FOTO: Archivo

La Paz, Baja California Sur (BCS). Al publicarse en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado las reformas a la Ley de las Niñas, Niños y Adolescentes de Baja California Sur, aprobadas por el Congreso del Estado durante el pasado periodo ordinario de sesiones, la diputada Mercedes Maciel informó que las autoridades como el Sistema Estatal del DIF a través de su Procuraduría de Protección a las Niñas, Niños y Adolescentes, tienen mayores facultades en tanto que para quienes deseen adoptar menores bajo el resguardo del Estado será menos burocrático y complejo el proceso, pero que principalmente las reformar priorizan el interés superior de la niñez, informó el Congreso de Baja California Sur.

En entrevista la presidenta de la Comisión de las Niñas, Niños y Adolescentes, declaró que el espíritu de estas reformas es actualizar el marco legal y sus leyes secundarias para extender la protección que el Estado brinda a fin de garantizar el derecho a la familia a la niñez sudcaliforniana, que los menores que se encuentran en desamparo familiar, situación de abandono, exposición o institucionalización, puedan ser adoptados.

Destacó entre las reformas que se fortalecen las facultades de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes estatal y municipales, será esta procuraduría la que expida el certificado de idoneidad  avalado por el Consejo de Adopciones que se convierte en el Consejo Estatal de Adopciones y Familias de Acogimiento (CESADYFA) a quienes deseen adoptar un menor bajo tutela de la procuraduría.

Se establece una mejor coordinación entre la procuraduría, las procuradurías municipales y las autoridades judiciales involucradas como el juzgado familiar y el ministerio público.

Entre los cambios se agregó que quien detecte a un menor en abandono familiar o indefensión deberá presentarlo ante el Ministerio Público, el cual dará parte a la Subprocuraduría para su resguardo.

Se prohíbe la promesa de adopción desde la gestación, la adopción privada o entre particulares sin la intervención de las autoridades, que la adopción se realice para fines de venta, sustracción, retención u ocultación ilícita, tráfico, trata de personas, explotación, trabajo infantil o cualquier ilícito, entre otros.