La Paz, Baja California Sur (BCS). Conforme a la legislación vigente en Baja California Sur, la interrupción legal del embarazo (ILE) se realiza en más de 19 unidades médicas estatales, incluyendo hospitales y centros de salud, hasta las 12 semanas de gestación. Este servicio está disponible para pacientes que acuden voluntariamente a estas instalaciones y se ofrece de manera gratuita, segura y confidencial.

Durante el año que recién concluyó se efectuaron alrededor de 500 interrupciones legales del embarazo, la mayoría mediante el esquema farmacológico, que permite el procedimiento de forma ambulatoria, es decir, sin necesidad de hospitalización, pero con seguimiento médico abierto para la paciente, señaló el responsable del programa estatal de Prevención de la Violencia y Aborto Seguro, Eduardo Bastidas Buelna.

Estas intervenciones son realizadas por profesionales de la salud que no son objetores de conciencia y que cuentan con la capacitación necesaria. Durante 2025, el programa desarrolló ciclos de formación en los cinco municipios, recordó Bastidas Buelna, quien agregó que la dependencia estatal también opera una línea telefónica de orientación y consejería: 612 1832982.

Además del seguimiento médico, a las usuarias se les ofrece acompañamiento psicológico y acceso a anticoncepción post-evento, entre otros servicios que contribuyen a preservar su bienestar, comentó el funcionario. El directorio de unidades que prestan este servicio está disponible en el portal  www.ssbcs.gob.mx

Bastidas Buelna puntualizó que, para acceder a este servicio —proporcionado bajo condiciones de privacidad y respeto a la dignidad de las usuarias—, es necesario presentar una solicitud formal acompañada de identificación oficial (original y copia), comprobante de domicilio y firmar un consentimiento.

IMÁGENES: IA.

Vientos de Pueblo

José Luis Cortés M.

San José del Cabo, Baja California Sur (BCS). Hay mañanas en que la brisa acaricia el rostro con la misma dulzura de siempre, y otras en que ese mismo viento parece susurrar advertencias. En Baja California Sur, donde el desierto abraza el mar, esa línea entre lo cotidiano y lo abrupto se vuelve difusa con cada temporada que avanza, como si la naturaleza nos pidiera leer bien las señales antes de que el siguiente huracán toque la costa.

Hace apenas unos meses, Lorena —huracán de categoría 1— despertó alertas entre Cabo San Lucas y La Paz, obligando a autoridades a vigilar presas, ríos y arroyos casi a tope de su capacidad, mientras se advertía a la población sobre posibles desbordamientos y lluvias torrenciales. La península se encontró, otra vez, en la encrucijada de lo imprevisible y lo innegable.

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Los registros oficiales confirman una tendencia que ya no puede ignorarse: Baja California Sur es el Estado del país con mayor incidencia de ciclones en seis décadas, con alrededor del 14 % de todos los ciclones que han llegado a territorio mexicano en los últimos 61 años.

Ese número no es solo una cifra; es la evidencia de que los sistemas climáticos están golpeando con más frecuencia y dejando huellas tangibles en hogares, escuelas y vidas.

La geografía misma del Estado lo convierte en un blanco particular: una península estrecha, bordeada por el océano Pacífico y el Mar de Cortés, donde la elevación del nivel del mar y la fuerza de las tormentas trabajarán en favor de fenómenos cada vez más extremos. El Atlas Estatal de Riesgo 2024 identifica específicamente aumentos del nivel del mar, lluvias intensas e inundaciones como parte de los impactos directos asociados al cambio climático que ya se observan y se proyectan para las próximas décadas.

Los recuerdos de antiguos ciclones no son leyendas en BCS; son recordatorios vívidos. Huracanes como Liza, en 1976, transformaron arroyos en torrentes y llevaron corrientes de agua de hasta 8 pies por encima del nivel normal en partes de La Paz, arrastrando viviendas y dejando cicatrices profundas en la memoria colectiva.

Más recientemente, el paso de Hilary causó lluvias intensas, vientos fuertes y contribuyó a inundaciones en distintas zonas de la península, incluso cuando su centro no cruzó directamente por tierra firme.

