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Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). A primera vista, Cabo San Lucas parece una ciudad privilegiada. Sus playas, hoteles de lujo, desarrollos inmobiliarios y una de las industrias turísticas más dinámicas de México proyectan una imagen de prosperidad permanente. Sin embargo, detrás de esa postal existe una realidad cotidiana que afecta a miles de habitantes: la dificultad para acceder de manera regular al agua potable. Mientras millones de visitantes llegan cada año para disfrutar de uno de los destinos más importantes del país, numerosas colonias de la ciudad continúan dependiendo de sistemas de tandeo, almacenamiento en tinacos y suministro mediante camiones cisterna. La paradoja resulta evidente: una región rodeada por el mar enfrenta una de las crisis hídricas más complejas del noroeste mexicano.

La problemática no es nueva. Durante décadas, el crecimiento acelerado de Los Cabos superó la capacidad de la infraestructura hidráulica existente. La expansión urbana, el desarrollo turístico, el aumento de la población flotante y los efectos de la sequía prolongada han generado una presión constante sobre las fuentes de abastecimiento disponibles. De acuerdo con información del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos (OOMSAPAS), gran parte del suministro de Cabo San Lucas depende de pozos subterráneos, acueductos y de la planta desaladora actualmente en operación. Sin embargo, la demanda continúa creciendo a un ritmo superior al de la capacidad instalada.

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La magnitud del problema quedó reflejada en diversos informes oficiales y periodísticos difundidos durante 2025 y 2026. Datos citados por autoridades municipales indican que Cabo San Lucas requería alrededor de mil litros por segundo para cubrir adecuadamente la demanda urbana y turística, mientras que la producción disponible rondaba los 480 litros por segundo, generando un déficit estructural que repercute directamente en la población. Las consecuencias son visibles en numerosas colonias donde el agua llega por horarios determinados o con intervalos de varios días. El sistema de tandeo se ha convertido en una herramienta permanente para distribuir un recurso insuficiente entre una población cada vez mayor. Incluso en 2026, el propio organismo operador mantiene programas de distribución calendarizada para distintas zonas del municipio y continúa realizando ajustes para equilibrar la disponibilidad del recurso.

La escasez no puede explicarse únicamente por el crecimiento poblacional. Especialistas en gestión hídrica han señalado que la península de Baja California posee condiciones naturales particularmente adversas. La región recibe escasas precipitaciones anuales, cuenta con acuíferos limitados y enfrenta un proceso constante de sobreexplotación de fuentes subterráneas. A ello se suma el impacto del cambio climático, que ha provocado periodos más prolongados de sequía y una mayor incertidumbre en la recarga natural de los mantos acuíferos. El crecimiento demográfico constituye otro factor decisivo. Durante los últimos veinte años, Los Cabos ha registrado una de las tasas de crecimiento poblacional más altas del país. Miles de personas llegan cada año atraídas por las oportunidades laborales generadas por el turismo, la construcción y los servicios. Este fenómeno ha impulsado el surgimiento de nuevas colonias y asentamientos que demandan infraestructura hidráulica, drenaje y servicios públicos a una velocidad que las autoridades difícilmente pueden igualar. La actividad turística también ejerce una presión significativa sobre el sistema. Los hoteles, restaurantes, campos de golf y desarrollos residenciales requieren grandes volúmenes de agua para operar. Aunque muchos complejos han incorporado tecnologías de ahorro y reutilización, la demanda global continúa creciendo. El reto consiste en garantizar el desarrollo económico sin comprometer el acceso al agua para la población residente.

Otro problema importante se encuentra en la infraestructura existente. Las fugas en redes de distribución, acueductos y líneas de conducción representan pérdidas considerables. En diversas ocasiones, OOMSAPAS ha informado sobre reparaciones emergentes en acueductos estratégicos cuya operación resulta fundamental para el abastecimiento de la ciudad. Cada interrupción o avería genera afectaciones inmediatas para miles de usuarios. Frente a este panorama, las autoridades municipales y estatales han impulsado diversas estrategias para enfrentar la emergencia. Una de las más relevantes es la construcción de la segunda planta desaladora de Cabo San Lucas, considerada la obra hídrica más importante de la región en las últimas décadas.

