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No a la mina (I)

16-Abr-2019

ENSAYO Por Roberto E. Galindo Domínguez

FOTOS: Roberto Galindo

La Última Trinchera

Por Roberto E. Galindo Domínguez

 

Los Cordero y su rancho Las Padercitas son la última línea de defensa, de resistencia física en la Sierra de la Laguna, son la última trinchera desde la que se impide la entrada de la compañía minera…  REGD 07/2015.

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). La lucha que durante años ha librado la población sudcaliforniana contra la megaminería fue coronada durante la asamblea pública que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio en Cabo San Lucas el domingo 3 de marzo de 2019. Cuando dijo “no a la mina” los asistentes estallaron en aplausos y en gritos de: ¡Presidente, Presidente, Presidente!, y desde entonces la algarabía ha cundido en el resto de la población del Estado. Sólo algunos sectores partidarios del priísmo y grupos empresariales relacionados al ramo minero han mostrado inconformidad o han manifestado que la decisión del Presidente es populista. Algunos funcionarios públicos de la más alta jerarquía se han aprovechado del “no a la mina” presidencial para montarse en una lucha ciudadana que no libraron.

En Baja California Sur se realiza minería de diversos tipos, pero desde hace años algunas empresas de capital nacional y/o transnacional han intentado establecer una megamina a tajo abierto para la extracción de oro, en un área estratégica para la acumulación y distribución de agua en la Sierra de la Laguna, en la parte sur de la Entidad. Y aunque la sociedad civil se manifestó en contra y exhortó a nuestros gobernantes a privilegiar la vida sobre el interés económico, la codicia prevaleció en las altas esferas empresariales y políticas; y una y otra vez autoridades municipales y federales dieron entrada a los diversos proyectos presentados para el establecimiento de la megamina e incluso otorgaron permisos condicionados, pero sin observar las disposiciones oficiales para tal efecto; todo esto, en el mejor de los casos, ante la inacción de las autoridades estatales. Para desgracia de los inversionistas y los funcionarios públicos involucrados en esos procesos amañados, la sociedad sudcaliforniana siempre estuvo expectante y dispuesta a protestar contra la megamina, es por eso que cada intento de establecerla fue detenido por una amplia protesta ciudadana a pesar de las autoridades municipales, estatales y federales en turno.

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Décadas de lucha

Los intentos por explotar esta región mediante megaminería datan al menos desde hace tres décadas, pero fue en el sexenio panista de Felipe Calderón cuando el riesgo de aprobar la megamina a tajo abierto generó un gran conflicto social. En ese tiempo la compañía minera canadiense Vista Gold presentó diversas propuestas de proyectos bajo los nombres de Paredones Amarillos y Mina Concordia, esas peticiones derivaron en una fuerte movilización social, lo que obligó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a rechazar los proyectos. Tiempo después, durante la administración federal priísta de Enrique Peña Nieto, en octubre del año 2013, la empresa Desarrollo Zapal, S.A. de C.V. ingresó ante las autoridades correspondientes el proyecto minero con algunas modificaciones y con el nombre de Los Cardones; cuya Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) fue aprobada en junio de 2014 por la Semarnat, a pesar de que parte de la zona que sería explotada se encuentra en un Área Natural Protegida decretada Reserva de la Biósfera en 1994, misma que forma parte de la Red Mundial de Reservas de la Biósfera protegidas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Esa autorización fue condicionada a tener un plan de manejo de residuos mineros y a obtener los permisos necesarios de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Nacional de Áreas Protegidas. En ese entonces Exequiel Ezcurra, expresidente del Instituto Nacional de Ecología, revisó la MIA aprobada, y señaló que era similar a las presentadas antes, y determinó que además tenía otras fallas.

El descontento social

El conflicto generado por los intentos de establecer la megamina fue particularmente álgido en los años 2014 y 2015. Como respuesta social al ingreso de la solicitud de cambio de uso de suelo de 2013, y ante la inminencia de su aprobación, en abril de 2014 se conforma el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida (Freciudav) integrado por 37 organizaciones civiles y por ciudadanos sin filiación. También en abril de ese año, los guardias de Adamantium Private Security Services, compañía filial de Desarrollo Zapal S.A. de C.V., bloquearon por primera vez el acceso al rancho Las Padercitas, predio El Saucito —también conocido como El Encantado— ubicado en La Sierra de la Laguna; pero fueron echados por la familia Cordero, dueños del predio, y por ciudadanos de diversas partes del Estado que fueron a apoyarlos. Desde entonces la familia Cordero fue acosada e intimidada de diversas maneras, ya que su propiedad se encuentra en el área que la compañía minera pretendía devastar, y ellos se habían negado a ceder sus terrenos.

