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La Paz, Baja California Sur (BCS). Los Poderes del Estado y los Ayuntamientos deberán contratar a personas con discapacidad, siempre y cuando cumplan con el perfil solicitado, hasta alcanzar cuando menos el tres por ciento de la planta laboral y, en el caso de las empresas, industrias, comercios y establecimientos cuyo capital sea privado, por lo menos el dos por ciento, informó el Congreso del Estado.

Lo anterior fue el resultado del dictamen que presentó la Comisión Permanente de Atención a Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad, en relación a la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se propone la adición de un primer párrafo al artículo 74 de la Ley Estatal para la Inclusión de Personas con Discapacidad en Baja California Sur, que presentaron las diputadas Perla Guadalupe Flores Leyva y Lorenia Lineth Montaño Ruiz, así como el diputado Rigoberto Murillo Aguilar.

Esta modificación se refleja en facilitar el acceso a un espacio laboral de las personas con discapacidad, que les garantice poder trabajar y formar parte de la población económicamente activa, con todos los beneficios que ello implica.

Cabe destacar que según el último censo de población y vivienda, en México asciende a 5.7 millones el número de personas con discapacidad, que enfrentan obstáculos para ejercer su derecho al trabajo, y que los principales motivos son relacionados con actos discriminatorios y la falta de infraestructura adecuada en los centros de trabajo.

Este derecho tiene que ver con la obligación del estado mexicano de velar porque éste se materialice en relaciones labores conducentes a propiciar el trabajo digno en el que no hay cabida a ningún tipo de discriminación laboral; el tema de inclusión laboral es reciente; por lo que se trata de un nuevo enfoque que ha permitido sentar las bases para transitar de una política asistencialista a una política de derechos humanos, que facilite la incorporación efectiva de los grupos vulnerables de la sociedad en la vida social y económica del país.