que los hombres no dedican ni 20. Es decir, cada semana, las mujeres dedican ¡más de siete horas al día a estas actividades! Y, prácticamente en todos los casos, este trabajo es sin salario (datos aquí).

El trabajo doméstico incluye tener una casa habitable, ropa limpia, comida preparada con alimentos comprados en diversas tiendas y mercados, cuentas de luz, agua y gas pagadas, trastos limpios, cuidado de los hijos (que es otro tema completo: ayuda con las tareas, llevar y traerlos de las escuelas, las actividades vespertinas, su cuidado si se enferman y un larguísimo etcétera). ¿Qué pasa si nadie hace este trabajo? Simplemente no se puede realizar ningún otro.

Según datos del 2009, en México, el trabajo doméstico representó casi el 22% del Producto Interno Bruto (PIB) (info aquí). Esto es 17% más que la industria manufacturera y 24% más que el comercio. Además, el 80% de esta riqueza fue producida por mujeres. Pero el trabajo doméstico y la atención de los hijos no es lo único que afecta el equilibrio entre hombres y mujeres en la ciencia. Existen otros factores ligados a la percepción de las mujeres por los demás.

FOTO: Internet

El sexismo en la ciencia

En un estudio del 2012, un equipo de psicólogos de la Universidad de Yale exploró el sesgo de género al reclutar estudiantes para labores de investigación. Los investigadores enviaron currícula falsa a una oferta de empleo para responsable de un laboratorio. Las diversas solicitudes contenían datos idénticos, salvo por un detalle: a la mitad le pusieron nombre femenino y a la otra mitad, nombre masculino. Los miembros de la facultad que participaron en la selección calificaron a los solicitantes masculinos como significativamente más competentes y, por lo tanto, mejores para el cargo que las solicitantes femeninas, aunque los datos eran idénticos. La publicación científica con los resultados de este estudio se encuentra aquí.

Contrario a lo que se podría esperar, el género de los reclutadores no afectó las respuestas: mujeres y hombres investigadores que revisaron las solicitudes calificaron como menos capaces a las mujeres que solicitaron el puesto. Esto nos muestra que los sesgos y prejuicios contra las mujeres en actividades STEM se encuentran anclados tan profundamente en la cultura, que es demasiado común que estas cosas sucedan, independientemente del género de quien ejerce esta discriminación.

Acoso y hostigamiento sexual en las carreras científicas

El acoso y el hostigamiento sexual en las universidades y centros de investigación en el mundo, no solo en México, parece algo muy reciente, pero este comportamiento se ha normalizado desde siempre. Afortunadamente, cada vez escuchamos más sobre estos casos y la búsqueda de justicia, sin embargo, pocos son realmente atendidos. En nuestro país existen decenas de denuncias, y la mayoría de ellas han sido desestimadas.

Comentaré dos casos: El 8 de marzo del 2020, un grupo de mujeres de Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad (Langebio) del CINVESTAV, un reconocido centro de investigación, denunciaron al investigador Jean-Philippe Vielle Calzada por una serie de conductas inapropiadas. En la queja se relata (con pruebas) cómo el investigador trataba de besar a sus alumnas y colaboradoras, cómo las tocaba sin su consentimiento, las presionaba para tener relaciones románticas con él, les hacía propuestas sexuales, y les enviaba poemas y regalos. Y si ellas no aceptaban sus avances, tomaba fuertes represalias que a menudo las obligaban a renunciar a sus carreras. Aquí está el reportaje de la revista Science sobre el caso. A pesar de que existen pruebas y testigos, la respuesta de las autoridades ha sido nula. Incluso, hace pocos días, el caso fue archivado por las autoridades mexicanas con el pretexto de que, cuando ocurrieron los hechos, estaban vigentes otras normas. Esta información se encuentra aquí.