En junio de 2015 la entonces vocera del Freciudav, Irina Trasviña Mar, declaró que la empresa Desarrollo Zapal S.A. de C.V. es propiedad de Invecture del Grupo Salinas, al igual que Adamantium Private Security Services (Oficio FRECIUDAV-0200615). Debido a lo anterior, no parece coincidencia que, desde el año 2012 Sergio Sarmiento, comentarista de Televisión Azteca, propiedad de Grupo Salinas, haya visitando Baja California Sur en varias ocasiones y participara en foros a favor de la minería. Por ejemplo, en uno de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CNIC) en La Paz, en noviembre de ese año. Lo expresado por Sarmiento causó enojo en diversos sectores de la sociedad sudcaliforniana, pues demostró gran desconocimiento sobre el tema, principalmente en lo que considera grandes beneficios de la minería para los más pobres. Además de que criticó a los activistas opositores.

La aprobación de la MIA condicionada en junio de 2014 desencadenó una serie de fuertes protestas, pocas veces experimentadas en el Estado. El 7 de mayo el Freciudav emplazó un plantón en la explanada del Palacio de Gobierno estatal en La Paz, que luego trasladaría al Palacio Municipal; la protesta se mantuvo por 37 días, hasta que logró cierto respaldo de las autoridades. El 3 de agosto dentro de una gran manifestación, una caravana de más de 120 vehículos procedentes de diversos puntos del Estado se congregaron en el estacionamiento del Palacio Municipal y de ahí se dirigieron al centro de La Paz; en la calle Licenciado Primo Verdad, frente a las instalaciones de Tv Azteca, los ciudadanos gritaron consignas contra el proyecto minero, la empresa televisiva y su dueño Ricardo Salinas Pliego. Los inconformes quemaron dos piñatas que aludían al entonces secretario de la Semarnat, Juan José Guerra Abud y a Salinas Pliego. Posteriormente, los manifestantes continuaron su camino hasta la plaza del malecón; en ese lugar realizaron diversos eventos culturales e informaron a la ciudadanía de los riesgos que conlleva la minería de este tipo.

La violencia

El 3 de marzo de 2015 los guardias de Adamantium Private Security Services establecieron un campamento en las inmediaciones de Las Padercitas. Durante la noche del día 4 y la madrugada del 5 de ese mes el rancho fue saqueado y destruido; esa noche únicamente se encontraba Rodolfo Nava Rojas, amigo de la familia, a quien le habían encargado el rancho, pues don Jorge Cordero —diagnosticado con cáncer de hueso y fallecido en 2016— se había trasladado con otros familiares a La Paz para someterse a una quimioterapia. Alrededor de 30 individuos encapuchados atacaron el rancho. Rodolfo huyó a las cercanías desde donde presenció los hechos. Los atacantes destruyeron el corral y la casa, además se llevaron los escombros de ésta y todas las pertenencias de los Cordero; incluidas 13 vacas y tres borregas, así lo declaró Cristian Cordero, quien también señaló que a la mañana siguiente los abogados de Desarrollo Zapal se presentaron en el lugar acompañados de un notario público de La Paz para dar fe de que el rancho se encontraba abandonado. De acuerdo a Cristian, con esa acción la empresa inició un litigio civil contra la familia Cordero por la posesión del predio El Encantado o El Saucito.

Campamento de guardias de seguridad privada en las inmediaciones del rancho Las Padercitas 2015.

Desde su campamento, los guardias de seguridad continuaron acosando y amenazando a los Cordero. La violencia por parte de los promoventes mineros llegó a tal grado que la noche del 30 de mayo de 2015 Mario Martínez González —sobrino de don Jorge Cordero— y su esposa fueron despertados por varios disparos. Ellos habitaban una pequeña casa rodante en Las Padercitas. Les disparaban desde los arbustos y árboles; ellos salieron como pudieron del remolque y corrieron al monte. Los guardias de seguridad pasaron de las amenazas verbales al uso de armas para lograr que la familia Cordero abandonara el rancho. Mario señaló en una conversación con Radio Zapatista Sudcaliforniana que fueron más de 10 disparos. Aquí se puede escuchar la conversación grabada cuando la pareja estaba escondida en el monte.

