FOTO: Ayuntamiento de La Paz.

La Paz, Baja California Sur (BCS). El secretario general del Ayuntamiento de La Paz, Jehú Vázquez Savín, dio a conocer que personal del Cuerpo de Bomberos realizó el rescate de 15 personas que se encontraban en el cauce del arroyo de San Blas, luego de que las condiciones del terreno les impidieran retornar por la ruta de acceso que habían utilizado inicialmente.

El grupo estaba conformado por 11 personas adultas y cuatro menores de edad. Ante las dificultades para realizar la evacuación y los riesgos asociados a las condiciones del terreno, se determinó llevar a cabo una intervención de rescate para retirar a las personas del área.

A su llegada, el personal operativo conformado por 10 elementos y dos unidades, realizaron una evaluación de las condiciones del lugar, identificando como principales factores de riesgo la irregularidad del terreno y las dificultades de acceso, así como la presencia de obstáculos naturales y el riesgo de caídas o lesiones durante el desplazamiento.

Vázquez Savín destacó que como parte de la operación, el personal de emergencia tuvo que abrir camino entre la maleza utilizando una motosierra, con el objetivo de habilitar una ruta que permitiera la extracción del grupo y facilitar su desplazamiento hacia una zona segura, estas labores de rescate se prolongaron por una hora.

Una vez habilitado el paso, los elementos establecieron contacto y realizaron las maniobras de aproximación, aseguramiento y extracción progresiva, con especial atención en los cuatro menores de edad y en las condiciones particulares de cada integrante del grupo.

Finalmente, las 15 personas fueron trasladadas a una zona segura, sin que quedara algún integrante pendiente de rescate, siendo puestos a salvo.

En este sentido, el Secretario General del Ayuntamiento de La Paz reitera el llamado a la ciudadanía para evitar ingresar o intentar cruzar cauces de arroyos cuando existan condiciones que puedan ser un peligro, ya que las características del terreno pueden dificultar el retorno y poner en riesgo la integridad de quienes se encuentren en el lugar. Asimismo, exhortó actuar con prudencia y no hacer recorridos en áreas que debido al pronóstico de lluvia, pueden cambiar rápidamente y representar riesgos para las personas.

FOTOS: Archivos.

Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Toda empresa con empleados enfrenta retos diarios: largas jornadas, atención constante al público, coordinación entre empleados, clientes, proveedores, inspectores, posibles complicaciones en femas de limpieza y administración, etc. En este contexto, la NOM-035-STPS-2018 se convierte en una herramienta clave para proteger a los trabajadores y mejorar el desempeño de la empresa.

¿Qupe es la NOM-035? La NOM-035-STPS-2018 es una Norma Oficial Mexicana emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que tiene como objetivo identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial en los centros de trabajo, así como promover un entorno organizacional favorable. En palabras sencillas, busca evitar que las condiciones laborales generen estrés excesivo, desgaste emocional, conflictos o afectaciones a la salud mental de los trabajadores.

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¿Qué empresas deben cumpliarla? Todas las empresas y centros de trabajo en México. Sin embargo, las obligaciones aumentan conforme crece el número de empleados. Toda empresa debe cumplir con la totalidad de los requisitos previstos por la norma, incluyendo la evaluación de factores de riesgo psicosocial y del entorno organizacional.

¿Qué obligaciones tiene el patrón? Entre sus principales obligaciones se encuentran:

• Contar con una política de prevención de riesgos psicosociales.
• Identificar y evaluar los factores de riesgo existentes.
• Detectar posibles casos de violencia laboral.
• Implementar medidas para prevenir y corregir problemas detectados.
• Informar y capacitar a los trabajadores.
• Llevar registros de las acciones realizadas.
• Promover condiciones laborales saludables.

¿Cuáles son las responsabilidades de los trabajadores? Entre sus responsabilidades destacan:

• Participar en las evaluaciones o cuestionarios aplicados por la empresa.
• Colaborar en las acciones de prevención.
• Seguir las políticas internas.
• Evitar conductas de violencia, acoso o maltrato.
• Informar situaciones que puedan representar un riesgo para la salud laboral.

El cumplimiento efectivo de la norma requiere la colaboración de ambas partes: empresa y trabajadores.

¿Qué son los factores de riesgo psicosocial? Son aquellas condiciones de trabajo que pueden afectar negativamente el bienestar emocional o psicológico de una persona.

