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Colaboración Especial

Por Pablo Chiw

La Paz, Baja California Sur (BCS). 

—Somos del Cártel Jalisco Nueva Generación y sabemos que vives en calle Magdalena Hidalgo Número 64 —no vivía, pero sí viví allí hace algunos años—, así que escúchame con mucha atención: nos vas a depositar…

Yo tomé la llamada vía el bluetooth del carro, así que mi hijo lo escuchó todo.

—¡Papá! ¿Por qué te hablan esos señores de un cártel? ¿Qué quieren?

Mi niño estaba asustado. Yo me reí (falsa y exageradamente) para disminuir su tensión y le dije que era un fulano en alguna prisión del país. Le expliqué lo que era un extorsionador: cómo generaban miedo a través de la amenaza para obtener dinero. Ya en la casa, le mostré videos cómicos de influencers que juegan con estos extorsionadores para mostrarle al público que, en la mayoría de los casos, no pasa nada. Reportamos el número a la Policía Cibernética. Mi niño se relajó y no se volvió a hablar del tema. A pesar de mis propias palabras optimistas, la inquietud se queda. No volví a contestar números desconocidos y fue el fin de la historia.

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Cada línea, una persona detrás: ¿qué es el Registro de Líneas?

Como respuesta al extendido fenómeno de la extorsión, el Gobierno de México decidió vincular la línea al propietario. De esta manera, cada número tendrá a un responsable detrás. Una decisión, a mi parecer, completamente lógica. Tu automóvil también está registrado a tu nombre y debes responder ante cualquier eventualidad que se derive del mal uso del vehículo. Es responsabilidad civil, no violencia de Estado.

Lo que sí me parece violento es el intento de las derechas (históricamente ligadas al narcotráfico) por descarrilar la iniciativa, aduciendo pérdida de la libertad y exponiéndolo como un atentado en contra de los derechos humanos.

Otras voces dicen que la medida es completamente inútil, que el narcotráfico ya hackeó la base de datos del gobierno, que ya se robaron todos los registros, que los extorsionadores no hablan desde la línea, sino desde WhatsApp, Telegram o Internet. Tal vez tengan razón, pero hay algo que no se entiende, el crimen organizado está compuesto por miles de individuos autónomos que siempre están buscando cómo sacarle la vuelta a cada medida del gobierno y que el gobierno, una vez que le sacaron la vuelta, debe crear una nueva medida. Tristemente es una historia interminable. Ni modo: en la vida en sociedad no hay medidas definitivas para eliminar la criminalidad.

Impongamos el Modelo Bukele

Insólitamente, la derecha dice que sí existe una manera definitiva para acabar con la delincuencia: «¡Debemos adoptar el modelo Bukele! ¡Al que parezca malviviente debemos mandarlo a una cárcel privada, sin juicio, incomunicado y para siempre!»

Esta es la postura de las voces que pegaron el grito en el cielo por la supuesta violación de los derechos humanos y la pérdida de la libertad a la hora de vincular el teléfono. Cómo siempre: ridículo.

Bueno, por mi parte ya vinculé mi línea. Esperemos que vengan más medidas, más efectivas, para lograr un país más seguro. Pero desde mi conocimiento y mis investigaciones, la criminalidad no se disminuye construyendo más prisiones, sino con cuatro medidas específicas:

1. Cobrándole los impuestos a los millonarios.
2. Incrementando el salario y las prestaciones.
3. Invirtiendo en educación.
4. Creando más ofertas laborales con salarios dignos.

¡Creo que vamos por buen camino!

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AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

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Vientos de Pueblo

José Luis Cortés M.

San José del Cabo, Baja California Sur (BCS). El Spring Break no entra a Baja California Sur en silencio. Entra por el aeropuerto de San José del Cabo, por los camiones turísticos, por las pulseras de hotel todo incluido, por los bares encendidos antes de que caiga la tarde y por esa postal que el mundo compra sin mirar el reverso: sol limpio, mar azul, arena caliente, servicio impecable. Del 1 de marzo al 3 de abril de 2026, Los Cabos esperaba recibir entre 45 mil y 50 mil jóvenes, principalmente de Estados Unidos, con una derrama estimada superior a 50 millones de dólares. Doce hoteles participaron directamente en esta temporada organizada, coordinada entre autoridades, hoteleros y operadores turísticos. La ocupación prevista rondaba el 80%. En la superficie, todo parecía una buena noticia. Y lo es, al menos para una parte del Estado.

