CULCO BCS

Colaboración Especial

Por Pablo Chiw

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). El teatro de guerra del 2026 (Estados Unidos – Israel vs. Irán) ofrecerá a la humanidad una experiencia inmersiva en la trama de Mad Max. De acuerdo con el coronel Lawrence Wilkerson, ex jefe de oficina de Colin Powell, el mundo se enfrentará este año a tres crisis existenciales: agua, alimento y energía. ¿Cómo entender una crisis? La crisis se define como la situación que rebasa nuestra capacidad de respuesta, nuestra capacidad de resolver. Lo cual significa sufrir las consecuencias.

Nuestra película inicia en el Oriente Medio, las primeras en caer ante el caos son las petromonarquías (Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Kuwait, Omán y Baréin), países muy ricos que dependen exclusivamente del petróleo. Hay un problema, su petróleo debe pasar a través del Estrecho de Ormuz, un pequeño caudal de 39 kilómetros de ancho entre Irán y Emiratos Árabes Unidos que conecta el golfo Pérsico con el mar Arábigo. Pues bien, ese estrecho ha sido cerrado por Irán. Se trata, en la mirada de muchas y muchos analistas, de una bomba atómica económica.

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FOTO: Pablo Tosco / Oxfam Intermón

Todo más caro para todo el mundo

Menos producto y más demanda significa precios más altos. En Estados Unidos, el litro de gasolina saltó de un día para otro de 24 pesos a 31; dentro de un mes se espera a 38 y en tres meses a 45. Si los combustibles suben de precio, todos los productos que se transporten mediante vehículos que utilicen combustibles fósiles se verán afectados. Y no, no es temporal. Refinerías y buques cargueros están siendo destruidos en toda la zona, lo que significa que, aun cuando se abriera el Estrecho de Ormuz mañana, se necesitarían meses o años para reconstruir la infraestructura.

Afortunadamente, y en contra de todos los medios nacionales e internacionales, a la Cuarta Transformación se le ocurrió la descabellada idea de invertir en la infraestructura petrolera, rehabilitar refinerías, construir nuevas y comprar a Deer Park. Qué bueno que el ex presidente López Obrador comprendía perfectamente el concepto de “soberanía energética” como elemento indispensable para la seguridad estratégica. Si nos hubiéramos ido por Anaya, ahorita, no tuviéramos ni chapopote para tapar los baches.

Un tercio de los fertilizantes de todo el mundo también pasa por el Estrecho de Ormuz

En términos alimenticios, hay que tomar en cuenta que China inicia su temporada de siembra y necesita los fertilizantes que pasan por Irán. Si no los obtiene, corre el riesgo de perder su producción agrícola. Entonces, ¿cómo podrá alimentar a sus más de mil cuatrocientos millones de habitantes? La respuesta es evidente: habrá que importar, lo cual eleva la demanda y, por consiguiente, los precios en todo el mundo. El problema es que habrá quien pueda pagar más y quien se quede con hambre.

El escenario es especialmente preocupante para Baja California Sur. En nuestra península choyera se importa el 85% de los alimentos que consumimos. Además, dependemos principalmente del combustóleo para la producción energética. Si ya de por sí es caro vivir por estos rumbos, ahora imagínate con el kilo de tortilla en 45 ó 55 pesos. Si la hambruna nos alcanza, que no nos sorprenda ver a la palomilla echando aire a las llantas de sus Vochos clase 11 y buscando piezas para las Cherokees. La pelea por los chimangos y las galletas roncadoras, será sobre ruedas.

¿Y el agua?

Por si fuera poca cosa todo lo anterior, resulta que se pronostica un «Súper Niño», el cual traerá temperaturas extremas para todo el planeta. Se espera que se rompan todos los récords de calor extremo.

Volviendo al Medio Oriente, hay petromonarquías que dependen en un 80% de las plantas desalinizadoras, y resulta que Israel decidió bombardear las plantas desalinizadoras de Irán, lo que obliga al afectado a devolver el gesto, tanto a Israel como a todos los países que albergan bases militares estadounidenses.

Así las cosas, ya tenemos petromonarquías que en cuestión de semanas se quedarán sin combustible, agua o alimentos. La vida, simple y sencillamente, será insostenible. La hambruna y la muerte ya se pasean por lugares donde antes no se paseaba.

FOTO: ABC.

Aquí, en nuestra península californiana, debemos abrir la conversación sobre la seguridad energética, hídrica y alimentaria. ¿Cómo le hacemos para producir más alimentos locales e importar menos? ¿A qué otras fuentes de energía podemos aspirar? ¿Cómo aseguramos el agua? ¿Tiene sentido mantenerle la concesión a las refresqueras, que de acuerdo con el Dr. Rodrigo Rebolledo poseen 444 millones de litros de agua al año? Y finalmente ¿quiénes tienen la capacidad y habilidad para tomar el volante en esta distopía llamada Mad Max 2026?

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AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó una reforma a la legislación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (ISSSTE ZAC) que reduce de 60 a 30 días el pago de aguinaldo a las personas pensionadas en esa entidad. La decisión fue adoptada por el Pleno del máximo tribunal el 12 de enero de 2026, al resolver una acción de inconstitucionalidad promovida contra diversos artículos de la ley estatal.

La resolución confirmó la constitucionalidad del artículo 74 de la Ley del ISSSTE ZAC, el cual establece que los futuros pensionados recibirán un aguinaldo equivalente a 30 días de pensión en lugar de los 60 días que anteriormente otorgaba el sistema. Sin embargo, la Corte determinó que esta medida solo podrá aplicarse a quienes se pensionen después de la entrada en vigor de la reforma, por lo que no afectará a quienes ya cuentan con una pensión reconocida. La decisión marca un precedente en materia de seguridad social en el ámbito estatal, al considerar que la reducción del aguinaldo no viola el derecho humano a la seguridad social siempre que se respete el principio de no retroactividad y se protejan los derechos adquiridos de los pensionados actuales.

