Que Ejecutivo estatal acate resolución de SCJN y publique decreto de zonas de salvaguarda

10-Mar-2021

IMAGEN: Archivo

La Paz, Baja California Sur (BCS). A raíz de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó y resolvió en forma definitiva que son constitucionalmente validos los Artículos tanto de la Constitución local como de la Ley de Equilibrio Ecológico estatal, que establecen la obligación al Gobernador del Estado, de decretar zonas de salvaguarda, la diputada Milena Quiroga Romero propuso un punto de acuerdo para llamar al Ejecutivo estatal a publicar el decreto 2576 relativo a zonas de salvaguarda, en razón de ya no hay ningún impedimento jurídico, informó el Congreso de Baja California Sur.

Desde la tribuna, Quiroga Romero solicitó al Ejecutivo Estatal que cumpla con la obligación que el decreto 2576 establece a su cargo y proceda a la expedición del decreto o decretos relativos a las Zonas de Salvaguarda Territoriales para Prevención de la Contaminación previstas tanto en la Constitución Política como en la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental de Baja California Sur.

Recordó que la reforma aprobada por unanimidad de la XV Legislatura y ratificada por la SCJN, tiene la finalidad de poder evitar la práctica de cualquier tipo de actividad o actividades que causen o puedan causar contaminación, desequilibrio ecológico o afectación al equilibrio de los ecosistemas.

Por ello, las modificaciones fueron para otorgar al Titular del Poder Ejecutivo Estatal la facultad de decretar por causas de utilidad pública Zonas de Salvaguarda Territoriales para la Prevención de la Contaminación.

Quiroga Romero explicó que después de desahogados los tramites de ley el 11 de enero de 2021, la Suprema Corte de Justicia confirmó lo legislado por el Congreso respecto de las zonas de salvaguarda, no dándole la razón a quienes la interpusieron.

Destacó que, por otro lado, la comisión permanente del Honorable Congreso de la Unión exhortó a todos los congresos locales del país a armonizar y fortalecer su legislación local en materia de justicia ambiental.

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