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La Paz, Baja California Sur (BCS). La diputada Elizabeth Rocha Torres, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso de Baja California Sur, celebró la publicación del decreto correspondiente a la reforma al Código Civil estatal referente a la retroactividad de la pensión alimenticia, con la que los padres que han sido omisos serán obligados a cubrir los gastos del parto y de alimentos retroactivos desde su nacimiento a la fecha, informó el propio Congreso del Estado.

La representante del PAN informó a las familias sudcalifornianas que la reforma ya está vigente y manifestó que “hoy es una realidad y es una garantía para niños e inclusive mayores de edad, quienes durante muchos años han estado respaldados solamente por sus madres, puesto que ya se añadió el párrafo donde se hace retroactiva la pensión alimenticia y quien desee la puede solicitar”, confirmó.

Recordó que la iniciativa de reforma del Artículo 407 del Código Civil para el Estado fue aprobada el pasado mes de diciembre y fue avalada por la unanimidad de los integrantes de la décimo quinta legislatura, con esta quedó armonizada la reforma con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

Comentó que, como presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, presentó la iniciativa derivado de una sentida demanda de un grupo de madres de familia con hijos con discapacidad cuyos padres dejaron la responsabilidad de lado, dejándole el cargo a ellas, y quienes expusieron a la legisladora sentimientos de frustración el dejar a sus hijos menores al cuidado de otras personas por tener que irse a trabajar.

Hoy, reiteró, podrán hacer solicitud de la pensión retroactiva desde el nacimiento a la fecha, una vez comprobado que el padre fue enterado del nacimiento del hijo, también podrán hacerlo los hijos que cumplan la mayoría de edad sin necesidad de tener la tutoría de la madre.

Mencionó otra reforma importante para beneficio de la familia y protección de la pensión alimenticia, hoy los padres tienen la obligación de notificar al juzgado si acuden a un nuevo centro laboral o tienen un aumento de sueldo, en caso de no comunicarlo al juez, se harán acreedores a multas de 17 mil a 43 mil pesos.