FOTO: El Sudcaliforniano

Agenda Comunitaria

Por Frank Aguirre

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). ¿Acaso el Gobierno del Estado odia a los pobres? Es una pregunta osada de responder desde cualquier punto de vista. Sólo el mandatario y sus cercanos saben de sus gustos, estigmas, juicios de valor, filias y fobias, y no voy a profundizar en eso, que sería caer en una inferencia y una falta de respeto.

Pero lo que sí puedo compartirte son las evidencias que nos pueden acercar a las razones detrás de sus erradas decisiones como Gobernador. No voy a negar que ha acertado en algunas políticas públicas, pero sus pifias son estrepitosas y el “toque de queda” para evitar contagios masivos de COVID-19 en Baja California Sur es uno de los más grandes errores en su carrera política, una medida discriminatoria y anacrónica.

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Y se entiende. Parece ya habernos tomado la medida, pasando desapercibido este escandaloso decreto anticonstitucional, aprovechándose de la situación en la que cientos y miles de ciudadanos se encuentran enfocados en buscar formas de subsistir a través de esta tragedia.

Hay claros ejemplos en el pasado como el intento de cierre de la Casa del Estudiante en la capital del país; o en el desfile del 5 de mayo cuando se mandó golpear a madres de familia que buscaban una audiencia con él para velar por los estudios universitarios de sus hijos; o cuando contrató una empresa que no cumplía los requisitos para emitir un diagnóstico situacional de cimentaciones y emitiendo una falsa conclusión que generó la demolición de una escuela primaria para convertirla en estacionamiento (primero los coches antes que la educación de nuestra juventud sudcaliforniana); o cuando se mandó golpear a pescadores de la tercera edad y de escasos recursos con decenas de antimotines.

Todos estos hechos son verificables, y tienen un contexto y un patrón en común: vulnerar a la clase trabajadora. Sociedades que tienen una relación intrínseca con el Estado. Instituciones a las cuales éste gobierno lleva años queriendo desmantelar o alejarlas lo más posible de la clase baja, como los centros educativos comunitarios en zonas rurales que ya no existen. Porque, por más despensas que regale y parques que construya, el desprecio por los pobres es sistemático en su administración.

Por eso no sorprende, pero sigue calando, que ahora quiera meter a la cárcel a una población hambrienta, esa que no tienen la opción de hacerse de un cubrebocas, o de parar su “actividad no esencial” porque, o se juega la libertad en salir a encontrar el poco trabajo que queda y llevar comida su casa, o trae de regreso a su hogar una multa y la terrible ansia de ser convocado a los separos para pagar su condena (sea con cárcel o labor comunitaria), todo esto con el fin de sobrevivir a la pandemia.

El decreto del Gobierno del Estado limita el derecho al libre tránsito y generaliza de forma punitiva a todas y todos, ya no sólo a unos morros que se juntaron a hacer un borlo con el vecino. Esta medida, es consecuencia de la falta de pericia en aplicar la ley por parte de quienes ya tienen el fundamento jurídico para cumplir las primeras determinaciones de la emergencia.

O acaso, ¿no te ha tocado en plena cuarentena escuchar una fiestecita y que al denunciarla nunca se detuvo a nadie, o quizá llegó la policía pero la fiesta no acabó? Para evitar esto, en realidad sólo se necesita la efectiva intervención de los cuerpos policíacos para detener y deshacer aglomeraciones.

El decreto debería irritarnos y escandalizarnos porque ahora no sólo debemos preocuparnos de que no se siga expandiendo el coronavirus, si no también cuidarnos de los abusos policíacos y las violaciones a los derechos humanos. Ésta es una acción totalitaria por parte del Estado, basada en el privilegio y en la falta de empatía con los más vulnerables.

No busco romantizar la ignorancia, pues sí existe una parte de la sociedad que no tiene la voluntad de informarse científicamente y atender recomendaciones que, al no acatarse, ponen en riesgo la salud de otros, pero para eso están ya los rondines, los vecinos vigilantes y el bando de prevención del delito; para cumplir con su función efectivamente sólo necesitan fortalecer su coordinación.

Con estas “nuevas” medidas, se hace importante que estemos pendientes de los atropellos y el uso excesivo de la fuerza, porque no todos estamos en la misma condición de vulnerabilidad para cumplir las restricciones. Tan es así, que comparto un par de ejemplos: estamos en el lugar número 9 de Estados con menor PIB per cápita y somos el lugar 32 en matriculación en estudios de nivel primaria. La desigualdad en el Estado es brutal y, ante esto, el Gobierno estatal ha tomado medidas aporafóbicas.

 

Para no quedarnos con el puro problema ¿cómo podríamos mejorar ésta situación? A través de la redistribución de nuestros impuestos, nuestro dinero. Dos ejemplos:

1. El Gobernador desplegó cientos y miles de canales, cadenas de WhatsApp y anuncios espectaculares, para polarizar a la población con su ley antimovilidad. Con la misma cantidad de esfuerzo y recursos en materia de comunicación puede hacer tutoriales, GIFs y vídeos para bombardearnos por todos lados con recomendaciones para protegernos: Sana Distancia, tutoriales de como lavarse las manos, como hacer un filtro sanitario casero al regresar de la calle, cuáles son los alimentos más baratos, con mayor valor nutrimental y cómo prepararlos en pasos sencillos, etcétera.
2. Sudcalifornia ha recibido a la fecha más de 3 000 millones de pesos de participaciones federales (recursos no etiquetados) ¿Dónde están? si la gente no tuviera hambre no saldría a trabajar. ¿Cuánta comida no se podría comprar y a cuántas familias podríamos dar asistencia con esa cantidad de dinero?

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