La inseguridad en BCS: de pasividades y revanchas

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La inseguridad es uno de los temas más delicados e importantes que atraviesa actualmente BCS. Foto: Internet.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). Mientras Baja California Sur se hunde en una violenta espiral que nos ubica por mucho en el contexto nacional como la entidad con mayor incremento de homicidios violentos, el gobernador, principal responsable de la seguridad pública estatal, aparece en imágenes que difunde su costoso aparato de comunicación social, recibiendo un ejemplar en facsímil de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, lo que demuestra lo poco que a nuestro gobernador le importa nuestra seguridad.

Lamentable es ver a nuestro gobernador ocupado en liviandades, en minucias publicitarias, cuando debería estar encabezando la estructura operativa del estado, en el combate al crimen organizado que opera impunemente en todo el territorio estatal.

Si el que “sabe cómo”, el que “no le tiembla la mano”, en lugar de empuñar la espada de la justicia para defendernos de la criminalidad, la estira para recibir un documento de ornato —copia de la Constitución de 1917—, entonces nos debemos sentir decepcionados, engañados, traicionados  y burlados por quien vino a nuestras casas y con falsa humildad tocó a las puertas a pedirnos trabajo, con la falsa promesa de reintegrarnos la tranquilidad.

Para ser contratado vía el voto popular, utilizó el procedimiento delictivo de engaño, al desplegar todo un esquema de sortilegio y encanto, tendiente a hacernos creer que él podía brindarnos la seguridad y tranquilidad que la incompetencia y corruptelas de su antecesor en el cargo había permitido que nos fuera arrebatada.

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Y una vez que a través del engaño y la maquinación logró ser elegido al tomar las directrices de la entidad, en lugar de desplegar el esquema necesario, adecuado y funcional para rescatar a nuestra entidad del embate delictivo, tomó un consecutivo de equívocas determinaciones, cuya repercusión tiene hoy en día a la entidad inmersa en la peor panorámica nunca antes presentada, de escalada delictiva, violencia urbana, ejecuciones, latrocinio, corrupción, incompetencia e impunidad.

Hemos sido defraudados.

Y lo más grave es que la seguridad del Estado se encuentra al garete. El jefe del ejecutivo estatal prefiere que le tomen fotos que se difunden en la red de culto a su imagen, desplegada a un alto costo presupuestal, cuando debería estar DE TIEMPO COMPLETO aplicando sus conocimientos y determinaciones en el combate a la criminalidad. En lugar de eso, delega la función en un grupúsculo de improvisados e incompetentes.

Basta revisar la hoja curricular del encargado de la Subsecretaría de Seguridad Pública, para constatar que no tiene ni los conocimientos, ni la experiencia, ni la preparación, ni la determinación necesaria para llevar a buen puerto la encomienda.

Y lo mismo pasa con los titulares de las diferentes corporaciones estatales y municipales. Del procurador no hay nada más que decir. De sus magros resultados dan cuenta los más de veinte mil gobernados que inútilmente esperan que en su caso se proceda a procurar justicia.

El asesinato artero de dos agentes de la Policía Ministerial que fueron abatidos mientras realizaban una investigación relacionada con la ola de ejecuciones acaecidas en la entidad, puso de manifiesto el descaro e impunidad con que actúan los elementos criminales. Y la ausencia de reacción eficaz y oportuna por parte de las fuerzas del orden en el Estado, puso en evidencia su incapacidad para enfrentar la acometida de la criminalidad.

La pasividad del procurador llevó casi a una revuelta intestina en el seno de la corporación ministerial. Le dieron un ultimátum: “o nos autoriza o nos vamos por nuestra cuenta a localizar y detener a quienes mataron a nuestros compañeros”, le dijeron. Y finalmente autorizó, con más de 24 horas de retraso, la conformación de un contingente numeroso que como fuerza de reacción, acudieron al sur del Estado a vengar sus compañeros caídos.

Y entonces empezó la cacería indiscriminada, la persecución violenta, los allanamientos sin mandato judicial, las detenciones sin control ni garantismo. La fuerza policial combatiendo el fuego con fuego, la ilegalidad con ilegalidad.

¿Era necesario? Creo que sí. Si le preguntas a los elementos policíacos te dirán que sí, con pleno convencimiento, y si le preguntas al ciudadano medio, probablemente te dirá lo mismo. ¿Por qué habremos de respetar los derechos humanos de quienes delinquen, matan, extorsionan, envenenan a nuestros jóvenes?

¿Era necesario? Creo que sí. En estos momentos y tomando en cuenta todas las aristas, sí era necesario una respuesta contundente de nuestras fuerzas del orden, y el costo que implica el que en el proceso se violenten algunas normatividades, queda soslayado por el hecho de que es necesario poner un rotundo y contundente alto a esos delincuentes que se pasean impunemente por nuestras calles, y toman vidas como si ello les fuera permitido por derecho propio.

¿Era necesario? Sí, pero bien pudo evitarse. Porque es muy grave que en lugar de inteligencia y prevención, se use la violencia represora y vengativa.

¿Era necesario? Sí, pero bien pudo evitarse, si se hubieran tomado a tiempo las acciones preventivas y operativas funcionales y adecuadas.

¿Por qué la policía no actuó con la misma fuerza y contundencia desde la primera ejecución? Otra sería nuestra expectativa. No fue hasta que mataron a sus compañeros, que se dio la reacción que debió ser gestada desde el primer atisbo del problema. Cero tolerancia, cero concesiones.

Reaccionó la fuerza pública hasta que le mataron a dos de sus integrantes. Le mataron a “los suyos”. Triste y lamentable. Pero más triste constatar que nosotros, los simples ciudadanos, los de a pie, los “daños colaterales”, no somos de “los suyos”. Esa división entre fuerza pública y ciudadanía es muy bien aprovechada por el crimen organizado. “Divide y vencerás”, bien aplicado.

Debemos recuperar el rumbo de la legalidad, pero sobre todo, debemos exigir que el gobierno deje los discursos, los pretextos, las excusas y nos presente un plan de acción que nos permita vislumbrar una expectativa que cierre a este círculo de sangre y violencia que cada día se extiende más. Y Esperamos la misma reacción de fuerza policial para los asesinatos de civiles. Que no se reserve esa fuerza nada más para los casos en que agentes de policía sean victimados.

 

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Arturo Rubio Ruiz

Abogado por la UNAM. Nació en el Distrito Federal en 1956, pero es paceño por adopción. Tiene estudios de posgrado: dos maestrías y cursa actualmente un doctorado; fue docente en la UNAM en el Estado de México; también cuenta con diplomados en Barcelona y Madrid, en España, y en Buenos Aires, Argentina. Trabajó en la PGJDF, PGR y el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

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