Según información oficial de OOMSAPAS y del Ayuntamiento de Los Cabos, esta nueva infraestructura tendrá capacidad para aportar aproximadamente 250 litros por segundo adicionales a la red de distribución. La obra registra avances importantes en su construcción y es presentada como una pieza fundamental para reducir el déficit que actualmente enfrenta la ciudad. No obstante, la desaladora también refleja los desafíos que acompañan a las soluciones de gran escala. Aunque inicialmente se esperaba que comenzara operaciones durante 2026, reportes recientes indican que su entrada en funcionamiento podría concretarse hasta principios de 2027. Esto significa que la población deberá continuar enfrentando restricciones y esquemas de distribución controlada durante los próximos meses.

Mientras la nueva planta concluye su construcción, las autoridades han implementado medidas de corto plazo. Entre ellas destaca la rehabilitación de la desaladora existente, la incorporación de nuevas unidades de distribución mediante pipas y la atención prioritaria a colonias consideradas críticas. El gobierno municipal informó recientemente sobre la adquisición de veinte camiones cisterna para reforzar el suministro gratuito en sectores con mayores problemas de abastecimiento. Asimismo, se han destinado recursos para fortalecer la infraestructura hidráulica mediante proyectos financiados con fondos federales y municipales. OOMSAPAS ha anunciado inversiones superiores a los 260 millones de pesos orientadas a ampliar redes, mejorar sistemas de distribución y modernizar instalaciones estratégicas del municipio.

Otra medida que comienza a ganar relevancia es la sectorización de la red hidráulica. Esta estrategia consiste en dividir el sistema de distribución en áreas específicas para monitorear consumos, detectar fugas y administrar de manera más eficiente los caudales disponibles. Las autoridades consideran que esta herramienta permitirá mejorar la equidad en la distribución y reducir pérdidas que actualmente afectan el rendimiento del sistema. Sin embargo, los expertos coinciden en que ninguna obra resolverá por sí sola la crisis hídrica de Los Cabos. La desalación representa una alternativa indispensable para una región con limitadas fuentes naturales de agua dulce, pero también implica altos costos energéticos y financieros. Su éxito dependerá de una planeación integral que contemple crecimiento urbano ordenado, eficiencia operativa y protección de los recursos disponibles.

En ese contexto, el uso responsable del agua adquiere una importancia estratégica. Programas de cultura hídrica promovidos por instituciones gubernamentales buscan sensibilizar a la población sobre el ahorro, la detección de fugas domésticas y la reutilización de agua tratada para actividades que no requieren calidad potable. Aunque estas acciones pueden parecer menores frente a una crisis de gran magnitud, representan una herramienta fundamental para reducir la presión sobre el sistema. La realidad de Cabo San Lucas demuestra que el acceso al agua se ha convertido en uno de los principales desafíos para el futuro del municipio. El problema trasciende la infraestructura y se relaciona con la forma en que una ciudad crece, administra sus recursos y planifica su desarrollo. El turismo continuará siendo el motor económico de la región, pero su sostenibilidad dependerá cada vez más de la capacidad para garantizar servicios básicos a la población.

Por ahora, la ciudad vive una etapa de transición. Las obras avanzan, las autoridades implementan medidas emergentes y miles de familias esperan que la llegada de nuevas fuentes de abastecimiento reduzca los periodos de escasez. Sin embargo, la experiencia de los últimos años deja una lección clara: en una región desértica como Los Cabos, el agua ya no puede considerarse un recurso abundante. Es, probablemente, el factor que definirá el desarrollo económico, social y urbano de Cabo San Lucas durante las próximas décadas.

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AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

Elegir qué estudiar nunca resulta sencillo, y la carrera de mercadotecnia es una de las opciones para quienes dudan entre lo creativo y lo analítico. La razón es bastante simple: reúne ambos mundos en una misma profesión, las ideas que conectan con la gente y los datos que respaldan cada decisión comercial.

