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Ius et ratio
Por Arturo Rubio Ruiz
La Paz, Baja California Sur (BCS). El 30 de agosto de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024 cuyo objetivo prioritario es erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad, mejorar el uso de los recursos públicos y promover la eficiencia y eficacia en la gestión pública. Está orientado a cumplir los compromisos internacionales asumidos por nuestro país con la suscripción de tres convenciones internacionales: la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
El programa entiende la corrupción como el principal problema del país, y la define como “el abuso de cualquier posición de poder, público o privado, con el objetivo de generar un beneficio indebido a costa del bienestar colectivo o individual. Es una forma específica de dominación social sustentada en un diferencial de poder estructural en la que predominan el abuso, la impunidad y la apropiación indebida de los recursos de la ciudadanía.”
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La corrupción tiene altos costos sociales, políticos y económicos, y trastoca al Estado de Derecho, y dispara los índices de impunidad. La falta de castigo por actos de corrupción se refleja en el ámbito federal donde sólo 8 de cada 100 irregularidades son sancionadas, en la vía administrativa; en la vía penal, únicamente 7 de cada 100 hechos delictivos relacionados con la corrupción, son denunciados. El Índice Global de Impunidad 2017 ubicó a México como el país de América en el que más dejan de sancionarse estas conductas ilícitas; a nivel mundial nuestro país se posicionó en el cuarto lugar.
El Reporte de Competitividad del Foro Económico Mundial 2017-2018 señala a la corrupción como el principal inhibidor de la inversión en México; y ubicó al país en el lugar 127 entre un grupo de 137 en el desvío de fondos públicos; en pagos irregulares le asignó el lugar 105; en confianza del público hacia sus políticos, el 127, y el 129 en cuanto a favoritismo en la toma de decisiones de los funcionarios públicos.
La lista de dependencias del ejecutivo federal y entidades que participan en este programa se integra por:
- Oficina de la Presidencia de la República – Coordinación de Estrategia Digital Nacional
- Secretaría de la Función Pública y
- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
OBJETIVOS PRIORITARIOS.
Como tales, el programa señala:
- Combatir frontalmente las causas y efectos de la corrupción.
- Combatir los niveles de impunidad administrativa en el Gobierno Federal.
- Promover la eficiencia y eficacia de la gestión pública.
- Promover la profesionalización y la gestión eficiente de los recursos humanos de la Administración Pública Federal (APF).
- Promover el uso eficiente y responsable de los bienes del Estado Mexicano.
EXPECTATIVA DE RESULTADOS.
A partir del cumplimiento de los objetivos y la aplicación de las estrategias y acciones puntuales contenidas en este programa, para 2024 se espera:
- Que el crecimiento económico deje de ser obstaculizado por la corrupción política y la impunidad;
- Que éstas sean erradicadas y se limiten a casos excepcionales, los cuales deberán ser investigados y sancionados de forma inmediata, a fin de que ningún servidor público se beneficie de su cargo;
- Que se ponga fin al dispendio por medio de una política de austeridad republicana;
- Que la rendición de cuentas se realice en todos sus elementos: transparencia en la toma de decisiones, justificación y, en caso de dolo o negligencia, sanción;
- Que se consolide una democracia participativa, en la que la sociedad intervenga activamente en las grandes decisiones nacionales;
- Que las instituciones estén realmente al servicio de las necesidades del pueblo; que se modernice la estructura de la APF para hacerla más eficiente,
- Que los servidores públicos ofrezcan servicios de calidad y se conduzcan con base en la ley y la ética pública;
- Que la población de México esté viviendo en un entorno de bienestar.
Concluye el texto del decreto apuntando que la aplicación de este programa sentará las bases para una transformación más profunda de la vida nacional en los ámbitos económico, social y político para los próximos 20 años, pues valores como la ética, la honradez, el respeto a la legalidad y a la verdad, la solidaridad con los semejantes y la preservación de la paz, habrán enraizado en la conciencia del pueblo de tal manera que serán garantía suficiente para impedir un retorno a los vicios del pasado como la corrupción, la simulación, la opresión, la discriminación y el predomino del lucro sobre la dignidad.
TEMPORALIDAD DE APLICACIÓN Y EVALUACIÓN
Los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública deberán formalizar, a más tardar el último día hábil de 2019, los compromisos e indicadores de desempeño que deriven de las medidas que se establecen en el Programa, y el avance en su cumplimiento se reportará trimestralmente.
La Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de su competencia, vigilará el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones contenidas en el decreto por el que se aprueba el Programa.
NUESTRA VISIÓN
El documento es un ramillete de buenas intenciones, más que un programa operativo resulta un compendio declarativo de postulados y aspiraciones. Poco eficaz, si solo ataca el sector público.
El programa no incluye -¿intencionalmente?- la participación ciudadana. Lo cierto es que resulta imposible combatir la corrupción, sin la participación de los gobernados. La lucha contra la corrupción inicia en el hogar. Los padres educando con el ejemplo a los hijos.
Tenemos la doble tarea de inculcar valores al seno familiar, en la comunidad, y al mismo tiempo, constituirnos en severos sensores del quehacer público, denunciando todo acto de corrupción del que tengamos conocimiento. Ciudadanos formando a la niñez en valores y constituidos en contraloría ciudadana, conformamos la herramienta más eficaz que en la lucha contra la corrupción puede haber.
El texto íntegro del programa puede ser consultado en este enlace.
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