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El caso llegó al Pleno de la Suprema Corte luego de que el Poder Ejecutivo federal promoviera la Acción de Inconstitucionalidad 149/2024 para impugnar tres artículos de la ley reformada en Zacatecas. El análisis se centró principalmente en el artículo 74, que modifica el cálculo del aguinaldo para los pensionados del instituto estatal. Tras el debate entre los ministros, siete integrantes del tribunal votaron a favor de mantener vigente este artículo, con lo que se avaló la reducción del beneficio. En contraste, se declaró la invalidez de otras disposiciones de la misma ley que condicionaban el cumplimiento de las obligaciones del instituto a su capacidad financiera.

Los artículos invalidados fueron el 128 y el 128 Bis, los cuales establecían que el pago de prestaciones podría depender de la situación financiera y de la reserva técnica del organismo. La Corte determinó que estas disposiciones eran contrarias a la Constitución, al permitir que el Estado incumpliera sus obligaciones en materia de seguridad social por razones presupuestarias. En su argumentación, el tribunal sostuvo que el acceso y cumplimiento de las prestaciones sociales no puede depender de factores financieros indeterminados, pues ello podría afectar de forma desproporcionada el derecho de los trabajadores a recibir su pensión y otras prestaciones.

La reforma validada por la Suprema Corte modifica la manera en que se calcula el aguinaldo para los pensionados del sistema estatal de Zacatecas. Bajo el esquema anterior, quienes recibían una pensión del ISSSTE ZAC tenían derecho a un aguinaldo equivalente a 60 días de su pensión anual. Con el cambio legislativo, el beneficio se reduce a 30 días para las personas que se pensionen después de la entrada en vigor de la reforma, aprobada por el Congreso estatal en 2024.

La Corte enfatizó que la reducción no puede aplicarse de forma retroactiva. Esto significa que quienes ya estaban pensionados o habían iniciado su trámite antes de la entrada en vigor de la norma conservarán el derecho a recibir un aguinaldo de 60 días. De acuerdo con el fallo, esta medida busca equilibrar dos principios: la protección de los derechos adquiridos de los trabajadores y la viabilidad financiera del sistema público de pensiones del estado.

Durante el análisis del caso, la Suprema Corte evaluó si la reducción del aguinaldo vulneraba el derecho humano a la seguridad social reconocido en la Constitución mexicana y en diversos tratados internacionales. La mayoría de los ministros concluyó que la modificación no constituye una violación a este derecho, ya que el aguinaldo no forma parte estricta de la pensión base, sino de una prestación adicional que puede ser ajustada por el legislador bajo ciertas condiciones. Asimismo, el tribunal consideró que la reducción del aguinaldo responde a la necesidad de mantener la sostenibilidad financiera del instituto estatal de pensiones, el cual enfrenta presiones económicas debido al crecimiento del número de jubilados y a los compromisos presupuestarios del sistema.

La Corte señaló que, siempre que se respeten los derechos ya adquiridos y que la medida tenga una justificación razonable, el Congreso local puede introducir cambios en la legislación para garantizar la estabilidad del sistema de seguridad social. La discusión en el Pleno de la SCJN incluyó posturas divergentes entre los integrantes del tribunal. Mientras algunos ministros respaldaron la reforma por considerar que responde a una necesidad financiera del sistema de pensiones, otros manifestaron preocupaciones sobre sus posibles efectos en los derechos de los trabajadores.

Durante la sesión, se planteó que el problema financiero del instituto estatal no necesariamente debe trasladarse a los trabajadores pensionados. Sin embargo, el consenso mayoritario fue que el cambio legal es constitucional siempre que se aplique hacia el futuro y no afecte a quienes ya tienen una pensión reconocida. Finalmente, la votación concluyó con la validación del artículo que reduce el aguinaldo y con la eliminación de las disposiciones que permitían al instituto limitar sus obligaciones por razones presupuestarias.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas administra el sistema de pensiones de los empleados públicos de la entidad. En los últimos años, este organismo ha enfrentado presiones financieras derivadas del aumento en el número de jubilados y de los compromisos adquiridos con los trabajadores. Según autoridades estatales, la reforma que reduce el aguinaldo fue aprobada como parte de un conjunto de medidas orientadas a garantizar la viabilidad del sistema de pensiones en el largo plazo.

Los legisladores que respaldaron la modificación argumentaron que el objetivo principal es evitar un eventual colapso financiero del fondo de pensiones, lo que podría poner en riesgo el pago de las prestaciones a los trabajadores en el futuro.  La resolución de la Suprema Corte implica que el cambio en el cálculo del aguinaldo continuará vigente para los nuevos pensionados del sistema estatal.

En términos prácticos, quienes se jubilen bajo la nueva normativa recibirán un aguinaldo equivalente a 30 días de su pensión anual, mientras que quienes obtuvieron su pensión antes de la reforma mantendrán el beneficio original de 60 días. El fallo también establece que el ISSSTE ZAC deberá cumplir con todas sus obligaciones en materia de seguridad social sin condicionarlas a su situación financiera, luego de que el tribunal declarara inconstitucionales las disposiciones que permitían limitar los pagos por falta de recursos.

Especialistas en derecho constitucional han señalado que la resolución de la SCJN podría tener implicaciones para otros sistemas de pensiones estatales en México, especialmente aquellos que enfrentan problemas financieros similares. El fallo establece criterios sobre la posibilidad de modificar ciertas prestaciones siempre que se respeten los derechos adquiridos y se garantice la protección del derecho a la seguridad social.