Mi caso personal, que puede leerse aquí, ha sido un proceso largo y desgastante. Viví este infierno de hostigamiento sexual y laboral junto con mis estudiantes cuando trabajaba en la UNAM. No es de sorprender que, al finalizar sus tesis de licenciatura, mis estudiantes mujeres, brillantes, capaces y con un futuro muy prometedor, decidieron no continuar por el camino de la investigación: no querían pasar por lo que yo había pasado.

FOTO: Internet

En estos dos casos y en miles más, los hombres que han acosado y hostigado continúan en sus puestos, protegidos por el silencio y el miedo. Decenas de mujeres tienen historias que contar sobre ellos, pero no lo harán. El infierno al que nos someten es un mensaje muy claro para ellas: si hablas, así te va a ir.

El acceso de las mujeres a la ciencia

Antes del siglo XX, el acceso de las mujeres a las universidades era algo poco común. No era que ellas no quisieran aprender más, simplemente no se les permitía. Las razones eran variopintas, y muchas veces, de risa loca: argumentaban que el esfuerzo mental necesario para la educaciónsuperior podría desviar la energía del sistema reproductivo femenino, y dañaría su fertilidad. También se discutía que el solo hecho de tener mujeres cerca podría distraer el trabajo intelectual de los hombres.

En México, la primera mujer que obtuvo un título universitario fue Margarita Chorné y Salazar, en 1886. Ella era hija de un dentista, quien le enseñó su profesión y la Universidad únicamente le otorgó el título. La primera mujer que realmente accedió a la educación universitaria en América Latina fue la mexicana Matilde Montoya, a quien incluso al terminar sus estudios se le negó la presentación de su examen de grado por ser mujer. Solo con apoyo del general Porfirio Díaz pudo graduarse, en 1887. La historia completa se puede encontrar aquí.

Otras universidades famosas, como la Universidad de Cambridge y la Escuela de Medicina Harvard tomaron más tiempo. No fue sino hasta 1921 que la primera otorgó un grado a una mujer. La segunda se negó a admitir mujeres hasta 1945, aunque se habían hecho intentos y exámenes de admisión a mujeres desde unos 100 años antes.

Susana López/UNAM FOTO: CIENCIA UNAM

A pesar de todo, sí existen algunas (pocas) historias de mujeres científicas de tiempos pasados que han sido reconocidas. El caso más famoso es el de la física Marie Curie, pero ellas a menudo eran tratadas como extrañas, forasteras en un mundo al que no pertenecían. A Marie Curie incluso le negaron ser miembro de la Academia Francesa de las Ciencias en 1911 por ser mujer. La matemática Emmy Noether consiguió un puesto en la universidad de Gotinga, en Alemania, durante la primera guerra mundial, y un profesor se quejó diciendo: ¿Qué pensarán nuestros soldados cuando regresen a la universidad y encuentren que ahora deben aprender a los pies de una mujer?. A pesar de esto, ella dio clases extraoficialmente por cuatro años, aunque nunca recibió paga por ello. Lise Meitner, física de origen austriaco, cuando finalmente consiguió un trabajo en la Universidad de Berlín, fue obligada a trabajar en un pequeño cuarto en el sótano y tenía prohibido subir a donde estaban sus colegas hombres. Y bueno, es conocida la historia de Rosalind Franklin y cómo sus análisis de difracción de rayos X fueron la base del trabajo de James Watson y Francis Crick, quienes se quedaron con todo el reconocimiento hasta hace muy poco. Un interesante artículo al respecto se puede leer aquí.

Finale presto

Esta pregunta se hace todo el tiempo (aquí le preguntan lo mismo a Neil deGrasse Tyson). Es válido preguntarnos por qué hay tan poca representación femenina en ciertos sectores, como la investigación científica. Es válido, es pertinente y es urgente. Sin embargo, la próxima vez deberemos todxs, como sociedad, por qué hemos permitido esto y qué estamos haciendo para cambiarlo. Sí, el cambio se está dando, pero demasiado lentamente. Urge proveer de espacios seguros y oportunidades a las científicas, pero también es urgente que no pasen inadvertidas las prácticas discriminatorias y violentas que por siglos nos han mantenido lejos de las universidades y los laboratorios. Urge establecer programas de atención accesibles a todas y que de verdad sirvan para algo. Estamos siendo testigos de un cambio, pero podemos (y debemos) ser parte de él.

