El RENAUT de Calderón, versión 2020

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Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). El 09 de febrero de 2009, Felipe Calderón Hinojosa, entonces presidente de la República, publicó en el Diario Oficial de la Federación, un decreto mediante el cual, se reforma la Ley Federal de Telecomunicaciones, para crear el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT) con el objeto de promover un desarrollo eficiente de las telecomunicaciones; ejercer la rectoría del Estado en la materia, para garantizar la soberanía nacional; fomentar una sana competencia entre los diferentes prestadores de servicios de telecomunicaciones a fin de que éstos se presten con mejores precios, diversidad y calidad en beneficio de los usuarios, y promover una adecuada cobertura social.

Nace entonces, legalmente, el RENAUT, como un mecanismo que concentra la información actualizada de los usuarios de la telefonía móvil, tanto personal como corporativa, con el objeto de coadyuvar en la prevención, investigación y persecución de delitos como el secuestro y la extorsión, en los que frecuentemente se utilizan teléfonos móviles, en cumplimiento al compromiso de promover acciones para combatir las actividades delictivas de manera frontal, suscrito por  representantes de los tres Poderes de la Unión, las entidades federativas y la sociedad civil el 25 de agosto de 2008 mediante el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

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La estructura y actualización del RENAUT, quedó supeditada al envío de datos de identificación, en particular la CURP, vía mensaje de texto, por parte de los propios usuarios de telefonía celular, y se estableció como límite el 10 de abril de 2010, fecha en la que la empresa prestadora del servicio de telefonía celular debería suspender el servicio, sin responsabilidad para el proveedor.

Debido, entre otras razones, a la carencia de un registro nacional de población completo, eficaz, actualizado y operativo, en la práctica resultó imposible implementar el RENAUT, ya que el mismo, estaba sujeto a la comprobabilidad de datos de identidad a través de la CURP, clave única de registro poblacional, que sirve para registrar en forma individual a todas las personas que residen en México, nacionales y extranjeras, así como nacionales que radican en otros países.

Ante la inviabilidad del programa, y el rumor de que la base de datos del RENAUT se encontraba en venta, el 29 de abril de 20211 se reforma la Ley de Telecomunicaciones y desaparece el RENAUT, cuya base de datos es oficialmente destruida en la Secretaría de Gobernación, el 15 de junio de 2012.

Fue así como el RENAUT; importante postulado de Felipe Calderón en su programa de combate a la delincuencia organizada, quedó en el abandono.                                                                             

Once años después, el gobierno federal retoma este programa, y es así como el 11 de diciembre de 2020 la Cámara de Diputados aprobó que todos los usuarios de telefonía móvil deban inscribirse en un registro nacional, donde deberán proporcionar todos sus datos personales, incluidos los biométricos, como mecanismo para determinar quién es el propietario de la línea y utilizar esa información en investigaciones de secuestro o extorsión.

Se estima que hay 122 millones de líneas de telefonía celular en uso, aunque a ciencia cierta nadie conoce el número exacto, entre otras razones, porque la carencia de un padrón único de registro de usuarios permite la adquisición, de forma anónima o no identificable, de un chip o tarjeta subscriber identity module (SIM).

Al aplicarse la reforma, todo usuario deberá estar registrado bajo tres consecutivos de identificación para cada número telefónico: serial del SIM, CURP del usuario y el NIO número de identificación oficial del servicio. Si el registro no se concreta en un plazo máximo de seis meses, se obliga a las empresas operadoras del servicio a cancelar la línea.

La creación y actualización del registro de usuarios de telefonía celular no implica un incremento al gasto público, según la iniciativa, pues consideran los legisladores que el mismo será absorbido por las empresas prestadoras del servicio, a quienes prácticamente se les impone la obligación de llevar esos registros sin que exista una ley reglamentaria que regule esa actividad, ni se cuente con un mecanismo adecuado para ello, lo que se traduce en incertidumbre al momento de compilación de datos y asignación de responsabilidades entre empresas particulares y el órgano encargado del registro definitivo y resguardo de los datos, dependiente del ejecutivo federal, vía Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Se establece que, en caso de robo o extravío de un teléfono, para evitar que el mismo sea utilizado para cometer un crimen y con ello comprometer al propietario, de inmediato se ordenará la suspensión y bloqueo de la línea.

Al margen de las críticas que ha recibido la implementación del nuevo RENAUT, por considerarlo una intromisión a la privacidad del ciudadano y un mecanismo oficial tendiente a controlar la actividad de los gobernados en materia de telecomunicaciones, las causas que llevaron al fracaso el original RENAUT siguen vigentes: la carencia de un sistema de registro poblacional de identidad eficiente, y la alta vulnerabilidad de los sistemas de bases de datos que acumulan la información sensible de los usuarios del sistema de telefonía celular.

En una nación donde se estima que ocho millones de nacionales carecen de registro oficial de identidad, cinco millones de infantes no tienen registro de nacimiento, es fácil para la delincuencia organizada falsificar datos de identidad de un usuario.

La incorporación de datos biométricos precisos a las cédulas registrales tendrá un alto costo con cargo al erario federal, y no existe a la fecha presupuesto ni programa de implementación para ello.

Finalmente, con registro o sin registro, la delincuencia organizada seguirá utilizando la telefonía celular para secuestros y extorsiones, mientras sigan ingresando a sus cuarteles generales de reclutamiento, capacitación y operación, mejor conocidos como Ceresos, los teléfonos celulares.

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AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, esto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

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Arturo Rubio Ruiz

Abogado por la UNAM. Nació en el Distrito Federal en 1956, pero es paceño por adopción. Tiene estudios de posgrado: dos maestrías y cursa actualmente un doctorado; fue docente en la UNAM en el Estado de México; también cuenta con diplomados en Barcelona y Madrid, en España, y en Buenos Aires, Argentina. Trabajó en la PGJDF, PGR y el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

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