Avanza Gobierno de BCS en instalación de la Universidad Rosario Castellanos

La Paz, Baja California Sur (BCS). El gobernador del estado, Víctor Manuel Castro Cosío, sostuvo una reunión con la rectora de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC), Alma Xóchitl Herrera Márquez, para avanzar en la incorporación de Baja California Sur a la red de planteles que impulsa esta institución de educación superior.

Acompañado por la secretaria de Educación, Alicia Meza Osuna, el mandatario sudcaliforniano destacó que todo proyecto orientado a fortalecer la formación profesional contará con el respaldo de su administración, especialmente cuando amplía las oportunidades para las juventudes y responde a las necesidades de cada comunidad.

Castro Cosío refrendó su disposición para que la UNRC se convierta en una alternativa académica accesible para las y los jóvenes del Estado, e indicó que se identificarán terrenos o espacios con las condiciones necesarias para establecer los planteles.

Durante el encuentro, Herrera Márquez adelantó que se prevé iniciar formalmente las obras de construcción en marzo del presente año, lo que permitirá ampliar la cobertura universitaria en Baja California Sur.

Como acuerdo inicial, se conformó una comisión técnica entre directivos de la UNRC y del Gobierno del Estado para recorrer posibles ubicaciones e impulsar la instalación del nuevo campus, que beneficiará a estudiantes de los cinco municipios.

La Universidad Nacional Rosario Castellanos fortalece su presencia nacional y proyecta operar en la entidad con sedes en Los Cabos, La Paz y, de manera tentativa, en Villa Alberto Alvarado Arámburo, municipio de Mulegé.




Diputado propone suspensión de docentes en casos delitos sexuales contra menores

FOTO: Canva | Congreso del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Durante la primera sesión de la Diputación Permanente del Congreso de Baja California Sur, el diputado Venustiano Pérez Sánchez (Morena) propuso adicionar los Artículos 45  Bis y 46 Bis a la Ley de  los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios, a fin de establecer la suspensión preventiva obligatoria de trabajadores del sector educativo y la obligación de los mismos para interponer denuncia en casos de violencia y delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes.

La propuesta legislativa fue elaborada por la licenciada Valessia Estrada Taylor, en representación y como coordinadora del grupo de orientación jurídica y psicólogos afines al legislador, quienes buscan fortalecer la erradicación de la violencia sexual en instituciones educativas del Estado.

La propuesta se armoniza con los Artículos 79 al 81 y 137 y 138 de la Ley de Educación del Estado de BCS, presentada también por el legislador Pérez Sánchez, quien enfatizó que la propuesta no criminaliza a quienes laboran en el sector educativo.

La propuesta establece respecto a la suspensión preventiva obligatoria en casos de violencia o delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, que «cuando exista una denuncia penal, carpeta de investigación iniciada, reporte policial homologado o noticia criminal que involucre a un trabajador del sector educativo por hechos que puedan constituir delitos sexuales, violencia, maltrato físico, psicológico o cualquier conducta que vulnere la integridad de niñas, niños o adolescentes, la autoridad empleadora deberá ordenar de manera inmediata la suspensión temporal del trabajador, sin perjuicio de sus derechos laborales y sin menoscabo de su salario”.

Establece que dicha suspensión no afecta derechos laborales ni implica una sanción, sino que se dirige exclusivamente a proteger la integridad de los menores y preservar la investigación penal.

Mediante la adición del Artículo 45 Bis, de la obligación de denuncia y responsabilidad por omisión, establece que “las personas servidoras públicas del sector educativo tienen la obligación de denunciar de manera inmediata y directa ante el Ministerio Público o fiscalías cualquier hecho que pudiera constituir delito en perjuicio de niñas, niños o adolescentes».