Antes de inscribirse, conviene revisar con calma qué materias se cursan, en qué modalidades se imparte y hacia qué empleos puede llevar el título. Tener ese panorama completo desde el inicio evita sorpresas más adelante y permite comparar instituciones con criterio, en lugar de decidir solo por intuición, precio o cercanía geográfica.

¿Qué estudia la mercadotecnia más allá de la publicidad?

Quien se hace esta pregunta suele buscar el fondo del asunto, no solo la parte visible de los anuncios. La disciplina analiza cómo detectar lo que un público necesita, cómo comunicárselo con claridad y cómo lograr que un producto o servicio llegue a quien realmente lo busca. En esa cadena se cruzan psicología, comunicación, estadística y gestión.

Además, conviene tener clara esa doble naturaleza desde el principio. Por un lado están las tareas creativas, como idear mensajes, conceptos y campañas memorables. Por el otro, el trabajo analítico, que mide resultados con cifras concretas y ajusta el rumbo. Esa combinación de sensibilidad hacia las personas y lectura de datos es la que da identidad al área.

Qué incluye el plan de estudios de la carrera de mercadotecnia

El plan de estudios de una carrera de mercadotecnia suele avanzar por etapas bien marcadas. Primero llegan las bases administrativas, contables y estadísticas, que aportan el lenguaje común de los negocios. Después aparecen las materias propias del área, las que de verdad le dan identidad a la formación y la separan de otras opciones.

Por otro lado, vale la pena saber qué temas concretos se ven en esa etapa más avanzada. Son los que distinguen a un mercadólogo de un administrador general y los que más definen el perfil del egresado. Estos son algunos de los más representativos:

• Comportamiento del consumidor: examina cómo y por qué las personas deciden al momento de comprar, y qué factores influyen en esa elección.
• Mercadotecnia digital: abarca campañas en buscadores, redes sociales y comercio electrónico, junto con la medición de su desempeño.
• Investigación de mercados: combina análisis cualitativo y cuantitativo para tomar decisiones apoyadas en datos y no en suposiciones.
• Gestión de marca: trabaja la identidad, el posicionamiento y la percepción de un producto a lo largo del tiempo.
• Neuromercadotecnia: aplica hallazgos sobre la atención y la emoción al diseño de mensajes y estrategias.

¿Cuánto dura la carrera y en qué modalidades se cursa?

Una de las primeras dudas al evaluar esta opción es cuánto dura la carrera y en qué formato conviene cursarla. La licenciatura en mercadotecnia suele tomar de tres a cuatro años según el plan. La modalidad presencial conserva el contacto en aula, mientras que las alternativas ejecutiva y en línea se diseñaron para quienes ya trabajan.

Dicho esto, la mejor opción depende del ritmo de vida de cada uno. Quien valora las redes de contacto y la práctica presencial encuentra más sentido en el aula. Quien necesita repartir su tiempo entre el trabajo y el estudio suele inclinarse por esquemas virtuales, con plataformas disponibles a cualquier hora del día y desde cualquier punto del país.

¿En qué puede trabajar un licenciado en mercadotecnia?

El campo laboral de una carrera de marketing abarca empresas privadas, organismos públicos, agencias de publicidad y proyectos independientes. El egresado puede desempeñarse en investigación de mercados, gestión de marca, comercio electrónico, planeación de campañas o estrategia comercial, según el rumbo profesional que decida tomar conforme suma experiencia.

En ese sentido, el emprendimiento es una ruta posible para este perfil. Quien sabe posicionar un producto y leer datos de consumo cuenta con herramientas para ordenar, profesionalizar y hacer crecer un negocio propio, sin depender únicamente de la intuición o del clásico ensayo y error.

Una decisión que conviene tomar con información

En síntesis, la carrera de mercadotecnia combina creatividad, análisis y estrategia, con un plan que avanza desde las bases del negocio hasta la especialización digital. Conocer qué se estudia, en qué modalidades se cursa y hacia dónde puede llevar permite tomar una decisión informada y no apostar a ciegas por una profesión que durará años.

Para quienes buscan un programa con validez oficial, universidades como UNITEC ofrecen esta formación en modalidades presencial, ejecutiva y en línea, con planes orientados a la práctica profesional. Antes de decidir, conviene contrastar planes de estudio, modalidades, costos y respaldo institucional entre varias opciones del mercado.

Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). En el ámbito jurídico mexicano, los usos y costumbres se entienden como el conjunto de normas, prácticas y formas de organización social que los pueblos y comunidades indígenas precolombinas han desarrollado históricamente y que regulan aspectos esenciales de su vida interna, como:

• La elección de autoridades
• La resolución de conflictos
• El acceso y uso de la tierra
• Las relaciones familiares y comunitarias

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A partir de la reforma constitucional, tales sistemas normativos fueron reconocidos expresamente en el Artículo 2º de la Constitución, como manifestación del derecho a la autodeterminación y autonomía indígena.

La Suprema Corte ha desarrollado una línea interpretativa sólida en torno a los sistemas normativos indígenas. Entre sus criterios más relevantes destacan:

• Los usos y costumbres tienen validez jurídica, no son meras prácticas culturales, forman parte del pluralismo jurídico mexicano, coexistiendo con el sistema legal estatal, deben ser respetados por las autoridades, siempre que no vulneren derechos humanos, especialmente los de mujeres, niñas y grupos en situación de vulnerabilidad.
• Los jueces están obligados a aplicar una perspectiva intercultural, lo que implica comprender el contexto cultural al resolver conflictos.
• El reconocimiento de estos sistemas no es concesión del Estado, sino un derecho preexistente de los pueblos indígenas.

A nivel internacional, la Corte Interamericana ha fortalecido este reconocimiento dentro del marco de derechos humanos. Sus principales aportaciones incluyen:

◆ El derecho de los pueblos indígenas a conservar sus propias instituciones jurídicas y políticas.

◆ La protección de la identidad cultural como elemento esencial de la dignidad humana.

◆ El reconocimiento del derecho al territorio y a sus formas tradicionales de posesión y uso (casos como Awas Tingni vs. Nicaragua o Yakye Axa vs. Paraguay).

◆ La obligación de los Estados de garantizar la consulta previa, libre e informada.

En este contexto, los usos y costumbres no son vistos como excepciones, sino como expresiones legítimas de derechos colectivos.

México es una nación pluricultural sustentada en sus pueblos indígenas, que necesita superar una visión integracionista y avanzar hacia un modelo de reconocimiento y respeto a la diversidad que pueda garantizar autonomía, sin romper la unidad del Estado.

Lo anterior plantea la necesidad de armonizar el respeto a los sistemas normativos indígenas con el marco de derechos humanos, pues la crítica recurrente es que el reconocimiento plasmado en el marco constitucional es limitado y condicionado, dejando amplio margen a las legislaciones estatales.

A diferencia de otras entidades, Baja California Sur no cuenta con una ley estatal específica de reconocimiento y protección de los derechos de los pueblos indígenas, por razones históricas y demográficas:

No existen pueblos indígenas originarios con asentamientos históricos consolidados en el territorio estatal en términos comparables a otras regiones del país.

La población indígena en BCS es mayoritariamente migrante, proveniente preponderantemente de estados como Oaxaca, Guerrero y Chiapas.

Esto ha llevado a una percepción institucional de que no se requiere una legislación específica, lo cual es jurídicamente cuestionable.

Las comunidades indígenas migrantes en BCS pueden invocar usos y costumbres, pero deben acreditar plenamente su identidad cultural. No es válido escudarse en un indigenismo de oportunidad, para tratar de crear un estadio ficticio de supra normatividad.

En el supuesto de existir una comunidad radicada en la media península que invoque y acredite identidad plena, basada en usos y costumbres propios de etnias precolombinas, deberán cubrirse algunos matices importantes.

Fundamentación

◆ Derechos humanos universales

Los derechos de los pueblos indígenas no dependen del territorio originario, sino de su identidad cultural y colectiva.

◆ Constitución y estándares internacionales

El Artículo 2º constitucional y la jurisprudencia interamericana reconocen derechos a los pueblos indígenas sin limitar su ejercicio a su lugar de origen.

◆ Autodeterminación en contextos migrantes

Las comunidades indígenas pueden organizarse, preservar sus normas internas y prácticas culturales incluso fuera de su territorio ancestral.