Algunos ejemplos incluyen:

• Jornadas excesivas durante temporadas vacacionales.
• Falta de personal para cubrir la demanda.
• Presión constante por atender clientes.
• Falta de claridad en funciones y responsabilidades.
• Conflictos entre supervisores y empleados.
• Acoso o violencia laboral.
• Escaso reconocimiento al desempeño.

Cuando estas situaciones se mantienen por largos periodos, pueden generar estrés crónico, agotamiento, ansiedad y disminución del rendimiento laboral.

¿Cómo se identifican estos riesgos? La norma establece diversos mecanismos para detectar problemas antes de que se conviertan en situaciones graves.

Los métodos más comunes son:

• Aplicación de cuestionarios al personal.
• Entrevistas individuales o grupales.
• Revisión de quejas internas.
• Análisis de ausentismo y rotación de personal.
• Observación de las condiciones de trabajo.
• Evaluación de incidentes relacionados con conflictos laborales.

Si un establecimiento registra constantes renuncias de empleados o frecuentes incapacidades por estrés, ello puede ser una señal de alerta que merece atención.

¿Qué significa un entorno organizacional favorable? Un entorno organizacional favorable se caracteriza por:

• Comunicación efectiva.
• Liderazgo respetuoso.
• Distribución clara de responsabilidades.
• Reconocimiento al trabajo realizado.
• Oportunidades de capacitación.
• Igualdad de trato.
• Respeto entre compañeros y supervisores.

En términos prácticos, significa que los trabajadores saben qué se espera de ellos, reciben apoyo de sus superiores y desempeñan sus actividades en un ambiente de respeto.

Implementación paso a paso: Una ruta práctica de implementación puede seguir los siguientes pasos:

Primero: Elaborar una política de prevención y comunicarla a todo el personal.

Segundo: Aplicar los cuestionarios y evaluaciones requeridos por la norma.

Tercero: Analizar los resultados obtenidos para detectar áreas de riesgo.

Cuarto: Diseñar medidas correctivas y preventivas.

Quinto: Capacitar a supervisores y trabajadores.

Sexto: Documentar todas las acciones realizadas.

Séptimo: Dar seguimiento periódico para verificar la efectividad de las medidas implementadas.

La clave no es únicamente aplicar cuestionarios, sino utilizar la información obtenida para mejorar las condiciones laborales.

Los beneficios de cumplir: Aunque algunas empresas perciben la NOM-035 como una obligación administrativa más, su adecuada implementación puede generar ventajas concretas.

Entre los principales beneficios destacan:

• Reducción de la rotación de personal.
• Menor ausentismo.
• Incremento de la productividad.
• Mejor atención al cliente.
• Disminución de conflictos internos.
• Mayor compromiso de los trabajadores.
• Reducción de riesgos legales y laborales.
• Fortalecimiento de la imagen empresarial.

Para un emprendimiento cuya reputación depende en gran medida de la calidad del servicio, contar con trabajadores motivados y en condiciones saludables puede representar una ventaja competitiva importante.

Corolario

La NOM-035 va mucho más allá de un requisito legal. Su finalidad es ayudar a que los trabajadores desarrollen sus actividades en condiciones que favorezcan su bienestar físico y emocional.

Su cumplimiento no sólo protege a los trabajadores, sino que también contribuye al crecimiento y estabilidad del negocio.

Al final, cuidar a las personas que hacen funcionar una empresa suele ser una de las mejores inversiones que un empresario puede realizar.

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AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

IMÁGENES: IA.

Vientos de Pueblo

El Vigía del Desierto

San José del Cabo, Baja California Sur (BCS). En las asambleas ejidales de Cabo del Este y La Ribera, el desmantelamiento de la propiedad colectiva no comenzó con maquinaria pesada, sino con portafolios de dinero en efectivo y contratos de cesión redactados en un lenguaje incomprensible. Durante la última década, despachos jurídicos al servicio de desarrolladoras transnacionales han desplegado una minuciosa fragmentación comunitaria, seduciendo a ejidatarios ancianos que, agobiados por la falta de apoyos al campo y la precariedad médica, ceden parcelas con frente de playa por una ínfima fracción de su valor real. De acuerdo con testimonios locales y expedientes agrarios en litigio, las asambleas viciadas y las promesas de empleo terminan siempre del mismo modo: se aprueba el dominio pleno sobre las tierras de uso común y, pocos meses después, el litoral donde antes anidaban tortugas y fondeaban pangas queda confinado tras bardas perimetrales, abriendo paso a complejos residenciales de ultra lujo, campos de polo náutico irrigados con pozos concesionados y dársenas privadas donde el habitante originario solo ingresa con uniforme de servicio.

