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Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). El sábado pasado, la doctora María del Carmen Novoa Cancela, coordinadora del programa Justicia en México, desnudó el abandono en que nuestro Sistema de Justicia Penal tiene a  la víctima del delito, esto durante la exposición de su conferencia magistral denominada El Asesor Jurídico de Víctimas en el Sistema de Justicia Penal. La connotada académica presentó cifras estadísticas que ponen en relieve la re-victimización institucionalizada que sufre quien tiene el infortunio de vivir la incidencia delictiva, en un sistema que promete exactamente lo contrario.Conforme al marco constitucional, tras una reforma que en el 2008 se llamó de “seguridad y justicia”, el proceso penal tiene como objeto:

1. El esclarecimiento de los hechos.
2. Proteger al inocente.
3. Procurar que el culpable no quede impune.
4. Vigilar que los daños causados por el delito se reparen.

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Pese a ello, en México tenemos 25 millones de víctimas al año, por lo que el 35.5% de los hogares tuvo al menos una víctima; asimismo, existen al menos 40 mil personas desaparecidas, lo que refleja una crisis nacional de seguridad pública. El sistema de justicia está rebasado. La cifra negra, es decir, el número de delitos que no se denuncian, es alrededor del 93 ó 94%, lo que refleja que el ciudadano no confía en las autoridades o considera que es una pérdida de tiempo formular la denuncia. Del 7% de las personas que sí se denuncia, solamente uno de cada diez casos se resuelve, lo que se traduce en un índice nacional de impunidad del 87.3% en promedio. Hay Estados de la República Mexicana con índice de 99% de impunidad.

En parte, el deficiente funcionamiento de dicho sistema obedece a que la capacitación inicial se priorizó en los juzgadores, último eslabón de la cadena de aplicación del sistema, y se dejó de atender al personal policíaco, primer eslabón de la cadena procesal, lo que ha generado graves problemas de operación. Incluso, a 11 años de la reforma, seguimos sin una definición clara del modelo policial que necesitamos; si bien ya se habla de una Guardia Nacional, lo cierto es que aún no se ha precisado en la reglamentación correspondiente cuestiones importantes sobre su mando, operación y facultades.

Hablando del balance entre los operadores, el órgano más débil es el encargado de la atención a las víctimas de delito, por la falta de capacitación y formación de los asesores jurídicos, quienes se erigen como la nueva figura procesal del sistema, la cual esta integrada por profesionales del Derecho encargados de brindarle acompañamiento, orientación, asesoría y representación legal a lo largo del proceso, tanto a la víctima como al ofendido, equilibrando en igualdad procesal al imputado, que tradicionalmente cuenta con la figura del defensor.

La figura del asesor jurídico se creó en la reforma de 2008, fue hasta el 2013 que se emitió la Ley de Víctimas, y fue hasta el 2014 mediante el Código Nacional de Procedimientos Penales que se definen los alcances y funciones del asesor jurídico en las cuatro etapas del proceso penal: inicio, etapa intermedia, de juicio y de aplicación de sanciones; en todas ellas, la función principal es representar los intereses de la víctima, incluso supliendo las deficiencias del Ministerio Público, sobre todo cuando se considere que se están vulnerando los derechos. De la misma manera, el asesor tiene acceso completo a la carpeta de investigación y puede ofrecer medios de prueba, interrogar y contrainterrogar a los testigos, desahogar pruebas formular alegatos e interponer recursos. Si no se puede adquirir los servicios de un asesor particular, se le asigna uno público  y gratuito. Es importante precisar que en teoría, el asesor funciona en atención a los intereses de la víctima, sin subordinación al Ministerio Público, pero en la práctica se ha convertido en un simple acompañante de este último, lo que constituye un problema muy grave porque implica el abandono de la víctima.

Hay una enorme carencia de asesores jurídicos públicos, y los pocos que tenemos, la mayoría de ellos se subordinan al Ministerio Público, y en el caso de Baja California Sur, dependen de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, cumpliendo también con la función de defensores públicos, lo cual es un grave error, pues carecen de independencia orgánica y operativa. Debido a la falta de personal, los empleados de la defensoría pública son al mismo tiempo, encargados de la asesoría jurídica. Doble función, doble carga de trabajo, un solo sueldo. Pese a que el sistema previene un marco de igualdad procesal entre la víctima y el imputado, lo cierto es que la víctima sigue siendo invisible, pese a las grandes expectativas que para la atención de ésta garantiza el proceso. No obstante, para avanzar en esta compleja tarea que implica la dignificación de la atención a la víctima del delito, Novoa Cancela propone:

1.- Crear una instancia nacional de coordinación, la cual ayude a definir una política que articule seguridad y justicia. Se hace mucho énfasis y en la seguridad se ha hecho a un lado la justicia.

2.- Un nuevo modelo de procuración de justicia con una procuraduría realmente dotada de autonomía plena.

3.- La profesionalización de los operadores del sistema, creando un servicio profesional de carrera que asegure la formación, profesionalismo, presencia continuidad y desarrollo de los operadores. La alta rotación de operadores ocasiona inestabilidad, ineficiencia y desorden.

4.- El problema en la operatividad del sistema de justicia no es un problema de leyes, es un problema de instituciones. Es un problema de destrezas, capacidades, habilidades.

El sistema funciona, los que fallamos somos los operadores. A la propuesta de Novoa sólo agregaríamos que en Baja California Sur:

-Es necesario separar la defensoría pública de la asesoría jurídica a la víctima, asimismo, sería favorable dignificar los salarios e incrementar la plantilla laboral, ya que la carga de trabajo de los asesores es excesiva.

-Debe dotarse a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, de una ley reglamentaria, presupuesto y programa operativo funcional, pues a la fecha, es un órgano de papel.

-Simplificar el mecanismo en el Registro Nacional de Víctima (Renavi), con el objetivo de acceder a los fondos necesarios para que se pueda lograr una reparación integral del daño.

-Acompañar a la víctima desde el comienzo del proceso; también es pertinente que en la agencia del Ministerio Público, de inicial conocimiento, previo a presentar la denuncia, la víctima cuente con los servicios de un asesor jurídico público, y que se le permita el acompañamiento y asesoría en los casos en que turne el expediente a una salida no controversial.

María del Carmen Novoa Cancela es Maestra en Políticas Pública de la Universidad Simón Bolívar, Especialista en Planificación del Desarrollo y Licenciada en Ciencias Políticas y Administrativas de la Universidad Central de Venezuela. Ha trabajado en el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Unión Europea, USAID, en Proyectos de Modernización y Reforma Judicial; así como en proyectos de Fortalecimiento Institucional en El Salvador, México, Paraguay, Guatemala, Venezuela, Honduras, Bolivia, Ucrania y Azerbaiyán. En México ha participado en proyectos desarrollados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre diagnósticos y elaboración de propuestas de políticas públicas en el sector justicia, y fue Directora General de Coordinación Interinstitucional de la Secretaría Técnica para la implementación de la Reforma Penal, Secretaría de Gobernación. Actualmente, es Directora de Investigación del área de Justicia, CIDAC, y asesora externa de la Unidad para la Implementación del Proceso Penal Acusatorio de la Procuraduría General de la República.

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