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Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). El paisaje de Guerrero Negro, en el norte de Baja California Sur, parece detenido en el tiempo. Desde el aire, enormes espejos blancos reflejan el sol del desierto: son las salinas de la Exportadora de Sal, S.A. (ESSA), una de las mayores instalaciones de producción de sal marina del mundo. Durante décadas, este complejo industrial no solo transformó el entorno natural de la laguna Ojo de Liebre, sino también la vida de miles de familias que encontraron en la sal un motor económico. Hoy, sin embargo, ese paisaje es también el escenario de una crisis profunda. Lo que alguna vez fue un símbolo de éxito industrial y exportador enfrenta una combinación de problemas estructurales, decisiones políticas, conflictos laborales y desafíos ambientales que ponen en duda su viabilidad futura.

La historia de ESSA se remonta a mediados del siglo XX, en un contexto de expansión industrial y demanda global de materias primas. El 7 de abril de 1954, el empresario estadounidense Daniel K. Ludwig obtuvo una concesión del gobierno mexicano para explotar los salitrales de la laguna Ojo de Liebre. La elección del sitio no fue casual. La región ofrecía condiciones ideales: alta salinidad, clima árido y grandes extensiones de planicies costeras aptas para la evaporación solar. El proyecto incluyó la construcción de infraestructura portuaria, estanques de evaporación y sistemas logísticos que permitieron escalar la producción a niveles industriales. En pocos años, la salinera se convirtió en la más grande del mundo. Para la década de 1970, alcanzaba producciones cercanas a los cinco millones de toneladas anuales, consolidándose como un actor clave en el mercado internacional. El crecimiento de ESSA dio origen al propio poblado de Guerrero Negro, fundado en torno a la actividad salinera. La empresa no solo generó empleo, sino que estructuró la economía regional, convirtiéndose en el eje de la vida social y productiva.

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El éxito de ESSA no puede entenderse sin considerar el contexto global. Durante la segunda mitad del siglo XX, la sal era un insumo estratégico para industrias como la química, la alimentaria y la deshielación en países del norte. En 1973, el gobierno mexicano adquirió la mayoría de las acciones de la empresa, asociándose con la corporación japonesa Mitsubishi, que se encargó de la comercialización internacional. Esta alianza resultó clave. Japón se convirtió en uno de los principales destinos de exportación, junto con Estados Unidos, Corea y otros países de la cuenca del Pacífico. Durante décadas, ESSA mantuvo una producción estable cercana a los 7 u 8 millones de toneladas anuales, posicionándose como líder global en la industria de la sal marina. El modelo parecía exitoso: una empresa estatal con participación privada, integrada a los mercados internacionales y con una base productiva sólida. Sin embargo, bajo esta aparente estabilidad se acumulaban tensiones que con el tiempo se volverían evidentes.

Diversos reportes y registros documentan que, desde al menos la década de 2010, la empresa enfrentaba problemas de gestión y controversias administrativas. Casos de irregularidades en contratos, compras y manejo de recursos evidenciaron debilidades en su gobernanza. A ello se sumaba una dependencia estructural de mercados externos, particularmente del japonés. Esta dependencia hacía vulnerable a ESSA frente a fluctuaciones de precios y decisiones comerciales de sus socios. Además, el modelo productivo, basado en grandes extensiones de evaporación solar, implicaba retos ambientales. Desde finales del siglo XX, organizaciones ambientales señalaron impactos en los ecosistemas de la laguna, considerada santuario de ballenas grises y biodiversidad marina. Estos factores no provocaron una crisis inmediata, pero sentaron las bases de una fragilidad estructural que se haría evidente en el siglo XXI.

En febrero de 2024, el gobierno mexicano completó la nacionalización de ESSA al adquirir el 49% de las acciones que pertenecían a Mitsubishi. La operación, valuada en alrededor de 1,500 millones de pesos, fue presentada como una oportunidad para fortalecer la empresa y recuperar el control estratégico de un recurso clave. El discurso oficial apuntaba a un nuevo comienzo. Se esperaba que la nacionalización permitiera mejorar la gestión, aumentar la producción y garantizar beneficios para la economía regional. Sin embargo, los resultados no tardaron en generar preocupación.

A poco más de un año de la nacionalización, los indicadores muestran un deterioro significativo. La empresa acumula millones de toneladas de sal sin comercializar y enfrenta una caída drástica en sus exportaciones. Mientras que en años anteriores se exportaban hasta 8 millones de toneladas, en 2024 las ventas cayeron a 4.2 millones, el nivel más bajo registrado. La situación es aún más crítica en términos operativos. Reportes recientes señalan retrasos del 50% en la cosecha y más del 60% en las ventas, además de periodos de paralización inéditos en décadas. Este descenso tiene múltiples causas. Por un lado, la pérdida de mercados internacionales tras la salida del socio japonés ha dejado a la empresa sin una estrategia clara de comercialización. Por otro, la decisión de no reducir precios para competir ha provocado acumulación de inventarios, afectando la liquidez y la operación. A estos factores se suman conflictos laborales y tensiones con ejidatarios, quienes denuncian incumplimientos contractuales y falta de diálogo.