Límites

Փ No pueden ejercer funciones que impliquen sustituir al Estado (por ejemplo, crear sistemas paralelos de justicia con efectos generales fuera de su ámbito comunitario).

Փ Sus usos y costumbres deben respetar derechos humanos y orden público.

Փ La falta de reconocimiento legal estatal puede dificultar su ejercicio efectivo.

Corolario

El reconocimiento de los usos y costumbres no es una concesión cultural, sino un imperativo constitucional y de derechos humanos. Incluso en entidades como Baja California Sur, donde las comunidades indígenas son mayoritariamente migrantes, el Estado tiene la obligación de garantizar su derecho a la identidad, autonomía y organización.

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Vientos de Pueblo

José Luis Cortés M.

 

San José del Cabo, Baja California Sur (BCS). En el extremo donde el desierto baja hasta tocar el Golfo de California, Cabo Pulmo no parece una frontera de guerra. Parece apenas una franja de sol, polvo y mar transparente. Pero allí, a un kilómetro y medio del Parque Nacional, una autorización ambiental anulada en marzo de 2026 dejó al descubierto algo más profundo que el destino de un proyecto turístico: la forma en que Baja California Sur decide qué vidas merecen agua, qué paisajes pueden venderse y qué futuro se acepta sacrificar bajo el nombre limpio del desarrollo.

El proyecto se llamaba Baja Bay Club y, de acuerdo con documentos revisados por organizaciones, pretendía ocupar unas 600 hectáreas dentro del área de influencia de Cabo Pulmo. No era una palapa ni un pequeño hotel frente al mar: contemplaba 422 villas residenciales, 275 habitaciones de hotel, club de playa, infraestructura para embarcaciones y un campo de golf sobre dunas. En una región árida, donde el agua no sobra, la imagen resulta brutal: pasto verde trazado sobre la sed.

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La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales había permitido el avance del proyecto en 2024 desde su representación estatal. Después vinieron recursos de revisión promovidos por organizaciones. La resolución posterior anuló aquella autorización y ordenó emitir una negativa formal. La autoridad identificó omisiones técnicas graves: el promovente habría negado cuerpos de agua en el predio pese a la existencia de al menos tres arroyos temporales que desembocan en el mar; también se acreditó la fragmentación de una obra mayor en piezas separadas, Baja Bay Club y Hotel Bahía el Rincón, con el efecto de evitar una evaluación regional de impactos acumulativos. El expediente describe una vieja técnica del poder inmobiliario: partir el elefante para que parezca hormiga.

Cabo Pulmo no es una postal más del catálogo turístico mexicano. Fue decretado área natural protegida el 6 de junio de 1995 y protege más de 7,100 hectáreas, casi todas marinas. Allí se conserva el arrecife coralino más importante del Golfo de California y uno de los ejemplos más citados de recuperación por la prohibición de extracción. Estudios científicos han documentado que la biomasa de peces se multiplicó después de la protección. Lo que para el mercado puede ser un frente de playa, para la ciencia y para la comunidad ha sido una prueba rara: cuando se deja respirar al mar, el mar regresa.

No se trata solo de un permiso cancelado. Se trata de una pregunta moral: cuánto vale un arrecife vivo frente a un proyecto inmobiliario. En el papel, la respuesta parece sencilla. En el territorio, donde cada hectárea tiene dueño posible y cada promesa de empleo puede funcionar como chantaje, la respuesta se vuelve incómoda.

El conflicto se manifiesta en la playa, pero empieza tierra adentro, en las tuberías, los caminos, las colonias que crecen más rápido que los servicios y los acuíferos que no leen folletos de inversión. En Los Cabos, el boom turístico convive con una crisis hídrica persistente. Información pública del organismo operador de agua ha señalado que Cabo San Lucas requería al menos 1,000 litros por segundo para regularizar el abasto y producía alrededor de 480. El mismo organismo ha anunciado tinacos, pipas y ampliaciones de desalación para colonias con suministro limitado. La desigualdad, en BCS, a veces se mide en litros: unos llenan albercas; otros esperan el tandeo.