Al mismo tiempo, la decisión reafirma que el Estado no puede condicionar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de pensiones a la disponibilidad de recursos, ya que estas prestaciones forman parte de los derechos laborales de los trabajadores. La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de validar la reducción del aguinaldo a pensionados en Zacatecas representa un cambio significativo en la legislación del sistema estatal de pensiones. El tribunal determinó que la medida es constitucional, siempre que se aplique únicamente a futuras jubilaciones y no afecte a quienes ya cuentan con derechos adquiridos.

Al mismo tiempo, la Corte invalidó las disposiciones que permitían limitar el pago de prestaciones por razones financieras, reafirmando que el Estado debe garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad social. Con esta resolución, el máximo tribunal resolvió un debate jurídico que se originó tras la reforma aprobada por el Congreso de Zacatecas y estableció criterios que podrían influir en futuras discusiones sobre la sostenibilidad de los sistemas públicos de pensiones en México.

Referencias:

https://www.infobae.com/mexico/2026/01/13/suprema-corte-valida-la-reduccion-de-60-a-30-dias-de-aguinaldo-a-los-trabajadores-jubilados/»Suprema Corte valida la reducción de 60 a 30 días de aguinaldo a los …»

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2026/1/12/ministros-avalan-reduccion-aguinaldos-de-pensionados-en-zacatecas-758519.html»Ministros avalan reducción a aguinaldos de pensionados en Zacatecas»

https://www.mibolsillo.com/retiro/scjn-sacude-a-jubilados-de-este-estado-avala-recorte-del-aguinaldo-a-la-mitad-20260113-0017.html»SCJN sacude a jubilados de este estado: avala recorte del aguinaldo a …»

https://www.milenio.com/politica/scjn-valida-reforma-reduce-aguinaldo-pensionados-zacatecas»SCJN valida reforma que reduce aguinaldo a pensionados de Zacatecas»

https://atiempo.mx/sucesos/suprema-corte-valida-la-reduccion-de-60-a-30-dias-de-aguinaldo-a-los-trabajadores-jubilados/»Suprema Corte valida la reducción de 60 a 30 días de aguinaldo a los …»

https://politica.expansion.mx/mexico/2026/01/12/scjn-avala-reducir-pago-pensionados-issste»La SCJN avala reducir el pago del aguinaldo a pensionados del ISSSTE …»

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Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). Por años, el crecimiento inmobiliario en Baja California Sur ha sido presentado como símbolo de desarrollo económico y prosperidad turística. Sin embargo, detrás de muchos de estos proyectos existe un patrón que preocupa a ambientalistas, investigadores y comunidades locales: obras que comienzan a construirse durante meses —o incluso años— antes de ser detenidas por autoridades ambientales federales. Cuando llegan las clausuras de PROFEPA o SEMARNAT, el daño a la flora, la fauna y los ecosistemas ya está hecho.

En una mañana de julio de 2025, inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) colocaron sellos de clausura en un desarrollo inmobiliario frente a la bahía de La Paz. El proyecto, llamado Balaena Costa Apartments, se construía en Lomas de Palmira, una zona con ecosistemas costeros de alto valor ambiental. El problema era grave: el desarrollo no contaba con autorización en materia de impacto ambiental emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), requisito indispensable para construir en ecosistemas costeros. La inspección reveló que el proyecto afectaba una zona considerada Área de Importancia para la Conservación de las Aves y parte del Sitio Ramsar Humedales El Mogote, áreas protegidas por su biodiversidad y su función ecológica en la bahía. Cuando los sellos se colocaron definitivamente en julio de ese año, el desarrollo llevaba meses en construcción. El caso no fue aislado.

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En septiembre de 2025, PROFEPA volvió a intervenir en otro proyecto inmobiliario en el municipio de La Paz, esta vez en Las Tunas, en la delegación de Todos Santos, donde se realizaban obras dentro de un sistema de dunas costeras. La dependencia federal ordenó la clausura total temporal al detectar que las construcciones no contaban con autorizaciones ambientales. El desarrollo había iniciado obras con licencias municipales para vivienda, pero sin la autorización ambiental federal obligatoria para intervenir en ecosistemas costeros sensibles. Este tipo de situaciones revela un conflicto frecuente en la región: los permisos municipales para construir pueden otorgarse antes de que exista autorización ambiental federal. Mientras el trámite ambiental se retrasa o se omite, las obras avanzan. Cuando finalmente interviene la autoridad ambiental, el terreno ya ha sido desmontado.

Uno de los casos más impactantes ocurrió en la zona de Conquista Agraria, en el municipio de La Paz. Tras una denuncia ciudadana difundida en redes sociales, PROFEPA clausuró un predio donde se realizaban obras sin permisos ambientales en más de 17 hectáreas de terrenos forestales. Las imágenes mostraban cardones centenarios derribados y quemados.

El cardón (Pachycereus pringlei) es el cactus más grande del mundo y una especie emblemática del desierto sudcaliforniano. Investigadores de la Universidad Autónoma de Baja California Sur han señalado que estos cactus funcionan como refugio y fuente de alimento para aves, murciélagos e insectos, además de generar microclimas que permiten sobrevivir a otras plantas del desierto. Su destrucción implica más que la pérdida de una planta: significa romper un ecosistema que tardó siglos en formarse. Para cuando las autoridades clausuraron la obra, el daño ya era visible. Un elemento que se repite en muchos de estos casos es el origen de la intervención oficial. No suele ser una inspección preventiva.