Recomendación de lectura: Esta columna fue inspirada en el libro de Angela Saini, (2017). INFERIOR. Beacon Press, Boston 213 p.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). El próximo 22 de marzo la Comisión Estatal del Agua (CEA), informó a través de un comunicado de prensa que participará de manera conjunta con instituciones educativas y de gobierno en un programa de actividades impulsando el fomento al cuidado de nuestro recurso vital, esto en el marco del Día Mundial del Agua cuyo lema este año es, Agua subterránea – Haciendo visible lo invisible.

Dentro de estas actividades, se encuentra la convocatoria al concurso Murales por la ciudad en el que podrán participar escuelas de nivel medio superior, donde colaborará el alumnado, siendo invitados a plasmar en sus espacios, imágenes que promuevan la protección del líquido en el subsuelo. Además, en colaboración con el Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología, el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste y la Universidad Autónoma de Baja California Sur, se invitará, a partir del 22 de marzo, a estudiantes de instituciones de nivel superior al concurso de elaboración de cartel para promover los temas de formas de evitar las fugas del agua, acciones para evitar la contaminación del agua, sensibilización sobre lo que dejarías de hacer si falta el agua y pago oportuno de tu recibo.

Por otro lado, el personal del área de cultura del agua, impartirá pláticas en las escuelas primarias Virginia Peralta Albáñez, Diana Laura Rioja Reyes y General Agustín Olachea Avilés en el municipio de La Paz, para concientizar a niños y niñas en la importancia del cuidado y protección del recurso hídrico.

Para finalizar el boletín de prensa menciona que, la Comisión Estatal del Agua invita a conocer más información de las actividades y convocatorias en su página de Facebook.

Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). La reforma constitucional de 2008 generó una revolucionaria transformación del sistema penal, que de ser inquisitivo pasaría a ser acusatorio, oral y adversarial. La promesa de la costosísima implementación de la reforma al sistema de justicia penal, fue terminar con la corrupción, la impunidad, el rezago en la resolución judicial y la despresurización de los centros carcelarios, convertidos en universidades del crimen.

El objetivo primario, -se nos dijo- era obtener a través del debido proceso, y los mecanismos alternos de solución de justicia, un sistema dinámico, transparente y eficiente que permitiera el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar castigar al culpable, que el daño fuera reparado, se protegiera a la víctima, y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos, prevaleciendo en todo momento la presunción de inocencia.

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FOTO: Archivo

Catorce años después, nos encontramos en Baja California Sur, con un sistema de justicia colapsado, con una sobrecarga de trabajo que hace lento, deficiente, costoso, y en muchos casos injusto el proceso penal. Los viejos vicios del llamado sistema tradicional, prevalecen y se ven reflejados en los altos índices de impunidad, corruptibilidad y complicaciones en el engranaje de acceso a la justicia, propiciados principalmente por la falta de voluntad política de los titulares de área, para subsanar las añejas fallas que actualmente prevalecen. El poder judicial estatal ha sido incapaz de enfrentar eficazmente el reto de aplicar la reforma constitucional, con el eterno pretexto de falta de presupuesto, que no es del todo cierto, pues cuentan con un fondo millonario en dólares, del que no se rinde cuentas y se maneja discrecionalmente, atendiendo más a menesteres particulares que al interés público. Se acabaron los fondos federales destinados a la implementación, y se terminó la construcción de instalaciones adecuadas y funcionales.