Confluencia ciudadana

Tras las agresiones a la familia Cordero la lucha social contra el proyecto Los Cardones tomó un nuevo enfoque. Pues si desde hacía años gran parte de la sociedad sudcaliforniana se había manifestado en contra del proyecto, ahora la valiente resistencia de los Cordero ante los embates de Desarrollo Zapal se convertía en punto de confluencia de diversos grupos que ya venían librando sus propias gestas en contra de la megaminería tóxica, como Niparajá, Agua Vale Más que Oro, Medio Ambiente y Sociedad (MAS), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y el Freciudav. Incluso congregó a cientos de extranjeros residentes y a un sector de empresarios agrupados en la Asociación Sudcaliforniana de Profesionales Inmobiliarios (ASPI), quienes hicieron público su rechazo al proyecto. Los grupos opositores a la megamina tenían un punto en común: sabían del gran impacto negativo que esta forma de despojo y explotación puede traer a la región.

La sociedad cerró filas en torno a la familia Cordero y colaboró con ellos con asesoría legal para levantar una denuncia por agresiones y despojo ante las autoridades, que por cierto empantanaron el proceso dando largas a las peticiones de los agraviados; la ayuda también fue en obra y en especie para la reconstrucción del rancho, al que fueron diversas caravanas desde diferentes puntos del Estado durante los meses de abril, mayo y junio de 2015. En abril un grupo de ciudadanos de Todos Santos convocó a una caravana para constatar las denuncias de la familia Cordero, a la que se sumó gente de otras partes, así como un grupo representativo del Freciudav; el 16 de abril por la mañana esa organización acudió a la presidencia municipal de La Paz para solicitar el apoyo de la policía, pues sabían que los guardias de Adamantium Security estaban armados.

La caravana quedó integrada por civiles, dos patrullas, algunos periodistas y un vehículo de migración; para los activistas la presencia de los agentes de migración fue para intimidar a los extranjeros residentes. La caravana se encontró con un portón que impedía el libre tránsito sobre el único camino vecinal de jurisdicción municipal de acceso hacia el rancho Las Padercitas. A un lado de éste había instalado un sanitario móvil, todo resguardado por seis guardias que se encontraban a unos 200 metros a bordo de una camioneta doble cabina de la empresa Adamantium. En el área del campamento los policías no encontraron armas, sólo una caja de balas vacía. Fue evidente que alguien les advirtió de la visita de inspección.

En otra caravana, realizada el 25 de abril, hubo un conato de pleito en las inmediaciones del rancho Las Padercitas, en donde uno de los guardias de seguridad privada identificado como vecino de la comunidad de El Rosario,se mostró violento ante el arribo de la misma y debió ser sometido por policías estatales y municipales. En esa ocasión, al inspeccionar los vehículos de los guardias se encontraron diversas pertenencias de la familia Cordero, mismas que habían sido sustraídas de su rancho la noche del 4 de marzo. Un vídeo y varias fotografías que muestran los hechos pueden ser consultados aquí. Después de ese incidente los guardias de Adamantium Security se retiraron del lugar, pero sólo temporalmente. A los pocos días regresaron y otra vez instalaron el campamento, aunque ahora ya no bloquearon el camino de terracería. El 2 de mayo se realizó otra caravana que también contó con el apoyo del Ayuntamiento y los policías municipales. En esta ocasión la misión fue reconstruir el corral derribado la noche del despojo, de acuerdo con los activistas, en una muestra de apoyo a la familia Cordero y como un mensaje para Desarrollo Zapal de que la ciudadanía estaba dispuesta a luchar al lado de los Cordero y por la defensa de su medio ambiente en contra de la entrada de la megaminería tóxica a Baja California Sur.

El 18 de junio de 2015 la familia Cordero se presentó en la Procuraduría General de Justicia del Estado, acompañada por integrantes del Freciudav y ciudadanos sin ninguna filiación, en donde le entregaron un oficio al procurador Adonaí Carreón Estrada. En éste le exigieron que se protegiera el derecho de la ciudadanía a tener acceso a agua potable y a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, pues expusieron que una megamina en la Sierra de la Laguna pondría en riesgo el abasto de agua para la población. También le reiteraron al procurador su irrestricto apoyo a la familia Cordero por los hechos ya mencionados y le exigieron una rendición de cuentas claras en referencia a las averiguaciones previas interpuestas en esa dependencia (LPZ/154/AMP1/2015, LPZ/155/AMP10/2015 y LPZ/162/AMP(/2015). La respuesta fue que ellos no tenían jurisdicción en el asunto y que debían dirigirse a las autoridades municipales

En julio de 2015 la ciudadanía pidió, mediante sus representantes del Freciudav, al Cabildo municipal de La Paz una audiencia abierta al público y a los medios de comunicación, para que expertos en diferentes materias les explicaran a los regidores y al presidente municipal Francisco Monroy lo pernicioso de la extracción minera a tajo abierto. El Cabildo sugirió una reunión conjunta con los promoventes mineros, pero los integrantes del Freciudav declinaron y solicitaron audiencia independiente.

