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La Paz, Baja California Sur (BCS). Que se eleve a delito la violencia obstétrica por parte el personal de salud público o privado que, en el ejercicio de su profesión u oficio, dañe, lastime o denigre de forma física, verbal, psicológica y/o emocional a la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, lo anterior fue propuesta de la diputada María Mercedes Maciel Ortiz, representante del Partido del Trabajo en el Congreso del Estado, quien presentó una iniciativa con proyecto de decreto que establece de cinco a nueve años de prisión y hasta quinientos días multa, y la reparación del daño, informó el Congreso de Baja California Sur.

En su intervención la legisladora del PT, apuntó que la violencia obstétrica es una forma específica de violencia contra la mujer que se genera en las etapas de atención del embarazo, parto y puerperio en los servicios de salud públicos y privados.

Citó que la violencia contra las mujeres, se ha convertido en un problema estructural; se dirige hacia las mujeres con el objetivo de mantener o incrementar su subordinación al género masculino; su origen se encuentra en la falta de equidad en las relaciones entre hombres y mujeres en diferentes ámbitos y en la discriminación persistente hacia las mujeres.

“Se trata de un problema social presente tanto en el ámbito doméstico como en el público, en diferentes vertientes, la violencia contra la mujer se asocia con golpes, maltrato psicológico, discriminación, acoso o abuso sexual, sin embargo, existe otro tipo: la violencia obstétrica”.

En ese contexto, sostuvo que las medidas propuestas para visibilizar, prevenir y sancionar la violencia obstétrica ha sido reformar los códigos penales para tipificarla como un delito, con sanciones privativas de la libertad y multas para el personal de salud que incurra en estas prácticas.

Hasta el día de hoy tres códigos penales contemplan la violencia obstétrica como delito: Veracruz, Guerrero y Chiapas. La tipificación de esta conducta tiene como objetivo lograr un acceso efectivo de las mujeres a una vida libre de violencia.

La propuesta de la diputada Maciel implica la adición al título vigésimo sexto el capítulo III, así como los Artículos 391, 392 y 393 del Código Penal para el estado libre y soberano de Baja California Sur.