Ganan los hoteles, los restaurantes, los bares, los transportistas, las agencias, los organizadores de eventos, los comercios de la zona turística y una cadena amplia de trabajadores que vive de la temporada alta. Gana también el gobierno, que puede presentar cifras de dinamismo, conectividad y confianza internacional. En un Estado donde el turismo no es solo actividad económica sino columna vertebral del discurso público, el Spring Break funciona como vitrina: muestra a Los Cabos como destino seguro, deseable, rentable. Cada llegada confirma una marca; cada habitación ocupada sostiene una narrativa de éxito. Pero Baja California Sur no es solo la postal. Es también el territorio que sostiene esa postal. Y ahí empieza la grieta.

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El mayor impacto se concentra en Los Cabos, no en todo el Estado por igual. La Paz, Loreto, Comondú y Mulegé reciben efectos indirectos: movilidad, proveeduría, expectativas de inversión, presión sobre servicios, comparación permanente con el sur próspero. Pero el peso principal cae sobre el corredor San José del Cabo-Cabo San Lucas, donde el turismo de alto consumo convive con colonias que han crecido más rápido que la infraestructura pública. Según datos censales, Los Cabos pasó de 238,487 habitantes en 2010 a 351,111 en 2020; en ese último año concentraba alrededor del 44% de la población estatal. Ese crecimiento no llegó acompañado, en la misma proporción, de agua, vivienda digna, transporte suficiente ni planeación urbana capaz de ordenar la expansión.

La contradicción es brutal porque se mira sin necesidad de explicarla demasiado: campos de golf verdes en medio del desierto, albercas relucientes frente al mar, hoteles de lujo ofreciendo abundancia hídrica como parte de la experiencia, mientras en zonas populares el agua puede convertirse en espera, tandeo, tinaco, pipa, gasto extra y resignación. De acuerdo con registros oficiales de disponibilidad de agua subterránea, el acuífero de Cabo San Lucas presenta una disponibilidad media anual negativa de más de 24 hectómetros cúbicos; el de San José del Cabo también aparece con déficit, al igual que el de La Paz. No es una metáfora: el subsuelo está diciendo, con números secos, que la fiesta ocurre sobre una cuenta sobregirada.

La pregunta no es si el turismo debe existir. Sería absurdo plantearlo así en un Estado cuya economía depende de esa maquinaria. La pregunta es quién decide sus límites, quién paga sus costos y quién se queda con sus beneficios más altos. Porque el Spring Break deja dinero, sí, pero también deja presión: más consumo de agua, más residuos, más tránsito, más demanda de seguridad, más ruido, más tensión sobre playas y espacios públicos, más empleo temporal y, muchas veces, más desigualdad normalizada bajo el lenguaje amable del desarrollo.

El crecimiento hotelero e inmobiliario ha reordenado las prioridades. En Los Cabos, el suelo vale por su capacidad de mirar al mar, no necesariamente por su capacidad de alojar con justicia a quienes hacen funcionar el destino. La vivienda para trabajadores se empuja lejos de la franja turística; los traslados se alargan; la ciudad se estira hacia donde puede, no siempre hacia donde debe. El lujo concentra inversión, pero también concentra vulnerabilidad: un destino que depende de vender abundancia en un territorio de escasez está obligado a revisar su modelo antes de que la contradicción se vuelva fractura.

Hay salidas, pero no caben en el optimismo publicitario. Requieren transparencia en concesiones y usos de agua, planeación urbana vinculante, medición pública del consumo turístico, inversión real en infraestructura hidráulica, tratamiento y reúso, límites ambientales verificables, vivienda accesible para trabajadores y acceso público efectivo a playas. Requieren que el éxito no se mida solo por ocupación hotelera y derrama, sino por la capacidad de que el destino no expulse, no seque y no oculte a quienes lo sostienen.

Spring Break 2026 muestra, con una claridad casi cruel, las dos caras de Baja California Sur: la del paraíso que se vende al mundo y la del territorio que absorbe la factura. Los jóvenes se irán con fotos, pulseras cortadas y memoria de fiesta. Los hoteles cerrarán cuentas. Las autoridades hablarán de saldo positivo. Pero cuando baje la música, quedará lo esencial: un Estado que debe decidir si quiere seguir celebrando el desarrollo como espectáculo o empezar a defenderlo como derecho compartido. Porque en el desierto, la prosperidad que no alcanza para todos termina pareciéndose demasiado a la sed.