El 6 de agosto se celebraron dos audiencias, por la mañana para los opositores a la megamina y por la tarde para los promoventes mineros. Ese día asistieron cientos de personas de varias ciudades del Estado, así como de diversos ejidos, para refrendar su rechazo al megaproyecto, la mayoría debió esperar afuera en la explanada del recinto legislativo. Los promoventes mineros llevaron acarreados de las colonias más humildes de La Paz, así como algunos partidarios de las comunidades El Triunfo y San Antonio. Los testimonios de los pagos de entre 100 y 200 pesos recibidos por los “manifestantes” para asistir al Cabildo fueron recabados por varios reporteros y por otros ciudadanos, circularon en las redes sociales y en algunos diarios locales. Incluso algunos acarreados, al enterarse de lo que implica establecer una megamina, cambiaron de bando o se retiraron del lugar.

A favor de la mina, palacio de Gobierno municipal, La Paz 2015.

En la audiencia de la tarde, en un acto sin precedentes, los promoventes entraron al recinto legislativo resguardados por guardias de seguridad uniformados; el mutismo de los Síndicos y de los elementos de la policía municipal presentes ante tal agravio sólo incrementó la zozobra ciudadana. Así mismo, esos guardias amedrentaron a reporteros y ciudadanos al fotografiarlos y/o filmarlos de frente con sus teléfonos celulares. Muchos de los ciudadanos opositores a la mina esperaron hasta la conclusión de la segunda audiencia. Hubo varios momentos ríspidos entre integrantes de ambas facciones que no pasaron de gritos e insultos.

 El Pacto de Todos Santos

En asamblea popular del 12 de septiembre de 2014 una multitud abarrotó la plaza de Todos Santos, para exigir el respeto a sus derechos. Asistieron cientos de todos santeños y miles de sudcalifornianos, llegó gente de La Paz, Los Cabos, Los Planes, El Sargento, entre muchas otras poblaciones, ejidos, rancherías y lugares del Estado; también asistieron decenas de extranjeros residentes y algunos ciudadanos de otras partes de la República. Era una congregación plural unida por objetivos comunes: la defensa de la Sierra de la Laguna y el agua que en ésta se acumula y que de ella se reparte a gran parte de sudcalifornia, así como la defensa de la Entidad de cualquier megaproyecto minero, incluidos los submarinos, pues en ese año el proyecto submarino Don Diego para la extracción de fosforita del Golfo de Ulloa, al norte de la Entidad, ya generaba otro conflicto social. En ese caso los promoventes mineros incluso demandaron al periodista Carlos Ibarra, por haber expuesto los hechos ante la sociedad, lo que involucró en el conflicto a la prensa local, nacional e internacional, así como a diversas asociaciones defensoras de los derechos humanos y la libertad de expresión.

El Pacto de Todos Santos cimentó las bases de una ciudadanía alerta y coordinada que manifestó públicamente que su lucha, además de recurrir a todas las instancias legales nacionales e internacionales, no dudaría en ejercer la resistencia y la desobediencia civil pacífica si los Ayuntamientos y el Gobierno Federal no escuchaban su reclamo y continuaban autorizando proyectos mineros; pues las autorizaciones se gestan desde el Gobierno federal y se aprueban en el Cabildo Municipal. Ese pacto hizo que las autoridades municipales del Baja California Sur avizoraran la magnitud y el poder de la reacción social, lo que llevó a que las siguientes administraciones se posicionaran, aunque tibiamente, del lado de los civiles; también como consecuencia de ese encuentro social el Gobierno Estatal del panista Marcos Covarrubias se manifestó en contra de Los Cardones, aunque sólo verbalmente. Los activistas empezaron a propagar la consigna, en redes sociales y foros, de que todo gobernante o aspirante a cargo del gobierno que apoyara los proyectos mineros y que no hiciera todo lo posible para impedirlos sería castigado en las urnas.

