CULCO BCS

Vientos de Pueblo

José Luis Cortés M.

 

San José del Cabo, Baja California Sur (BCS). En San Javier, la misión no parece un edificio: parece una declaración de guerra contra el desierto. La cantera se levanta en medio de la sierra como si alguien hubiera querido fijar con piedra lo que aquí siempre fue movimiento: el agua que aparece y desaparece, las veredas que se abren entre cañadas, la vida que resiste lejos de los centros. Alrededor de ese templo, y de otros como Loreto, Comondú o Mulegé, fue creciendo una forma de habitar Baja California Sur que todavía define a buena parte de su memoria profunda. No nació en las ciudades ni en los puertos. Nació en la intemperie. En los márgenes de la misión. En el rancho.

Pero esa historia no comienza con los jesuitas. Antes de que la cruz y la campana organizaran el territorio, la península ya estaba habitada por pueblos indígenas como pericúes, guaycuras y cochimíes. Las fuentes históricas hablan de rancherías indígenas, aunque el término no describía necesariamente un pueblo fijo, sino más bien un grupo humano ligado a formas de movilidad adaptadas a la aridez, a la caza, a la recolección y al conocimiento del agua. La primera verdad incómoda de esta crónica es esa: las rancherías sudcalifornianas no surgieron sobre un vacío, sino sobre un territorio ya vivido, ya nombrado y ya recorrido mucho antes de la evangelización.

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La fundación de la Misión de Nuestra Señora de Loreto Conchó, el 25 de octubre de 1697, abrió otra época. Desde ahí se desplegó una red de misiones que el INAH resume en 18 establecimientos jesuitas en la península. Aquellas misiones fueron templos, sí, pero también centros de control territorial, agrícola y humano. Se instalaron donde el agua lo permitía: oasis, cañadas, pequeños valles. Introdujeron ganado, huertas, cereales, nuevas jerarquías, nuevos calendarios y una disciplina del trabajo que buscó fijar en torno a la misión a poblaciones que hasta entonces habían vivido bajo otros ritmos. La misión fue una máquina de concentración. Quiso reunir, ordenar y convertir. Quiso transformar el desierto en provincia.

Pero la misión nunca dominó del todo. Los estudios de Ignacio del Río muestran que la relación entre los pueblos originarios y el sistema misional estuvo atravesada por tensiones, resistencias y regresos al monte. La piedra del templo no canceló la memoria del territorio. Y, al mismo tiempo, la colonización produjo una devastación demográfica y cultural de enorme escala. Ahí está la segunda verdad incómoda: el origen del rancho sudcaliforniano no puede contarse como una estampa pintoresca de autosuficiencia sin reconocer que antes hubo despojo, reorganización forzada y derrumbe de mundos indígenas. La ranchería actual hereda saberes de adaptación al medio, pero también nace sobre una fractura.

El punto de quiebre llegó con la expulsión de los jesuitas en 1767, consumada en California al año siguiente, y con la posterior secularización de las misiones en el siglo XIX. La vieja organización eclesiástica perdió cohesión, los bienes misionales cambiaron de manos y el territorio dejó de girar exclusivamente alrededor del campanario. Entonces comenzó otra dispersión: alrededor de antiguos centros misionales, ojos de agua y sierras fueron tomando forma pequeños ranchos y rancherías familiares. Investigaciones de la UABCS y trabajos sobre patrimonio ranchero coinciden en que la identidad social de esos asentamientos deriva del establecimiento de las misiones y de los esfuerzos de poblamiento del siglo XVIII, y que en muchos de esos ranchos la unidad básica terminó siendo la familia nuclear, organizada alrededor del trabajo cotidiano, el ganado, la huerta y el aprovechamiento integral del entorno.

Lo decisivo fue la geografía. En Baja California Sur, el rancho no podía expandirse como hacienda continental porque el agua imponía su propia ley. Los oasis sudcalifornianos, explica la investigación de Micheline Cariño y Antonio Ortega, fueron sistemas agroecológicos de alta complejidad levantados en condiciones extremas de aislamiento y aridez. Harry Crosby, al reconstruir la vida de los últimos californios, retrató justamente eso: ranchos pequeños, serranos, amarrados a manantiales, con huertas mínimas, bestias de carga, caprinos y bovinos obligados a vivir entre laderas secas. Aquí el rancho no fue exceso. Fue cálculo. No fue abundancia. Fue permanencia. De ahí salió el tipo humano que aún hoy se reconoce como ranchero sudcaliforniano: austero, móvil, diestro en oficios, dependiente del agua y de un conocimiento íntimo de la sierra.