La crisis de ESSA no es solo un problema empresarial. En Guerrero Negro, la salinera es el principal empleador y motor económico. Se estima que miles de familias dependen directa o indirectamente de su operación. La reducción de la producción y la incertidumbre laboral han generado preocupación en la comunidad. La posibilidad de recortes, suspensión de actividades o incluso cierre parcial tendría consecuencias devastadoras para la región. Además, la caída en la actividad económica impacta a sectores vinculados, como el transporte, los servicios y el comercio local.

La crisis también tiene implicaciones ambientales. Expertos advierten que la inactividad de ciertos estanques puede alterar ecosistemas únicos, ricos en microorganismos y especies endémicas. La laguna Ojo de Liebre forma parte de la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno, reconocida por su biodiversidad y como sitio de reproducción de la ballena gris. El manejo inadecuado de residuos salinos o la interrupción de procesos controlados podría afectar el equilibrio ecológico, con consecuencias aún poco estudiadas.

El caso de ESSA plantea preguntas más amplias sobre el papel del Estado en la gestión de recursos estratégicos. Durante décadas, el modelo mixto con participación privada permitió mantener competitividad internacional. La nacionalización, aunque buscaba fortalecer la soberanía económica, ha evidenciado dificultades para sostener operaciones en un mercado global altamente competitivo. Analistas señalan que la falta de experiencia en comercialización internacional y la ausencia de alianzas estratégicas han limitado la capacidad de la empresa para adaptarse a las nuevas condiciones del mercado.

El futuro de ESSA dependerá de decisiones que deberán tomarse en el corto plazo. Entre los escenarios posibles se encuentran:

• La reactivación de mercados internacionales mediante nuevas alianzas comerciales.
• La modernización de procesos productivos y logísticos.
• La implementación de políticas ambientales sostenibles.
• La renegociación de relaciones laborales y sociales.

Sin embargo, el tiempo juega en contra. La acumulación de inventarios, la pérdida de confianza en los mercados y el deterioro financiero podrían agravar la situación si no se toman medidas oportunas.

La historia de la Exportadora de Sal de Guerrero Negro es, en muchos sentidos, la historia de México en el último siglo: un país que apostó por la industrialización, la apertura al mercado global y, más recientemente, la recuperación del control estatal sobre sus recursos. Durante décadas, ESSA fue un ejemplo de éxito. Transformó un desierto en un centro productivo de escala mundial y dio sustento a una comunidad entera. Hoy, sin embargo, enfrenta uno de los momentos más críticos de su historia. La combinación de factores económicos, políticos y ambientales ha puesto en evidencia las limitaciones de su modelo. El desafío no es menor. Se trata no solo de salvar una empresa, sino de redefinir el papel de un proyecto estratégico en un mundo cada vez más competitivo y complejo. En Guerrero Negro, el brillo blanco de la sal sigue reflejando el sol, pero detrás de esa imagen, se libra una batalla silenciosa por el futuro de una de las industrias más emblemáticas de México.

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AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). En una biblioteca silenciosa de Bolonia, lejos de la tierra que lo vio nacer, un sacerdote jesuita novohispano escribía con urgencia. Frente a él no solo estaban los libros de historia europea, sino también las ideas que, desde el Viejo Continente, negaban la grandeza de América. Su respuesta sería una obra monumental. Su nombre, Francisco Xavier Clavijero, quedaría inscrito como uno de los primeros intelectuales en defender la dignidad histórica y cultural de los pueblos indígenas de México. Hoy, más de dos siglos después de su muerte, acaecida el 2 de abril de 1787, su legado continúa siendo objeto de estudio en instituciones académicas y culturales. Comprender su vida y obra implica adentrarse en un periodo clave: el siglo XVIII, marcado por la Ilustración, las reformas borbónicas y la redefinición del conocimiento histórico en el mundo occidental.

Francisco Xavier Clavijero nació en 1731 en Veracruz, en el seno de una familia de origen español vinculada a la administración colonial. Desde temprana edad, su vida estuvo marcada por el desplazamiento geográfico: su familia se trasladó por distintas regiones de la Nueva España, muchas de ellas con fuerte presencia indígena. Este contacto temprano con comunidades originarias resultó decisivo. A diferencia de muchos intelectuales europeos que escribían sobre América sin haberla conocido, Clavijero vivió de cerca las culturas indígenas. Esa experiencia alimentó una sensibilidad que más tarde se convertiría en el eje de su obra historiográfica. Ingresó a la Compañía de Jesús y se formó en una tradición intelectual rigurosa, abierta a las corrientes modernas del pensamiento europeo. Influido por autores como Descartes y Leibniz, promovió una renovación de la filosofía escolástica y criticó los excesos retóricos del barroco. Pero su formación no fue únicamente académica. Como docente en colegios jesuitas de ciudades como Puebla, Valladolid (Morelia) y Guadalajara, Clavijero se consolidó como un educador destacado, comprometido con la transmisión del conocimiento y la reflexión crítica.