Avanzan más de 30 obras de pavimentación y reencarpetado en BCS: Gobierno del Estado

FOTO: SEPUIMM.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Con el compromiso de fortalecer una infraestructura urbana digna y segura, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEPUIMM), informa avances del Programa de Atención de Vialidades en los municipios de La Paz, Mulegé, Loreto y Comondú.

La titular de la dependencia, Carolina Armenta Cervantes, destacó que, con una visión social orientada al bienestar de las familias, se ejecutan trabajos estratégicos de pavimentación con concreto hidráulico y reencarpetado asfáltico que mejoran la movilidad y conectividad en comunidades sudcalifornianas.

En La Paz, avanzan los circuitos 1 y 2 en la colonia Villas de Guadalupe, con intervención en calles San Ramón Nonato y Santa Rosa de Lima, además del inicio de labores el 12 de enero en el crucero Querétaro–Yucatán. También se concluyó reencarpetado en San Carlos, Humanidad y Esmeralda, y continúan trabajos de carpeta asfáltica en el bulevar Francisco J. Múgica y en las calles Valentín Gómez Farías, Antonio Navarro, Ignacio Altamirano y Héroes de Independencia. Se colocan señalamientos en accesos a Agua Escondida, y en San Antonio avanzan banquetas tras finalizar el pavimento estampado en Colegio Militar.

En Mulegé, se entregaron obras finalizadas en Vizcaíno (calle Otoño), Bahía Tortugas (Benito Juárez) y Heroica Mulegé (Paloma). En Santa Rosalía continúa la reconstrucción de muros de protección en la Escuela Miguel Hidalgo y el malecón, junto con alumbrado y señalamiento en Profa. Rosa Villavicencio. En Guerrero Negro, se desarrollan banquetas y guarniciones para el acceso a la UABCS.

En Loreto, se trabaja en la red de alumbrado y banquetas del bulevar Golfo de California, además de acciones de jardinería y limpieza en calles Colegio y Agua Dulce, consolidando espacios públicos más seguros y funcionales.

En Ciudad Constitución, se concluyó la calle Felipe Ángeles y avanza el tendido de carpeta asfáltica en el bulevar principal. Se ejecutan obras complementarias en el tramo San Miguel de Comondú–San José de Comondú y están por finalizar reencarpetados estratégicos en Benito Juárez y Francisco Javier Mina.




Venezuela tras la caída de Maduro: un país en transición y ante retos inmediatos

IMÁGENES: IA.

Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). Tras la captura del expresidente Nicolás Maduro en una operación militar liderada por Estados Unidos el pasado 3 de enero de 2026, Venezuela enfrenta un periodo de transición política y múltiples desafíos inmediatos que definirán el rumbo del país en los próximos meses. La aprehensión de Maduro, quien fue trasladado a Nueva York para enfrentar cargos federales de narcotráfico y relaciones con grupos calificados como terroristas por Washington, ha generado una reacción global y abre un nuevo capítulo para la nación sudamericana. En medio de esta inédita situación, el país se encuentra encabezado por Delcy Rodríguez, quien fue designada como presidenta interina por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) después de que Maduro fuera removido de su cargo. Sin embargo, la legitimidad de su liderazgo es cuestionada por diversos actores internacionales.

La captura de Maduro —resultado de una operación catalogada como ofensiva militar por parte de Estados Unidos— ha generado amplio debate internacional. El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció públicamente que las fuerzas estadounidenses “están a cargo” de la situación en Venezuela y que supervisarán una etapa de transición, con el objetivo declarado de reformar la industria petrolera y otras instituciones del Estado. La operación también dejó un saldo trágico: decenas de militares venezolanos y agentes cubanos perdieron la vida durante los enfrentamientos nocturnos, según informó el gobierno venezolano. De manera oficial se decretó siete días de duelo por las víctimas de lo que el Ejecutivo calificó como una agresión directa. Este episodio representa un punto de inflexión inédito en las relaciones entre Caracas y Washington, y modifica de forma significativa el tablero geopolítico regional. Las Naciones Unidas y gobiernos de diversos países han manifestado preocupación por la forma en que se realizó la operación y por la violación potencial de la soberanía nacional.