La mayoría de las clausuras se producen tras denuncias ciudadanas. En el caso del proyecto K Naj Community, rumbo a El Mogote, inspectores federales detectaron la apertura de vialidades, construcción de cabañas y obras en 12.5 hectáreas de terreno forestal, sin autorización ambiental. La investigación comenzó después de que ciudadanos reportaran actividades sospechosas. Esta dinámica genera una pregunta recurrente entre organizaciones ambientales y académicos:

¿Por qué las autoridades no detectan estas obras antes de que comiencen?

Baja California Sur es uno de los estados con mayor crecimiento turístico y urbano en México. La expansión de desarrollos inmobiliarios —muchos orientados al turismo residencial— ha incrementado la presión sobre ecosistemas frágiles como manglares, dunas costeras y zonas desérticas. Uno de los lugares más sensibles es El Mogote, una península frente a la ciudad de La Paz que alberga dunas, manglares y humedales protegidos internacionalmente.

Estos ecosistemas funcionan como:

• Barreras naturales contra huracanes.
• Zonas de reproducción para especies marinas.
• Refugio para aves migratorias.
• Filtros naturales que mejoran la calidad del agua.

La urbanización descontrolada en estas áreas puede alterar flujos de agua, destruir vegetación y afectar el equilibrio ecológico de toda la bahía. Ante la presión inmobiliaria, diversos colectivos ciudadanos han asumido un papel activo en la defensa ambiental.

Uno de los grupos más conocidos es Las Guardianas del Conchalito, una organización de mujeres que trabaja en la restauración y vigilancia del manglar del estero El Conchalito en La Paz. Su labor incluye monitoreo ambiental, reforestación y denuncia de actividades ilegales que amenazan los ecosistemas costeros. Durante años, estas activistas han advertido que el crecimiento inmobiliario en la bahía puede afectar tanto a la biodiversidad como a las comunidades pesqueras que dependen de estos ecosistemas. El manglar del Conchalito, por ejemplo, actúa como barrera natural contra tormentas y almacena miles de toneladas de carbono, lo que lo convierte en un ecosistema clave para la adaptación al cambio climático.

En México, cualquier obra que pueda afectar ecosistemas debe contar con una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) aprobada por la SEMARNAT. Este estudio evalúa los posibles daños al medio ambiente y establece medidas de mitigación. Sin embargo, en muchos casos los desarrollos inmobiliarios avanzan con permisos municipales de construcción, sin haber completado el proceso ambiental federal. La ley establece que las obras no deben iniciar sin la autorización ambiental correspondiente. Pero en la práctica, la supervisión preventiva es limitada. Cuando PROFEPA interviene, suele hacerlo tras denuncias o inspecciones tardías. Los daños provocados por desarrollos inmobiliarios sin permisos pueden ser irreversibles.

Entre los impactos más frecuentes se encuentran:

1. Pérdida de vegetación nativa

La eliminación de cardones, mezquites y otras especies del desierto altera el equilibrio ecológico.

2. Alteración de dunas costeras

Las dunas funcionan como protección natural contra tormentas y erosión costera.

3. Destrucción de manglares

Estos ecosistemas son zonas de reproducción para peces y crustáceos.

4. Fragmentación de hábitats

Las obras pueden aislar poblaciones de fauna silvestre.

En algunos casos, la restauración ecológica puede tardar décadas. En otros, el daño es permanente. Baja California Sur enfrenta una paradoja. El crecimiento económico depende en gran medida del turismo y la inversión inmobiliaria. Pero precisamente esos proyectos pueden amenazar los ecosistemas que hacen atractiva la región. La Bahía de La Paz, por ejemplo, es considerada uno de los ecosistemas marinos más importantes del Golfo de California.

La degradación de manglares, dunas y esteros podría afectar no solo la biodiversidad, sino también actividades económicas como la pesca, el turismo ecológico y el buceo. Especialistas advierten que si continúa el patrón de construir primero y regular después, Baja California Sur podría enfrentar varios riesgos en los próximos años.

Entre ellos:

Mayor pérdida de biodiversidad

Las especies adaptadas al desierto y a los manglares tienen ciclos ecológicos lentos y son especialmente vulnerables.

Aumento de la erosión costera

La eliminación de dunas y vegetación reduce la protección natural frente a tormentas.

Contaminación de ecosistemas marinos

Las obras pueden alterar escurrimientos y generar descargas contaminantes hacia la bahía.

Conflictos sociales

Las comunidades locales, pescadores y activistas han comenzado a organizarse para frenar proyectos que consideran destructivos.

El futuro del desarrollo inmobiliario en Baja California Sur dependerá de la capacidad de las autoridades para fortalecer la supervisión ambiental. Especialistas en planeación urbana señalan que el crecimiento de la región requiere:

• Mayor coordinación entre gobiernos municipales y federales
• Vigilancia ambiental preventiva
• Planeación territorial basada en ecosistemas
• Participación ciudadana en decisiones urbanas

Sin estas medidas, el modelo actual podría profundizar los conflictos entre desarrollo económico y conservación ambiental. En muchos de los casos recientes, las clausuras de PROFEPA llegaron después de que el terreno había sido desmontado, nivelado o incluso urbanizado. El problema no es solo legal. Es ecológico. Los cardones derribados tardarán siglos en volver a crecer. Las dunas alteradas pueden desaparecer. Los manglares destruidos pueden cambiar el equilibrio de la bahía. Los sellos de clausura detienen las obras. Pero rara vez pueden devolver el paisaje a su estado original. Y esa es la verdadera dimensión del problema que enfrenta Baja California Sur.