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El siglo XVIII fue un periodo de profundas transformaciones. La Ilustración impulsaba una nueva forma de entender el mundo basada en la razón, la ciencia y el cuestionamiento de las tradiciones. Al mismo tiempo, las monarquías europeas buscaban fortalecer su control sobre sus territorios coloniales. En este contexto, la Compañía de Jesús se convirtió en un actor incómodo para la Corona Española. Su influencia intelectual, su red educativa y su relativa autonomía despertaron sospechas. En 1767, el rey Carlos III decretó la expulsión de los jesuitas de todos los dominios españoles. La medida tuvo consecuencias profundas. Miles de religiosos fueron obligados a abandonar América. Entre ellos, Clavijero, quien tuvo que dejar abruptamente la Nueva España para emprender un largo y difícil viaje hacia Europa. El exilio no solo significó una ruptura personal, sino también el inicio de una nueva etapa intelectual.

Clavijero se estableció finalmente en Bolonia, donde vivió hasta su muerte en 1787. A pesar de las limitaciones que enfrentaban los jesuitas exiliados, encontró en Europa un espacio para la reflexión y la escritura. Fue en este contexto donde surgió su obra más influyente: Historia antigua de México. Escrita entre 1770 y 1780, esta obra representó un esfuerzo sistemático por reconstruir el pasado prehispánico desde una perspectiva informada y crítica. La motivación de Clavijero no fue meramente académica. En Europa, circulaban teorías que describían a los pueblos americanos como inferiores, tanto física como intelectualmente. Filósofos como Cornelius de Pauw sostenían estas ideas sin haber pisado el continente. Frente a estas afirmaciones, Clavijero emprendió una defensa apasionada. Su obra buscaba “restituir la verdad” sobre América, desmontando prejuicios y reivindicando la complejidad cultural de las civilizaciones indígenas.

Historia antigua de México no fue simplemente un relato cronológico. Se trató de una investigación exhaustiva que abordó aspectos políticos, religiosos, sociales y culturales de los pueblos del Valle de Anáhuac. Clavijero analizó la organización social, las creencias religiosas, las formas de gobierno y las prácticas culturales de los pueblos indígenas, especialmente los mexicas. Además, incorporó una serie de “Disertaciones” en las que refutaba directamente las teorías europeas que denigraban a América. Este enfoque marcó un cambio significativo en la historiografía. Por primera vez, un autor novohispano utilizaba fuentes diversas —crónicas, testimonios, documentos— para construir una narrativa que reconocía la dignidad y complejidad de las culturas originarias. Su obra también tuvo un componente científico. Clavijero mostró interés por la geografía, la botánica y la economía de la Nueva España, como lo demuestra su ensayo sobre los productos que podían comerciarse en el virreinato. Otra de sus contribuciones relevantes fue Historia de la Antigua o Baja California, donde recopiló y sistematizó la experiencia de los misioneros jesuitas en la región. Esta obra constituye una fuente fundamental para el estudio de la península en el periodo colonial.

Uno de los aspectos más destacados del legado de Clavijero es su papel como precursor del indigenismo. En un contexto donde predominaban visiones eurocéntricas, su defensa de los pueblos indígenas resultó innovadora. Clavijero no solo reivindicó el pasado prehispánico, sino que también reconoció a los indígenas contemporáneos como herederos legítimos de esa grandeza. Esta idea, aparentemente simple, tenía implicaciones profundas en una sociedad colonial basada en jerarquías raciales. Su trabajo inspiró a otros intelectuales novohispanos, quienes continuaron desarrollando estudios sobre la historia y cultura de México. De esta manera, contribuyó a la formación de una tradición historiográfica que más tarde influiría en la construcción de la identidad nacional.

La obra de Clavijero tuvo un impacto significativo tanto en Europa como en América. Durante décadas, fue considerada una referencia obligada para el estudio de la historia de México. En Europa, ayudó a modificar la percepción sobre América, ofreciendo una visión más compleja y documentada. En América, sentó las bases para una revaloración del pasado indígena que sería retomada en el siglo XIX, durante los procesos de independencia. Sin embargo, su obra también ha sido objeto de críticas. Algunos historiadores consideran que su visión idealizada de los pueblos indígenas puede carecer de rigor en ciertos aspectos. Aun así, su importancia como pionero en la historiografía mexicana es ampliamente reconocida.

