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Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). La inteligencia artificial representa una transformación estructural en el ejercicio del derecho cuya aplicación en la práctica jurídica permite:

• Automatización de tareas repetitivas: La IA puede redactar borradores, revisar contratos, clasificar expedientes, y realizar análisis jurisprudencial, liberando tiempo para el razonamiento jurídico sustantivo.
• Análisis predictivo: Algoritmos entrenados con datos judiciales pueden anticipar tendencias jurisprudenciales, evaluar probabilidades de éxito procesal y apoyar en la toma de decisiones estratégicas.
• Acceso a la justicia: Las herramientas de IA facilita la orientación legal básica a poblaciones vulnerables, democratizando el conocimiento jurídico y reduciendo barreras de entrada.
• Compliance y auditoría inteligente: En el ámbito corporativo y administrativo, la IA permite monitorear el cumplimiento normativo en tiempo real, detectar riesgos y generar alertas preventivas.

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El uso de IA en el derecho plantea desafíos éticos, normativos y epistemológicos que los juristas deben abordar con rigor:

Փ Responsabilidad profesional: El abogado sigue siendo responsable de las decisiones jurídicas, incluso cuando se apoye en sistemas automatizados. La delegación a la IA no exime del deber de diligencia, ni del juicio crítico.

Փ Sesgos algorítmicos: Los sistemas de IA pueden reproducir o amplificar sesgos estructurales presentes en los datos. El jurista debe ser capaz de auditar, cuestionar y contextualizar los resultados ofrecidos por la máquina.

Փ Protección de datos y confidencialidad: El uso de IA exige un manejo escrupuloso de la información sensible, conforme a principios de legalidad, finalidad, proporcionalidad y seguridad.

Փ Transformación del perfil profesional: Se requiere una nueva alfabetización jurídico-tecnológica. El jurista del siglo XXI debe comprender los fundamentos de la IA, su arquitectura normativa y sus límites operativos. La IA no sustituye al jurista, pero definitivamente redefine su rol: de operador técnico a estratega normativo, garante de derechos y mediador entre la innovación tecnológica y la justicia sustantiva. Su integración exige una praxis crítica, ética y multidisciplinaria.

Marco regulatorio

México está en proceso de construir un marco normativo propio para la IA, con iniciativas que reflejan su diversidad cultural y sus desafíos estructurales.

La denominada Ley Federal para el Desarrollo y Regulación de la IA se encuentra en ciernes, y su proyecto contempla auditorías periódicas, clasificación de riesgos, filtros parentales, trazabilidad algorítmica y protección de grupos vulnerables.

A nivel constitucional se han presentado propuestas de reforma para modificar hasta nueve artículos de la Constitución, reconociendo la IA como fenómeno transversal en seguridad, justicia, salud y educación.

A propuesta del Ejecutivo federal, se trabaja en un proyecto denominado Laboratorio Nacional de IA, cuyo objetivo central es regular plataformas como ChatGPT y Gemini, y fomentar el desarrollo de tecnologías emergentes dentro de un marco ético y soberano

La colaboración público-privada resulta determinante, y en este campo a la vanguardia se ubica Querétaro, entidad donde se han instalado centros de datos con inversión internacional, lo que exige marcos de gobernanza robustos para evitar impactos negativos en comunidades y ecosistemas.

En síntesis, para los juristas, este panorama exige:

• Revisión constitucional y legislativa: armonizar derechos digitales, neuroderechos y soberanía tecnológica.
• Diseño de marcos de gobernanza algorítmica: con mecanismos de supervisión, trazabilidad y control jurisdiccional.
• Defensa de derechos fundamentales: ante decisiones automatizadas, sesgos algorítmicos o afectaciones a la privacidad.
• Participación en procesos normativos: como expertos, asesores y garantes de legalidad en la implementación de IA.

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AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). El Congreso del Estado exhortó a la presidente Claudia Sheinbaum Pardo para que instruya la realización de un programa emergente que atienda las necesidades de mantenimiento, reparación y reencarpetado de la carretera transpeninsular, con el propósito de reducir riesgos de accidentes a la población y garantizar la seguridad vial de las personas, dada la situación lamentable en que se encuentra la principal vía de comunicación de la entidad.

El exhorto también es para el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío a que realice las gestiones necesarias ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno federal, para que del programa “Bachetón” se destinen mayores recursos al mantenimiento, reparación y reencarpetado de la carretera transpeninsular y al representante de dichaa Secretaría en BCS, Marco Antonio Gutiérrez de la Rosa, a que informe las acciones que se realizarán en el transcurso del presente año.

A iniciativa de la diputada Lupita Saldaña Cisneros, abanderada de Acción Nacional, el exhorto fue aprobado por el pleno, luego de detallar las condiciones en que se encuentra la carretera, de norte a sur, argumentando que, con la temporada de lluvias empeorará el mal estado de la transpeninsular en tanto que las acciones realizadas por la SICT no han resuelto las necesidades de mantenimiento y rehabilitación de la carretera transpeninsular.

