Congreso del Estado recibe Informe del Cuarto Año de Gobierno de Víctor Castro

 

FOTO: CONGRESO BCS

La Paz, Baja California Sur (BCS).En representación del Poder Legislativo, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputada María Cristina Contreras Rebollo, recibió el Informe del Cuarto Año del Gobierno del Estado de Baja California Sur, correspondiente a la administración del gobernador Víctor Manuel Castro Cosío.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 55 de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur, el secretario general de Gobierno, José Saúl González Núñez, entregó la mañana de este viernes el documento a la Mesa Directiva, en la sala de sesiones “José María Morelos y Pavón”.

En su intervención, la diputada presidenta señaló que este acto es muestra de una administración que “trabaja con rumbo, con estabilidad y profundo compromiso con las familias sudcalifornianas”, y reafirmó el compromiso de que el Informe sea conocido y analizado por el Poder Legislativo y, a través de él, por toda la ciudadanía.

La legisladora precisó que la coordinación institucional entre los poderes es una herramienta fundamental para avanzar en las soluciones que la gente demanda.

El Informe será distribuido entre las diputadas y los diputados que integran la XVII Legislatura, para que, en un ejercicio republicano de rendición de cuentas y contrapeso de poderes, puedan revisarlo y, en su caso, solicitar que algunos rubros se amplíen, se precisen o se aclaren dudas sobre su contenido.

 




Bajo la sombra del miedo: la violencia de género que paraliza Baja California Sur

FOTOS: IA.

Vientos de Pueblo

José Luis Cortés M.

 

San José del Cabo, Baja California Sur (BCS). La violencia de género y los feminicidios en Baja California Sur son heridas abiertas que reflejan una realidad dolorosa y urgente. En esta tierra bañada por el sol y la fuerza del mar, la vida de muchas mujeres está marcada por el miedo y la desigualdad, un contraste brutal entre la belleza de sus paisajes y la crudeza de su experiencia cotidiana. En La Paz, Los Cabos y comunidades rurales, la violencia machista se manifiesta en hogares rotos, calles inseguras, y un sistema que, aunque avanza lentamente, todavía falla en proteger y otorgar justicia plena.

Las estadísticas hablan con la voz que nadie quiere oír: un número alto de mujeres han sufrido algún tipo de violencia —física, psicológica o económica—, y los feminicidios, con historias desgarradoras que cruzan tanto zonas urbanas como rurales, continúan siendo una terrible realidad. La violencia no discrimina; atraviesa el tejido social y toca a mujeres de todas las edades y condiciones. En las comunidades más alejadas, las barreras para denunciar son mayores, y los pocos recursos accesibles suelen ser insuficientes ante la magnitud del problema.

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Esta lucha constante se refleja en las voces sobrevivientes, que narran el doble desafío de enfrentar la violencia y la indiferencia. Se escuchan historias donde la justicia no solo tarda en llegar, sino que demasiado seguido revictimiza a quienes buscan protección. Sin embargo, esas mismas voces también transmiten esperanza, fuerza y una creciente organización feminista que demanda cambios profundos, administrativos y culturales.

En medio de este contexto, una polémica reciente pareció agitar más las aguas ya turbulentas: Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica, causó revuelo con declaraciones donde cuestionó la calidad de ciertos poemarios escritos por mujeres y manifestó su rechazo a que se incluyan obras femeninas por cuotas. Sus palabras, calificando algunas obras de “horriblemente asquerosas de malas”, desencadenaron críticas de escritoras y activistas que vieron en sus comentarios un reflejo de la misoginia y menosprecio hacia la producción femenina, poniendo en evidencia actitudes profundamente arraigadas que alimentan desigualdades.

Este episodio no es solo un choque cultural ni un desacuerdo literario: simboliza las resistencias invisibles que enfrentan las mujeres tanto en lo público como en lo privado. En Baja California Sur, donde la violencia contra la mujer es palpable y urgente, estas palabras retumban como un llamado a confrontar los discursos que perpetúan la desigualdad y el desprecio. La violencia de género no existe solo en los actos de agresión física, sino también en las formas en que se deslegitima y se erosiona la voz femenina.

Es una lucha en múltiples frentes, desde las políticas públicas hasta la educación y el lenguaje. Mientras programas como “Párale a la violencia” intentan crear redes de apoyo y prevención, la realidad demuestra que esos esfuerzos aún son frágiles frente a un fenómeno estructural y cultural. La batalla requiere compromiso y transformación a todos los niveles, desde las instituciones hasta las comunidades.

El desafío, claro está, no es menor. Romper con siglos de patrones patriarcales y desigualdades normalizadas es un trabajo arduo, cotidiano y profundo. Baja California Sur, con su mestizaje de modernidad y tradiciones, refleja esta compleja encrucijada. Pero, en esa misma complejidad, encuentra también la fuerza y la determinación de mujeres que se organizan, marchan, denuncian y construyen nuevos espacios de igualdad.

Porque entender la violencia de género es comprender que no es solo un problema femenino, sino un reto social que exige respuestas colectivas. Que no se trata solo de cambiar leyes, sino de cambiar cabezas y corazones. Y que solo así el sol que baña estas tierras podrá iluminar, de verdad, la dignidad y seguridad de todas.

La justicia que soñamos comienza cuando la dignidad se convierte en derecho vivido, y la lucha por la igualdad se transforma en el fuego que nunca dejará de arder.

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Tiende BCS puentes de solidaridad internacional con Palestina

Foto: Gobierno de BCS

La Paz, Baja California Sur (BCS). El gobernador Víctor Manuel Castro Cosío recibió en Palacio de Gobierno a la embajadora del Estado de Palestina en México, Nadya Layla Rasheed, con quien dialogó sobre la situación que enfrenta su país y la importancia de fortalecer la cooperación bilateral.

