Era consumidor y lo sentenciaron como vendedor de drogas. Cartas desde el Cereso (I)

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Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

 

Con frecuencia el acusado no recibía ningún indicio del problema hasta que recibía el golpe.
Encerrado a solas en un calabozo, separado por completo de sus amigos,
despojado de la comprensión y apoyo que podría recibir de sus visitas o comunicaciones,
se le dejaba allí para que rumiara su desesperación, presa de espantosas dudas,
sin siquiera saber de qué se le acusaba.
Mayor Arthur Griffiths, In Spanish Prisons

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). Durante la colonización española, uno de los pueblos mesoamericanos que nunca fue sometido, los purépechas, se distinguieron por su valentía y belicosidad. Sin embargo, cansados de sus intentos por “civilizarlos”, los colonizadores urdieron un ominoso plan para someterlos; con engaños, se presentaron durante una celebración religiosa, mataron a todos los varones presentes, y capturaron a todas las mujeres.

Con el noble propósito de “evangelizarlas”, las encerraron en una especie de convento, donde las mantuvieron privadas de su libertad, y las forzaron a unirse en “santo matrimonio” con indios conversos tlaxcaltecas que reclutaron ex profeso. Privadas de su libertad, de sus familias y sus raíces, fueron forzadas a someterse a un estilo de vida, a un idioma, a una religión y a una cultura que les era ajena. El sentimiento que se apoderó de ellas, en purépecha se dice Uandaniata, que podría traducirse como angustia, como el amargo dolor que representa el verse forzado a someterse en cautiverio a un esquema de vida que no eligieron.

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Algo similar —proporciones guardadas—, ocurre con todos aquellos que se ven forzados a enfrentar un panorama de vida en cautiverio. La comparación con el caso de las mujeres purépechas permite vislumbrar con escalofriante precisión el severo impacto psicoemocional que genera el encierro en reclusión. Sin importar si la persona es inocente o culpable, el encierro, como tal, conlleva severas consecuencias en el entorno personal de quien es privado de su libertad.

El impacto de la reclusión puede dejar secuelas de por vida en quien enfrenta el encierro, y en su familia; de ahí que sea tan importante que la sociedad en su conjunto, y en particular los servidores públicos adscritos al campo de la administración de justicia, tengan una visión objetiva del efecto que causa el proceso de detención y prisión prolongada en aquellos que tienen el infortunio de enfrentar un proceso penal privados de su libertad.

Con absoluta independencia de su condición de inocencia o culpabilidad, quien ingresa a un Centro de Readaptación Social (Cereso) es un ser humano, y como tal, debe ser estimado durante todo el proceso que implique su enjuiciamiento y sentencia. En la medida que logremos generar conciencia, podremos optar por contar con un sistema de administración de justicia que responda mejor a las necesidades reales de la sociedad actual.

¿Cuánto vale un día de libertad en la vida de un ser humano?  Únicamente quien ha vivido el drama de la detención puede hablarnos de ello.

Y si al final del proceso —sin importar que el detenido sea culpable o inocente—, nos encontramos con que el encierro ha propiciado una pérdida de valores humanos, entonces resulta que nuestro sistema judicial es un fracaso, porque lejos de rehabilitar a quien delinque, cercena por igual a culpables y a inocentes, porque hace del encarcelamiento preventivo un tormento que destruye identidades y degrada la dignidad humana.

Encerramos hombres, culpables o inocentes; liberamos en muchas ocasiones a seres que han perdido su dignidad y sus valores. No es la cárcel, no son las leyes. Somos nosotros como sociedad, son los servidores públicos, como artífices del proceso, los únicos responsables de que el sistema nos resulte más costoso que funcional.

En la medida en que tomemos conciencia, propiciaremos la búsqueda de mejores alternativas en el manejo de los procesos judiciales penales. Si un juicio puede durar dos meses ¿por qué nuestros jueces se empeñan en prolongarlos? ¿Por qué la negligencia burocrática impera en el sistema de administración de justicia? ¿Por qué tienes que esperar hasta diez años para probar tu inocencia, cuando pudieras ser juzgado en seis meses?

Si logramos convencer a nuestros jueces que los procesados no son “expedientes”, son seres humanos, que las víctimas del delito son seres humanos, no “estadísticas”, entonces estaremos contribuyendo a mejorar la expectativa de justicia en el Estado. Estaremos propiciando a través de la concientización, la estructuración y funcionamiento de un sistema de justicia aplicada con auténtico sentido humano.