Clavijero fue, ante todo, un hombre de su tiempo. Su formación jesuita, su adhesión a los valores de la Ilustración y su identidad criolla se entrelazaron en su obra. Como sacerdote, su labor estuvo vinculada a la educación y la evangelización. Como intelectual, buscó comprender y explicar la realidad americana. Como criollo, desarrolló un sentido de pertenencia que lo llevó a definirse a sí mismo como mexicano, en un periodo en el que esta identidad apenas comenzaba a gestarse. Esta triple dimensión explica la riqueza y complejidad de su pensamiento. Clavijero no fue solo un historiador, sino también un mediador cultural entre América y Europa.

El legado de Francisco Xavier Clavijero trasciende su obra escrita. Su nombre ha sido dado a bibliotecas, jardines botánicos, instituciones educativas y espacios culturales en México. En 1970, sus restos fueron repatriados a México y depositados en la Rotonda de las Personas Ilustres, un reconocimiento simbólico a su importancia histórica. Hoy, su figura es objeto de estudios académicos que buscan comprender su papel en la construcción del pensamiento histórico y cultural de México. Su obra sigue siendo consultada por historiadores, antropólogos y filósofos interesados en el pasado prehispánico y la historiografía colonial. Conclusión: un intelectual en diálogo con su tiempo, la vida y obra de Francisco Xavier Clavijero no pueden entenderse sin el contexto que las produjo: un mundo en transformación, donde las ideas, los imperios y las identidades estaban en disputa. Su respuesta a ese mundo fue la escritura. Desde el exilio, construyó una narrativa que reivindicó la historia de México y cuestionó los prejuicios de su época. En ese gesto, sentó las bases de una tradición intelectual que sigue vigente. Más que un simple historiador, Clavijero fue un puente entre culturas, un defensor de la dignidad indígena y un precursor del pensamiento moderno en América. Su legado, lejos de ser un capítulo cerrado, continúa invitando a reflexionar sobre la historia, la identidad y la manera en que narramos nuestro pasado.

Referencias

Clavijero, F. X. (1974). Historia antigua de México. México: Editorial Porrúa.

Clavijero, F. X. (1917). Historia antigua de México (Vol. 1). México: Departamento Editorial de la Dirección General de Bellas Artes.

Clavijero, F. X. (1852). Historia de la Antigua o Baja California. México: Imprenta de Juan R. Navarro.

Clavijero, F. X. (2022). Historia antigua de México y de su conquista. Legare Street Press.

Clavijero, F. X. (1789/2000). Historia de la Antigua o Baja California (edición moderna). México: Editorial Porrúa.

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Vientos de Pueblo

José Luis Cortés M.

 

San José del Cabo, Baja California Sur (BCS). En Baja California Sur, donde la conversación pública suele inclinarse hacia el turismo, la plusvalía y las postales del mar, hay otro paisaje que sostiene una parte menos fotografiada de la economía: los valles agrícolas del norte y del centro, donde el desierto produce tomate, espárrago, papa, garbanzo y alfalfa gracias a una agricultura que depende casi por completo del riego. Ahí, entre surcos, malla sombra y jornadas temporales, se mueve una fuerza de trabajo sin la cual el campo sudcaliforniano simplemente no camina.

Baja California Sur no es solo hoteles frente al mar. También es Valle de Santo Domingo, Valle del Vizcaíno, Los Planes y las zonas agrícolas de Todos Santos y San José del Cabo. Es, además, un territorio donde Comondú concentra casi toda la producción estatal de papa, espárrago, garbanzo, trigo, naranja y alfalfa, según documentos estratégicos del propio Estado. Esa geografía desmonta una ficción cómoda: la de creer que el campo sudcaliforniano es marginal. No lo es. Lo que ocurre es que su músculo humano suele quedar escondido detrás del brillo de otras economías más visibles, más rentables para la narrativa oficial y más atractivas para la vitrina pública.

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Los datos más duros ayudan a ponerle tamaño a esa sombra. El Censo Agropecuario 2022 registró en Baja California Sur 58,184 personas en la mano de obra agropecuaria, pero lo más elocuente es la forma en que se reparte esa carga: 43,763 correspondieron a mano de obra eventual, es decir, puestos de trabajo de jornal, frente a 14,421 de mano de obra permanente. No es un detalle técnico. Es la radiografía de una estructura que descansa, sobre todo, en trabajo temporal, frágil y reemplazable. Un campo que exporta valor, pero administra la vida de quienes lo levantan como si fuera un insumo más del ciclo agrícola.