Las tormentas no entienden de turismo ni de temporadas altas. Las autoridades ambientales y de protección civil han emitido avisos de riesgo por tormentas múltiples en un mismo período, con pronósticos de lluvias fuertes, oleaje elevado y vientos significativos para las costas del estado.

Es la manifestación de una realidad que no confía ya en un solo ciclón por temporada, sino en la posibilidad de que varios fenómenos se superpongan y agraven sus efectos.

Pero la vulnerabilidad no reside únicamente en estadísticas o en mapas de riesgo. Está también en cómo se administra el territorio. Zonas costeras bajas y áreas urbanas en expansión —especialmente alrededor de Cabo San Lucas y San José del Cabo— han sido identificadas en estudios científicos como puntos con “significativos problemas” debido al impacto de ciclones, urbanización en franjas de riesgo e incluso asentamientos irregulares.

Ahora bien, ¿qué significa todo esto para la vida diaria? Las personas que viven aquí saben que no basta con ver mapas o pronósticos; la experiencia ha enseñado que la respuesta llega muchas veces después del desastre, no antes. Durante años la estrategia oficial ha brillado por su ausencia: hay programas, hay diagnósticos, pero todavía no se observa una política pública integral, financiada y sostenida en el tiempo, que proteja del modo que la evidencia científica exige.

En comunidades tanto urbanas como rurales, la percepción de riesgo muchas veces supera el nivel de preparación. Estudios sobre vulnerabilidad muestran que una proporción significativa de hogares se ubica en zonas altamente expuestas a ciclones, y que existe una disociación entre lo que se percibe y lo que realmente está en riesgo en términos de infraestructura y estabilidad social.

El agua, por su parte, se vuelve un reflejo de contradicciones profundas: sequías prolongadas que tensionan acuíferos agotados, seguido de lluvias extremas que el suelo no puede absorber. La variabilidad climática se transforma en estrés hídrico constante, y las soluciones emergentes —como plantas desaladoras— oscilan entre la promesa técnica y la aplicación incompleta en una política más amplia de gestión del agua.

Está claro qué está pasando. También está claro lo que no se está haciendo con la urgencia necesaria: planes de adaptación con financiamiento asegurado; infraestructura verde que proteja humedales y manglares —ecosistemas que científicamente absorben parte de la energía de las olas—; ordenamiento territorial que respete zonas de riesgo; educación ciudadana eficaz; sistemas de alerta temprana vinculados con procesos comunitarios reales.

El cambio climático no es un pronóstico distante, sino un fenómeno con implicaciones tangibles hoy. Y aunque la historia de Baja California Sur es de resiliencia, también puede ser de liderazgo estratégico si se decide actuar con inteligencia, equidad y justicia social. Porque adaptarse no es solo sobrevivir al próximo huracán: es transformar la manera en que vivimos en armonía con el entorno que nos sostiene.

Al final, cuando el mar y el viento vuelvan a poner a prueba nuestras costas, lo que definirá nuestro destino no será solo la fuerza del clima, sino la fuerza de nuestra voluntad colectiva para anticiparlo, mitigarlo y enfrentarlo con dignidad.

Referencias consultadas:

– Informes científicos del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, Sexto Informe de Evaluación) sobre intensificación de fenómenos extremos y aumento del nivel del mar.
– Análisis climáticos y reportes técnicos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) sobre huracanes en el Pacífico y lluvias extremas.
– Atlas Estatal de Riesgo de Baja California Sur y documentos oficiales de planeación y protección civil del estado.
– Avisos meteorológicos y comunicados de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) sobre ciclones, lluvias torrenciales y riesgos hidrometeorológicos en la entidad.

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AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

FOTOS: Ayuntamiento de La Paz | IA.

Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

Antes, tomar el camión era un show. Ahora sé exactamente cuándo llega y voy segura a la escuela.

— Testimonio de una estudiante paceña usuaria del Tiburón Urbano.

La Paz, Baja California Sur (BCS). El sol del mediodía calienta la avenida Forjadores en La Paz. A lo lejos, un autobús azul y blanco se acerca, moderno, aire acondicionado y todo: el Tiburón Urbano. Para muchos habitantes de esta capital sudcaliforniana, este sistema de transporte ya no es solo un cambio estético, sino un símbolo de movilidad, acceso y esperanza… Con todas las complejidades de una obra pública en expansión. Este reportaje examina cómo funciona el Tiburón Urbano en 2026: qué beneficios ha traído, sus fallas y retos, y cómo lo perciben quienes lo usan a diario.