Ese cerco se extiende hacia el norte, sobre la curvatura del Golfo de California, donde la privatización no necesitó de reformas ejidales para consumarse en los hechos. En las bahías de La Ventana y Los Barriles, la bonanza del turismo de viento consolidó enclaves residenciales donde compradores foráneos clausuraron de facto la movilidad histórica del territorio. Brechas tradicionales, arroyos y servidumbres de paso que durante más de un siglo permitieron a las familias rancheras arrear ganado o descender a la playa para la pesca artesanal hoy lucen bloqueadas por portones automáticos, candados y guardias privados. Según registros municipales y denuncias vecinales desatendidas, las advertencias de propiedad privada proliferan sobre vías que legalmente constituyen bienes públicos, obligando a los lugareños a rodear kilómetros de terreno agreste mientras las velas del kitesurf copan la bahía. La costa, concebida en la ley federal como un espacio de libre tránsito, se convirtió en una franja segregada donde el origen foráneo y la solvencia en dólares definen quién puede mirar el horizonte.

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En la ribera opuesta, sobre el océano Pacífico, el despojo no viste ropajes inmobiliarios sino la torpeza de la ingeniería oficial. En la comunidad pesquera de Puerto Chale, donde generaciones de familias han vivido de la captura de camarón y curvina, obras de infraestructura portuaria ejecutadas sin estudios hidrodinámicos rigurosos desataron un desastre silencioso. El levantamiento de escolleras defectuosas y dragados mal calculados alteró el régimen de mareas, provocando el azolvamiento acelerado de las bocabarras que oxigenan el estero. De acuerdo con diagnósticos técnicos y registros de las cooperativas pesqueras, los bancos de arena taponaron las rutas de navegación y arruinaron las zonas de desove, dejando decenas de pangas varadas en lodazales pestilentes durante la bajamar. Con las redes pudriéndose al sol, los pescadores más jóvenes abandonan los motores fuera de borda para contratarse como albañiles o lavaplatos en el sur turístico, confirmando que una escollera mal trazada puede liquidar un modo de vida con la misma contundencia que una cerca de alambre.

Lo que articula estos tres frentes no es la casualidad geográfica, sino la lógica extractiva de un modelo que sacrifica la vocación comunitaria de las costas para satisfacer un consumo de élite. La omisión sistemática de la Procuraduría Agraria y la negligencia de las autoridades ambientales operan como un aval tácito: se solapa el acaparamiento hídrico para residencias exclusivas, se tolera el bloqueo de pasos vecinales y se desatiende el deterioro ecológico en las lagunas ribereñas. En esta recomposición forzosa del espacio, el territorio deja de ser raíz cultural y sustento alimentario para mutar en mero activo financiero, arrinconando a ejidatarios y pescadores en periferias desérticas donde el mar les queda vetado y el agua potable se compra por pipa a precios abusivos.

Baja California Sur encara una encrucijada ética inaplazable: tolerar que este desarrollo depredador extinga a sus comunidades tradicionales o restituir la primacía del bien común sobre la especulación inmobiliaria. Porque cuando a un pueblo ribereño se le arrebata el camino al agua y se le clausura el estero, no solo se le despoja de su sustento productivo; se le mutila la memoria y el sentido mismo de pertenecer a una tierra. En esta geografía de alambradas y exclusión, desterrar a los pobladores de sus propias orillas no engendra progreso alguno, sino la amarga certeza de convertirlos en extranjeros dentro de su propia cuna.

Fuentes consultadas y referencias técnicas

▪  Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR). Estudios de dinámica costera, sedimentología y azolvamiento en esteros y complejos lagunares del Pacífico sudcaliforniano. La Paz, B.C.S.

▪  CONAPESCA. Padrón de cooperativas pesqueras ribereñas y registros de arribos de curvina y camarón en el litoral de Puerto Chale y Bahía Magdalena.

▪  Dirección de Catastro y Registro Público de la Propiedad (La Paz y Los Cabos). Planos catastrales, expedientes de servidumbres de paso y denuncias por invasión de caminos públicos en La Ventana y Los Barriles.

▪  Procuraduría Agraria (Delegación BCS). Expedientes de regularización, asambleas de dominio pleno y controversias en ejidos La Ribera y Cabo del Este.

▪  Registro Agrario Nacional (RAN). Cartografía ejidal y padrón de sujetos agrarios certificados en el estado de Baja California Sur.