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Una auditoría de cumplimiento que detecta proveedores con RFC inactivo, socios en listas de sanciones o beneficiarios finales no declarados no es una falla del área jurídica: es una falla del master data management. Cuando los datos de terceros no se mantienen verificados y actualizados, el riesgo regulatorio se acumula en silencio dentro de los sistemas.

La LAFT, el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación y las listas internacionales como OFAC o las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU exigen que las empresas conozcan con quién operan. No basta con tener un contrato firmado, los datos del tercero deben ser verificables, trazables y actualizables ante cualquier requerimiento de autoridad.

¿El área de compliance de tu empresa puede demostrar que los datos de sus proveedores y clientes están actualizados y son auditables en este momento? Más adelante, qué datos maestros exige cada marco regulatorio en México y cómo soluciones empresariales permiten mantener esos datos verificados vía API con el respaldo del D&B Data Cloud.

¿Por qué el compliance empresarial depende de la calidad de los datos maestros?

El master data management en el contexto de cumplimiento normativo no es un proyecto de TI: es la base sobre la que se construye cualquier programa de compliance que pueda sostenerse ante una revisión de autoridad. Un programa que depende de datos desactualizados, autodeclarados o no verificados con fuentes externas tiene una fragilidad estructural que ninguna política interna puede compensar.

Además, las consecuencias de operar con datos de terceros incorrectos van más allá de una multa administrativa. Bajo ciertos supuestos de la LAFT, mantener relaciones comerciales con entidades vinculadas a lavado de activos o financiamiento al terrorismo puede generar responsabilidad penal para los representantes legales de la empresa compradora, independientemente de si la operación fue intencional.

¿Qué datos maestros de terceros exige verificar la regulación en México?

Cada marco regulatorio establece sus propios requerimientos sobre los datos que una empresa debe conocer y documentar de sus terceros. La siguiente tabla resume los principales cuerpos normativos aplicables en México y los datos maestros que cada uno exige tener verificados:

Por otro lado, estos requerimientos no son estáticos: las listas de sanciones se actualizan con frecuencia, el estatus fiscal de un proveedor puede cambiar sin previo aviso y los árboles societarios se modifican con cada reestructura corporativa. Un proceso de gestión de datos maestros que solo verifica al momento del alta de tercero —y no monitorea cambios posteriores— cumple formalmente, pero no protege.

¿Cómo mantener actualizados los datos maestros de proveedores y clientes para cumplimiento?

El proceso de mantenimiento de datos de terceros para cumplimiento tiene tres componentes que deben funcionar en conjunto: verificación inicial, monitoreo continuo y trazabilidad de cambios. Sin los tres, el programa de KYC empresarial tiene brechas que una auditoría externa puede detectar con facilidad.

Dicho esto, el monitoreo continuo es el componente que más frecuentemente se omite. Verificar a un proveedor al momento del alta y no volver a revisar su estatus durante 24 meses es una práctica que deja expuesta a la empresa ante cualquier cambio regulatorio que ocurra en ese intervalo. Las organizaciones con programas de compliance maduros establecen alertas automáticas vinculadas a eventos específicos: entrada en lista de sanciones, cambio de estatus fiscal, modificación del árbol societario o designación como PEP de algún funcionario vinculado al tercero.

¿Qué riesgos genera operar con datos de terceros desactualizados o sin verificar?

Los riesgos de una gestión de datos maestros deficiente en el área de compliance no se distribuyen de forma uniforme: se concentran en los terceros de mayor volumen, mayor antigüedad en la relación y mayor complejidad corporativa. Precisamente los que menos se revisan porque la relación comercial ya está consolidada.

Los escenarios de riesgo más frecuentes en organizaciones mexicanas:

• Deducibilidad rechazada por el SAT: operaciones con proveedores del listado del artículo 69-B generan efectos fiscales retroactivos que el área de compras no anticipó al momento de la contratación.
• Bloqueo de cuentas bancarias: algunas instituciones financieras revisan periódicamente a sus clientes corporativos y pueden restringir operaciones si detectan vínculos con entidades sancionadas.
• Responsabilidad solidaria ante el IMSS: contratistas que no tienen al corriente sus obligaciones patronales pueden generar obligaciones para la empresa contratante en ciertos supuestos de subcontratación.
• Señalamientos en auditorías externas o de certificación: programas ISO, auditorías de clientes corporativos o licitaciones internacionales requieren demostrar que los datos de terceros son verificables y están documentados.