El Tiburón Urbano comenzó a circular en La Paz en 2024 como una propuesta municipal para modernizar el transporte público. Se planteó como un servicio con rutas definidas, pago digital, unidades más seguras y mayor inclusión ciudadana que el modelo tradicional de rutas sin sistema formal.  Su objetivo principal: lograr que la movilidad sea un derecho y no un privilegio para las personas que viven, estudian y trabajan en la ciudad. La alcaldesa Milena Quiroga Romero ha dicho que el municipio tiene la obligación de garantizar un transporte digno y de calidad.

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Las unidades del Tiburón Urbano tienen características modernas:

• Pago electrónico mediante una tarjeta digital, evitando efectivo.
• Climatización, videovigilancia y botones de pánico para seguridad.
• Accesibilidad para personas con discapacidad en unidades específicas.
• Conectividad con una aplicación móvil para seguir rutas en tiempo real.

Y, en uno de los reconocimientos más sociales del programa, menores con espectro autista que acuden al CREE (Centro de Rehabilitación e Educación Especial) viajan gratis en este transporte.

A inicios de 2026, el propio Ayuntamiento de La Paz reportó datos importantes sobre el uso del Tiburón Urbano. Desde su implementación, se han vendido más de 31 mil tarjetas de acceso, entre generales, estudiantiles y preferenciales para adultos mayores y personas con discapacidad. Con un costo accesible de alrededor de 12 pesos el pasaje general y 6 pesos el estudiantil o preferencial, el sistema es considerado competitivo frente a otras opciones de transporte en México.

Usuarios como Lorena, una trabajadora del centro, cuentan que antes debían caminar largas distancias o pagar taxis por la falta de rutas claras y seguras. “Ahora puedo planear mi día; veo el camión en la app y sé que va a llegar”, comenta. Este testimonio se escucha a menudo en paradas del sistema.

Ventajas: ¿Qué ha aportado el Tiburón Urbano?

1. Mayor orden y seguridad urbana

La transición a una tarjeta digital ha reducido el manejo de efectivo y, con ello, al menos en teoría, la evasión de pago y situaciones de inseguridad. Además, muchos usuarios destacan la sensación de viaje más seguro, gracias al aire acondicionado, cámaras y botones de pánico en unidades que circulan por varias zonas esenciales de La Paz.

2. Inclusión social

La gratuidad para menores con autismo que acuden a terapias en el CREE es un gesto concreto para incluir a la comunidad con discapacidad. También hay beneficios para estudiantes y adultos mayores, lo que favorece la movilidad de sectores sociales que antes dependían de opciones más precarias o costosas.

3. Tecnologías que facilitan la vida cotidiana

La integración con la App La Paz permite que los usuarios consulten rutas, horarios y ubicación en tiempo real de los autobuses, lo que reduce la incertidumbre de esperar indefinidamente en paradas sin información. Esto representa una innovación perceptible para los habitantes jóvenes y adultos acostumbrados a soluciones digitales.

Desventajas y retos persistentes

1. Problemas con la tarjeta y el sistema de recargas

Usuarios han reportado fallas frecuentes al recargar su tarjeta del Tiburón Urbano a través de la app municipal, lo que genera frustración y retrasos. Aunque la municipalidad ha habilitado la recarga en tiendas Oxxo en gran parte de la ciudad (alrededor del 71% de cobertura), aún hay zonas donde falta consolidar esta facilidad. Este tipo de inconvenientes, aunque técnicos, impacta directamente en la percepción de eficiencia del servicio.

2. Capacidad insuficiente

A pesar de que recientemente se anunciaron 40 nuevas unidades con accesibilidad y mejoras, la demanda ciudadana ha crecido más rápido que la capacidad instalada. En horas pico, usuarios se quejan de que los autobuses llegan llenos o tardan en pasar, lo que obliga a algunos a buscar alternativas como taxis o plataformas privadas para llegar a sus destinos.