Referencias:

https://www.infobae.com/mexico/2025/07/10/profepa-clausura-proyecto-inmobiliario-en-ecosistema-costero-de-baja-california-sur/ «Profepa clausura proyecto inmobiliario en ecosistema costero de Baja …»

https://www.elimparcial.com/mexico/2025/07/10/clausuran-de-forma-definitiva-desarrollo-inmobiliario-en-zona-ecologica-protegida-de-la-paz/ «Clausuran de forma definitiva desarrollo inmobiliario en zona ecológica …»

https://www.diarioelindependiente.mx/2025/09/construccion-ilegal-en-dunas-costeras-de-la-paz-fueron-clausuradas-por-la-profepa «Construcción ilegal en dunas costeras de La Paz, fueron clausuradas por …»

https://nbcs.mx/?p=155922&utm_source=chatgpt.com «Clausura Profepa obra en dunas de Todos Santos autorizada por el …»

https://lado.mx/noticia/19144972 «Profepa clausura construcción ilegal de 17 hectáreas en Baja California Sur»

https://www.posta.com.mx/bcs/profepa-clausura-construccion-ilegal-en-la-paz-denuncian-dano-a-cardones-del-desierto/vl2096096 «Profepa clausura construcción ilegal en La Paz: denuncian daño a …»

https://www.gob.mx/profepa/prensa/profepa-clausura-actividades-de-cambio-de-uso-de-suelo-en-terrenos-forestales-en-la-paz-baja-california-sur «Profepa clausura actividades de cambio de uso de suelo en terrenos …»

https://es.wikipedia.org/wiki/El_Mogote_%28M%C3%A9xico%29 «El Mogote (México)»

https://es.wikipedia.org/wiki/Las_Guardianas_del_Conchalito «Las Guardianas del Conchalito»

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AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). Por años, el problema ha corrido bajo tierra. Hoy emerge en las calles, en los canales pluviales y en la propia bahía de La Paz. Los derrames constantes de aguas negras evidencian una crisis estructural en el sistema de drenaje de la capital sudcaliforniana, una problemática que mezcla infraestructura obsoleta, crecimiento urbano acelerado y gestión pública insuficiente.

Una tarde después de la lluvia, el olor se adelanta antes de que el problema sea visible. En colonias como El Esterito, Fidepaz o el centro de La Paz, el agua estancada no proviene de un arroyo ni de una inundación común: es agua residual que brota de las alcantarillas o corre por los canales pluviales. Vecinos reportan que durante días deben caminar entre charcos oscuros, con moscas y mosquitos rondando el ambiente. En octubre de 2025, habitantes de colonias cercanas al canal de El Esterito denunciaron que un derrame de aguas negras permaneció durante semanas, generando malos olores y riesgos sanitarios; algunos vecinos afirmaban tener que usar bolsas en los pies para salir de sus casas.

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La escena se repite en distintas zonas de la ciudad. Durante lluvias recientes, los derrames se multiplicaron, afectando viviendas y comercios y evidenciando una red de alcantarillado saturada. Las autoridades municipales reconocen que el problema existe y que el sistema presenta múltiples puntos de colapso. El Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMSAPAS) ha identificado diversas zonas donde el drenaje requiere reposición de tuberías debido a su deterioro. Lo que ocurre en La Paz no es un incidente aislado, sino el síntoma de una crisis estructural.

El sistema de alcantarillado de La Paz fue diseñado para una ciudad mucho más pequeña que la actual. Durante las últimas décadas, la capital de Baja California Sur ha experimentado un crecimiento acelerado impulsado por el turismo, la migración interna y el desarrollo urbano. Sin embargo, la infraestructura hidráulica no creció al mismo ritmo. Especialistas y autoridades han señalado que una parte importante del problema radica en la antigüedad de las tuberías y colectores principales. En algunos sectores, el sistema presenta colapsos parciales debido al desgaste del material y la acumulación de sedimentos.

El caso del colector de El Esterito es uno de los ejemplos más claros: la red que conduce aguas residuales en esta zona histórica ha sido reconocida por las autoridades como colapsada, lo que provoca derrames constantes hacia calles y canales pluviales.  A ello se suma la saturación del sistema durante la temporada de lluvias. En agosto y septiembre, meses tradicionalmente más lluviosos en la región, el drenaje suele bloquearse debido a la mezcla de basura, arena y residuos que llegan a las alcantarillas arrastrados por escurrimientos.  En una ciudad ubicada en una región desértica —donde la precipitación anual es inferior a 200 milímetros— la infraestructura urbana no siempre está preparada para manejar lluvias intensas concentradas en pocos días. Cuando las tormentas llegan, el sistema simplemente colapsa.

Otro factor clave en la crisis del drenaje en La Paz es el uso inadecuado de la red por parte de algunos ciudadanos y comercios. Autoridades estatales han señalado que una de las principales causas de obstrucción es la acumulación de basura en las alcantarillas, así como el vertimiento de aceites y grasas domésticas o comerciales que se solidifican dentro de las tuberías. El resultado es la formación de tapones que impiden el flujo normal de las aguas residuales. Estos bloqueos no solo provocan derrames, sino que también incrementan la presión dentro del sistema, causando rupturas en tuberías antiguas o mal mantenidas.

Las consecuencias se observan en toda la ciudad: fugas de aguas negras en calles, descargas hacia canales pluviales y escurrimientos que pueden llegar incluso a la bahía. En algunos casos documentados por organizaciones ciudadanas, los derrames han terminado desembocando en el mar, generando preocupación por la contaminación ambiental y los riesgos para la salud pública. Las aguas residuales no tratadas representan uno de los riesgos sanitarios más serios en las ciudades.

En La Paz, los derrames de drenaje han provocado alertas entre autoridades sanitarias. En zonas donde las aguas negras emergen tras lluvias o fallas del sistema, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) ha ordenado incluso suspender la venta de alimentos en la vía pública para evitar contagios o intoxicaciones. El contacto con aguas residuales puede transmitir enfermedades gastrointestinales, infecciones cutáneas o virus propagados por mosquitos que se reproducen en aguas estancadas. Pero el impacto no se limita a la salud humana.