A través de varias presentaciones, queremos brindar a ustedes, el lado humano de la reclusión, para ayudarnos a reflexionar como sociedad, sobre la conveniencia de humanizar nuestro sistema de impartición de justicia. Nuestra intención es presentarles el lado oculto, el lado negado por nuestras autoridades judiciales, el lado humano del encierro carcelario.

 

CARTA DE PILAR

 

Cereso de La Paz, BCS, a 08 de diciembre de 2007

A mis hijos:

Cuando me dijeron que podía escribir una carta en la que explicara mi experiencia en prisión, lo primero que pensé fue en decirles a ustedes lo importante que son en mi vida. Mis recuerdos de antes de la cárcel no son muy claros. A fuerza de olvido el dolor se abandona. Recuerdo mi casa. Recuerdo mi empleo. Era bolero, el mejor de la plaza. No tenía competencia, verdad de Dios, y así de boleadas conocí a mucha gente, a gente que tal vez mejor no debí haber conocido. Amigos muchos que no lo eran tanto. Recuerdo que todo era fácil y todo era rápido. Rápido y fácil me resultó una mañana despertar de una cruda y saber que era adicto.

Me sobran pretextos, los conozco todos, pero ninguno que valga ante ustedes, mis hijos. Reconozco que me equivoqué, que pude haber dicho que no, pero dije sí, y así de repente, estaba enredado, al grado que a diario me metía un par de chochos. De las llamadas “reinas”. Y me las metía en plena chamba, para “ponerme las pilas”. A nadie dañaba, eso me decía, cuando en realidad me estaba cavando esta tumba.

Una mañana me “dieron el jalón” los federales. “Eres adicto —me dijo el Ministerio Público Federal—, firma aquí y al rato te vas”. Y era cierto, yo era adicto, ellos eran mis compas, así que firmé. Grave error nunca leer lo que firmé. El papel decía que aceptaba dedicarme a vender la droga, cuando únicamente la consumía.

Diez años por un delito que no cometí. Diez años que por fin terminan. Diez años buscando la manera de ganarme su respeto, mis hijos. Dios sabe que son lo único importante en mi vida.

Tengo una segunda oportunidad. El mes que entra me abren la reja, y tengo una muy buena propuesta de trabajo. La voy a aprovechar. Me moriré en la raya, pero ustedes estarán orgullosos de mí, como yo estoy orgulloso de ustedes.

 

PILAR

Reo del orden federal. 42 años.

 

Pilar fue detenido en las inmediaciones de la plaza cívica en Ciudad Constitución. Oficialmente aparece como vendedor confeso de psicotrópicos. Ocho pastillas que llevaba en la bolsa, para su propio e inmediato consumo, sumadas a una confesión firmada sin la debida asesoría de un defensor oficial, lo llevaron a enfrentar una condena de 10 años de prisión.

Es frecuente que los agentes federales, para sacar trabajo, conviertan a consumidores en “distribuidores”. Pilar es un claro ejemplo. El funcionario de la PGR que lo consignó, tiempo después fue destituido por corrupto, pero para su desgracia, ello no fue tomado en cuenta para descargo en su defensa. Las leyes no siempre están a la altura de las circunstancias, y en materia federal, los persecutores tienen un brazo muy largo para perseguir, y otro muy corto para ser perseguidos.

Durante su reclusión, Pilar presentó muy buen comportamiento. En enero del 2008, recuperó su libertad, y obtuvo una propuesta de trabajo formal, que le permitiría integrar un núcleo armónico con sus dos hijos, estudiantes ejemplares y destacados miembros de la comunidad que integra la Ciudad de Los Niños, pues la madre los abandonó cuando supo que el esposo enfrentaría una pena de 10 años de prisión.

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AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, esto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

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Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

Abogado por la UNAM. Nació en el Distrito Federal en 1956, pero es paceño por adopción. Tiene estudios de posgrado: dos maestrías y cursa actualmente un doctorado; fue docente en la UNAM en el Estado de México; también cuenta con diplomados en Barcelona y Madrid, en España, y en Buenos Aires, Argentina. Trabajó en la PGJDF, PGR y el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

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