▪  Secretaría de Marina (SEMAR) y API BCS. Proyectos ejecutivos de dragado, muelles de atraque y obras de protección costera en comunidades pesqueras de BCS.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). El gobernador del Estado, Víctor Manuel Castro Cosío, encabezó la sesión del Consejo Estatal de Protección Civil, donde se revisó la evolución y trayectoria del huracán “Polo”, ante la posibilidad de que sus efectos alcancen Baja California Sur. “Que todos estemos atentos y coordinados para actuar de inmediato en caso de ser necesario”, puntualizó.

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) presentado durante la reunión, “Polo” se mantenía esta mañana como huracán categoría 4, con vientos máximos de 250 kilómetros por hora, y continuaba desplazándose hacia la península de Baja California Sur. Debido a la naturaleza cambiante de las condiciones meteorológicas, se mantiene vigilancia sobre su trayectoria e intensidad.

Conforme al pronóstico analizado por el Consejo, los primeros efectos podrían presentarse desde este jueves, con chubascos y un incremento gradual del oleaje. Para el viernes se esperan lluvias de 25 a 50 milímetros; el sábado, precipitaciones fuertes a muy fuertes de 50 a 75 milímetros, además de vientos intensos; mientras que para el domingo se prevén lluvias fuertes en distintas regiones de la entidad.

Para el lunes podrían registrarse vientos de hasta 110 kilómetros por hora y oleaje de entre 5 y 7 metros de altura. Asimismo, permanece bajo vigilancia la posibilidad de que el sistema se aproxime a la costa occidental de Baja California Sur, con especial atención en el municipio de Mulegé.

Ante este escenario, se destacó la importancia de que los comités municipales de Protección Civil permanezcan comunicados y atentos, principalmente en las zonas donde pudieran presentarse mayores efectos. Los integrantes del Consejo señalaron que se cuenta con personal, equipos y maquinaria para atender cualquier eventualidad.

Como parte de las acciones preventivas, se planteó el desplazamiento de brigadas hacia los puntos que pudieran resultar más afectados, con el propósito de reducir los tiempos de respuesta y brindar atención oportuna a la población. También se acordó avanzar en la habilitación de los albergues y mantener comunicación permanente con los municipios.

Hasta el momento, aeropuertos, puertos y carreteras de Baja California Sur operan sin contratiempos, por lo que se mantiene la vigilancia ante cualquier cambio en las condiciones.

Finalmente, el Gobernador exhortó a la población sudcaliforniana a mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender las recomendaciones de Protección Civil ante cualquier actualización relacionada con el huracán “Polo”.

FOTOS: Archivos, Ayuntamiento de Los Cabos y PGJE.

Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

La Paz, Baja California Sur (BCS). En Baja California Sur se denuncian tres delitos sexuales cada día. Entre enero y julio de 2025, las autoridades abrieron 637 carpetas de investigación por delitos contra la libertad y seguridad sexual, lo que coloca al estado en el quinto lugar nacional en tasa de violación. La cifra, fría en apariencia, revela una violencia que se concentra, crece y se resiste a disminuir en los dos municipios más poblados: La Paz y Los Cabos. El mapa delictivo es desigual. De las 637 denuncias registradas entre enero y julio de 2025, La Paz acumuló 319 y Los Cabos 254, casi 90 por ciento del total. Comondú, Loreto y Mulegé sumaron apenas 64 casos en conjunto. El abuso sexual encabeza la lista con 241 casos, seguido de violación simple y equiparada con 149 denuncias, otros delitos sexuales con 125 y acoso sexual con 115.

La tendencia no es nueva. Entre enero y noviembre de 2024, Baja California Sur registró 1,121 denuncias por delitos sexuales, un aumento de 9.5 por ciento respecto a las 1,023 del mismo periodo de 2023. El abuso sexual representó 40.3 por ciento de los casos, con 452 denuncias 3. En el tercer trimestre de 2023 se habían abierto 837 carpetas, cifra que subió a 911 en el mismo periodo de 2024, un incremento de 74 casos adicionales. En 2025, el periodo enero-septiembre cerró con 813 denuncias, ligeramente por debajo de las 911 del año anterior, pero manteniendo la concentración geográfica. Sin embargo, los datos más recientes de enero a julio de 2026 muestran 655 carpetas, un aumento de 2.8 por ciento frente a las 637 de 2025, lo que indica que la problemática no solo se mantiene sino que tiende al alza.