3. Cobertura territorial y rutas limitadas

Aunque el sistema cubre zonas clave como Camino Real, Vinoramas y puntos como mercados, universidades y hospitales, aún existen áreas periféricas de La Paz que no cuentan con rutas suficientes o accesibles del Tiburón Urbano. Expertos en movilidad urbana señalan que el transporte público eficiente debe ser inclusivo no solo socialmente, sino territorialmente, conectando zonas periféricas con centros de empleo y servicios. Esto aún no se cumple del todo en La Paz.

Opiniones de usuarios: voces desde la calle

“Antes tenía que caminar dos kilómetros diarios.” — Juan, comerciante de la colonia Vista Hermosa.

“El Tiburón Urbano me facilitó la vida. Hay horarios más claros. Pero a veces la tarjeta no funciona y te atrasa todo el día.”

“La app es útil, pero no siempre actualiza bien.”— Sofía, estudiante universitaria.

“Es genial ver el bus en tiempo real. Lo malo es que a veces aparece y no pasa… O pasa sin que se actualice.”

“El sistema es un avance, pero falta más.” — Don Luis, trabajador jubilado.

“El servicio está mejor que antes, sin duda. Pero deberían pensar también en rutas nocturnas.”

Estos testimonios muestran un denominador común: el Tiburón Urbano es valorado, pero sus usuarios piden mejoras técnicas y de cobertura.

Expertos opinan: ¿es un modelo replicable?

La movilidad urbana es un tema estudiado en universidades y centros de investigación. Expertos señalan que estructurar el transporte público alrededor de rutas eficientes, tecnologías digitales y tarifas accesibles es clave para desincentivar el uso excesivo de automóviles, un problema que ya impacta la calidad del aire de ciudades mexicanas como La Paz. Sin embargo, también advierten que la tecnología no es suficiente si no se acompaña de una buena planificación de rutas, horarios y participación ciudadana. Es decir, un sistema como el Tiburón Urbano debe escuchar más a sus usuarios y adaptarse, algo que requiere de datos sobre movilidad real, encuestas y participación comunitaria.

El nuevo organismo: ¿más autonomía, mejores resultados?

Un paso importante en 2025 fue la creación del Organismo Público Descentralizado “Tiburón Urbano de La Paz”, con autonomía administrativa, personalidad jurídica y patrimonio propio para gestionar el transporte público. La idea detrás de esta figura es profesionalizar la operación, fortalecer la gestión técnica y dar continuidad a los proyectos de movilidad, invitando también a concesionarios locales a integrarse en un esquema ordenado. En teoría, esto permite mayor eficiencia en la operación, mejor toma de decisiones y menos burocracia. En la práctica, los resultados dependerán de la asignación de recursos públicos, claridad en rendición de cuentas y evaluación constante.

Mirar hacia 2027: ¿hacia dónde va el Tiburón Urbano?

A medida que La Paz crece, también lo hace la necesidad de soluciones integrales de movilidad. El Tiburón Urbano se ha consolidado como una alternativa más segura y moderna que el transporte tradicional, pero aún enfrenta retos de cobertura, operación y satisfacción ciudadana. Las autoridades han prometido mayor inversión, llegada de nuevas unidades, ampliación de rutas y fortalecimiento tecnológico. Queda por verse si estas acciones reducen los tiempos de espera, aumentan la seguridad y hacen del transporte público una opción preferida frente al auto particular. Porque, al final, la movilidad no es solo llegar de A a B: es la posibilidad de estudiar, trabajar, vivir plenamente y sentir que la ciudad te mueve a ti, no tú a la ciudad.

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IMÁGENES: IA.

Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

La Paz, Baja California Sur (BCS). Tras la captura del expresidente Nicolás Maduro en una operación militar liderada por Estados Unidos el pasado 3 de enero de 2026, Venezuela enfrenta un periodo de transición política y múltiples desafíos inmediatos que definirán el rumbo del país en los próximos meses. La aprehensión de Maduro, quien fue trasladado a Nueva York para enfrentar cargos federales de narcotráfico y relaciones con grupos calificados como terroristas por Washington, ha generado una reacción global y abre un nuevo capítulo para la nación sudamericana. En medio de esta inédita situación, el país se encuentra encabezado por Delcy Rodríguez, quien fue designada como presidenta interina por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) después de que Maduro fuera removido de su cargo. Sin embargo, la legitimidad de su liderazgo es cuestionada por diversos actores internacionales.