Esa fragilidad no empieza en Baja California Sur, ni termina en sus límites. De acuerdo con estudios de CONEVAL, la población jornalera agrícola en México enfrenta tres marcas persistentes: trabajo intermitente, desgaste físico extremo y movilidad constante. Los mismos diagnósticos ubican a los valles del noroeste dentro de las rutas de especialización y destino de esa mano de obra; entre ellas aparece el Valle del Vizcaíno, enlazado con las temporadas agrícolas de otras entidades. El propio gobierno sudcaliforniano ha reconocido que el sector demanda trabajadores procedentes de distintos estados y que la movilidad laboral interna sigue siendo un mecanismo central para abastecer esa necesidad. Dicho de otro modo: una parte del campo sudcaliforniano se sostiene con personas que llegan, trabajan, cosechan y vuelven a partir, muchas veces sin que el Estado les garantice un arraigo mínimo de derechos.

Ahí está el corazón incómodo de esta historia. A escala nacional, CONEVAL estimó que en 2022, 88 de cada 100 personas jornaleras agrícolas carecían de acceso a la seguridad social y que 67.7% no tenía acceso efectivo a servicios de salud. No puedo confirmar con la misma precisión una cifra estatal reciente exclusiva para Baja California Sur, porque el propio CONEVAL advierte que para la entidad las estimaciones disponibles deben leerse con cautela por su menor precisión estadística. Pero precisamente esa falta de nitidez pública ya dice mucho: el Estado conoce la importancia estratégica de esta mano de obra mejor de lo que conoce, o transparenta, la dimensión exacta de sus carencias. Lo que sí está claro es el patrón: donde el trabajo es eventual y migrante, la protección suele llegar tarde, fragmentada o de plano no llegar.

Las autoridades no ignoran el problema. La Secretaría del Trabajo estatal ha sostenido que realiza inspecciones permanentes en campos agrícolas, que vincula a jornaleros solo con empresas avaladas y que bajo ninguna circunstancia debe permitirse el trabajo infantil. En paralelo, la SEP de Baja California Sur mantiene atención educativa para familias jornaleras migrantes y el propio plan estatal de educación reconoce planteles destinados a hijos de jornaleros agrícolas, algunos de habla indígena. Todo eso importa, pero también exhibe una verdad más áspera: cuando un Estado necesita programas especiales de movilidad, vigilancia e inclusión escolar para que una población no quede a la intemperie, lo que tiene enfrente no es una anomalía menor, sino una precariedad estructural. El problema no es solo que existan apoyos; el problema es que la vida de miles de personas siga dependiendo de apoyos parciales para acceder a lo que debería ser piso básico.

En Baja California Sur, la abundancia casi siempre se cuenta desde arriba: cuartos de hotel, inversión, ocupación, crecimiento, desarrollos. Pero abajo, en el otro mapa del Estado, la riqueza tiene las manos partidas. El campo sudcaliforniano depende casi totalmente del riego, opera con agricultura protegida, produce mercancías valiosas y sostiene cadenas comerciales enteras. Sin embargo, sobre esa modernización productiva sigue descansando una forma antigua de desigualdad: la de quienes hacen posible la cosecha sin ocupar un lugar equivalente en la conversación pública, la seguridad social, la vivienda digna o la protección integral de sus familias. Se modernizó la agricultura; no al mismo ritmo la justicia laboral que debería acompañarla.

La salida no pasa por romantizar al jornalero, ni por usarlo como telón moral del progreso ajeno. Pasa por algo más concreto y menos cómodo: registro fino, inspección verificable, afiliación real a salud y seguridad social, seguimiento interestatal de la movilidad, vivienda temporal digna, protección efectiva a niñas y niños, y datos públicos suficientemente robustos para que la invisibilidad deje de ser una coartada. Porque un Estado no se mide solo por lo que presume, sino por la dignidad que garantiza a quienes lo sostienen. Y si Baja California Sur quiere llamarse próspero sin sonrojarse, tendrá que empezar por mirar de frente a quienes alimentan su tierra sin haber probado todavía los frutos de la justicia.

Referencias:
INEGI, Censo Agropecuario 2022. Resultados definitivos. Baja California Sur.
CONEVAL, La población jornalera agrícola en México y su situación de pobreza y Estudio sobre la población jornalera agrícola en México.
Gobierno de Baja California Sur / SETUE, Información Estratégica 2025: Baja California Sur e Información Estratégica 2025: Comondú.
Secretaría del Trabajo y Desarrollo Social de Baja California Sur, boletines sobre movilidad laboral, inspección y atención a jornaleros agrícolas.
SEP Baja California Sur, materiales sobre atención educativa a población migrante e hijos de jornaleros agrícolas.

