Propone diputada Maciel que TEE y TJA de BCS publiquen versiones públicas de sentencias emitidas

24-Sep-2020

IMAGEN: Archivo

La Paz, Baja California Sur (BCS). Para armonizar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado con la Ley General, la diputada María Mercedes Maciel (PT) propuso reformar los Artículos 79 y 80 de la Ley estatal para que tanto el Tribunal Estatal Electoral (TEE) como el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) pongan a disposición del público y actualicen la información de las versiones públicas de todas las sentencias y resoluciones emitidas y de las versiones públicas en documento electrónico o digitalizado, respectivamente, informó el Congreso de Baja California Sur.

La iniciadora expuso que la Cámara de Diputados emitió el decreto de reforma en el Artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 13 de agosto del 2020, a raíz de que ninguno de los 32 poderes judiciales del país cumplen con su obligación de transparentar sentencias de acuerdo.

En ese tenor, los Congresos de las Entidades Federativas tendrán un plazo de 180 días, contados a partir de la publicación de este Decreto, para hacer las reformas correspondientes en las leyes estatales.

Maciel Ortiz consideró que las sentencias judiciales son el resultado último y concreto del trabajo de las y los magistrados, jueces y otros funcionarios jurisdiccionales, que estas sentencias tienen un impacto directo sobre la vida de la ciudadanía y que deben resolver los conflictos que surgen en una comunidad y sancionar los delitos que la afectan, por lo que representan una información necesaria para que la ciudadanía pueda entender los criterios de interpretación de la ley y evaluar el desempeño de las y los funcionarios jurisdiccionales.

A partir de la entrada en vigor del decreto de dicha iniciativa de reforma, el Poder Judicial del Estado de Baja California Sur, el Tribunal Estatal Electoral así como el Tribunal de Justicia Administrativa contarán con un plazo de 180 días para iniciar la publicación de las versiones públicas del texto íntegro de las sentencias emitidas. Fue turnada a la comisión de transparencia y anticorrupción.

 

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