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Con Maduro fuera del país y enfrentando cargos judiciales en Estados Unidos, las autoridades venezolanas designaron a Delcy Rodríguez como presidenta interina, con el respaldo formal del Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, este nombramiento no ha sido reconocido por la Unión Europea ni por varios países de la comunidad internacional, que cuestionan la legitimidad de su mandato y subrayan su cercanía con el antiguo régimen. Rodríguez, quien fue vicepresidenta bajo el gobierno de Maduro, ha rechazado categóricamente cualquier intervención extranjera en los asuntos internos venezolanos y ha afirmado que “ningún agente externo gobierna Venezuela”. Esta declaración se ha producido en un contexto de tensión diplomática con Estados Unidos y otros gobiernos que han criticado la operación militar.

La transición política venezolana se ve acompañada por desafíos económicos severos. Años de hiperinflación, colapso de la producción petrolera y debilitamiento de instituciones financieras han dejado al país con una economía extremadamente vulnerable, dependiente del petróleo y con una elevada deuda externa. Analistas consultados por medios internacionales coinciden en que la recuperación económica será un proceso complejo que requerirá reformas estructurales profundas, estabilización de precios y restauración de la confianza en el sistema financiero. Uno de los principales problemas a corto plazo será controlar la inflación, estabilizar la moneda nacional y reanudar relaciones con organismos financieros globales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyos pronósticos indican un entorno económico adverso para 2026. El próximo gobierno deberá además atraer inversión extranjera, restaurar la producción petrolera y reestructurar la deuda pública, gravemente contraída durante los últimos años.

La industria petrolera, columna vertebral de la economía venezolana durante décadas, es central en cualquier plan de recuperación. Estados Unidos ha expresado interés en explotar reservas locales y vender petróleo en mercados internacionales, aunque no ha quedado claro cómo se distribuirán los ingresos y qué parte de estos quedará en Venezuela.

Más allá de la economía, la seguridad interna es un reto urgente. Venezuela presenta un contexto de violencia persistente, con presencia de grupos criminales organizados —incluidos los llamados “megabandas”— que operan en múltiples regiones del país y han sido vinculados con el narcotráfico, extorsión y violencia armada. Expertos advierten que si no se refuerza el control institucional y se combate eficazmente a estas organizaciones, el vacío de poder generado por la partida de Maduro podría agudizar la inseguridad ciudadana. Asimismo, se observa la posibilidad de que la violencia se expanda, afectando no sólo a Venezuela, sino también a naciones vecinas, especialmente en las zonas fronterizas con Colombia. Esta nación, que ya enfrenta su propia situación de seguridad compleja, está en alerta por el potencial aumento de desplazamientos forzados de población y el incremento de actividades criminales transnacionales.

La transición hacia un gobierno plenamente democrático es otro de los retos fundamentales. La oposición venezolana, fragmentada y con múltiples liderazgos, enfrenta la tarea de reorganizarse y construir consensos que permitan elecciones libres y competidas. Incluso antes de los recientes eventos, el proceso electoral de 2024 fue objeto de críticas por la oposición y organismos internacionales, acusándolo de falta de transparencia e imparcialidad. El reconocimiento internacional de futuros comicios dependerá de la percepción de legitimidad, algo que el nuevo gobierno deberá trabajar de inmediato para recuperar la confianza de la ciudadanía y la comunidad global. Organizaciones como la OEA (Organización de los Estados Americanos) y la UE han señalado que las elecciones deben celebrarse bajo estándares democráticos verificables. Sin embargo, hasta ahora no hay un calendario claro para nuevos comicios presidenciales o legislativos.