Consideró necesario saber en qué consiste realmente el programa de rehabilitación de la transpeninsular que anunció el Gobierno federal, sus alcances y cuánto se va a invertir en los meses que restan del año.

Debaten a favor de la rehabilitación de la carretera

Previo a someterlo a votación, participaron a favor los parlamentarios siguientes: Arlene Moreno Maciel (PT), manifestó estar de acuerdo en el fondo, pero no en la forma, ya que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, visita por tercera ocasión (en menos de cuatro meses) BCS y ningún presidente (de la derecha) ha puesto tanto ojo a nuestro estado.

Teresita de Jesús Valentín Vázquez (Morena) subrayó que es testigo de las condiciones de esta carretera, y señaló que hay dos tramos que no se han reparado, en especial, luego de las intensas lluvias con récord histórico, pidió atención también para área de Los Ramales dentro de la zona rural. Así mismo llamó a sus homólogos y homólogas a trabajar para que se restrinja la circulación de los vehículos de doble remolque en la transpeninsular.

En su turno, Venustiano Pérez Sánchez (Morena) criticó la mala planeación de las obras, sin embargo, destacó que no es un problema de ahora sino de muchos años y sexenios atrás. No obstante, confió en que la Presidentare de México cumpla lo que prometió de modernizar la carretera, para que sea una vía a la altura del crecimiento económico de nuestra entidad.

FOTOS: Archivo | Congreso del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Para proteger a la infancia y adolescencia sudcaliforniana frente a riesgos propios de la era digital, dotándoles de herramientas preventivas que les permitan desenvolverse en entornos seguros, la diputada Teresita de Jesús Valentín Vázquez, presentó iniciativa con proyecto de decreto que establece la obligatoriedad de que los planes y programas de estudio contemplen una asignatura, o al menos un eje transversal, en prevención de delitos cibernéticos y seguridad digital.

La incorporación de contenidos vinculados a la educación digital responsable y a la prevención de riesgos en entornos virtuales, responde a las transformaciones sociales y tecnológicas que inciden directamente en la formación de estudiantes, buscando dotarles de herramientas que fortalezcan su desarrollo integral.

Desde su óptica, la asignatura deberá abordar, de forma gradual y acorde a la edad del alumnado: uso responsable de Internet y redes sociales; identidad y huella digital; reconocimiento de riesgos (grooming, ciberacoso, fraudes digitales y demás); protocolos de actuación y denuncia; derechos digitales de niñas, niños y adolescentes y el desarrollo de una cultura de autocuidado y apoyo entre pares.

La educación que se imparta en el Estado, promoverá en las personas estudiantes el conocimiento, habilidades y actitudes necesarias para el uso seguro, responsable y crítico de las tecnologías de la información, comunicaciones y entornos digitales, así como la prevención de delitos cibernéticos.

Por su parte, el Estado y municipios garantizarán la calidad en la educación obligatoria, con base en el mejoramiento constante, de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, y la infraestructura educativa garantice el máximo logro de aprendizaje de las personas estudiantes.

Durante su intervención en tribuna, la legisladora de la bancada de Morena, argumentó que su iniciativa no solo se ajusta al marco jurídico vigente, sino que lo enriquece al reconocer nuevas realidades educativas y de seguridad en el entorno digital, asegurando que la educación pública en Baja California Sur avance en concordancia con los retos del presente y en plena observancia del principio de progresividad de los derechos humanos.

Su propuesta no contraviene las disposiciones establecidas en la Ley General de Educación y abre un margen de acción a las entidades federativas para desarrollar y fortalecer derechos que ya se encuentran reconocidos en el marco normativo nacional. La reforma que plantea, implica modificar el Artículo 10 de la Constitución Política del Estado y desde ahora es analizada por las comisiones de Educación y de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

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Vientos de Pueblo

José Luis Cortés M.

San José del Cabo, Baja California Sur (BCS). En Los Cabos, donde el sol inclemente se funde con el azul del mar, dos compañías de transporte público dominan las rutas que conectan dos puntos esenciales de la ciudad: San José del Cabo y Cabo San Lucas. Ruta del Desierto, con 20 unidades, y Cabo Baja, con solo 5, protagonizan una competencia feroz que, lejos de mejorar el servicio, ha creado un ambiente de tensión, inseguridad y desatención. Los residentes que dependen de este transporte a diario se ven atrapados en un sistema que, aunque esencial, no cumple con las expectativas mínimas de calidad y servicio.

El problema no radica únicamente en la cantidad de unidades disponibles, sino en cómo estas unidades operan. Las unidades de ambas compañías, aunque necesarias, carecen del mantenimiento adecuado, lo que genera una experiencia incómoda y, en ocasiones, peligrosa para los usuarios. El aire acondicionado, en vez de ofrecer un alivio en el calor sofocante del desierto, a menudo no funciona correctamente. Aunque algunos camiones tienen el sistema encendido, este termina por liberar gotas de agua, empapando a los pasajeros, lo que transforma un viaje que debería ser cómodo en una incomodidad diaria.