Ese es el paisaje moral que rodea Cabo Pulmo. No basta decir conservación contra progreso. La comunidad no vive de contemplar el mar como si fuera un museo. El turismo de bajo impacto, el buceo, la investigación y la economía local son parte de una salida posible. Lo que está en disputa es otra cosa: el modelo de enclave, el desarrollo que promete prosperidad mientras privatiza el horizonte, exige agua pública y traslada costos ambientales a quienes no aparecen en las maquetas.

La anulación del permiso de Baja Bay Club es un freno, no una absolución. El promovente todavía puede buscar medios de defensa y la historia de Cabo Pulmo enseña que los megaproyectos rara vez mueren del todo: cambian de nombre, de escala, de abogado o de ventanilla. Si una autoridad aprobó en 2024 lo que después otra revisión consideró inviable, la pregunta no puede quedarse en el expediente. ¿Quién revisó? ¿Quién omitió? ¿Quién decidió qué arroyos, dunas, tortugas y corredores biológicos podían tratarse como notas al pie?

Las salidas existen, pero exigen voluntad: evaluación regional obligatoria para proyectos conectados, ordenamiento territorial real en Cabo del Este, consulta pública temprana y no decorativa, límites hídricos antes que permisos de lujo, vigilancia ambiental con dientes y una política turística que mida éxito no solo por habitaciones, sino por agua disponible, vivienda digna y ecosistemas en pie.

Cabo Pulmo no pide ser intocable. Pide algo más radical en un país acostumbrado a vender la costa por partes: que el desarrollo demuestre primero que no destruye aquello que dice venir a admirar. En ese arrecife hay una lección sencilla y severa. Lo vivo no siempre gana en los escritorios, pero cuando se pierde, no hay fideicomiso capaz de comprarlo de regreso.

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Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). La contienda por la gubernatura de Baja California Sur aún no inicia formalmente. El calendario electoral marca que faltan meses para el arranque oficial del proceso rumbo a 2027. Sin embargo, en las calles, en redes sociales, en eventos públicos y en el debate político cotidiano, la sucesión ya comenzó. Lo que para algunos actores representa un legítimo ejercicio de posicionamiento político, para otros constituye una serie de actos anticipados de campaña que amenazan con alterar las condiciones de equidad democrática antes, incluso, de que la ciudadanía sea convocada a las urnas.

Durante los primeros meses de 2026, la discusión sobre los actos anticipados de campaña se convirtió en uno de los temas centrales de la vida política sudcaliforniana. Diversos partidos, organizaciones y actores públicos comenzaron a señalar que algunos perfiles con aspiraciones a la gubernatura estaban aprovechando cargos públicos, programas institucionales, eventos masivos o estrategias de comunicación para fortalecer su imagen de manera anticipada.

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El fenómeno no es exclusivo de Baja California Sur. En prácticamente todas las entidades donde habrá renovación de gubernatura en 2027 se observan movimientos similares. Sin embargo, en una entidad relativamente pequeña, donde los liderazgos son ampliamente conocidos y la cercanía entre ciudadanía y gobernantes es mayor, estos procesos adquieren una visibilidad particular.

El debate gira alrededor de una pregunta aparentemente sencilla: ¿cuándo comienza realmente una campaña política? La legislación electoral mexicana establece límites claros respecto a la promoción personalizada y a los actos anticipados de precampaña o campaña. La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Baja California Sur prohíbe expresamente la realización de actos anticipados de campaña por parte de personas aspirantes a cargos de elección popular. Asimismo, corresponde al Instituto Estatal Electoral y a los tribunales electorales determinar cuándo una conducta rebasa los límites permitidos por la ley. Sin embargo, en la práctica, la frontera entre una actividad institucional legítima y una estrategia de posicionamiento electoral suele ser compleja. Un informe de gobierno, una gira de trabajo, una entrevista, una publicación en redes sociales o una reunión con simpatizantes pueden interpretarse de maneras distintas dependiendo del contexto y de los elementos que acompañen la acción.