Con el tiempo, esa forma de vida produjo más que economía: produjo cultura. El aislamiento empujó a las familias rancheras a fabricar herramientas, a trabajar la talabartería, la herrería, los bordados, el queso, el vino y una cocina de supervivencia convertida en identidad. La propia Secretaría de Cultura reconoce en las comunidades serranas de Baja California Sur una tradición ligada al rancho heredado del tiempo misional, mientras estudios de la UABCS sobre las sierras La Giganta y Guadalupe hablan de un patrimonio cultural ranchero que no se reduce a nostalgia: es una manera de leer el paisaje, de nombrar plantas, de administrar el agua, de repartir tareas y de entender la distancia. La ranchería no fue solamente un asentamiento. Fue una escuela de mundo.

Esa escuela, sin embargo, vive bajo presión. El Censo Agropecuario 2022 registró en Baja California Sur 4,606 unidades de producción agropecuaria, con 122,698 bovinos y 66,683 caprinos: el rancho sigue ahí, pero más acorralado. Al mismo tiempo, investigaciones recientes sobre las rancherías de Los Comondú y reportes sobre la sequía extrema de 2020 a 2022 muestran un sistema social frágil ante la despoblación, la incertidumbre climática y la atracción económica de las costas turísticas. En 2024, un estudio con 98 ranchos reportó que muchos ganaderos estiman que podrían resistir apenas dos o tres años más de sequía sostenida antes de abandonar la actividad. Lo que antes resistía al aislamiento ahora resiste al mercado, al clima y al olvido estatal.

Por eso, preguntarse cómo nacieron las rancherías sudcalifornianas no es una curiosidad del pasado. Es preguntarse qué sobrevive cuando un territorio deja de mirarse a sí mismo desde la sierra y empieza a contarse solo desde el hotel, la carretera y la plusvalía costera. Las rancherías nacieron de una violencia colonial, sí, pero también de una capacidad descomunal para domesticar la escasez sin destruir del todo el sitio donde se vive. Entre la misión y el monte, entre la cruz y el ojo de agua, los sudcalifornianos levantaron una de las culturas rurales más singulares del país. Perderla sería algo más que perder un paisaje: sería olvidar la forma exacta en que esta tierra aprendió a permanecer.

Referencias:

INAH, Misiones Jesuíticas, Baja California Sur I y Museo de las Misiones.

• SETUES Baja California Sur, Misión de Nuestra Señora de Loreto Conchó.
• Ignacio del Río, UNAM, Conquista y aculturación en la California jesuítica, 1697-1768.
• Micheline Cariño y Antonio Ortega, Oasis sudcalifornianos: transferencia cultural del Viejo al Nuevo Mundo áridos.
• Harry W. Crosby, Los últimos californios.
• UABCS / Áreas Naturales Protegidas Scripta, Patrimonio cultural ranchero de las sierras La Giganta y Guadalupe, BCS, México.
• UABCS, tesis y estudios sobre identidad ranchera y origen de ranchos y rancherías.
• INEGI, Censo Agropecuario 2022. Baja California Sur.
• University of Utah, Adaptive responses to extreme drought: A case study of rural ranchers in Baja California Sur, Mexico.
• Estudios sobre la dinámica del sistema de rancherías de Los Comondú.

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AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). La mañana apenas comenzaba en La Paz cuando un grupo de policías municipales formó filas frente al edificio de Seguridad Pública. Era junio de 2023. El sol caía vertical, como suele hacerlo en la península, y los uniformes oscuros absorbían el calor con una disciplina silenciosa. No había ceremonia solemne ni discursos largos, pero sí algo que durante años había sido escaso: un aumento salarial. Aquel día, los agentes recibieron el primer pago retroactivo de un incremento del 10% a su sueldo. La noticia, que en otros contextos podría parecer rutinaria, tenía un peso simbólico. Venía precedida de otro aumento, de 7.62% el año anterior, y de un proceso de homologación salarial que buscaba —según las autoridades— dignificar el trabajo policial en la capital sudcaliforniana. En este mes de marzo de 2026, la Presidenta Municipal de La Paz anunció hasta un 43% de incremento salarial para los integrantes de la Dirección de Seguridad Pública y Policía Preventiva.

Sin embargo, la escena no podía entenderse sin mirar atrás. Diez años atrás, la historia era distinta. A mediados de la década de 2010, ser policía en Baja California Sur implicaba enfrentar riesgos extremos con ingresos limitados. Aunque con el tiempo los salarios mejorarían, durante años se mantuvieron prácticamente estancados, creando una brecha entre la exigencia del trabajo y la compensación económica. La estadística ayuda a entenderlo: entre 2018 y 2023, el salario promedio de los policías en el Estado osciló entre los 10 mil y 11 mil pesos mensuales. Aunque esta cifra colocaba a la entidad entre las mejor remuneradas del país en términos relativos, en la práctica resultaba insuficiente frente al costo de vida creciente y el nivel de riesgo.

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En palabras de especialistas en seguridad, un policía mal pagado es más vulnerable a la corrupción, especialmente en contextos donde el crimen organizado tiene capacidad de infiltración. En aquellos años, la percepción ciudadana comenzaba a fracturarse. La policía era vista, simultáneamente, como un escudo y como una incógnita.