La captura de Maduro —resultado de una operación catalogada como ofensiva militar por parte de Estados Unidos— ha generado amplio debate internacional. El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció públicamente que las fuerzas estadounidenses “están a cargo” de la situación en Venezuela y que supervisarán una etapa de transición, con el objetivo declarado de reformar la industria petrolera y otras instituciones del Estado. La operación también dejó un saldo trágico: decenas de militares venezolanos y agentes cubanos perdieron la vida durante los enfrentamientos nocturnos, según informó el gobierno venezolano. De manera oficial se decretó siete días de duelo por las víctimas de lo que el Ejecutivo calificó como una agresión directa. Este episodio representa un punto de inflexión inédito en las relaciones entre Caracas y Washington, y modifica de forma significativa el tablero geopolítico regional. Las Naciones Unidas y gobiernos de diversos países han manifestado preocupación por la forma en que se realizó la operación y por la violación potencial de la soberanía nacional.

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Con Maduro fuera del país y enfrentando cargos judiciales en Estados Unidos, las autoridades venezolanas designaron a Delcy Rodríguez como presidenta interina, con el respaldo formal del Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, este nombramiento no ha sido reconocido por la Unión Europea ni por varios países de la comunidad internacional, que cuestionan la legitimidad de su mandato y subrayan su cercanía con el antiguo régimen. Rodríguez, quien fue vicepresidenta bajo el gobierno de Maduro, ha rechazado categóricamente cualquier intervención extranjera en los asuntos internos venezolanos y ha afirmado que “ningún agente externo gobierna Venezuela”. Esta declaración se ha producido en un contexto de tensión diplomática con Estados Unidos y otros gobiernos que han criticado la operación militar.

La transición política venezolana se ve acompañada por desafíos económicos severos. Años de hiperinflación, colapso de la producción petrolera y debilitamiento de instituciones financieras han dejado al país con una economía extremadamente vulnerable, dependiente del petróleo y con una elevada deuda externa. Analistas consultados por medios internacionales coinciden en que la recuperación económica será un proceso complejo que requerirá reformas estructurales profundas, estabilización de precios y restauración de la confianza en el sistema financiero. Uno de los principales problemas a corto plazo será controlar la inflación, estabilizar la moneda nacional y reanudar relaciones con organismos financieros globales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyos pronósticos indican un entorno económico adverso para 2026. El próximo gobierno deberá además atraer inversión extranjera, restaurar la producción petrolera y reestructurar la deuda pública, gravemente contraída durante los últimos años.

La industria petrolera, columna vertebral de la economía venezolana durante décadas, es central en cualquier plan de recuperación. Estados Unidos ha expresado interés en explotar reservas locales y vender petróleo en mercados internacionales, aunque no ha quedado claro cómo se distribuirán los ingresos y qué parte de estos quedará en Venezuela.

Más allá de la economía, la seguridad interna es un reto urgente. Venezuela presenta un contexto de violencia persistente, con presencia de grupos criminales organizados —incluidos los llamados “megabandas”— que operan en múltiples regiones del país y han sido vinculados con el narcotráfico, extorsión y violencia armada. Expertos advierten que si no se refuerza el control institucional y se combate eficazmente a estas organizaciones, el vacío de poder generado por la partida de Maduro podría agudizar la inseguridad ciudadana. Asimismo, se observa la posibilidad de que la violencia se expanda, afectando no sólo a Venezuela, sino también a naciones vecinas, especialmente en las zonas fronterizas con Colombia. Esta nación, que ya enfrenta su propia situación de seguridad compleja, está en alerta por el potencial aumento de desplazamientos forzados de población y el incremento de actividades criminales transnacionales.