En Baja California Sur, las denuncias más visibles durante 2026 han estado relacionadas con figuras de alto perfil dentro del escenario político estatal. El Partido Acción Nacional presentó denuncias formales ante el Instituto Estatal Electoral por presuntos actos anticipados de campaña en contra de la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, y del alcalde de Los Cabos, Cristian Agúndez Gómez. Los promoventes sostienen que ciertas actividades públicas, mensajes y estrategias de posicionamiento podrían constituir promoción anticipada rumbo a la sucesión gubernamental. Las acusaciones se producen en un contexto donde ambos personajes aparecen de manera recurrente en análisis políticos, encuestas y especulaciones relacionadas con la elección de 2027. Ninguno de ellos ha sido declarado candidato oficial, pero ambos forman parte de la conversación pública sobre quién podría suceder al actual gobernador, Víctor Manuel Castro Cosío.

El caso adquirió mayor relevancia cuando dirigentes panistas cuestionaron públicamente decisiones de las autoridades electorales respecto a denuncias previamente presentadas. En marzo de 2026, dirigentes estatales del PAN señalaron supuestas contradicciones entre el reconocimiento público de aspiraciones políticas por parte de actores partidistas y la interpretación jurídica realizada por la autoridad electoral respecto a la existencia de actos anticipados de campaña.

Más allá de los nombres específicos, el fenómeno revela una transformación profunda de la política contemporánea. Tradicionalmente, las campañas comenzaban cuando la ley lo permitía. Hoy, las redes sociales han modificado radicalmente esa lógica. Los aspirantes construyen presencia pública permanente, generan comunidades digitales, difunden actividades diarias y fortalecen su reconocimiento ciudadano mucho antes de los tiempos formales establecidos por la legislación.

La exposición continua en plataformas digitales ha reducido la eficacia de los límites temporales tradicionales. Un político puede incrementar significativamente su notoriedad pública sin emitir un solo mensaje explícito de solicitud de voto. La promoción de logros, la difusión de recorridos territoriales, la participación en eventos multitudinarios o la producción constante de contenidos audiovisuales pueden generar efectos políticos similares a los de una campaña convencional.

Este escenario plantea uno de los mayores retos para las autoridades electorales. La legislación fue diseñada para un contexto dominado por medios tradicionales y campañas delimitadas temporalmente. Sin embargo, la comunicación política contemporánea opera de manera permanente y descentralizada, dificultando la identificación precisa de cuándo una conducta constituye promoción electoral indebida.

Los antecedentes nacionales ayudan a comprender la magnitud del problema. En distintos Estados del país, las autoridades electorales han recibido denuncias relacionadas con espectaculares, propaganda personalizada, giras políticas, informes de actividades y campañas digitales consideradas anticipadas. Incluso dentro de Morena, partido gobernante a nivel federal y estatal, el debate ha alcanzado relevancia nacional. En marzo de 2026, el Consejo Nacional morenista discutió nuevas reglas internas destinadas a evitar actos anticipados de campaña, promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos por parte de aspirantes a cargos de elección popular.

La preocupación responde a un problema de fondo: cuando los actores con mayores recursos institucionales pueden posicionarse antes del inicio formal de las campañas, se generan condiciones de competencia desigual. Los aspirantes con acceso a cargos públicos, presupuesto de comunicación social o exposición mediática permanente parten con ventajas significativas frente a quienes no ocupan posiciones de gobierno.

En Baja California Sur, además, la sucesión gubernamental coincide con un contexto político particularmente sensible. Diversos estudios de opinión publicados durante 2025 y 2026 muestran un escenario abierto, con varios liderazgos buscando consolidar su presencia entre el electorado. Las encuestas reflejan altos niveles de conocimiento público para figuras vinculadas a Morena, pero también la existencia de sectores importantes de ciudadanos indecisos respecto a la elección de 2027. Esta incertidumbre incrementa los incentivos para posicionarse anticipadamente. Cuanto más abierta se percibe una contienda, mayor es la tentación de construir ventajas antes del inicio oficial del proceso electoral.

Las consecuencias potenciales de este fenómeno son múltiples. La primera es el desgaste de la confianza ciudadana en las instituciones democráticas. Cuando la población percibe que las reglas no se aplican de manera uniforme o que algunos actores cuentan con privilegios indebidos, aumenta el desencanto hacia la política y disminuye la credibilidad de las autoridades encargadas de garantizar elecciones equitativas.

