Busca Diputado que Protección Civil estatal suba de rango a Secretaría

29-Sep-2026

FOTO: Congreso de BCS.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Con el objeto de elevar el rango de la Subsecretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado de BCS a Secretaría de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, el diputado Erick Iván Agúndez Cervantes (PVEM) presentó al pleno iniciativa que propone diversas reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y se expida la Ley de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos para el Estado.

Agúndez Cervantes afirmó que elevar el rango a Secretaría implicaría un cambio institucional para fortalecer la capacidad de dirección, coordinación y ejecución de las políticas públicas en la materia, a fin de prevenir, reducir y administrar los riesgos antes, durante y después de una emergencia.

Ahí mismo, añadió que mediante un artículo transitorio se establece la creación de la Secretaría en un término de 18 meses, estipulando además que las trabajadoras y trabajadores que se encuentran asignados a la Subsecretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado pasarán a formar parte de la Secretaría de Protección Civil bajo las mismas condiciones laborales en que se encuentren actualmente, dejando por ende a salvo sus derechos laborales.

En ese tenor, el promovente indicó que para tales efectos se tiene como propósito establecer una nueva Ley de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos para el Estado y Municipios de BCS, que permita consolidar un sistema estatal de protección civil eficaz, coordinado y con atribuciones claramente definidas, incorporar el enfoque de gestión integral del riesgo como eje rector de las políticas públicas en la materia, fortalecer la prevención mediante la identificación, análisis y reducción de riesgos a impulsar la cultura de la autoprotección y la participación social.

Agúndez Cervantes concluyó al señalar que la iniciativa responde a la necesidad urgente de contar con un marco jurídico actualizado e integral que permita salvaguardar la vida, la integridad y el patrimonio de las personas, así como garantizar el desarrollo sostenible del Estado.

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