Aprueba Congreso incapacidad de heredar a quienes violenten a adultos mayores

13-Nov-2019

FOTO: Internet.

La Paz, Baja California Sur (BCS). El Congreso del Estado resolvió aprobar adiciones al Código Civil del Estado, para que se declare incapaces de adquirir cualquier bien por testamento a quienes hayan violentado, explotado, abandonado, marginado o cometido delitos en contra del autor o la autora de la herencia, informó el Congreso de Baja California Sur.

El dictamen aprobatorio fue presentado por la comisión de puntos constitucionales y de justicia en torno a la iniciativa presentada por la diputada Daniela Rubio Avilés, para que se establezca por ley esta medida que inhabilita a quienes la autoridad judicial haya acreditado que hayan cometido conductas de discriminación, abuso, explotación, aislamiento, abandono, desamparo, marginación, violencia o actos jurídicos que pongan en riesgo su persona, bienes y derechos.

Para esto el Poder Judicial del Estado en uso de sus atribuciones podrá solicitar a las dependencias competentes, antecedentes que acrediten que la persona que pretende heredar en los juicios sucesorios promovidos.

Y es que la iniciadora argumenta que las personas adultas mayores son cada vez con mayor frecuencia e intensidad, víctimas de maltrato físico y verbal, despojos y abusos por parte de su propia familia y de personas ajenas, sufriendo también por abandono, robo y actitudes de desprecio que merman su autoestima y acentúan su vulnerabilidad.

Aportó que uno de los tipos de violencia y maltrato a los adultos mayores en Baja California Sur, es la explotación financiera, que se da mediante el despojo de bienes inmuebles, de cuentas bancarias, pensiones y puede haber presión de la familia para realizar algún tipo de testamento.

En tanto que el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia consideró que la lucha contra la discriminación requiere de todas las capacidades, de todos los recursos y de la voluntad y compromiso de quienes tenemos la responsabilidad de diseñar y actualizar el marco jurídico que garantiza y protege los derechos de los adultos mayores.

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