La segunda consecuencia afecta directamente la competencia electoral. Los procesos democráticos descansan sobre el principio de igualdad de oportunidades entre quienes buscan representar a la ciudadanía. Si algunos aspirantes pueden desarrollar campañas de facto durante años mientras otros esperan los tiempos legales, la contienda deja de desarrollarse sobre condiciones equilibradas.

La tercera consecuencia es presupuestal. Aunque las denuncias deben probarse caso por caso, el debate público suele centrarse en la posibilidad de que recursos institucionales sean utilizados para fortalecer posicionamientos personales. Esa percepción genera cuestionamientos permanentes sobre la separación entre funciones gubernamentales y actividades políticas.

Frente a estos desafíos, especialistas en derecho electoral han propuesto diversas soluciones. Una de ellas consiste en fortalecer los mecanismos de fiscalización digital. Las autoridades electorales enfrentan el reto de monitorear campañas de comunicación que se desarrollan simultáneamente en múltiples plataformas y formatos. La incorporación de herramientas tecnológicas especializadas permitiría detectar patrones de promoción anticipada con mayor precisión.

Otra propuesta apunta hacia una mayor claridad normativa. Diversos expertos consideran necesario actualizar los criterios legales para responder a las nuevas formas de comunicación política. Conceptos como influencer político, publicidad segmentada, campañas digitales permanentes y promoción institucional personalizada requieren definiciones más precisas dentro del marco regulatorio.

También se plantea fortalecer la cultura democrática dentro de los propios partidos políticos. Las organizaciones partidistas podrían establecer reglas internas más estrictas para quienes aspiran a candidaturas, evitando prácticas que, aunque formalmente legales, puedan interpretarse como intentos de obtener ventajas indebidas.

Finalmente, la participación ciudadana resulta fundamental. Las denuncias, observaciones y señalamientos realizados por ciudadanos, organizaciones civiles y medios de comunicación continúan siendo herramientas esenciales para visibilizar conductas potencialmente irregulares y exigir rendición de cuentas.

A poco más de un año de que inicie formalmente la disputa por la gubernatura de Baja California Sur, el debate sobre los actos anticipados de campaña se ha convertido en un termómetro de la salud democrática estatal. Las denuncias presentadas, las respuestas institucionales y las resoluciones que eventualmente emitan las autoridades electorales marcarán precedentes importantes para el proceso de 2027.

Por ahora, la batalla principal no se libra en las urnas, sino en la interpretación de las reglas. Mientras algunos actores aseguran estar realizando únicamente actividades inherentes a sus responsabilidades públicas, otros sostienen que la carrera por la gubernatura comenzó hace tiempo. Entre ambas posiciones se encuentra la tarea de las autoridades electorales: garantizar que, cuando finalmente llegue el momento de las campañas, la competencia se desarrolle bajo condiciones de legalidad, equidad y confianza ciudadana.

Fuentes

https://pan.org.mx/2026/01/24/pan-bcs-denuncia-actos-anticipados-de-campana-de-alcaldes-de-la-paz-y-los-cabos/ «PAN BCS denuncia actos anticipados de campaña de …»

https://www.cbcs.gob.mx/LEYES-BCS/LInstitucionesProcElectoralesBCS-.doc «DECRETO No. 2945»

https://www.diarioelindependiente.mx/2026/03/denuncia-el-pan-promocion-anticipada-de-milena-quiroga-y-cuestiona-al-iee-por-desechar-denuncias «Denuncia el PAN promoción anticipada de Milena Quiroga y …»

https://elpais.com/mexico/2026-03-07/morena-ensaya-en-su-consejo-nacional-un-antidoto-contra-la-corrupcion-politica.html «Morena ensaya en su Consejo Nacional un antídoto contra la corrupción política»

https://gobernarte.com.mx/rumbo-a-las-elecciones-en-baja-california-sur-2027-resultado-de-8-de-enero-2026/ «Rumbo a las Elecciones en Baja California Sur 2027»

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