La transición hacia un gobierno plenamente democrático es otro de los retos fundamentales. La oposición venezolana, fragmentada y con múltiples liderazgos, enfrenta la tarea de reorganizarse y construir consensos que permitan elecciones libres y competidas. Incluso antes de los recientes eventos, el proceso electoral de 2024 fue objeto de críticas por la oposición y organismos internacionales, acusándolo de falta de transparencia e imparcialidad. El reconocimiento internacional de futuros comicios dependerá de la percepción de legitimidad, algo que el nuevo gobierno deberá trabajar de inmediato para recuperar la confianza de la ciudadanía y la comunidad global. Organizaciones como la OEA (Organización de los Estados Americanos) y la UE han señalado que las elecciones deben celebrarse bajo estándares democráticos verificables. Sin embargo, hasta ahora no hay un calendario claro para nuevos comicios presidenciales o legislativos.

La situación de los derechos humanos también se mantiene como una prioridad urgente. Organizaciones internacionales han documentado abusos sistemáticos durante los gobiernos anteriores, y la transición actual plantea interrogantes sobre la composición del sistema judicial y penitenciario, así como la garantía de un debido proceso para todos los ciudadanos. Mientras Maduro y su esposa enfrentan un proceso judicial en Estados Unidos, líderes de oposición y defensores de derechos humanos en Venezuela han exigido garantías judiciales y el fin de prácticas represivas, reclamando una reforma profunda del sistema judicial local que recupere su independencia y credibilidad.

El impacto de estos acontecimientos en Venezuela no se limita a sus fronteras. La operación estadounidense y la subsiguiente transición han generado reacciones encontradas en el continente. Algunos gobiernos latinoamericanos han criticado la intervención, calificándola de violación de soberanía, mientras que otros la han visto como una oportunidad para restablecer la democracia en el país. La Unión Europea ha expresado su preocupación por el respeto al derecho internacional y ha llamado a una solución política dentro del marco constitucional venezolano. Organismos regionales como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) han pedido negociaciones inclusivas que involucren a todas las fuerzas políticas, con el objetivo de evitar una escalada de violencia y promover un proceso pacífico de cambio.

Dentro de Venezuela, la opinión pública se encuentra dividida. Sectores de la población ven la salida de Maduro como un paso necesario después de años de crisis, represión y deterioro económico. Otros sectores, sin embargo, consideran que una transición liderada desde fuera del país puede profundizar sentimientos de injerencia externa, y temen que las reformas no respondan a las necesidades reales de la ciudadanía. La emigración sigue siendo un fenómeno significativo: millones de venezolanos han abandonado el país en la última década, buscando mejores condiciones de vida en países vecinos o en otras regiones del mundo. La posibilidad de que una parte de esa diáspora pueda regresar depende de la estabilidad y oportunidades económicas que se logren en la etapa post-Maduro.

Venezuela se encuentra en un momento histórico de su evolución política y social. La caída de Maduro ha generado una serie de cambios abruptos y desafíos inmediatos que incluyen la restauración económica, la seguridad interna y la legitimidad democrática del futuro gobierno. Los próximos meses serán cruciales para determinar si el país puede transitar pacíficamente hacia un sistema inclusivo y estable, o si por el contrario las tensiones internas y externas prolongarán la incertidumbre. Los ojos de la comunidad internacional, especialmente de los países vecinos y potencias globales, están puestos en Caracas, donde el destino de millones de venezolanos pende de decisiones que marcarán el futuro del país en la década venidera.

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Vientos de Pueblo

José Luis Cortés M.

San José del Cabo, Baja California Sur (BCS). A las siete de la mañana, La Paz todavía huele a mar, pero ya suena a claxon. En Los Cabos, a esa misma hora, el sol apenas asoma y el tráfico ya se ha convertido en una fila inmóvil de paciencia rota. El paisaje es distinto, el problema es el mismo. Dos ciudades que crecieron mirando al turismo mientras olvidaban algo esencial: a quienes viven, trabajan y se mueven en ellas todos los días.

La escena se repite con una precisión casi cruel. Conductores atrapados durante una hora para recorrer distancias que antes tomaban diez minutos. Camiones urbanos rebasados, irregulares, insuficientes. Motociclistas sorteando autos como si la calle fuera un campo minado. Y peatones obligados a caminar por orillas inexistentes, porque la banqueta, cuando existe, se corta de pronto, como una promesa incumplida.