Con el cambio de administraciones y la llegada de nuevos gobiernos municipales y estatales, el discurso comenzó a transformarse. La palabra clave fue “dignificación”. En 2023 y 2024, las autoridades de seguridad en Baja California Sur impulsaron una estrategia que incluía aumentos salariales, bonos de riesgo, equipamiento y mejores prestaciones. El objetivo era claro: mejorar las condiciones laborales para reducir la tentación de caer en actos de corrupción y fortalecer el desempeño policial. Se trataba, en esencia, de una apuesta estructural: si el policía vive mejor, trabaja mejor. Ese mismo periodo trajo consigo la entrega de equipo táctico, drones y patrullas, además de programas de capacitación. En el papel, el modelo parecía coherente. En las calles, la historia sería más compleja.

Mientras los salarios aumentaban gradualmente, la incidencia delictiva no desaparecía. Robos a casa habitación, asaltos y delitos patrimoniales continuaban presentes en los reportes de seguridad, incluso cuando algunas cifras oficiales señalaban mejoras en ciertos indicadores. En colonias de La Paz, la percepción ciudadana se mantenía ambivalente. Algunos reconocían mayor presencia policial; otros seguían denunciando tiempos de respuesta lentos o patrullajes insuficientes. La paradoja comenzaba a hacerse evidente: el aumento salarial, por sí solo, no garantizaba una transformación inmediata en la seguridad.

El tema más delicado no tardó en aparecer. En noviembre de 2024, el Congreso de Baja California Sur discutió una iniciativa para endurecer las sanciones contra policías que incurrieran en extorsión y abuso de autoridad. La propuesta contemplaba inhabilitaciones de hasta 10 años para los agentes responsables. No era una medida preventiva abstracta. Respondía a una realidad: casos documentados de policías —municipales y estatales— que extorsionaban a ciudadanos, turistas o actuaban fuera de su jurisdicción. La escena se repetía en relatos ciudadanos: retenes improvisados, “mordidas” disfrazadas de infracciones, detenciones arbitrarias. No eran todos, pero bastaban para erosionar la confianza.

La corrupción no se limitaba a la policía, pero su impacto era más visible en quienes portaban uniforme. En 2025, nuevos escándalos de corrupción en el Estado —aunque no exclusivamente policiales— reforzaron la percepción de un problema institucional más amplio, debilitando la confianza en las autoridades. La pregunta volvió a surgir: ¿los aumentos salariales estaban cumpliendo su propósito?

Si se observa la última década en conjunto, el cambio es evidente. De salarios relativamente bajos y estancados en la década pasada, se pasó a incrementos progresivos a partir de 2018 y, con mayor claridad, desde 2022 en adelante. Los aumentos del 7%, 10% y otros ajustes han buscado cerrar una brecha histórica. Además, la inclusión de bonos y prestaciones ha modificado la estructura del ingreso policial, haciéndolo más competitivo a nivel nacional. Sin embargo, el crecimiento no ha sido uniforme ni suficiente para erradicar las condiciones que favorecen la corrupción o la ineficiencia.

Hoy, la policía municipal de Baja California Sur se encuentra en una etapa intermedia. Por un lado, cuenta con mejores salarios, más equipamiento y una narrativa institucional centrada en la profesionalización. Por otro, enfrenta desafíos persistentes: corrupción, percepción ciudadana negativa en algunos sectores y una delincuencia que no desaparece. La relación entre salario y seguridad no es lineal. El aumento salarial ha sido una condición necesaria, pero no suficiente.

Al caer la tarde en La Paz, las patrullas continúan su recorrido. Las luces intermitentes dibujan destellos azules sobre el asfalto caliente. El futuro de la seguridad pública en Baja California Sur dependerá de múltiples factores: continuidad en la mejora salarial, fortalecimiento institucional, mecanismos de control interno y participación ciudadana. Las autoridades lo saben. Por eso, el discurso oficial insiste en seguir invirtiendo en la dignificación policial como eje de la estrategia de seguridad. Pero también crece la exigencia social. La ciudadanía ya no solo pide policías mejor pagados. Pide policías confiables.

Diez años después de los primeros debates sobre salarios policiales, la respuesta no es absoluta. Sí, los aumentos han mejorado las condiciones de vida de muchos agentes. Sí, han contribuido a profesionalizar parcialmente a las corporaciones. Pero no han eliminado la corrupción, ni han garantizado por sí mismos una seguridad plena. La crónica de esta década no es la de una transformación concluida, sino la de un proceso en marcha.

En La Paz, la seguridad sigue siendo una construcción diaria. Y el salario —aunque importante— es apenas una pieza de un engranaje mucho más complejo. Mientras tanto, en cada turno, bajo el sol o en la madrugada, los policías siguen saliendo a las calles. Algunos con vocación intacta. Otros con dudas. Todos, inevitablemente, en el centro de una pregunta que aún no tiene respuesta definitiva: ¿cuánto cuesta realmente la seguridad?