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Sin embargo, lo más crítico no es el mal funcionamiento de un sistema de refrigeración. Lo que realmente está en juego es la competencia entre las dos empresas, que ha dejado de centrarse en mejorar el servicio y se ha transformado en una guerra por los pasajeros. Ruta del Desierto, con su flota más grande, parece llevar la ventaja, pero su enfoque en ganar terreno y llenar los camiones a toda costa no ha mejorado la calidad del servicio. De hecho, a menudo se pasan de largo cuando los residentes intentan hacer una parada. Los conductores, más enfocados en seguir su ruta y cumplir con los horarios, parecen ignorar las señales de los locales que dependen de estas unidades para sus desplazamientos cotidianos.

Uno de los testimonios más comunes entre los usuarios frecuentes es la frustración por el trato desigual que reciben los locales en comparación con los turistas. «A veces los camiones pasan vacíos y no se paran. Sólo se detienen si ven turistas. A veces escucho a los conductores decir, ‘no, esos no, déjalos pasar’», es lo que muchos afirman haber escuchado mientras viajan. Este comportamiento, lejos de ser aislado, parece ser una norma dentro del sistema de transporte.

Los conductores de Ruta del Desierto, con una flota más grande, se ven en una posición de poder que no están dispuestos a dejar ir. Mientras tanto, Cabo Baja, con su flota mucho más pequeña, se ve en desventaja, luchando por cubrir las rutas con unidades que, además de estar en menor cantidad, no cuentan con el mantenimiento adecuado. En lugar de centrarse en mejorar la experiencia del usuario, el objetivo parece ser una carrera constante para ver quién puede ganar el pasaje más rápido, sin importar el daño que esto pueda causar en la seguridad de los pasajeros.

Los accidentes, aunque no siempre reportados, son cada vez más frecuentes. Las unidades viejas, con sistemas de frenos que no funcionan correctamente o suspensión en mal estado, se han convertido en una amenaza diaria para los pasajeros. Esto, sumado a la falta de regulación y supervisión por parte de las autoridades locales, genera un entorno de desconfianza y riesgo para quienes utilizan el transporte público como medio principal de movilidad.

«Es como si no importáramos», menciona un residente que utiliza el transporte público a diario. «Nos ven esperando, pero no se paran. Si ven turistas, lo primero que hacen es frenar. A nosotros, los locales, nos ven como si no tuviéramos valor».

Lo que está en juego no es solo la eficiencia del transporte o la competencia entre empresas. Es una cuestión de justicia social. Los residentes de Los Cabos merecen un sistema de transporte que funcione para ellos, no solo para los turistas. Este desprecio por los locales y la competencia salvaje entre Ruta del Desierto y Cabo Baja han dejado claro que las prioridades están mal enfocadas. Los pasajeros, quienes dependen de este servicio a diario, no deberían ser tratados como un número más, ni como un obstáculo en una carrera que no les beneficia.

Es urgente que las autoridades tomen cartas en el asunto y que las empresas de transporte comprendan que su verdadera misión no es ganar una carrera, sino servir a todos por igual, con respeto, seguridad y calidad. La batalla por el pasaje no debería ser una carrera peligrosa, ni un campo de indiferencia hacia quienes realmente construyen la vida de Los Cabos. El futuro del transporte público en esta ciudad no se trata de quién tiene más unidades o quién puede llegar primero, sino de quién puede ofrecer un servicio que realmente valore a todos sus usuarios.

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AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

FOTOS: Salud BCS.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Como parte de las acciones que lleva a cabo el Gobierno del Estado en la población de San Ignacio, municipio de Mulegé, derivado de las lluvias registradas en dicha zona, brigadas de la Secretaría de Salud llevan a cabo acciones de control larvario y de fumigación para inhibir la presencia del mosco transmisor del dengue, con ello reducir riesgos por un brote de este padecimiento febril.

La titular de la dependencia, Ana Luisa Guluarte Castro, informó que estas labores son emprendidas por el personal de la dependencia que se trasladó a dicha localidad desde Santa Rosalía y otras localidades del municipio. “El objetivo es fortalecer estos esfuerzos preventivos, en los que también sensibilizan a la población en el saneamiento básico de sus viviendas, y en la erradicación de criaderos artificiales del zancudo”, resaltó.

Ante ello, indicó que los encargados del área de Epidemiología de la Jurisdicción Sanitaria 2 Mulegé, realizan labores de búsqueda intencionada de personas con enfermedades febriles o diarreicas agudas, con la finalidad de iniciar un manejo oportuno, así como el reforzamiento de acciones de control.

Por parte de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) efectúa visitas domiciliarias para la entrega de material de desinfección de agua y alimentos, además de ofrecer información sobre medidas básicas de higiene que deben seguir para evitar la incidencia de padecimientos infecciosos.

Asimismo, un recorrido al centro de salud de la comunidad para verificar que esté en condiciones adecuadas para atender a la población. Finalmente, una capacitación para llevar a cabo los reportes epidemiológicos, al ser información relevante para identificar y controlar el posible incremento en la incidencia de patologías, añadió Guluarte Castro.