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La tasa es alarmante. La tasa de violación en BCS es de 16.48 casos por cada 100 mil habitantes, y la PGJE informó que de enero a diciembre de 2024 atendió a 1,435 personas víctimas de delito, de las cuales 1,210 fueron mujeres, más de 84 por ciento. A ello se suma la cifra negra. Según la ENVIPE 2022, en Baja California Sur 90.7 por ciento de los delitos cometidos no fueron denunciados o no se inició carpeta de investigación. En 2024, la cifra negra alcanzó 91.9 por ciento. A nivel nacional, el INEGI estima que más de 95 por ciento de agresiones sexuales no se denuncian. Entre las razones para no denunciar en BCS destacan pérdida de tiempo con 40.6 por ciento y desconfianza en la autoridad con 18.3 por ciento.

El contexto estructural de violencia de género es amplio. La ENDIREH 2021 estima que en Baja California Sur 63.3 por ciento de las mujeres de 15 años o más experimentaron algún tipo de violencia a lo largo de su vida y 38.4 por ciento en los últimos 12 meses. La violencia sexual específica afectó a 46.5 por ciento a lo largo de la vida y a 22.1 por ciento en el último año, por encima de la media nacional en algunos ámbitos. El ámbito comunitario es donde las mujeres reportaron mayor prevalencia, con 39.2 por ciento. Baja California Sur presenta factores que la literatura criminológica identifica como de riesgo. Es el estado con mayor crecimiento poblacional del país en la última década, impulsado por la migración hacia Los Cabos y La Paz por empleo turístico y de servicios. Ese crecimiento no ha sido acompañado por infraestructura social equivalente, lo que genera asentamientos periféricos con menor acceso a servicios y mayor vulnerabilidad.

El modelo turístico de Los Cabos, segundo destino de litoral más importante del país, ha generado condiciones de alarma desde 2014 por disputas ligadas a venta de drogas y presencia de economías nocturnas que aumentan la exposición de mujeres jóvenes que trabajan en servicios. Organizaciones empresariales han advertido que el abuso sexual ha crecido en locales de hospedaje contratados por plataformas digitales, lo que motivó iniciativas en el Congreso estatal para capacitar al sector turístico en prevención de trata, turismo sexual infantil y explotación sexual. La desigualdad de género persiste. El análisis de la PGJE sobre el Programa de Orientación y Prevención Infantil (POPI) señala que la prevención debe iniciar en el ambiente familiar, con espacios de diálogo y confianza, y que la falta de educación sobre autonomía corporal aumenta la vulnerabilidad de niñas y niños 14. La propia autoridad ha documentado expresiones de culpabilización hacia las víctimas por apariencia física y vestimenta, como ocurrió en Los Cabos, donde un director de seguridad pública atribuyó agresiones a que “las características físicas que se pueden observar en las mujeres, como el pelo largo, puede ser una manera en la que se puede facilitar la agresión”.

Las consecuencias son múltiples. A nivel individual, la ENDIREH y la PGJE documentan afectaciones psicológicas, interrupción de proyectos educativos y laborales, y riesgos de revictimización en procesos judiciales largos. A nivel de salud pública, la Secretaría de Salud ha tenido que desplegar Unidades Itinerantes Amigables de Salud Sexual y Reproductiva en el Centro de Justicia para las Mujeres para atender a víctimas. A nivel social, la violencia sexual erosiona la percepción de seguridad. Aunque Baja California Sur mantiene una percepción de inseguridad baja —37.4 por ciento frente a 90.1 por ciento en Morelos—, la alta incidencia de delitos sexuales afecta la imagen de destinos que dependen de la confianza del visitante. Económicamente, la atención a víctimas implica costos para el sistema de justicia y salud. La PGJE reporta que solo de enero a julio de 2025 el Centro de Justicia para las Mujeres (CJM) atendió a 5,113 personas, de las cuales 3,728 fueron mujeres y 1,385 hombres, con 7,633 servicios especializados en apoyo jurídico, psicológico y médico, y 886 denuncias presentadas desde el primer contacto. En lo que va de 2025, el CJM había atendido a 3,756 personas hasta junio.

El marco legal ha sido reforzado en los últimos tres años. En abril de 2023, el Congreso aprobó que los delitos sexuales contra menores y personas sin capacidad para comprender no prescriban. En diciembre de 2025, endureció penas por abuso sexual y armonizó el Código Penal con estándares nacionales e internacionales, reformando el aartículo 179 y adicionando agravantes al artículo 181. La iniciativa propone penas de 3 a 9 años de prisión, obligación de acudir a talleres con perspectiva de género y atención psicológica especializada para la víctima hasta su total recuperación. Además, en mayo de 2025 la diputada Lupita Saldaña propuso la creación de un Registro Estatal de Personas Agresoras Sexuales, que quedaría a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública y contendría información de personas con sentencia por delito sexual, con posibilidad de solicitar certificados de no inscripción para quienes trabajan con menores. El Congreso también analiza impedir beneficios de sustitución de pena a sentenciados por delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes.