Referencias:

https://www.diarioelindependiente.mx/2023/06/policias-de-la-paz-reciben-primer-pago-de-retroactivo-por-aumento-del-10-al-salario «Policías de La Paz reciben primer pago de retroactivo por aumento del …»

https://tribunademexico.com/policias-bcs-mejores-pagados/ «Policías de BCS entre los mejores pagados de México»

https://hoybcs.com/arriesgar-la-vida-por-7-mil-pesos-la-amplia-puerta-a-la-corrupcion/ «ARRIESGAR LA VIDA POR 7 MIL PESOS… LA AMPLIA PUERTA A LA CORRUPCIÓN»

https://tribunademexico.com/mejora-salarial-policias-corrupcion/ «Buscan mejora salarial a policías para combatir la corrupción»

https://www.bcsnoticias.mx/proponen-hasta-10-anos-de-inhabilitacion-a-policias-por-extorsion-y-abuso-de-autoridad-en-bcs/ «Proponen hasta 10 años de inhabilitación a policías por extorsión y …»

https://www.posta.com.mx/mexico/corrupcion-en-bcs-3-casos-de-funcionarios-acusados-en-el-ultimo-ano/vl1752681 «Corrupción en BCS: 3 casos de funcionarios acusados en el último año»

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Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). En nuestra ciudad, el paisaje de mar turquesa y cielos despejados convive con otro menos visible, pero persistente: columnas de humo que emergen desde las plantas de generación eléctrica que abastecen de energía a toda la entidad. Para miles de habitantes, estas instalaciones representan una paradoja cotidiana: son indispensables para sostener la vida moderna en una región aislada, pero también constituyen una de las principales fuentes de contaminación ambiental y preocupación sanitaria.

Baja California Sur no está conectada al sistema eléctrico nacional. Esta condición geográfica ha obligado históricamente a generar energía de manera local, lo que explica la presencia de varias centrales en La Paz, principal centro urbano del estado. Entre las más importantes destacan la Central Termoeléctrica Punta Prieta —ubicada a unos 10 kilómetros al norte de la ciudad— y la Central de Combustión Interna operada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Estas instalaciones, junto con otras plantas como la de Puerto Pichilingue, conforman el núcleo del sistema eléctrico local.

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La termoeléctrica Punta Prieta comenzó operaciones en 1979, en un contexto en el que el combustóleo —residuo pesado del petróleo— era una fuente común de energía. Durante décadas, esta planta ha sido el pilar del suministro eléctrico, llegando a aportar cerca del 95% de la energía consumida en el estado. Con el crecimiento demográfico, turístico y urbano de La Paz y Los Cabos, la demanda energética se ha incrementado considerablemente. Esto ha llevado a ampliar la infraestructura con plantas adicionales, pero manteniendo en gran medida el mismo modelo basado en combustibles fósiles.

En una región donde el turismo, la pesca y los servicios dependen de un suministro eléctrico constante, estas centrales cumplen una función crítica. Hoteles, hospitales, sistemas de agua potable, telecomunicaciones y la actividad económica en general dependen directamente de su operación. La falta de interconexión con el resto del país convierte a estas plantas en un sistema aislado: si fallan, no hay respaldo inmediato externo. Esta condición ha sido utilizada como argumento para mantener operativas instalaciones antiguas, incluso cuando ya han superado su vida útil recomendada. Además, la generación eléctrica local evita costos de infraestructura mayores, como la construcción de líneas submarinas o interconexiones de larga distancia. Sin embargo, esta “autonomía energética” tiene un costo ambiental significativo.

Uno de los principales problemas documentados es la antigüedad de las instalaciones. Especialistas han señalado que algunas unidades operan con equipos que exceden hasta por 20 años su vida útil, lo que incrementa las emisiones contaminantes y reduce la eficiencia energética. El uso de combustóleo de alto contenido de azufre es otro factor crítico. Este tipo de combustible genera emisiones de dióxido de azufre, partículas finas y otros contaminantes que afectan directamente la calidad del aire. Diversos informes y monitoreos ciudadanos coinciden en que las termoeléctricas son una de las principales fuentes de contaminación atmosférica en la ciudad. De hecho, se estima que las centrales eléctricas, junto con otras fuentes, son responsables de una proporción significativa de las emisiones contaminantes en La Paz, contribuyendo al deterioro de la calidad del aire. A esto se suma la falta de monitoreo constante y eficaz por parte de las autoridades, así como limitaciones institucionales: Baja California Sur no cuenta con facultades plenas para declarar contingencias ambientales, lo que reduce la capacidad de respuesta ante episodios críticos.

