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La Paz, Baja California Sur (BCS). Este día, los diputados del Partido Encuentro Social, Lorenia Lineth Montaño Ruíz, Rigoberto Murillo Aguilar y Perla Guadalupe Flores Leyva, presentaron proyecto de decreto para instituir en Baja California Sur el llamado “Pin Parental”; se trataría de una herramienta para que los padres de familia puedan oponerse a que sus hijos reciban educación en temas controvertidos como la sexualidad, tanto en escuelas públicas como privadas.

La propuesta es que se reforme los Artículos 9º y 10º. de la Constitución Política del Estado para establecer que “los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad tendrán derecho a expresar su oposición o negativa a que su hijo o pupilo participe en actividades que contravengan sus principios morales, éticos o religiosos”, se lee en el documento oficial.

Además, se pretende intervenir en la participación de los educados en charlas, talleres o actividades que afecte lo que en el documento señala como “cuestiones morales socialmente controvertidas o sobre sexualidad”, lo que debería ser informado previamente a los padres o tutores y requerir su autorización formal y por escrito, para que los menores reciban educación sobre temas “que puedan resultar intrusivos para la conciencia y la intimidad”.

Aunque estos conceptos que no se desarrollan claramente en el documento, se podría inferir que la idea es que los padres de familias podrían impedir que sus hijos participen en temas con contenido relacionado con sexualidad o promoción de igualdad en cuestiones de género.

Así, finalmente la reforma busca que sean los padres o tutores quienes autoricen los planes educativos de las escuelas, al proponer un candado constitucional que obligaría a las autoridades a someter las actividades educativas a las opiniones que, con bases religiosas o morales, los padres tuvieran contra el programa de estudios.

El documento dice que “será obligación de las autoridades educativas tanto públicas como privadas, pedir por escrito de los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad, su consentimiento con el contenido de las actividades dentro del proceso educativo, y acatar la decisión de los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad en cuanto al proceso educativo de los alumnos y por lo tanto deberán respetar su oposición o negativa a que sus hijos o pupilos participen en actividades que contravengan sus principios morales, éticos o religiosos”.