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Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). En grupos de WhatsApp, transmisiones en vivo en redes sociales y anuncios patrocinados que aparecen entre videos de entretenimiento, la promesa es siempre la misma: aprender a invertir, multiplicar el dinero y alcanzar la anhelada “libertad financiera”. Lo que inicia como un curso gratuito o una invitación a formar parte de una comunidad exclusiva, termina, para miles de personas en México, en pérdidas económicas difíciles de recuperar y en una red de engaños cada vez más sofisticada. En los últimos años, autoridades financieras y de seguridad han advertido sobre el crecimiento acelerado de plataformas y esquemas que, bajo el discurso de la educación financiera, operan en realidad como fraudes masivos. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha alertado recientemente sobre la proliferación de publicaciones que utilizan su imagen institucional para promover cursos falsos que prometen “altos rendimientos garantizados”, una característica clásica de las estafas financieras. Este fenómeno no es aislado ni reciente. Es la evolución de esquemas piramidales y fraudes tradicionales que han encontrado en el entorno digital un terreno fértil para expandirse.

A diferencia de las estafas tradicionales, los esquemas actuales no se presentan abiertamente como inversiones de alto riesgo. Se disfrazan de programas educativos, mentorías o comunidades de trading. En apariencia, no venden un producto financiero, sino conocimiento. Sin embargo, las autoridades han identificado patrones claros. Los defraudadores contactan a las víctimas a través de redes sociales o mensajería instantánea, prometen asesoría personalizada y muestran resultados ficticios para generar confianza. Una vez que la persona realiza una primera inversión, se le incentiva a depositar más dinero bajo el argumento de que sus ganancias están creciendo rápidamente. La Guardia Nacional, a través de su unidad CERT-MX, ha documentado cómo estas dinámicas se replican en esquemas conocidos como “tareas piramidales”, donde se pide a los usuarios realizar pequeñas inversiones iniciales con la promesa de recuperarlas rápidamente. El engaño se consolida cuando se exige un segundo depósito mayor, tras el cual los responsables desaparecen o inventan pretextos para retener el dinero. El elemento diferencial en estos nuevos fraudes es la narrativa: ya no se trata solo de invertir, sino de “aprender a invertir”. Esa promesa reduce la percepción de riesgo y amplía el universo de víctimas potenciales.

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Uno de los factores clave en la masificación de estos esquemas es el uso de redes de confianza. A diferencia de fraudes impersonales, estas plataformas suelen expandirse a través de recomendaciones entre amigos, familiares o conocidos. En muchos casos, las primeras personas que ingresan sí reciben ganancias iniciales —financiadas con el dinero de nuevos participantes— lo que refuerza la credibilidad del sistema y convierte a las propias víctimas en promotores involuntarios. Este modelo reproduce la lógica clásica de los esquemas piramidales, donde los beneficios de los primeros inversionistas dependen de la incorporación constante de nuevos participantes. La diferencia es que ahora el proceso está mediado por plataformas digitales, interfaces profesionales y estrategias de marketing sofisticadas. La Policía Cibernética de la Ciudad de México ha advertido que estas aplicaciones y sitios web imitan la imagen de empresas legítimas y utilizan testimonios falsos y gráficos manipulados para convencer a los usuarios . En muchos casos, incluso utilizan nombres de instituciones reconocidas o figuras públicas sin autorización.

El auge de estos fraudes no puede entenderse sin considerar el contexto económico y social de México. La digitalización de los servicios financieros ha crecido de forma acelerada en la última década, facilitando el acceso a herramientas de inversión, pero también abriendo nuevas vulnerabilidades. Al mismo tiempo, factores como la inflación, el bajo crecimiento económico y la precarización laboral han generado un terreno propicio para la búsqueda de ingresos alternativos. En ese escenario, la promesa de obtener ganancias rápidas con poca inversión resulta particularmente atractiva. Las plataformas fraudulentas capitalizan esta aspiración. Utilizan un lenguaje que mezcla conceptos de emprendimiento, libertad económica y superación personal, creando una narrativa aspiracional que conecta con amplios sectores de la población. A ello se suma el auge de fenómenos como las criptomonedas y el trading en línea, que han popularizado la idea de que es posible generar riqueza a través de inversiones digitales, aunque sin una comprensión generalizada de los riesgos asociados.

A pesar de las alertas constantes, el marco legal mexicano enfrenta limitaciones para prevenir estos esquemas y proteger a las víctimas. La Ley Fintech establece que las plataformas que ofrecen servicios financieros digitales deben estar autorizadas por la CNBV. Sin embargo, muchas de estas operaciones fraudulentas se realizan desde el extranjero o utilizan estructuras opacas que dificultan su regulación y persecución. Además, la velocidad con la que surgen nuevas plataformas supera la capacidad de respuesta institucional. Según registros de la CONDUSEF y otras autoridades, cada año se identifican decenas —o incluso cientos— de entidades fraudulentas, muchas de las cuales desaparecen rápidamente para reaparecer bajo otro nombre. En respuesta, la CNBV ha fortalecido en años recientes las disposiciones para prevenir fraudes dentro del sistema financiero formal, obligando a entidades como las Sofipos a implementar controles más estrictos y programas de auditoría . Sin embargo, estas medidas tienen un alcance limitado frente a plataformas que operan fuera del sistema regulado.