En los últimos años, las evidencias de impactos ambientales han sido cada vez más visibles. En 2025, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) realizó inspecciones en la Central de Combustión Interna de la CFE en La Paz, donde detectó contaminación por combustóleo en suelos, vegetación y un arroyo cercano. El derrame, ocurrido desde diciembre de 2024, no había sido completamente remediado casi un año después, lo que evidencia fallas en la gestión ambiental. Durante la inspección, se identificaron residuos aceitosos, manchas de hidrocarburos y afectaciones a lo largo de aproximadamente 1,700 metros del cauce natural. Las autoridades ordenaron acciones de limpieza, pero organizaciones civiles han cuestionado la lentitud y la falta de sanciones contundentes.

Otros reportes periodísticos documentan derrames de chapopote y asfalto que han contaminado mantos freáticos y canales pluviales, afectando comunidades rurales cercanas. Habitantes han denunciado que estos residuos llegan a sus tierras y fuentes de agua, especialmente durante la temporada de lluvias. En el aire, la situación no es menos preocupante. La quema de combustóleo genera una mezcla de contaminantes que se dispersan sobre la ciudad, especialmente en condiciones atmosféricas adversas. Investigaciones han documentado niveles preocupantes de partículas y gases, con efectos potenciales en la salud pública.

Aunque no existe un consenso definitivo sobre el impacto exacto en la salud de la población paceña, diversos estudios y monitoreos han señalado riesgos potenciales. La exposición a contaminantes derivados de la combustión de combustóleo se ha asociado con enfermedades respiratorias, cardiovasculares y otros padecimientos. En La Paz, organizaciones y centros de investigación han advertido sobre la posible relación entre vivir cerca de termoeléctricas y el desarrollo de enfermedades graves. Además, la percepción ciudadana refuerza estas preocupaciones. Durante gran parte del año, los habitantes reportan la presencia de humo visible y olores intensos, lo que ha generado denuncias colectivas y movilización social. El problema no es únicamente local: a nivel global, las plantas que utilizan combustibles fósiles son reconocidas como importantes emisores de gases de efecto invernadero y contaminantes atmosféricos, lo que agrava el cambio climático y sus efectos.

El conflicto en torno a las centrales eléctricas de La Paz no es nuevo. Desde hace años, organizaciones civiles, colectivos ambientales y ciudadanos han exigido cambios en el modelo energético. Demandas legales, denuncias ante autoridades ambientales y campañas de sensibilización han puesto el tema en la agenda pública. Sin embargo, la respuesta institucional ha sido percibida como insuficiente. Por un lado, la CFE enfrenta el reto de garantizar el suministro eléctrico en una región aislada. Por otro, las autoridades ambientales han sido criticadas por la falta de sanciones y seguimiento efectivo a las irregularidades detectadas. Este escenario refleja una tensión estructural: la necesidad de energía frente a la urgencia de proteger el medio ambiente y la salud pública.

¿Un mal necesario? Perspectivas para el futuro

La pregunta central es inevitable: ¿son estas centrales un mal necesario? En el corto plazo, la respuesta parece ser afirmativa. La dependencia energética de La Paz y la falta de interconexión hacen difícil prescindir de estas instalaciones sin afectar gravemente la vida económica y social. Sin embargo, el futuro plantea alternativas.

México, y particularmente Baja California Sur, cuenta con un enorme potencial en energías renovables, especialmente solar. Proyectos como Aura Solar han demostrado la viabilidad de generar electricidad limpia en la región, abasteciendo a una parte significativa de la población. La transición energética podría reducir la dependencia del combustóleo y disminuir las emisiones contaminantes. No obstante, esta transformación requiere inversiones, planeación y voluntad política. Existen también riesgos: si la transición no se gestiona adecuadamente, podrían generarse problemas de suministro o incrementos en los costos de la energía. Además, la resistencia institucional y los intereses económicos asociados al modelo actual podrían ralentizar el cambio.

Las centrales eléctricas de La Paz son, al mismo tiempo, símbolo de progreso y fuente de preocupación. Su historia refleja las limitaciones de un modelo energético basado en combustibles fósiles, mientras que su presente evidencia los costos ambientales y sociales de sostenerlo. La ciudad enfrenta una encrucijada: continuar dependiendo de infraestructura obsoleta y contaminante, o avanzar hacia un sistema energético más limpio y sostenible. La respuesta no es sencilla. Implica decisiones técnicas, económicas y políticas, pero también una reflexión colectiva sobre el tipo de desarrollo que se desea para la región. Mientras tanto, en La Paz, la electricidad sigue encendiendo hogares y negocios… Y también el debate sobre su verdadero costo.