Cada uno de estos escenarios tiene en común que el problema no estaba en la operación, estaba en los datos del tercero con el que se operó, y nadie los había revisado desde el alta.

El master data management en compliance no es una capa adicional sobre el programa de cumplimiento: es su infraestructura. Sin datos de terceros verificados, actualizables y trazables, cualquier política de KYC o due diligence opera sobre supuestos que ninguna autoridad aceptará como suficientes ante un requerimiento.

Para los equipos de compliance que necesitan mantener datos de clientes y proveedores verificados con fuentes regulatorias y comerciales en México, la plataforma CIAL ofrece capacidades de master data management con acceso a listas de sanciones, árboles societarios, datos de PEP y estatus fiscal vía API, con el número D-U-N-S como identificador único para la resolución y trazabilidad de cada entidad.

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Colaboración Especial

Por Pablo Chiw

La Paz, Baja California Sur (BCS). Empezamos por evaluar tu situación: ¿Qué te pasó? Muerte de un familiar, ruptura de pareja, infidelidad, fracaso profesional. Eso que te pasó “te hizo” algo, te generó algo, tuvo efectos que modificaron tu vida, tu forma de pensar, de sentir, de percibir. Si te trajo a terapia, muy probablemente hablamos de daños. Y todos esos cambios negativos en tu pensamiento, sentimiento o comportamiento, son los indicadores que nos dicen que no lo has superado.

El segundo paso es identificar plenamente cómo te afectó. Generalmente recurrimos a un esquema comparativo: antes y ahora. Seguridad-dudas, confianza-enojo, entusiasmo-desánimo, creatividad-neblina, deseo-apatía. Tenemos entonces un mapa donde podemos situar las zonas de conflicto.

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Ahora sigue integrar la experiencia. Entramos de lleno en una etapa de “compostaje”: las experiencias malas las procesamos para que nos sean útiles en nuestro proceso individual de desarrollo.

Es muy ingenuo pensar que el objetivo terapéutico consiste en regresar al paciente a un estado anterior al evento negativo “como si nada hubiera pasado”. Al contrario, es necesario que el paciente cambie. Recuerda que las malas experiencias bien analizadas también nos permiten crecer y florecer.

Te pongo un ejemplo muy sencillo: Jaime es muy blanquito, fue al Coromuel en agosto, sin sombrilla ni bloqueador. Nadó de 12 a 4 pm, se tomó seis cervezas y se quedó dormido de 4 a 6 pm. En la noche tuvo fiebre, ampollas y deshidratación severa. Jaime recuerda esa noche como traumática.

Sin terapia: Jaime no quiere volver a saber nada sobre la playa, descarta automáticamente la idea de volver, se pone de mal humor cuando se menciona la posibilidad. Ha decidido que él y el mar son incompatibles. De hecho, está pensando en dejar su trabajo e irse a un lugar de clima frío.

Con terapia: Jaime repasa la situación, habla de su día en la playa en múltiples ocasiones. La gente con experiencia le hace saber que para ir a la playa hay que estar preparado: sombrilla, bebidas hidratantes, bloqueador, camisa sintética de manga larga, visor, gorra. Jaime es receptivo y hace una lista. A pesar del temor, se da la oportunidad de intentarlo de nuevo, pero de otra manera: una manera más responsable y madura. Llega con todo el equipo y se la pasa genial. Vio delfines e infinidad de criaturas marinas. Ha decidido que ama el mar y entiende por qué La Paz es la ciudad más bonita del mundo.

En el primer caso no hay superación; en el segundo, sí. Y así es la vida: incluso el error, el dolor o el trauma podemos transformarlos en material de aprendizaje. El que aprende cambia, crece, evoluciona; pero quien no está en disposición de aprender queda en una bifurcación autolimitante o autodestructiva: evitación o repetición. Es decir, conformarse con mirar el mar desde la orilla o repetir la experiencia sin modificar nada y volver a despellejarse la espalda.

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Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). En Baja California Sur, el conflicto ya no es técnico ni administrativo: es político, ambiental y de supervivencia. La Sierra de la Laguna —la principal fábrica de agua del Sur del Estado— se ha convertido en el epicentro de una disputa entre el interés público y la presión de proyectos privados que, bajo discursos maquillados de desarrollo, amenazan el equilibrio ecológico de la región.