La excesiva carga de trabajo requiere al menos que se duplique el número de jueces penales y la plantilla administrativa de apoyo. La incapacidad del poder judicial ha hecho imposible abatir el rezago. Hay personas privadas de su libertad que llevan doce años o más en algunos casos, esperando que se les dicte sentencia. Otro aspecto en el que ha fallado el poder judicial, es el de la unificación de criterios. En un mismo partido judicial, enfrentamos criterios contradictorios respecto de casos similares. En Los Cabos, por solo citar un ejemplo, al cumplir dos años de prisión preventiva oficiosa, una persona acusada de secuestro fue puesta en libertad, mientras personas acusadas de delitos que no son de alto impacto, permanecen en prisión preventiva oficiosa por periodos superiores a los dos años que marca como límite tanto la Constitución General de la República, como el procesal nacional de la materia.

El sistema de justicia penal plasma su vertiente en cinco principios fundamentales: publicidad, contradicción, concentración, continuidad y oralidad. Con el pretexto de la pandemia, se negó el acceso del público a las audiencias. Estamos en semáforo verde y sigue la prohibición de acceso, proscribiendo así la publicidad. La concentración y la continuidad son inoperantes. Juicios que debieran ventilarse de manera ininterrumpida, se llevan a cabo en audiencias diferidas, haciendo que un juicio que debiera durar seis días se prolongue en su procedimiento hasta por tres meses. La oralidad se trastoca porque se permite a las partes leer sus argumentos, en lugar de exigir que se viertan de manera oral y directa.

Amén de todo lo anterior, que implica la violación a los principios rectores del proceso y a la incapacidad de alcanzar los objetivos generadores de la reforma, quizá la mayor falla en la implementación del sistema estriba en la inoperancia de los mecanismos alternos de solución de conflictos. Más del 60 por ciento de los casos que llegan a juicio, pudieron ser solucionados en la vía de la conciliación. No se ha sabido o no se ha querido darle a la conciliación y a la mediación, la importancia que tiene como salida alterna y despresurizadora de la carga de trabajo que enfrentan los juzgados penales en particular, y todos los demás juzgados, en general.

En el discurso oficial, el tribunal de justicia estatal presume la modernización de las herramientas de trabajo en la impartición de justicia, lo cual no es del todo preciso, pues si bien se han digitalizado algunos sistemas y se cuenta con apoyo tecnológico en algunas áreas, lo cierto es que enfrentamos un retraso de 8 años, en comparación con otras entidades de la República que si se encuentran a la vanguardia en tecnología de apoyo. A la fecha, el juzgado penal del sistema tradicional que concentra en La Paz, en todos los procesos que se ventilaban en Los Cabos y La Paz, es incapaz de citar y notificar mediante correo electrónico, lo que obliga a víctimas y procesados que radican en Los Cabos, a trasladarse hasta La Paz, solo para recibir notificaciones.

Las instalaciones físicas del juzgado penal del sistema tradicional y del Juzgado de ejecución de sentencias, así como las instalaciones de los juzgados de Cabo San Lucas, se ubican en la planta alta y no cuentan con elevadores, lo que obliga a justiciables y operadores del sistema con discapacidad motriz, a usar escaleras, en franca violación a su derecho humano a la movilidad, y con riesgo de sufrir una lesión al subir o bajar escaleras con muletas o en sillas de ruedas.

Por todo lo expuesto, es urgente llevar a cabo una reestructuración del aparato de administración de justicia en el Estado.

El Congreso tiene la palabra.

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FOTO: Mexicali686 /Interior: Internet

El Desierto Crece

Por Rodrigo Rebolledo

Estoy aquí

Aún vivo sangre mía

Vivo en tí hermano

Vivo en tí hijo mío

En tí vivo porque existes

¡Estoy aquí! En las piedras

en las montañas, en el volcán

En las cuevas, en el fuego

 -María de la Luz Villa Poblano

La Paz, Baja California Sur (BCS).  La apropiación cultural, es la adopción o uso de elementos culturales por parte de miembros de otra cultura sin permiso. ​ También se conoce como apropiación cultural indebida, y a menudo es retratada como dañina. En la cultura mediática de la post verdad, la propiedad cultural es un concepto problemático, porque al mismo tiempo que se dan estos procesos de apropiación contra la voluntad de grupos humanos históricamente discriminados, se dan igualmente otro tipo de manejo de los elementos culturales que tiene que ver con la asimilación o aculturación entre dos o más grupos humanos en continuo contacto e interrelación. Pero, cuando el uso de las prácticas e imágenes de una cultura se da sin el consentimiento de una cultura de origen, ello se considera un acto colonial -una violación-, de los derechos a la propiedad intelectual, a la identidad y a tener una cultura propia de estos grupos humanos. Un ejemplo de ello, lo encontramos en la propia sociedad sudcaliforniana, que sin duda, es el caso más reciente en el ámbito.