El impacto de estos fraudes va más allá de las pérdidas individuales. Para muchas víctimas, se trata de ahorros de toda una vida, recursos destinados a educación, vivienda o retiro. Además del daño económico, existe un componente psicológico significativo: sentimientos de culpa, vergüenza y desconfianza que dificultan la denuncia y el acceso a mecanismos de apoyo. Las autoridades han reconocido que ciertos grupos son particularmente vulnerables, como adultos mayores o personas con menor acceso a educación financiera. Sin embargo, el fenómeno atraviesa todos los niveles socioeconómicos, en parte debido a la sofisticación de las estrategias utilizadas. A nivel macro, la proliferación de estos esquemas también erosiona la confianza en el sistema financiero, lo que puede tener efectos negativos en la inclusión financiera y en el desarrollo económico.

México no es ajeno a los fraudes financieros de gran escala. Casos como el de Ficrea, intervenido por autoridades tras detectarse desvíos millonarios de recursos, evidenciaron las debilidades del sistema para detectar irregularidades a tiempo. Sin embargo, el fenómeno actual presenta diferencias importantes. Mientras que fraudes como Ficrea operaban dentro del sistema financiero formal, las nuevas plataformas fraudulentas se desarrollan en un entorno descentralizado, global y altamente dinámico. Esto dificulta no solo su regulación, sino también la recuperación de los recursos y la sanción de los responsables.

A pesar de la complejidad del fenómeno, las autoridades coinciden en ciertos indicadores clave para identificar posibles fraudes:

• Promesas de rendimientos altos o garantizados en poco tiempo.
• Uso indebido de nombres o logotipos de instituciones oficiales.
• Presión para invertir de inmediato.
• Solicitud de datos personales o depósitos a través de canales no oficiales.

La CNBV ha sido enfática: ninguna inversión legítima puede garantizar ganancias sin riesgo, y cualquier oferta que utilice su nombre para captar recursos debe considerarse sospechosa.

El crecimiento de estas plataformas refleja una convergencia de factores: avances tecnológicos, vacíos regulatorios, condiciones económicas adversas y una cultura emergente de inversión digital. Lejos de ser un fenómeno aislado, se trata de un problema estructural que requiere una respuesta integral. Esto incluye no solo el fortalecimiento de la regulación y la persecución penal, sino también estrategias de educación financiera que permitan a la población identificar riesgos y tomar decisiones informadas. Mientras tanto, los grupos de WhatsApp siguen creciendo, los anuncios continúan apareciendo en redes sociales y nuevas plataformas surgen cada día con promesas renovadas. Para miles de personas, la búsqueda de libertad financiera se ha convertido, paradójicamente, en una puerta de entrada al fraude. Y en ese contraste se encuentra uno de los mayores desafíos del sistema financiero contemporáneo en México: cómo democratizar el acceso a las oportunidades económicas sin abrir la puerta a la explotación masiva.

Referencias

Asset Shield Legal. (s.f.). Plataformas de inversión falsas en México. Recuperado de: https://assetshieldlegal.eu/plataformas-de-inversion-falsas-en-mexico/

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). (2025). Alerta por intentos de fraude mediante cursos falsos de inversión. Citado en: El Porvenir. Recuperado de: https://elporvenir.mx/economico/cnbv-alerta-por-intentos-de-fraude/955539

Expansión. (2025). CNBV cambia reglas para Sofipos para prevenir fraudes. Recuperado de: https://expansion.mx/economia/2025/12/26/cnbv-cambia-reglas-sofipos-prevenir-fraudes

Financera. (s.f.). Empresas fraudulentas en México. Recuperado de: https://financera.mx/prestamos/empresas-fraudulentas-en-mexico/

Gobierno de México – Guardia Nacional (CERT-MX). (s.f.). Fraudes a través de inversiones piramidales en línea. Recuperado de: https://www.gob.mx/gncertmx/articulos/fraudes-a-traves-de-inversiones-piramidales-en-linea

SinEmbargo. (2024). La Policía Cibernética alerta sobre apps y plataformas fraudulentas de inversión. Recuperado de: https://www.sinembargo.mx/4673574/la-policia-cibernetica-alerta-sobre-apps-y-plataformas-fraudulentas-de-inversion/

Wikipedia. (s.f.). Fraude de Ficrea. Recuperado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Fraude_de_Ficrea

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Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció legitimidad a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para congelar cuentas bancarias en asuntos de origen nacional, sin orden judicial, sin intervención del Ministerio Público y sin petición de un organismo internacional, con base en indicios suficientes de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo (AI 58/2022), al declarar constitucional el Artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, permitiendo que la SHCP incluya personas en la Lista de Personas Bloqueadas, facultando a la UIF a congelar cuentas bancarias como medida administrativa cautelar y preventiva.