La contaminación también afecta a uno de los principales patrimonios naturales de la ciudad: su bahía. Especialistas ambientales han advertido que los derrames provenientes del drenaje o de tuberías dañadas pueden terminar en el mar, contaminando playas y ecosistemas costeros. Para una ciudad cuya economía depende en gran medida del turismo y la pesca, esta situación representa un riesgo significativo. La crisis del drenaje en La Paz también tiene una dimensión política y administrativa.

En 2025, autoridades municipales informaron sobre un presunto desfalco de 21 millones de pesos dentro del organismo operador del agua, caso que es investigado por la Fiscalía Anticorrupción del estado. Aunque el proceso judicial continúa, el hecho generó cuestionamientos sobre la gestión de recursos destinados a la infraestructura hidráulica. El mantenimiento del sistema de drenaje requiere inversiones constantes para reparación de colectores, sustitución de tuberías y ampliación de plantas de tratamiento. Sin embargo, muchos municipios del país enfrentan limitaciones presupuestales para realizar estas obras.

En La Paz, el propio organismo operador ha reconocido que el mantenimiento del sistema se realiza de forma gradual, atendiendo los reportes de derrames por zonas debido a la magnitud del problema. Ante el aumento de denuncias ciudadanas, las autoridades municipales y estatales han iniciado acciones para atender el problema.

En 2025, OOMSAPAS informó que realizó trabajos de limpieza y desazolve en al menos 59 puntos del sistema de drenaje en 26 colonias de la ciudad, con el objetivo de liberar obstrucciones y evitar nuevos derrames. Además, se han identificado tramos de tubería que deberán ser reemplazados para evitar colapsos recurrentes. Sin embargo, las autoridades reconocen que estas acciones son solo medidas de corto plazo.

Para resolver el problema de fondo se requieren proyectos de infraestructura más amplios, incluyendo la rehabilitación de colectores y la construcción de nuevas instalaciones que reduzcan la presión sobre el sistema actual. Uno de los proyectos en estudio contempla la rehabilitación de la red de drenaje en zonas críticas como El Esterito. Según autoridades municipales, el proyecto ejecutivo podría permitir gestionar recursos federales y comenzar obras a partir de 2026 si se obtienen los financiamientos necesarios. El futuro del sistema de drenaje en La Paz está directamente ligado al crecimiento de la ciudad.

Durante las últimas décadas, el aumento de población y el desarrollo turístico han incrementado la demanda de servicios urbanos. La ciudad ha tenido que enfrentar simultáneamente problemas de abastecimiento de agua potable y de tratamiento de aguas residuales. La expansión de nuevos fraccionamientos, hoteles y zonas comerciales genera mayores descargas hacia un sistema que ya opera cerca de su límite. Especialistas advierten que si no se moderniza la infraestructura, el problema podría agravarse en los próximos años.

A mediano plazo, el panorama dependerá de la capacidad de las autoridades para obtener financiamiento y ejecutar proyectos de rehabilitación. Las obras previstas incluyen:

• Sustitución de tramos de tubería deteriorados.
• Rehabilitación de colectores principales.
• Mejoramiento de plantas de tratamiento.
• Expansión de la red de drenaje en zonas de crecimiento urbano.

Si estos proyectos se concretan, podrían reducir significativamente los derrames de aguas negras en la ciudad. Sin embargo, especialistas coinciden en que la solución no depende únicamente del gobierno. La participación ciudadana será clave para evitar que el sistema vuelva a colapsar. Reducir la basura en las calles, evitar verter aceites en el drenaje y reportar fugas o derrames son acciones que pueden disminuir la presión sobre una infraestructura ya debilitada. Durante años, el sistema de drenaje de La Paz funcionó de manera silenciosa bajo las calles. Hoy, el problema se ha vuelto visible.

Los derrames de aguas negras, los malos olores y las protestas vecinales han convertido una falla técnica en un tema público y político. Lo que ocurre en la capital sudcaliforniana es un recordatorio de que la infraestructura urbana —a menudo invisible— es fundamental para la salud, el medio ambiente y la calidad de vida. Si la ciudad no logra renovar su sistema de drenaje, las aguas negras seguirán emergiendo, recordando que los problemas ocultos bajo tierra tarde o temprano terminan por salir a la superficie.

Referencias:

https://www.bcsnoticias.mx/denuncian-que-el-canal-de-el-esterito-en-la-paz-tienen-dias-con-derrames-de-aguas-negras/ «Denuncian que el canal de El Esterito, en La Paz, tienen días con …»

https://www.meganoticias.mx/la-paz/noticia/derrames-de-aguas-negras-continuan-afectando-a-colonias-de-la-paz/664239 «Derrames de aguas negras continúan afectando a colonias de La Paz»

https://noticias.lapaz.gob.mx/soluciona-oomsapas-la-paz-fuga-de-aguas-negras-en-59-puntos-de-la-ciudad/ «Soluciona OOMSAPAS La Paz fuga de aguas negras en 59 puntos de la ciudad»

https://hoybcs.com/oomsapas-la-paz-limpia-y-desazolva-el-sistema-de-drenaje-en-26-colonias-de-la-ciudad/ «OOMSAPAS La Paz limpia y desazolva el sistema de drenaje en 26 colonias …»

https://oem.com.mx/elsudcaliforniano/local/vecinos-del-esterito-pintan-bardas-en-protesta-por-aguas-negras-oomsapas-admite-drenaje-colapsado-26419939 «Vecinos del Esterito pintan bardas en protesta por aguas negras …»

https://www.posta.com.mx/bcs/por-que-se-tapa-el-drenaje-en-la-paz-durante-las-lluvias/vl2093021 «¿Por qué se tapa el drenaje en La Paz durante las lluvias?»