En prevención, destacan dos programas. La cruzada estatal “Párale a la Violencia”, impulsada por el gobernador Víctor Castro Cosío a través del Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres, busca concientizar, prevenir y erradicar la violencia de género con participación de tres órdenes de gobierno, cámaras empresariales y ciudadanía. La estrategia incluye capacitación a policías municipales en atención con perspectiva de género, visitas a 71 planteles educativos y presencia en colonias con mayor registro de casos. El segundo es el Programa de Orientación y Prevención Infantil (POPI), de la Subprocuraduría de Atención a Víctimas de Delitos Sexuales y Contra la Familia. A través de cuentos como “Alim” y “POPI”, brinda información para que niñas y niños comprendan la importancia de proteger su integridad física y emocional. Solo en febrero de 2025 llegó a 481 niñas y niños, y en 2025 benefició a 8,227 personas, incluyendo docentes y padres de familia. El programa enseña autonomía sobre el cuerpo y cómo expresar si han sufrido violencia, y se ha extendido a Los Cabos con pláticas sobre hostigamiento, acoso sexual y cultura de denuncia a más de 1,500 estudiantes.

La prospectiva para Baja California Sur depende de cerrar brechas entre denuncia y justicia. La cifra negra de 91.9 por ciento indica que el aumento de carpetas —de 637 en 2025 a 655 en 2026— puede reflejar tanto mayor incidencia como mayor disposición a denunciar, pero el sistema aún no logra confianza plena. El Congreso ha aprobado el Programa Estatal Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres como eje de transversalidad en el Plan Estatal de Desarrollo 28, y Baja California Sur es el único estado que desde 2021 establece por ley capacitación obligatoria en materia de género. El reto, sin embargo, es operativo: garantizar que los 51 proyectos eléctricos y turísticos no opaquen la inversión en justicia con perspectiva de género.

Fuentes

Tribuna de México — Delitos sexuales en BCS: 637 denuncias entre enero y julio de 2025

Tribuna de México — Abuso Sexual Representa el 40% de los Delitos Sexuales en BCS

360 News — Abuso Sexual Representa el 40% de los Delitos Sexuales en BCS durante 2024

Tribuna de México — Aumentan los delitos sexuales en BCS: LC y LP más afectados

Tribuna de México — Delitos sexuales disminuyen, pero siguen concentrados en el sur de BCS

Tribuna de México — Delitos sexuales en 2026: cifras y análisis de BCS

PGJE BCS — ATIENDE PGJE A MIL 435 VÍCTIMAS DE DELITO EN 2024

INEGI — ENVIPE 2022 BCS

INEGI — ENVIPE 2024 BCS

Diario de México — Incrementan delitos sexuales en México

INEGI — ENDIREH 2021 Baja California Sur

Scielo — Videovigilancia y segregación espacial en Los Cabos

Congreso BCS — Capacitación al sector turístico para prevenir turismo sexual infantil

PGJE BCS — Centro de justicia para las mujeres

MetropoliMx — Culpan a mujeres agredidas en Los Cabos por apariencia física y vestimenta

PGJE BCS — Centro de justicia para las mujeres

Colectivo Pericú — Centro de Justicia para Mujeres con 7600 servicios

PGJE BCS — Centro de justicia para las mujeres

Congreso BCS — Aprueba Congreso que delitos sexuales contra menores no prescriban

Congreso BCS — Congreso de BCS endurece penas por abuso sexual

Congreso BCS — Propone diputada Arlene Moreno incrementar sanciones

Congreso BCS — Propone diputada Lupita Saldaña el Registro Estatal de Personas Agresoras Sexuales

Milenio — BCS. Proponen iniciativa para crear padrón de agresores sexuales

Gobierno BCS — GOBIERNO ESTATAL INICIA CAMPAÑA “PÁRALE A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES”

Gobierno BCS — REFORZARÁ SSPE TRABAJOS PARA PREVENIR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

PGJE BCS — PGJEBCS

Colectivo Pericú — Cuidar como nunca a nuestros niños y adolescentes

Orden Jurídico — REGLAMENTO DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

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