Referencias:

https://www.meganoticias.mx/la-paz/noticia/obsoleta-termoelectrica-punta-prieta-amenaza-salud-y-medio-ambiente-paceno/617310 «Obsoleta termoeléctrica Punta Prieta amenaza salud y medio ambiente …»

https://tribunademexico.com/mala-calidad-aire-alerta-la-paz/ «La mala calidad del aire prende las alertas en La Paz»

https://es.wikipedia.org/wiki/La_Paz_%28Baja_California_Sur%29 «La Paz (Baja California Sur)»

https://www.gob.mx/profepa/prensa/profepa-realiza-inspeccion-ambiental-en-la-cfe-en-baja-california-sur?state=published&utm «Profepa realiza inspección ambiental en la CFE en Baja California Sur …»

[5]: https://energymagazine.mx/2025/10/profepa-investiga-derrame-de-combustoleo-de-cfe-en-baja-california-sur/ «Profepa investiga derrame de combustóleo de CFE en Baja California Sur …»

https://metropolimx.com/descubren-contaminacion-de-termoelectrica-de-cfe-en-la-paz/ «Descubren contaminación de termoeléctrica de CFE en La Paz»

https://oem.com.mx/elsudcaliforniano/local/denuncian-derrame-de-liquidos-provenientes-de-planta-de-la-cfe-en-la-paz-25995371 «Denuncian derrame de líquidos provenientes de planta de la CFE en La Paz»

https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADas_renovables_de_M%C3%A9xico «Energías renovables de México»

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AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

 

FOTOS: Gobierno de México.

Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). En Baja California Sur, el agua no es un tema sectorial ni una bandera ideológica: es un asunto de seguridad colectiva. La Sierra de la Laguna —Reserva de la Biósfera y principal fábrica de agua del sur peninsular— no sólo sostiene ecosistemas; sostiene ciudades, economías y vida. Por eso, cualquier amenaza sobre ella exige algo elemental de quienes gobiernan: posición pública, liderazgo y acción preventiva.

Hoy, frente a proyectos inmobiliarios que se presentan bajo narrativas amables de “conservación”, “santuarios” o “ecoturismo”, la sociedad sudcaliforniana ha hablado con claridad. Organizaciones civiles, académicos, comunidades y sectores productivos responsables han advertido el riesgo que tales proyectos representan para la integridad hídrica y ecológica de la Sierra.

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El Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida en BCS ha seguido la ruta institucional: información, exigencia pública y combate jurídico ante la autoridad ambiental federal.

Sin embargo, en este escenario hay un hecho que no puede normalizarse: el silencio del titular del Poder Ejecutivo estatal y de las presidencias municipales de La Paz y Los Cabos, precisamente las demarcaciones directamente vinculadas al territorio en disputa.

Ese silencio no es neutro. Gobernar también implica hablar, fijar postura, advertir riesgos y ejercer las competencias que la ley otorga. Cuando la totalidad de la sociedad organizada se pronuncia y quienes detentan el poder territorial callan, se produce un fenómeno conocido en derecho público: la omisión institucional relevante.

No se trata de exigir declaraciones retóricas ni de pedir que autoridades locales sustituyan a instancias federales. Se trata de algo muy básico y mucho muy serio: el deber de cuidado y de prevención frente a un riesgo público conocido.

El derecho contemporáneo —constitucional, administrativo y penal— reconoce que existen situaciones en las que no actuar equivale, en los hechos, a permitir. En otras palabras: callar también produce efectos.

En materia ambiental, esos efectos son particularmente graves. El agua no se regenera con discursos tardíos. La degradación de una cuenca no se corrige con comunicados ex post. La experiencia histórica en Baja California Sur lo demuestra con crudeza: cuando la autoridad llega tarde, el daño ya está hecho.

Por eso, la falta de pronunciamiento público y verificable de quienes tienen responsabilidad política y territorial directa no puede leerse como simple prudencia. Es una decisión. Y como toda decisión pública, es evaluable, criticable y eventualmente reprochable.

Desde una perspectiva jurídica, existe un principio ampliamente aceptado: quien tiene posición de garante respecto de un bien jurídico relevante —como el agua, el territorio o el equilibrio ecológico— no puede refugiarse en la inacción cuando el riesgo es evidente y conocido. La obligación no siempre es autorizar o prohibir; muchas veces es prevenir, coordinar, advertir y activar los mecanismos de protección disponibles.

Cuando esas obligaciones mínimas no se ejercen, la omisión deja de ser pasiva y se convierte en funcional: beneficia a quien impulsa el proyecto, debilita la defensa social y desplaza el conflicto hacia trámites técnicos donde la ciudadanía llega en desventaja.

Dicho con claridad: el silencio institucional termina operando como una forma de acompañamiento indirecto.

En este orden de ideas, el silencio es omisión, y nuestra legislación penal sanciona la comisión por omisión cuando se incumple el deber garante.

Lo expuesto constituye un señalamiento político y ético. En un estado con estrés hídrico estructural, no pronunciarse sobre la amenaza a la principal fuente de agua es fallar al mandato básico de gobierno.

La Sierra de la Laguna no necesita ambigüedades. Necesita compromisos públicos, acciones coordinadas y una señal inequívoca de que no habrá proyectos depredadores disfrazados de conservación.