La situación de los derechos humanos también se mantiene como una prioridad urgente. Organizaciones internacionales han documentado abusos sistemáticos durante los gobiernos anteriores, y la transición actual plantea interrogantes sobre la composición del sistema judicial y penitenciario, así como la garantía de un debido proceso para todos los ciudadanos. Mientras Maduro y su esposa enfrentan un proceso judicial en Estados Unidos, líderes de oposición y defensores de derechos humanos en Venezuela han exigido garantías judiciales y el fin de prácticas represivas, reclamando una reforma profunda del sistema judicial local que recupere su independencia y credibilidad.

El impacto de estos acontecimientos en Venezuela no se limita a sus fronteras. La operación estadounidense y la subsiguiente transición han generado reacciones encontradas en el continente. Algunos gobiernos latinoamericanos han criticado la intervención, calificándola de violación de soberanía, mientras que otros la han visto como una oportunidad para restablecer la democracia en el país. La Unión Europea ha expresado su preocupación por el respeto al derecho internacional y ha llamado a una solución política dentro del marco constitucional venezolano. Organismos regionales como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) han pedido negociaciones inclusivas que involucren a todas las fuerzas políticas, con el objetivo de evitar una escalada de violencia y promover un proceso pacífico de cambio.

Dentro de Venezuela, la opinión pública se encuentra dividida. Sectores de la población ven la salida de Maduro como un paso necesario después de años de crisis, represión y deterioro económico. Otros sectores, sin embargo, consideran que una transición liderada desde fuera del país puede profundizar sentimientos de injerencia externa, y temen que las reformas no respondan a las necesidades reales de la ciudadanía. La emigración sigue siendo un fenómeno significativo: millones de venezolanos han abandonado el país en la última década, buscando mejores condiciones de vida en países vecinos o en otras regiones del mundo. La posibilidad de que una parte de esa diáspora pueda regresar depende de la estabilidad y oportunidades económicas que se logren en la etapa post-Maduro.

Venezuela se encuentra en un momento histórico de su evolución política y social. La caída de Maduro ha generado una serie de cambios abruptos y desafíos inmediatos que incluyen la restauración económica, la seguridad interna y la legitimidad democrática del futuro gobierno. Los próximos meses serán cruciales para determinar si el país puede transitar pacíficamente hacia un sistema inclusivo y estable, o si por el contrario las tensiones internas y externas prolongarán la incertidumbre. Los ojos de la comunidad internacional, especialmente de los países vecinos y potencias globales, están puestos en Caracas, donde el destino de millones de venezolanos pende de decisiones que marcarán el futuro del país en la década venidera.

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Movilidad y ciudades: La Paz y Los Cabos, ¿colapso anunciado?

IMÁGENES: IA.

Vientos de Pueblo

José Luis Cortés M.

 

San José del Cabo, Baja California Sur (BCS). A las siete de la mañana, La Paz todavía huele a mar, pero ya suena a claxon. En Los Cabos, a esa misma hora, el sol apenas asoma y el tráfico ya se ha convertido en una fila inmóvil de paciencia rota. El paisaje es distinto, el problema es el mismo. Dos ciudades que crecieron mirando al turismo mientras olvidaban algo esencial: a quienes viven, trabajan y se mueven en ellas todos los días.

La escena se repite con una precisión casi cruel. Conductores atrapados durante una hora para recorrer distancias que antes tomaban diez minutos. Camiones urbanos rebasados, irregulares, insuficientes. Motociclistas sorteando autos como si la calle fuera un campo minado. Y peatones obligados a caminar por orillas inexistentes, porque la banqueta, cuando existe, se corta de pronto, como una promesa incumplida.

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La movilidad en Baja California Sur dejó de ser un asunto técnico para convertirse en una experiencia cotidiana de desgaste. No es una percepción aislada. En Los Cabos, el crecimiento poblacional ha sido uno de los más acelerados del país en las últimas dos décadas, impulsado por el turismo y la migración laboral. En La Paz, aunque el ritmo es menor, la expansión urbana desordenada ha generado una dependencia casi absoluta del automóvil. El resultado es un sistema vial que no estaba diseñado para esta presión constante.