Se podría decir que Baja California Sur y el noroeste del país, en general es la región más colonizada del país. Además de ser parte de la colonia española, él extremo sur de la península fue durante las primeras décadas de la democracia mexicana un territorio controlado de manera centralizada hasta la segunda mitad del siglo pasado. Luego de un exterminio de los pueblos locales que jamás pudieron asimilar la cultura occidental. Para poblar la región sur de la península, se procedió a introducir mano de obra para explotar la riqueza minera y el potencial agrícola del territorio. Desde luego, esta mano de obra, fue en muchos casos constituida por integrantes de diferentes pueblos indígenas oprimidos del centro del país.

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Juan Manuel Romero Gil, menciona en su trabajo sobre la minería en Santa Rosalía que, la compañía El Boleo, entonces de capital francés, sumó a su fuerza de trabajo miles de indios yaquis como los primeros trabajadores en el mineral. Confinados al trabajo subterráneo, desde 1885 siempre hubo una población que oscilaba entre setecientos y mil indios yaquis. Menciona que es muy probable, que su arribo al mineral se haya dado en medio de la guerra de exterminio que llevó a cabo el Gobierno de México contra su raza. Aunque, los Yaqui trasladaron a Mulegé sus costumbres y creencias. Las tradiciones, aún bajo prohibición de la empresa, de celebrar la Semana Santa con cantos y danzas, ahora forman parte del atractivo cultural de la cabecera municipal que busca certificarse como un pueblo mágico, para impulsar el turismo cultural al norte del Estado. Fueron de los grupos, sin un lugar estable en el mineral. Al parecer, en la política habitacional de la empresa europea no estaba prevista la casa tipo de los mineros de origen yaqui. Estos tuvieron que construir sus casas con materiales sobrantes en las barrancas del pueblo.

Durante el verano, que resulta siempre abrasador en aquellos lugares, la neumonía, la bronconeumonía y la tuberculosis eran la causa de cientos de muertes entre los trabajadores; pues las jornadas que realizaban en el socavón estaban sujetas a climas que oscilaban entre el frío interior y el calor sofocante del exterior. A ello se sumaba un violento proceso de trabajo que consumía un promedio de diez vidas por año en accidentes menciona Romero Gil sobre las condiciones de trabajo.

En total, en esta década fallecieron 4,801 personas lo que corresponde a 436.45 defunciones por año; 36.37 muertes por mes y a 1.25 por día. En especial el trimestre julio-septiembre, de 1906 fue fatal para los habitantes, se sepultaban 2.27 personas por día. Esto obligó a establecer dos nuevos campos mortuorios a los que sobraba clientela. Sin desenterrar ese pasado, el pasado 21 de febrero, la empresa Minera El Boleo, compartió en sus redes sociales una imagen de María de la Luz Villa Poblano, integrante y líder del menguado pueblo Cochimí, y una importante promotora del reconocimiento de su cultura como una en riesgo de desaparición.

La publicación alusiva al Día Internacional de la Lengua Materna menciona a la cultura Cochimí a la cual considera en proceso de revitalización: En el municipio de Mulegé contamos con la presencia de la cultura Cochimí, la cual se encuentra en un proceso de revitalización, en rescate de su lengua y sus tradiciones.  La diversidad lingüística se encuentra cada vez más amenazada con un mayor número de lenguas que desaparecen, llevándose consigo su desaparición todo un patrimonio cultural e intelectual, publicaron. El Día Internacional de la Lengua Materna, subraya la importancia de los idiomas en la diversidad cultural, la formación del pensamiento y modalidades únicas de expresión, además de promover el multilingüismo y la preservación de las lenguas en peligro de extinción, aseguraron.