La ciudadanía está cumpliendo su parte. Ahora corresponde a quienes gobiernan romper el silencio, porque en Baja California Sur, callar ante el riesgo del agua no es neutral: es tomar partido.

COROLARIO: Este apunte expresa una posición de interés público y se constituye en una exigencia al gobernador y a los presidentes municipales citados, desde la ciudadanía organizada: el ineludible cumplimiento del deber constitucional de protección del agua, el territorio y el medio ambiente.

 

Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). En octubre, cuando cae la tarde sobre Ciudad Insurgentes, el pequeño poblado agrícola del municipio de Comondú cambia de ritmo. Las calles se llenan de luces, pantallas y visitantes. Jóvenes cargan cámaras, estudiantes toman notas y vecinos acomodan sillas frente a una pantalla improvisada. El cine llega al corazón de una comunidad que durante décadas estuvo lejos de los grandes circuitos culturales.

Detrás de esta escena está el actor sudcaliforniano Enoc Leaño, quien después de más de treinta años de carrera en cine, televisión y teatro ha impulsado un proyecto cultural con raíces profundas en su lugar de origen: el Festival Internacional de Cine de La Toba. La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia del actor para llevar arte, formación cultural y oportunidades creativas a Baja California Sur, una entidad donde los proyectos culturales suelen concentrarse en destinos turísticos y ciudades grandes. El trabajo de Leaño ha sido reconocido por autoridades estatales y por la comunidad cultural del estado, no solo por su trayectoria artística sino también por su labor social y cultural en la región.

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Enoc Leaño nació el 4 de noviembre de 1968 en Ciudad Insurgentes, una comunidad agrícola del municipio de Comondú, en Baja California Sur.  En ese entorno rural, lejos de los centros culturales del país, el cine y el teatro parecían caminos improbables. Sin embargo, Leaño encontró en las artes escénicas una vocación que lo llevaría a estudiar actuación y eventualmente construir una carrera en la industria audiovisual mexicana. Desde la década de 1990 ha trabajado de forma constante en cine, televisión y teatro, participando en más de 40 películas y más de 30 telenovelas y series.  Su trayectoria incluye producciones cinematográficas como Colosio: El asesinato, Roma, Chicuarotes y Radical, así como series televisivas entre las que destacan El Rey: Vicente Fernández, Caer en tentación, La querida del Centauro e Imperio de mentiras.

En muchas de estas producciones interpretó personajes complejos, con frecuencia antagonistas o figuras de fuerte presencia dramática. A lo largo de su carrera, Leaño se ha caracterizado por una trayectoria sólida dentro de la industria audiovisual mexicana, alternando entre proyectos comerciales y propuestas cinematográficas de autor. Sin embargo, con el paso del tiempo su trabajo comenzó a tomar otra dirección: el impulso de proyectos culturales en su estado natal. El vínculo de Leaño con Baja California Sur nunca desapareció. A diferencia de muchos artistas que desarrollan su carrera lejos de su lugar de origen, el actor decidió regresar periódicamente a su comunidad y participar en proyectos culturales locales. Ese regreso no fue casual.

Durante años, Baja California Sur ha enfrentado una realidad cultural compleja: un territorio extenso, con comunidades aisladas y una oferta artística limitada fuera de los principales centros turísticos. Mientras festivales internacionales como el Festival Internacional de Cine de Los Cabos han proyectado la imagen cultural del estado hacia el mundo, muchas comunidades rurales han tenido escaso acceso a actividades artísticas. Fue en ese contexto donde surgió una de las iniciativas más ambiciosas del actor.

En 2023, Leaño fundó el Festival Internacional de Cine de La Toba, un evento cultural creado en su comunidad natal, Ciudad Insurgentes. El nombre del festival hace referencia al antiguo nombre del poblado y busca recuperar la memoria histórica de la región. El proyecto nació con un objetivo claro: llevar el cine a comunidades que normalmente no forman parte del circuito cultural nacional. Desde su primera edición, el festival ha buscado integrar diversas disciplinas artísticas, incluyendo cine, literatura, pintura y gastronomía, con la participación activa de la comunidad local.  La iniciativa ha tenido una característica particular: no se limita a exhibiciones de cine. El festival incluye talleres, encuentros con creadores, presentaciones artísticas y actividades comunitarias que involucran a niños, jóvenes y adultos mayores.

Con el paso de los años, el evento se ha consolidado como un espacio cultural relevante en el Estado. De acuerdo con autoridades culturales y legisladores, el festival ha contribuido a posicionar a La Toba en el mapa cultural de México, algo poco común para una comunidad rural del Norte del país.

