FOTO: Archivo.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Con el propósito de salvaguardar los intereses jurídicos del Poder Legislativo, el diputado José Luis Perpuli Drew presentó una iniciativa que modifica la Ley Reglamentaria del Congreso del Estado de Baja California Sur, para que la representación jurídica recaiga en quien fue elegido por el pueblo y no en la Oficialía Mayor, informó el Congreso del Estado.

Su propuesta va en el sentido de retirar atribuciones a la Oficialía Mayor del Congreso, para que pase a ser facultad de quien presida la mesa directiva del período ordinario y evitar que dicha facultad sea otorgada de manera directa a un funcionario, que puede ser sujeto de las presiones políticas o laborales transitorias en las que comúnmente se ven envueltos los cuerpos legislativos, por la diversidad de expresiones políticas que los componen.

En ese contexto, devuelve la representación jurídica originaria a la mesa directiva, que debe recaer por disposición legal, en los periodos ordinarios, en la mesa directiva y en los periodos de receso en la diputación permanente, quienes a su vez, podrán delegarla a otros funcionarios para la correcta defensa de los intereses jurídicos del propio Congreso.

“Es inaudito que recaiga en un tercero que puede actuar sujeto a presiones políticas o laborales, tiene que recaer en quien  fue elegido por el pueblo y la mayoría de los diputados en este caso, de quien preside la mesa directiva”, arguyó en tribuna el también vicepresidente de la mesa directiva del actual período de sesiones y coordinador de la bancada de Acción Nacional.

De acuerdo a lo que establece el Artículo 41 de la Ley Reglamentaria, la mesa directiva del periodo ordinario, sólo tiene, a través de su presidente, la representación protocolaria ante cualquier autoridad y poder nombrar a los diputados que representen al Poder Legislativo ante cualquier organismo público, así como designar representantes que deban asistir a eventos cívicos y sociales.

“Situación anómala, que abre la posibilidad de que, en un momento determinado, los intereses del Congreso del Estado pudieran quedar en estado de indefensión” caso que ocurriría, (por citar un ejemplo) derivado de la presión política impuesta a su persona, el citado funcionario público se negara a firmar demandas, contestaciones, informes o cualquier recurso cuando el Congreso del Estado sea parte en un juicio o controversia jurídica, no existiendo nadie más legitimado por la ley para hacerlo.