La resolución sostiene que:

• No se trata de una sanción penal.
• No sustituye la investigación del Ministerio Público.
• Persigue proteger el sistema financiero y cumplir compromisos internacionales.

Consideramos que el resolutivo de la SCJN viola los principios de legalidad, certeza jurídica y convencionalidad.

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Principios de legalidad y certeza jurídica

Los Artículos 14 y 16 constitucionales, así como elArtículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), exigen que toda afectación de derechos esté claramente regulada, fundada y motivada. El problema central radica en el estándar de indicios suficientes, que resulta inherentemente indeterminado y queda exclusivamente a la valoración discrecional de la UIF, sin parámetros objetivos claros en la ley. Esta vaguedad compromete la certeza jurídica, pues el ciudadano no puede prever cuándo su patrimonio será inmovilizado, ni existen criterios normativos verificables ex ante. Esta indefinición es un cunero de decisiones arbitrarias y, per se, injustas.

Presunción de inocencia (Art. 20 CPEUM y 2 CADH)

La SCJN afirma que el bloqueo no es una sanción penal. Sin embargo, desde la óptica interamericana, la naturaleza material del acto es la que determina la aplicación de garantías, no su denominación formal.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que cuando una medida estatal tiene efectos punitivos, restrictivos o aflictivos, deben aplicarse las garantías del debido proceso, incluso en procedimientos administrativos.

El congelamiento absoluto de cuentas:

• Paraliza la vida económica de una persona.
• Afecta actividades empresariales, laborales y familiares.
• Genera un efecto estigmatizante equiparable a una sanción anticipada.

En los hechos, se invierte la carga de la prueba: el afectado debe demostrar su licitud después de haber sido castigado patrimonialmente, lo cual es incompatible con la presunción de inocencia.

Derecho a la propiedad privada (Art. 21 CADH)

El bloqueo de cuentas constituye una privación temporal, pero total, del uso y goce de bienes, lo que la Corte IDH considera una injerencia grave en el derecho de propiedad.

Para ser válida, dicha injerencia debe cumplir con:

1.-Legalidad estricta.

2.- Finalidad legítima.

3.- Necesidad y proporcionalidad.

Déficit de proporcionalidad

• La medida se aplica sin control judicial previo.
• Puede extenderse por tiempo indefinido.
• No se exige una afectación mínima o diferenciada (se bloquea todo).

Esto convierte la medida en una restricción excesiva, especialmente, cuando no existe investigación penal abierta ni control jurisdiccional inmediato.

Secreto bancario y vida privada (Art. 11 CADH)

El acceso, análisis y bloqueo de información financiera sin orden judicial afecta el derecho a la vida privada y al secreto bancario, reconocido como una extensión de la privacidad financiera. La SCJN valida que esto sea realizado por una autoridad administrativa, cuando los estándares interamericanos exigen control judicial reforzado para este tipo de injerencias intensas.

Compatibilidad con criterios de la Corte Interamericana

La Corte IDH ha establecido que en procedimientos administrativos sancionadores o cuasi-punitivos deben observarse control judicial efectivo, garantías previas, no meramente posteriores, y proporcionalidad estricta.

El modelo validado por la SCJN se apoya principalmente en una defensa ex post, lo cual no satisface el estándar interamericano, especialmente frente a impactos patrimoniales tan severos.

Compromisos internacionales versus control de convencionalidad

Es cierto que México tiene compromisos con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU en materia de terrorismo; no obstante, GAFI no autoriza suspender derechos humanos, ni en aras del supuesto cumplimiento internacional se exime al Estado mexicano del control de convencionalidad interno.

La propia jurisprudencia previa de la SCJN (Criterio 2018–2019) exigía orden judicial o solicitud internacional expresa.

Riesgos estructurales del modelo validado

• “Administrativización” del castigo penal.
• Desplazamiento del Ministerio Público.
• Normalización de sanciones patrimoniales sin juez.
• Erosión progresiva del estándar de debido proceso.

Corolario

Desde un enfoque de derechos humanos y derecho penal garantista, la resolución de la SCJN:

◆ Es constitucional en sentido formal interno.

◆ Es convencionalmente cuestionable frente a la CADH.

◆ Debilita la presunción de inocencia, la certeza jurídica y la propiedad privada.

◆ Amplía peligrosamente el poder punitivo-administrativo del Estado.

La medida exige correcciones legislativas y jurisprudenciales, urgentes e indispensables, específicamente en:

Փ Definición estricta de “indicios suficientes”.

Փ Control judicial inmediato.

Փ Plazos máximos y revisión periódica.

Փ Reparación efectiva por bloqueos indebidos.

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