El festival impulsado por Leaño no funciona de manera aislada. Forma parte de un ecosistema cultural en crecimiento dentro del estado. Actualmente existen festivales cinematográficos en diversos municipios, entre ellos Los Cabos, Todos Santos, La Paz, Loreto, Santa Rosalía y Ciudad Insurgentes. Esta red de eventos ha comenzado a consolidar a Baja California Sur como un corredor cinematográfico emergente en México, en el que la cultura audiovisual se ha convertido en una herramienta de proyección artística y turística. Para Leaño, este proceso es fundamental para democratizar el acceso a las artes. Según ha explicado en distintos foros culturales, el cine puede convertirse en una herramienta de identidad comunitaria, formación artística y desarrollo social.

Durante una ceremonia realizada en diciembre de 2025, el Congreso de Baja California Sur entregó a Enoc Leaño la Medalla al Mérito Artístico y Cultural del Estado, en reconocimiento a su trayectoria y a su labor en la promoción cultural. En ese mismo evento, el actor anunció el inicio de una cruzada cultural colectiva que busca involucrar a artistas nacionales e internacionales en proyectos artísticos dentro del estado.  Este proyecto contempla la realización de talleres de formación artística, encuentros con creadores, actividades culturales intergeneracionales y el impulso de proyectos cinematográficos regionales.

Uno de los elementos centrales de esta iniciativa es la inclusión de personas adultas mayores y jóvenes, con el fin de fortalecer la transmisión cultural entre generaciones y ampliar el acceso al arte en comunidades alejadas de los principales centros culturales. Más allá del cine, el trabajo de Leaño plantea una pregunta más amplia sobre el papel de la cultura en el desarrollo social. Baja California Sur es un Estado con crecimiento económico impulsado principalmente por el turismo. Sin embargo, ese crecimiento también ha generado desigualdades territoriales entre zonas turísticas y comunidades rurales.

En muchos casos, las poblaciones alejadas de los polos turísticos enfrentan limitaciones en infraestructura cultural y educativa. En ese contexto, proyectos como el Festival Internacional de Cine de La Toba buscan generar espacios de participación cultural fuera de los grandes centros urbanos. Especialistas en políticas culturales han señalado que iniciativas comunitarias como esta pueden fortalecer la identidad local, promover la educación artística y estimular economías creativas regionales. Para muchos habitantes de Ciudad Insurgentes, el festival representa algo más que un evento cultural. Es también un espacio de reencuentro comunitario. Durante las ediciones recientes del festival, vecinos han participado activamente en la organización del evento, desde la logística hasta la producción artística.

Ese proceso ha permitido que el proyecto se perciba como una iniciativa colectiva. El propio Leaño ha descrito el festival como un proyecto que “nació del pueblo y para el pueblo”, destacando la participación comunitaria como uno de sus pilares. Este enfoque contrasta con muchos festivales culturales tradicionales, que suelen ser organizados principalmente por instituciones gubernamentales o empresas privadas.

La importancia del trabajo cultural de Enoc Leaño ha sido reconocida por el Congreso del Estado y diversas autoridades culturales. En 2025, legisladores sudcalifornianos aprobaron otorgarle un reconocimiento oficial por su trayectoria artística y su compromiso con la promoción cultural en la entidad. Durante la ceremonia, autoridades destacaron que su carrera de más de tres décadas ha proyectado el talento sudcaliforniano a nivel nacional e internacional. También subrayaron su decisión de regresar a su comunidad para impulsar proyectos culturales que fortalecen la identidad regional.

A pesar del crecimiento del festival y del reconocimiento institucional, los proyectos culturales comunitarios enfrentan diversos desafíos. Entre ellos destacan el financiamiento limitado, la infraestructura cultural insuficiente y la dificultad para mantener continuidad en eventos independientes. Para que iniciativas como el Festival Internacional de Cine de La Toba se consoliden a largo plazo, será necesario fortalecer la colaboración entre artistas, instituciones culturales y gobiernos locales, así como ampliar el apoyo a proyectos culturales en comunidades rurales.

El proyecto cultural de Enoc Leaño continúa expandiéndose. El actor ha anunciado que la cuarta edición del Festival Internacional de Cine de La Toba se celebrará en octubre de 2026, con la participación de artistas nacionales e internacionales. La meta es ampliar el alcance del evento y consolidarlo como un espacio permanente para el cine independiente, la formación artística y el desarrollo cultural comunitario. La historia de Enoc Leaño muestra un fenómeno poco común en la industria cultural: el retorno de un artista a su comunidad para impulsar proyectos culturales. Después de décadas en escenarios y sets de filmación, el actor ha decidido convertir su lugar de origen en un punto de encuentro para el cine y las artes.

En un Estado donde el crecimiento económico suele concentrarse en el turismo, su iniciativa representa una apuesta por la cultura como herramienta de identidad, participación comunitaria y desarrollo social. El festival que comenzó como un proyecto local hoy forma parte de un movimiento cultural más amplio, demostrando que el cine, como las historias, también puede nacer y crecer en los lugares más inesperados.

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