La publicación venía acompañada de una copia no autorizada del rostro de Juanita Tana Villa Poblano, capturada por el reconocido artista visual Miguel Ángel de la Cueva, sin dar crédito ni mencionar al artista o al personaje retratado. Al no ser autorizada, el autor advirtió tener derechos sobre la fotografía. Pero, además, advirtió que al ser de una agente de la cultura Cochimí como lo es Talita Villa Poblano, debía ser utilizada sólo para los fines que ella dio consentimiento. Al advertirlo, sin dar mayor explicación, la empresa minera retiró la imagen. Pero procedió a repetir la publicación palabra por palabra, ahora, usando la fotografía de las manos de una mujer de edad avanzada que parece estar preparando tortillas de harina. Una búsqueda de la imagen a través de herramientas digitales, permite saber que se trata de las manos de una mujer Rabari. Los Rabari (también conocidos como Raikas, o Dewasi) son un grupo étnico de la región Kutch de Gujarat, al este de la India.

El extractivismo es un modelo que se encarga de explotar la riqueza natural para exportarla a otros países, sin ningún tipo de valor agregado. Ese es el modelo de la minería metálica, como la que opera en Santa Rosalía, por parte de la minera El Boleo.

Los pueblos indígenas deben exigir el derecho a la consulta libre, previa e informada antes de que la cultura tangible e intangible sea usada comercialmente por foráneos o usada públicamente por el Estado. Un ejemplo es la promoción de la cultura indígena como la cultura o el atractivo regional o local, cuando los pueblos indígenas han sido sistemáticamente oprimidos y excluidos en esos mismos estados.

La apropiación cultural procede a cosificar la expresión cultural de un pueblo, que la cultura dominante oferta dentro del mercado, mientras que el extractivismo cultural es la sustracción de un saber, conocimiento o arte de un pueblo oprimido para destruirlo. Cabe preguntarse si aquí no solo se está apropiando sin permiso el rostro cochimí de Villa Poblano como uno de los últimos vestigios de esa cultura, pues además de ello, al asegurarse de presentar la cultura en un riesgo auténtico de desaparición como en una falsa revitalización, se está buscando oprimir y destruir su verdadera expresión.

Cabe recordar que, Minera El Boleo, no es la misma compañía francesa que aniquiló a miles de yaquis luego de explotarlos en sus tajos de extracción durante décadas y ahora se trata de una empresa de capital coreano, que recientemente consiguió una ampliación en sus permisos para el área de extracción a través de un proceso de consulta pública anómalo que llevó a la empresa a iniciar una campaña de posicionamiento mediático que continúa desde hace meses.

Las acciones hacia la señora Villa Poblano por parte de Minera El Boleo, se dan en un contexto muy delicado. Cuando en las tierras al norte de este proyecto minero avanzan los planes de otra iniciativa para extraer minerales en tierra Cochimí. Los productores agrícolas del Valle del Vizcaíno en Mulegé, saben de la posibilidad inminente del inicio de operaciones en el sitio por parte de Grupo México con su proyecto conocido como El Arco, en la frontera de las dos californias de la península.

Recientemente, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), dividió en dos al acuífero de Vizcaíno para formar otro al que se le puso el nombre de Llanos del Berrendo, al que se le asignó una disponibilidad de poco más de 9 millones de metros cúbicos de agua. Estas acciones, ya son vistas como una preparación para la operación de un proyecto que busca extraer minerales como oro, plata, cobre y molibdeno. En este contexto, el gobernador sudcaliforniano, Víctor Castro Cosío, pidió públicamente a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda que no autorice el cambio de uso de suelo a la minera El Arco ,por considerar que las acciones de CONAGUA deben ser revisadas antes de que inicie sus operaciones el proyecto minero.