https://es.wikipedia.org/wiki/La_Paz_%28Baja_California_Sur%29 «La Paz (Baja California Sur)»

https://oem.com.mx/elsudcaliforniano/local/problemas-de-drenaje-y-basura-en-la-paz-medidas-y-soluciones-26131366 «Problemas de drenaje y basura en La Paz: medidas y soluciones»

https://www.bcsnoticias.mx/atienden-derrame-de-aguas-residuales-en-colector-principal-de-la-paz-tras-denuncias/ «Atienden derrame de aguas residuales en colector principal de La Paz …»

https://www.culcobcs.com/noticias/por-derrame-de-aguas-negras-suspenden-venta-de-alimentos-en-via-publica-en-la-paz-y-los-cabos/ «Por derrame de aguas negras, suspenden venta de alimentos en vía …»

https://zetatijuana.com/2024/06/playas-contaminadas-por-aguas-negras-en-la-paz/ «Playas contaminadas por aguas negras en La Paz – Semanario ZETA»

https://agua.org.mx/baja-california-sur-detectan-desfalco-de-21-mdp-en-sistema-de-agua-de-la-paz-bcs-el-universal/ «Baja California Sur – Detectan desfalco de 21 mdp en sistema de agua de …»

https://www.posta.com.mx/bcs/el-plan-de-sapa-la-paz-para-resolver-el-derrame-de-aguas-negras-tras-recibir-denuncias/vl2105488 «El plan de Sapa La Paz para resolver el derrame de aguas negras tras …»

https://aldiabcs.com/la-paz/solucionan-59-fugas-de-aguas-negras/ «¡SOLUCIONAN 59 FUGAS DE AGUAS NEGRAS! – alDíaBCS»

https://diariohumano.com.mx/2025/11/18/tras-derrames-y-protestas-la-paz-disena-estrategia-para-rehabilitar-red-de-drenaje/ «Tras derrames y protestas, La Paz diseña estrategia para rehabilitar …»

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Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). Loreto, 1768. El campanario de la Misión de Nuestra Señora de Loreto —cabeza del sistema misional jesuita en la península— marcaba el ritmo de una comunidad golpeada por la incertidumbre. Un año antes, por orden de Carlos III, la Compañía de Jesús había sido expulsada de todos los dominios españoles. En su lugar, un grupo de frailes franciscanos, encabezados por fray Junípero Serra, desembarcó para hacerse cargo de un entramado de misiones que durante siete décadas había articulado la vida religiosa, económica y política de la Baja California. La escena fue el punto de partida de una reconfiguración profunda del norte novohispano: un cambio de órdenes religiosas que respondió a las reformas borbónicas, abrió la puerta a la expansión hacia la Alta California y dejó huellas duraderas en las poblaciones indígenas de la península.

La expulsión de los jesuitas en 1767 no fue un hecho aislado. Formó parte de una política más amplia de centralización y control impulsada por la monarquía borbónica. La Real Pragmática Sanción ordenó la salida inmediata de la Compañía de Jesús de los territorios españoles y la incautación de sus bienes. La Biblioteca Nacional de España conserva documentación oficial sobre las instrucciones giradas para ejecutar la medida y ocupar las “temporalidades” jesuitas. En Nueva España, la orden se ejecutó con rapidez. Las misiones de la península de California —fundadas desde 1697— quedaron súbitamente sin sus administradores. El vacío preocupaba a la Corona por razones estratégicas: la península era un enclave clave frente a las ambiciones rusas e inglesas en el Pacífico norte.

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Investigaciones del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM subrayan que el arribo de los franciscanos en 1768 debe entenderse dentro del proyecto reformista y militarizador encabezado por el visitador José de Gálvez, enviado por La Corona para reorganizar la región y preparar la expansión hacia el norte. No se trataba sólo de evangelizar, sino de consolidar la soberanía española. Fray Junípero Serra y un contingente de franciscanos del Colegio de San Fernando de México llegaron a Loreto en abril de 1768. Recibieron un sistema compuesto por quince misiones dispersas en un territorio árido, con poblaciones indígenas diezmadas por epidemias y una economía frágil basada en la agricultura de subsistencia y el ganado.

Un estudio publicado en Historia Mexicana, de El Colegio de México, analiza los informes que los propios franciscanos elaboraron tras asumir el control. En ellos describen las condiciones materiales de las misiones, la disminución demográfica y las tensiones heredadas. Estos documentos, más allá de su tono administrativo, revelan la magnitud del reto: sostener comunidades aisladas en un entorno hostil, con recursos limitados y bajo la supervisión directa del visitador Gálvez. Los franciscanos emprendieron una revisión de inventarios, reorganizaron la producción agrícola y reforzaron la disciplina religiosa. La prioridad era garantizar la continuidad del culto y evitar el colapso de los asentamientos indígenas congregados en torno a las misiones.

Sin embargo, el contexto había cambiado. A diferencia del periodo jesuita, los franciscanos operaron bajo una vigilancia más estrecha del poder civil. Gálvez impulsó reformas económicas y administrativas que limitaron la autonomía misional. La tensión entre la autoridad eclesiástica y la civil fue una constante en estos años. Mientras se consolidaba el relevo en la península, la mirada de La Corona se dirigía hacia la Alta California. El temor a la presencia rusa en el Pacífico Norte aceleró los planes de ocupación. Desde Loreto se organizaron las expediciones terrestres y marítimas que, en 1769, fundarían las primeras misiones y presidios en el actual Estado de California, Estados Unidos.