Frente a ello, el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida, colectivo que agrupa a 34 organizaciones civiles, ha decidido subir el tono: prepara la presentación de un mandato ciudadano para obligar al gobierno estatal a utilizar una herramienta que el poder público ha evitado: la expropiación. No es una ocurrencia. Es una señal de que la ciudadanía está llegando al límite.

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El fondo del problema: agua contra negocio

La Sierra de la Laguna no es intercambiable ni sustituible. Es un ecosistema de más de 112 mil hectáreas que garantiza el abastecimiento de agua para cerca del 90% de la población de La Paz y Los Cabos. En un Estado marcado por el estrés hídrico, eso no es un dato ambiental: es un dato de seguridad pública. Y, sin embargo, sobre ese territorio avanzan proyectos inmobiliarios, turísticos y potenciales actividades extractivas que implican deforestación, presión sobre acuíferos, alteración del suelo y riesgo de contaminación.

El patrón es conocido: desarrollos disfrazados de “sustentables” que, en la práctica, privatizan el territorio y socializan el daño. La acusación: no sólo amenaza privada, también omisión pública

El planteamiento del Frente es frontal: no sólo hay presión privada, también hay tolerancia, complacencia y/o complicidad— de autoridades de los tres niveles de gobierno. La omisión ya no puede esconderse detrás de discursos burocráticos.

En derecho público, cuando una autoridad sabe que existe un riesgo y no actúa, deja de ser neutral: se convierte en parte del problema. En materia ambiental, eso tiene consecuencias graves: el daño no espera trámites, no respeta tiempos políticos, y muchas veces es irreversible.

Expropiar para proteger

Ante ese escenario, el mandato ciudadano rompe la inercia: propone la implementación de un programa integral de expropiación, adquisición o limitación de dominio de los predios privados ubicados dentro de la reserva. Que el Estado intervenga directamente en la propiedad privada cuando ésta pone en riesgo un bien colectivo esencial: el agua.

No se trata de arbitrariedad. La propia Constitución lo permite: la propiedad puede ser expropiada por causa de utilidad pública y mediante indemnización. Y si algo encaja en ese concepto, es precisamente esto: proteger la principal fuente de agua de toda una región.

Derechos humanos, no caprichos

El planteamiento no se sostiene en consignas, sino en un entramado jurídico sólido. El derecho humano al agua y al medio ambiente sano no es retórico, es exigible.

La Ley General de Equilibrio Ecológico reconoce la preservación del ambiente como materia de orden público. La legislación estatal permite expropiar bienes cuando el interés social está en juego. La Suprema Corte ha validado el principio precautorio, que obliga a actuar incluso ante riesgos no totalmente comprobados.

Y la Corte Interamericana ha sido clara: los Estados deben prevenir daños ambientales significativos. Aquí no hay margen de duda: la autoridad tiene la obligación de actuar.

Tres verdades incómodas

Detrás del mandato ciudadano hay tres afirmaciones que incomodan al poder:

• La Sierra de la Laguna sí es causa de utilidad pública. No por ideología, sino porque sin ella no hay agua.
• La inacción es una forma de violación a derechos humanos. Autorizar —o permitir— proyectos que afecten el ecosistema es comprometer el acceso al agua de miles de personas.
• La expropiación no es radical: es legal y necesaria. Siempre que haya debido proceso e indemnización, es una herramienta legítima del Estado para proteger el interés general.

El fondo del conflicto es más sencillo de lo que parece: ¿Debe prevalecer el interés privado de desarrollo inmobiliario o el interés colectivo de conservar el agua y el equilibrio ecológico? La respuesta jurídica ya existe. La pregunta es si existe voluntad política para aplicarla.

Un punto de quiebre

El mandato ciudadano que está por presentarse no sólo busca activar un procedimiento administrativo. Busca algo más profundo: romper la lógica de permisividad que ha permitido que intereses privados se inserten en zonas ambientalmente estratégicas.

En un estado donde el agua es escasa, la pasividad no es una opción. Porque en Baja California Sur, la disyuntiva ya no es desarrollo contra conservación. Es mucho más directa: o se protege la Sierra de la Laguna, o se pone en riesgo el futuro hídrico de toda la región.

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