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La movilidad en Baja California Sur dejó de ser un asunto técnico para convertirse en una experiencia cotidiana de desgaste. No es una percepción aislada. En Los Cabos, el crecimiento poblacional ha sido uno de los más acelerados del país en las últimas dos décadas, impulsado por el turismo y la migración laboral. En La Paz, aunque el ritmo es menor, la expansión urbana desordenada ha generado una dependencia casi absoluta del automóvil. El resultado es un sistema vial que no estaba diseñado para esta presión constante.

Durante años, la respuesta fue siempre la misma: más carriles, más semáforos, más parches. Nunca una visión integral. Nunca una apuesta decidida por el transporte público digno, eficiente y continuo. Nunca una ciudad pensada para el trayecto diario del residente y no solo para la foto del visitante.

Una trabajadora del sector hotelero, entrevistada en Los Cabos en un reportaje reciente, relató que debe salir de su casa dos horas antes para llegar puntual a su turno, aunque vive a menos de diez kilómetros del hotel. No es un caso excepcional. En La Paz, una madre de familia explicó que llevar a sus hijos a la escuela y llegar a su trabajo implica un recorrido fragmentado, sin rutas claras ni horarios confiables de transporte colectivo. Ambas historias coinciden en lo esencial: el tiempo de vida se está perdiendo en el tráfico.

La paradoja es evidente. Mientras se invierten millones en infraestructura turística, la movilidad cotidiana sigue rezagada. Las ciudades se diseñan para recibir, no para sostener. Se amplían vialidades para conectar resorts, pero no se fortalecen rutas para quienes limpian habitaciones, atienden restaurantes, construyen edificios o dan servicios básicos. El modelo urbano reproduce una desigualdad silenciosa: quien tiene auto se adapta; quien no, resiste.

El problema no es solo de congestión. Es de seguridad, de salud, de calidad de vida. La Organización Mundial de la Salud ha señalado que las ciudades dominadas por el automóvil incrementan el estrés, la contaminación y los accidentes viales. En Baja California Sur, los datos oficiales sobre siniestros de tránsito muestran una tendencia persistente, aunque fragmentada, que refleja la falta de infraestructura segura para peatones y ciclistas. Donde no hay datos claros, hay una omisión que también pesa.

No todo está perdido, pero el margen se estrecha. Especialistas en desarrollo urbano han insistido en que la solución no está únicamente en construir más calles, sino en repensar la ciudad: transporte público con prioridad real, rutas claras y continuas, espacios seguros para caminar y pedalear, planeación que anticipe el crecimiento y no lo persiga tarde.

La historia urbana de La Paz y Los Cabos ofrece una lección incómoda. Ambas nacieron como comunidades pequeñas, caminables, donde el trayecto era parte de la vida y no un castigo diario. El quiebre llegó cuando el crecimiento se aceleró sin brújula. Hoy, esa falta de planeación se cobra en horas perdidas, en cansancio acumulado, en una sensación constante de estar llegando tarde a todo.

El colapso no es un evento futuro; es un proceso que ya está en marcha. La pregunta no es si las ciudades pueden seguir creciendo así, sino cuánto más puede soportar la vida cotidiana antes de romperse del todo. La movilidad no es un lujo ni un tema secundario: es el pulso que define cómo se vive una ciudad.

Al final, las calles cuentan una historia que los discursos oficiales evitan. Una historia de ciudades que avanzan rápido hacia afuera, pero lentamente hacia adentro. De decisiones postergadas que hoy pesan más que nunca. De ciudadanos que no piden milagros, sino algo básico: moverse sin perder la vida en el intento.

Porque una ciudad que obliga a sus habitantes a pelear cada día por llegar, es una ciudad que ya empezó a fallar. Y aún estamos a tiempo de decidir si queremos seguir atrapados en el tráfico… o abrir, por fin, un camino distinto.

Referencias consultadas:

– INEGI, datos de crecimiento poblacional y movilidad urbana.
– Organización Mundial de la Salud, informes sobre movilidad y salud urbana.
– Estudios de planeación urbana y movilidad en Baja California Sur.
– Reportajes y notas informativas de medios locales y nacionales sobre tráfico y transporte público en La Paz y Los Cabos.

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