Pero cabe exponer si acaso la proposición del gobernante es suficiente, el territorio en donde conviven las últimas comunidades Cochimíes en Santa Gertrudis, El Arco y Campo Alemán, debería ser considerado el reducto de esa revitalización que informa una empresa minera, mientras otra la amenaza con la desaparición de su forma de vida a través de la agricultura y el arte en una de las zonas más áridas y de difícil acceso del país.

El desierto crece.

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Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Ultrajar, significa ajar o injuriar, despreciar o tratar con desvío a alguien, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Los ultrajes, pueden ser expresiones verbales, utilizando palabras ofensivas, injuriosas, o expresiones físicas, que consisten en gestos o ademanes que demuestren ofensa, desprecio o repugnancia. Si bien, todos los códigos penales del país contemplaban el siglo pasado como delito los ultrajes a los agentes de autoridad, la tendencia moderna es eliminar esta figura delictiva, en aras del derecho a la libertad de expresión.

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional e invalidó el delito de ultrajes a la autoridad contemplado en el artículo 331 del Código Penal del Estado de Veracruz, por encontrar en dicha norma un efecto inhibitorio de la  libertad de expresión y por violentar el principio de taxatividad, es decir, no describen con suficiente precisión las conductas prohibidas.

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La ponencia del ministro Pardo Rebolledo, establece que, la norma violentaba el criterio de la Corte Interamericana de Derechos humanos, -cuya jurisprudencia, resulta obligatoria para los tribunales mexicanos-, y resulta contraria a lo dispuesto en los artículos 6º y 7º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todas estas normas que, tutelan el derecho a la libertad de pensamiento, de opinión y expresión, que no puede estar sujeta a censura previa, ni a sanción o persecución.

La impresión en la descripción de la conducta deja a la apreciación de la autoridad el determinar, cuando estamos en presencia de una ofensa, una actitud ofensiva, amenazante o agresiva, lo que genera inseguridad jurídica, el hecho de que, la propia autoridad sea quien valore y determine si esa falta de respeto es una amenaza o una agresión, de acuerdo con la opinión de la ministra Ríos Farjat. Por otro lado, para el ministro Zaldívar, la norma cubre el requisito de legalidad, atendiendo al objetivo plasmado, de proteger la integridad de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, y es legítimo el prohibir que los amenacen o agredan, pero, las hipótesis que plantea el tipo penal no cubren el criterio de necesidad, porque atenta contra ejercicios legítimos, como el derecho a la libertad de expresión, cuando considera agresiones las ofensas. De sostenerse el criterio que plantea el tipo penal en comento, tendrían que invalidarse prácticamente el 99 por ciento de los tweets que diariamente se redactan en este país; para la ministra Piña, la expresión agreda, es inconstitucional, por incidir en el ámbito tutelado de la libertad de expresión.

En contrapartida, el Gobernador de Veracruz, si bien acató la determinación de la Suprema Corte, promoviendo la derogación del delito de ultrajes a la autoridad en dicha entidad, también manifestó su inconformidad, al considerar que dicha derogación generará impunidad, toda vez que, las personas que están en prisión por la comisión de esta conducta, quedarán en libertad, y además se propiciará un incremento en el número de agresiones contra los policías.

En el caso de Baja California Sur, el Código Penal en vigor en su artículo 303, impone una pena de seis meses a dos años de prisión y multa hasta por cincuenta días, a quien ultraje a una autoridad en el ejercicio de sus funciones o con motivo de éstas. Habrá que proponer al congreso local, una revisión del tipo penal en cita, para adecuarlo a los estándares actuales consagrados en la Constitución General de la República, los tratados internacionales suscritos por México, y la jurisprudencia, tanto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en materia de derechos humanos, específicamente, en lo relacionado al respeto a la libertad de expresión.

Así que, estamos en presencia, de otro tipo penal que, debe ser derogado o actualizado en nuestro Código Penal Estatal, asignación que se agrega a la ya larga lista de pendientes de actualización y armonización que refleja el rezago de 14 años que arrastra el marco legal sudcaliforniano.

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