Durante años, la respuesta fue siempre la misma: más carriles, más semáforos, más parches. Nunca una visión integral. Nunca una apuesta decidida por el transporte público digno, eficiente y continuo. Nunca una ciudad pensada para el trayecto diario del residente y no solo para la foto del visitante.

Una trabajadora del sector hotelero, entrevistada en Los Cabos en un reportaje reciente, relató que debe salir de su casa dos horas antes para llegar puntual a su turno, aunque vive a menos de diez kilómetros del hotel. No es un caso excepcional. En La Paz, una madre de familia explicó que llevar a sus hijos a la escuela y llegar a su trabajo implica un recorrido fragmentado, sin rutas claras ni horarios confiables de transporte colectivo. Ambas historias coinciden en lo esencial: el tiempo de vida se está perdiendo en el tráfico.

La paradoja es evidente. Mientras se invierten millones en infraestructura turística, la movilidad cotidiana sigue rezagada. Las ciudades se diseñan para recibir, no para sostener. Se amplían vialidades para conectar resorts, pero no se fortalecen rutas para quienes limpian habitaciones, atienden restaurantes, construyen edificios o dan servicios básicos. El modelo urbano reproduce una desigualdad silenciosa: quien tiene auto se adapta; quien no, resiste.

El problema no es solo de congestión. Es de seguridad, de salud, de calidad de vida. La Organización Mundial de la Salud ha señalado que las ciudades dominadas por el automóvil incrementan el estrés, la contaminación y los accidentes viales. En Baja California Sur, los datos oficiales sobre siniestros de tránsito muestran una tendencia persistente, aunque fragmentada, que refleja la falta de infraestructura segura para peatones y ciclistas. Donde no hay datos claros, hay una omisión que también pesa.

No todo está perdido, pero el margen se estrecha. Especialistas en desarrollo urbano han insistido en que la solución no está únicamente en construir más calles, sino en repensar la ciudad: transporte público con prioridad real, rutas claras y continuas, espacios seguros para caminar y pedalear, planeación que anticipe el crecimiento y no lo persiga tarde.

La historia urbana de La Paz y Los Cabos ofrece una lección incómoda. Ambas nacieron como comunidades pequeñas, caminables, donde el trayecto era parte de la vida y no un castigo diario. El quiebre llegó cuando el crecimiento se aceleró sin brújula. Hoy, esa falta de planeación se cobra en horas perdidas, en cansancio acumulado, en una sensación constante de estar llegando tarde a todo.

El colapso no es un evento futuro; es un proceso que ya está en marcha. La pregunta no es si las ciudades pueden seguir creciendo así, sino cuánto más puede soportar la vida cotidiana antes de romperse del todo. La movilidad no es un lujo ni un tema secundario: es el pulso que define cómo se vive una ciudad.

Al final, las calles cuentan una historia que los discursos oficiales evitan. Una historia de ciudades que avanzan rápido hacia afuera, pero lentamente hacia adentro. De decisiones postergadas que hoy pesan más que nunca. De ciudadanos que no piden milagros, sino algo básico: moverse sin perder la vida en el intento.

Porque una ciudad que obliga a sus habitantes a pelear cada día por llegar, es una ciudad que ya empezó a fallar. Y aún estamos a tiempo de decidir si queremos seguir atrapados en el tráfico… o abrir, por fin, un camino distinto.

Referencias consultadas:


– INEGI, datos de crecimiento poblacional y movilidad urbana.
– Organización Mundial de la Salud, informes sobre movilidad y salud urbana.
– Estudios de planeación urbana y movilidad en Baja California Sur.
– Reportajes y notas informativas de medios locales y nacionales sobre tráfico y transporte público en La Paz y Los Cabos.

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