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Explicaciones Constructivas

Por Noé Peralta Delgado

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). ¿Cuántas veces hemos visto a presidentes, gobernadores y alcaldes, en eventos protocolarios de ceremonia de graduación de profesionistas a lo largo de la República Mexicana, y en sus muy sonados discursos, invitan a los licenciados, médicos, ingenieros y similares, a actuarse con ética y dar lo mejor de sí para el desarrollo del país? Con muchos aplausos, la mayoría de los nuevos profesionistas, sueñan con ejercer su profesión y, sobre todo, lograr una estabilidad económica como recompensa a tantos años invertidos de estudio. Muchos de ellos, anhelan trabajar en el gobierno, como si fuera la única fuente de trabajo que existe; y es que tantas prestaciones y flexibilidad, que en la iniciativa privada no encuentran, hace más atractivo el trabajo.

Aun cuando la mayoría de los profesionistas, por obvias razones, se inician en el mundo laboral sin una experiencia en el ramo, no significa que no estén aptos para desempeñar ejercer su profesión, porque traen las herramientas o conocimientos necesarios y también la vitalidad propia de la juventud; no podemos, ni debemos, como sociedad, dejar de valorar cada una de las profesiones que se imparten las universidades o escuelas de nivel superior de México. Un país que no valora el trabajo de los profesionistas, está condenado a realizar tomas de decisiones inadecuadas.

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En días recientes, y en anuncio del gobierno de la República a cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador, se anunció la desaparición del Instituto Nacional de Infraestructura Educativa (llamada INIFED), que es un organismo que se encarga de la proyección y construcción de todo lo relacionado con los inmuebles educativos; la razón (aparte del eterno argumento de acabar con la corrupción), es que los propios padres de familia, en conjunto con los alumnos, tienen más conocimiento de la problemática sobre lo faltante en la propia escuela, y, por lo tanto, el recurso económico les llegará a los comités; eso sí, que cuenten con su acta constitutiva, a través de la tesorería de la federación.

Las palabras textuales se dijeron de la siguiente manera: “Se va a integrar este nuevo comité con los maestros, con alumnos mayores de cuarto año que van a participar y padres de familia, se va a formar un comité en cada escuela del país y se va a certificar ese comité, es decir se va a levantar un acta cuando se constituya”. Tomado de la página digital de proceso del día 15 de junio del 2019, y nota de Álvaro Delgado.

Lo anterior, se da como ocurrencia de alguien con buenas intenciones, pero con mucha ignorancia sobre la construcción de edificios públicos educativos, y para corroborar el aporte histórico del INIFED (antes CAPFCE), va una reseña histórica.

No podemos hablar del Comité de Administración del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE), sin mencionar al gran maestro Jaime Torres Bodet, quien aparte de crear infinidad de capacitaciones para los maestros, siendo en ese momento Secretario de Educación Pública, quien se preocupó por fundar un organismo que se encargara de la construcción de escuelas de calidad, siendo el 10 de febrero de 1944, la fecha de la fundación del naciente organismo, que se formó por acuerdo presidencial, y cuyos primeros proyectos encomendados fueron la construcción de la Escuela Normal para Maestros, la Escuela Normal Superior de México (ENSM) y el Conservatorio Nacional en la ciudad de México.

El naciente organismo, inició con ambicioso programa de construcción de escuelas en toda el territorio nacional, y, a la par, se inició un plan para abatir el gran analfabetismo, imperante sobre todo en la zona rural, que según reportes de la época andaba en el 48% de la población. Durante los sexenios priístas, el CAPFCE, se dedicó a construir infinidad de edificios públicos dedicados a la educación, y también tuvo a su paso diversos directores (se utilizó el término gerente), entre los más de renombre citamos al arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, quien estuvo en la administración del presidente Adolfo López Mateos, y que aparte de estar al frente del CAPFCE, tuvo una vida muy prolífica de proyectos arquitectónicos en México y en el mundo, con múltiples premios en su haber.

Ya después de un buen tiempo como organismo federal, durante el año de 1996, se inició el proceso para ir descentralizando las funciones, y trasladar, hacia las entidades federativas, el recurso económico para solucionar el problema de la construcción de escuelas más de cerca. Así fue que, el día 31 de diciembre de 1997, en el sexenio del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, se emite el acuerdo presidencial y se fundan los Comités Administradores del Programa Estatal de Construcción de Escuelas (CAPECE), que se administran por los gobiernos estatales pero bajo la coordinación del CAPFCE, que seguía funcionando como un ente normativo, de asistencia técnica y financiera de proyectos.

Con el paso del tiempo, y ya en el año de 2008, el presidente Felipe Calderón Hinojosa, emitió la Ley General de Infraestructura Educativa a nivel federal, dando por hecho la extinción del CAPFCE, estableciendo un organismo con capacidad normativa y certificación de la calidad de la infraestructura educativa en todo el territorio nacional. En la práctica, venían siendo las mismas funciones, pero con un toque más hacia la investigación de las construcciones educativas. Al organismo naciente se dio el nombre de Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED).

A su vez, y como ya había pasado anteriormente, cada entidad federativa adoptó el nuevo organismo, llamándolo Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa, con las iniciales del estado correspondiente, que en el caso de Baja California Sur, quedo conformado como INIFED-BCS, y que nació como decreto del gobierno del Estado, en la Ley de Infraestructura Física el día 30 de septiembre del 2009, que fue publicada en boletín oficial.

En la página del ISIFED-BCS, se lee el objetivo principal del organismo, cito: “tiene por objeto la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, refuerzo, reconstrucción y habilitación de inmuebles e instalaciones destinadas al servicio de la educación en el estado”. En teoría y en la práctica, suena muy bonito el mensaje.

Que toda institución u organismo que maneja recurso económico para la construcción, puede estar propenso a la corrupción en la asignación de obras públicas, es cierto, pero, hasta el momento, no se ha sabido de construcciones de mala calidad, incluso en el sismo del 19 de septiembre del 2017 en la Ciudad de México, no hubo daños considerables en escuelas públicas y sí en escuelas privadas.

Después del análisis, cabe hacer las siguientes preguntas, a raíz de la inminente desaparición del INIFED: ¿Quién va a vigilar que la estructura de las escuelas sean las apropiadas?  ¿Quién va a verificar que los materiales de construcción cumplan con la calidad debida? ¿Quién va a garantizar, por escrito y formalmente, la seguridad estructural del inmueble a construirse?  ¿Quién va a fiscalizar que los recursos económicos se apliquen verdaderamente en la construcción de inmuebles dignos? Y, sobre todo ¿Qué conocimientos técnicos y científicos pueden tener los padres de familia y los alumnos mayores de cuarto grado, para emitir un dictamen estructural?

No cabe duda que, cuando el gobierno, que debe de poner la muestra y basarse en los conocimientos de los profesionistas, menosprecia su labor, toma decisiones inadecuadas, y, al paso que vamos, para el gobierno ya no va a ser necesario tener abogados, ni agrónomos, ni médicos, ya que cualquiera puede hacer caminos….

 

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