El National Park Service de Estados Unidos documenta que la Misión de San Diego de Alcalá fue establecida en 1769 por fray Junípero Serra y el gobernador Gaspar de Portolá. Este hecho marcó el inicio del sistema misional en la Alta California, que en las décadas siguientes se expandiría hacia el Norte. La empresa no habría sido posible sin la experiencia acumulada en Baja California. Desde la península se reclutaron indígenas neófitos, se trasladaron semillas, ganado y herramientas, y se diseñó la logística de las expediciones. La misión de San Fernando Velicatá, fundada en 1769 en el norte de la península, funcionó como punto de enlace entre ambas Californias. Así, la presencia franciscana en Baja fue breve pero decisiva: sirvió de puente entre el legado jesuita y la expansión hacia territorios que hoy forman parte de Estados Unidos.

Cualquier balance del periodo debe considerar el impacto en los pueblos originarios: cochimíes, guaycuras y pericúes, entre otros. Desde el siglo XVII, las misiones habían transformado sus formas de vida, concentrándolos en asentamientos permanentes y sometiéndolos a un régimen de trabajo agrícola y catequesis. Los informes franciscanos citados por El Colegio de México registran una población en descenso y múltiples dificultades para sostener las comunidades. Las epidemias, la movilidad forzada y los cambios en la dieta contribuyeron a la crisis demográfica.

Si bien los franciscanos mantuvieron el modelo misional heredado, el contexto de mayor control civil alteró el equilibrio previo. Las reformas borbónicas buscaban hacer más productivas las misiones y reducir su dependencia de subsidios. Esto incrementó la presión sobre los recursos locales y, en algunos casos, sobre la mano de obra indígena. La historiografía contemporánea coincide en que el sistema misional fue un instrumento de colonización que implicó tanto procesos de evangelización como de subordinación cultural. La etapa franciscana en Baja California, aunque corta, formó parte de esa dinámica estructural.

La permanencia franciscana en la península fue transitoria. En 1772-1773, la Orden de Predicadores (dominicos) asumió el control de las misiones bajacalifornianas, mientras los franciscanos concentraban sus esfuerzos en la Alta California. Estudios académicos, como los disponibles en repositorios universitarios de Baja California Sur, documentan este proceso de transferencia y la posterior delimitación de zonas de acción entre ambas órdenes. La línea divisoria se estableció en el Norte de la península, consolidando a San Fernando Velicatá como frontera simbólica entre las jurisdicciones. Este reordenamiento respondió tanto a disputas internas entre órdenes como a la estrategia de expansión hacia el Norte. Con el relevo, los franciscanos cerraron un capítulo de apenas cinco años en Baja California. Sin embargo, su paso dejó transformaciones: fortalecieron la infraestructura misional, articularon la logística de las expediciones y redefinieron la relación entre Iglesia y Estado en la región.

Hoy, las antiguas misiones de Baja California son patrimonio histórico y objeto de investigación académica. El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) resguarda y difunde la memoria de estos espacios, como el Museo de las Misiones Jesuíticas en Loreto. Su conservación recuerda que la historia de la península no puede entenderse sin el ciclo jesuita, el interludio franciscano y la posterior etapa dominica. La figura de Junípero Serra, canonizado en 2015, continúa generando debate. Para algunos sectores, simboliza la expansión del cristianismo y la fundación de ciudades; para otros, representa un sistema que contribuyó a la desestructuración de pueblos indígenas. El análisis histórico exige situar su actuación —y la de los franciscanos en Baja California— en el marco de las políticas imperiales del siglo XVIII.

La llegada de los franciscanos a Baja California fue consecuencia directa de una decisión política tomada en Madrid. La expulsión de los jesuitas respondió al deseo de La Corona de afirmar su autoridad y limitar el poder de una orden percibida como demasiado autónoma. En la península, esa decisión se tradujo en una transición acelerada que puso a prueba la capacidad de adaptación de los nuevos misioneros. Las consecuencias fueron múltiples. En el corto plazo, se evitó el abandono de las misiones y se garantizó la continuidad institucional. En el mediano plazo, la reorganización permitió lanzar la colonización de la Alta California, extendiendo la presencia española hasta San Francisco. En el largo plazo, el sistema misional configuró patrones de poblamiento, rutas comerciales y estructuras sociales que influyeron en la formación de identidades regionales tanto en México como en Estados Unidos.

Más que un episodio aislado, el arribo franciscano a Baja California fue un eslabón en la cadena de transformaciones que marcaron el siglo XVIII novohispano. Fue resultado de las reformas borbónicas, motor de la expansión septentrional y parte de un proceso de colonización que redefinió territorios y culturas. En las paredes de adobe de Loreto, en las ruinas de San Fernando Velicatá y en las misiones que hoy se alzan en California, persiste la huella de aquellos frailes que heredaron una empresa en crisis y la convirtieron en plataforma de expansión.

Comprender su presencia en Baja California implica mirar más allá del relevo religioso: exige analizar las tensiones entre Iglesia y Estado, la estrategia geopolítica de la monarquía y el profundo impacto sobre las comunidades indígenas. Sólo así es posible dimensionar el significado histórico de aquellos años en que los franciscanos, llegados tras la expulsión jesuita, reescribieron el destino de las Californias.

Referencias:

• Engelhardt, Z. (1908–1915). The missions and missionaries of California (Vol. 1: Lower California). James H. Barry Co.
• Burckhalter, D., Sedgwick, M., & Fontana, B. L. (2013). Baja California Missions: In the Footsteps of the Padres. University of Arizona Press.
• Mathes, W. M. (1977). Las misiones de Baja California, 1683–1849. Aristos.
• Aschmann, H. (1959). The Central Desert of Baja California: Demography and Ecology. University of California Press.

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