El 18 de septiembre los reclamos se hicieron extensivos y de manera directa al presidente Enrique Peña Nieto, quien viajó a Baja California Sur tras el paso del huracán Odile; y fue en Todos Santos donde la población arremetió contra Peña Nieto y, además de exigirle el soporte gubernamental ante la crisis causada por el fenómeno meteorológico, le exigió la cancelación de los megaproyectos mineros; Peña hizo lo mismo que durante todo su sexenio, sudar, sonreír y enredarse en trabalenguas. El Pacto de Todos Santos congrega a más de 60 organizaciones civiles y más de 3 mil 500 ciudadanos, además de ser la manifestación social más coordinada y nutrida contra la megaminería, sus objetivos son de fondo, pues entre los principales está la derogación de la Ley Minera de 1992, misma que es en gran parte una de las causas de la propagación de los megaproyectos mineros y de los desastres ecológicos y sociales que estos generan, como la contaminación del Río Sonora con desechos tóxicos por parte de la Mina Cananea, de Grupo México, de Germán Larrea.

Tras el Pacto de Todos Santos la respuesta de los promoventes mineros no se hizo esperar y en enero de 2015 se anunció la conformación del Frente Prodesarrollo Sustentable, que en ese año hizo reuniones y emitió comunicados en los que encomiaba a la minería y a sus supuestos beneficios económicos y sociales; los promoventes mineros comenzaron a manejar en los medios de comunicación el término de minería sustentable. La gente que integró el Frente Prodesarrollo estaba ligada al priísmo más recalcitrante del Estado, a algunos personajes panistas, a organizaciones sindicales, a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), así como a David de la Paz, coordinador de TV Azteca en la Entidad.

Ciudadanos organizados contra el despojo, Todos Santos 2016.

La vía legal

En agosto de 2015 el Freciudav interpuso una demanda contra la autorización condicionada de la MIA aprobada por la Semarnat en 2014. El 9 de febrero de 2017, la Sala Especializada en Materia Ambiental y Regulación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa emitió la resolución correspondiente declarando la nulidad de dicha autorización. La declaratoria de nulidad impedía a la empresa promovente realizar cualquier actividad extractiva de minerales mediante la MIA mencionada, pues ésta carecía de una validación para los impactos ambientales que implica un emplazamiento minero como el de Los Cardones. Aunque la ciudadanía ganó esa batalla, la resolución del Tribunal Federal de Justicia se refería al caso particular de la MIA presentada de acuerdo a un proyecto y no hacía referencia sobre el futuro; es decir, si la empresa solicitaba otro resolutivo de la Dirección General de Impacto Ambiental (DGIRA) de la Semarnat, el fallo del Tribunal no establecía que éste se negara. El riesgo seguía latente pues la aprobación o negación de las Manifestaciones de Impacto Ambiental es responsabilidad de las autoridades de dicha dirección y dependencia, que en ocasiones anteriores ya se habían mostrado afines y complacientes con los promoventes mineros, a pesar de que éstos incumplieran los requisitos y las diversas reglamentaciones correspondientes.

En la sentencia a favor del Freciudav se estableció que durante la tramitación y expedición de los permisos al proyecto minero Los Cardones no se respetó el procedimiento de evaluación de impacto ambiental que la ley marca, ya que no se consideró que el artículo 48 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) establece que las actividades productivas en las zonas de amortiguamiento de las Reservas de la Biósfera sólo pueden ser realizadas por las comunidades que ahí vivan —o con su participación—  al momento de la expedición de la declaratoria; lo que no cumplía la empresa minera, ya que Desarrollo Zapal, Grupo Invecture y demás empresas y consorcios que están detrás del proyecto Los Cardones, son tanto nacionales como internacionales, y no tienen vínculo con Baja California Sur, y menos con el área que repetidamente han pretendido devastar. Pero esa es una restricción que los promoventes mineros podían intentar zanjar mediante la cooptación de particulares o comunidades avecindadas en la zona de impacto, y una negativa como la que entonces obtuvieron no fue impedimento para que intentaran obtener nuevamente el permiso para su proyecto.

Ese logro del Freciudav es un buen ejemplo de lo que una sociedad organizada y participativa puede alcanzar mediante la difusión de una  problemática en diversos foros, así como en las redes sociales y, ejerciendo la protesta social pacífica e incluso la desobediencia civil; pero sobre todo empleando la vía legal para la solución de los conflictos sociales y ambientales. Una vez más la sociedad impedía el establecimiento de la megaminería tóxica en Baja California Sur.

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