Durante el encuentro, el mandatario estatal expresó su respaldo, el de su administración y el del pueblo sudcaliforniano, al reiterar que Baja California Sur mantiene un firme compromiso con la paz, el respeto a los derechos humanos y el diálogo como vía para resolver cualquier conflicto.

Castro Cosío destacó la relevancia de impulsar el intercambio cultural, académico y técnico con Palestina, al considerar que este tipo de acciones contribuyen al entendimiento mutuo y al desarrollo de sociedades más justas y solidarias.

Por su parte, la embajadora Nadya Rasheed agradeció el recibimiento y la solidaridad manifestada por las instituciones sudcalifornianas, señalando que estos gestos representan un mensaje significativo para su nación en momentos de alta complejidad.

Como parte de los acuerdos alcanzados, ambas partes se comprometieron a avanzar en dos líneas de acción principales:

  • la exhibición de material gráfico sobre la realidad palestina en los cinco municipios del estado, y

  • la exploración de esquemas de intercambio académico y técnico, particularmente en áreas vinculadas con la ciencia, la cultura y las energías renovables.

“Con esta visita reitero mi compromiso de trabajar junto a Palestina en la promoción de iniciativas que contribuyan al progreso compartido de nuestras comunidades, siempre con respeto, solidaridad y orientación hacia la consolidación de la paz y del bienestar”, concluyó Castro Cosío.




Dan reconocimiento jurídico a comunidades históricas de Comondú

Foto: Congreso

La Paz, Baja California Sur (BCS). El pleno del Congreso del Estado declaró este día como Centros de Población a las localidades de Puerto San Carlos, Puerto Adolfo López Mateos, Villa Morelos, Villa Hidalgo, Villa Zaragoza, Benito Juárez, Santo Domingo, San Isidro, San Juanico, La Purísima y Las Barrancas, todas pertenecientes al municipio de Comondú, para efectos de ordenamiento territorial y desarrollo urbano.

De acuerdo con el dictamen aprobado, estas comunidades cumplen con los elementos mínimos que definen a un centro de población, en términos del artículo 3, fracción VII, de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU) y del artículo 2, fracción IX, de la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Baja California Sur, al contar con población permanente, organización comunitaria, actividades económicas regionales reconocidas y servicios públicos en operación.

La declaración tiene como propósito otorgarles reconocimiento jurídico oficial, a fin de dar cumplimiento a la legislación estatal en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, y avanzar en su incorporación formal a los instrumentos de planeación, gestión y financiamiento público.

El Congreso subrayó que, pese a su existencia histórica y a su relevancia social y económica, estas localidades habían carecido hasta hoy de dicho reconocimiento como Centros de Población, situación que había limitado su acceso pleno a programas y recursos orientados al mejoramiento de infraestructura y servicios.




Va Diputada de BCS contra «monta choques» con una iniciativa de ley

FOTO: Congreso del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Buscando dar mayor seguridad a los automovilistas de Baja California Sur, la diputada Karina Olivas Parra, propuso una iniciativa en materia de sanción de colisión vehicular simulada con fines de extorsión, que la ciudadanía ha denominado como “monta choques”.

En ese sentido, propone reconocer la figura del “accidente simulado con fines de extorsión”, como una modalidad criminal autónoma; incorporar como agravantes el ejercer violencia contra las víctimas, actuar en pandilla o cuando se perpetre en contra de personas en situación de vulnerabilidad; y prever el pago de la reparación del daño, no solo material, sino moral.

La legisladora de la bancada del PT, arguye que Baja California Sur, enfrenta una amenaza creciente, una de las más peligrosas y recurrentes en zonas urbanas, es la que la ciudadanía ha denominado como “monta choques”, la cual consiste en provocar o simular accidentes de tránsito para extorsionar a las víctimas con amenazas, presiones o engaños; es decir, se trata de una forma de criminalidad organizada que mezcla elementos de fraude, extorsión, coacción y violencia psicológica, todo bajo el disfraz de un “hecho de tránsito”.

Son los denominados “montachoques”, que operan generalmente en células o grupos organizados, los cuales incluso pueden llegar a simular ser agentes de tránsito, ajustadores de aseguradoras o servidores públicos. Incluso, han llegado a retener personas contra su voluntad para forzarlas a pagar o entregar documentos, si bien estos casos apenas empiezan en nuestra entidad, en el interior de la república es pan de cada día.

En la mayoría de los casos, las víctimas de esta conducta, son mujeres que viajan solas, adultos mayores, jóvenes y turistas, a quienes se perciben como blancos fáciles por su perfil vulnerable.

Operan bajo una mecánica premeditada, un vehículo colisiona o simula haber sido impactado por otro automóvil, de forma leve o incluso sin contacto físico;  los ocupantes del auto provocador increpan al conductor víctima, a quien acusan de provocar el accidente; después, aparecen supuestos testigos o cómplices disfrazados de ajustadores, quienes amenazan con llamar a la policía, “retener” el vehículo o levantar cargos judiciales y  en este contexto de presión, miedo e incertidumbre, la víctima accede a entregar dinero o firmar documentos sin comprender el alcance legal de sus actos.

La iniciativa, que fue turnada a la Comisión Puntos Constitucionales y de Justicia, implica adicionar que un artículo 352 Bis al Capítulo II denominado “Ataque a la Seguridad del Tránsito Vehicular”, que contempla delitos como el “ataque a la seguridad del tránsito vehicular y la conducción en estado de ebriedad”.