La Última Trinchera

Por Roberto E. Galindo Domínguez

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). La sociedad sudcaliforniana se ha vuelto un crisol de personas, de las cuales muchas han venido de otros Estados de la República y de otros países. De acuerdo al censo poblacional del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de 2010, la Entidad contaba con 637,026 habitantes, de los cuales cuatro de cada diez nacieron en otros Estados del país. Además, debe considerarse a los extranjeros que llegaron para radicar en la entidad. El arribo y el establecimiento de personas de otros lugares tiene consecuencias de diversa índole, que pueden ser consideradas positivas o negativas, de entre éstas me ocuparé del enriquecimiento cultural que puede derivar en una mayor participación ciudadana en la vida política.

En lo referente a extranjeros, actualmente el Instituto Nacional de Migración (INM) calcula que en la entidad hay más de 60 mil, de los cuales alrededor del 40% tienen residencia permanente —principalmente procedentes de Estados Unidos. Si se considera que en el año 2 mil el número de extranjeros residentes en el Estado se estimaba en poco más de 3 mil, el incremento de ellos ha sido considerable en los últimos 18 años. Algunos han llegado para establecerse y otros lo hacen por temporadas; pero en los dos casos, dichas personas se integran a la sociedad sudcaliforniana, lo que, como en todo proceso de aculturación, genera contacto entre los pensamientos de los que conviven.

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Debido a lo anterior es que inmigrantes interestatales, internacionales y nativos cohabitan dentro de una sociedad sudcaliforniana que se renueva constantemente, lo que permite el enriquecimiento cultural de los individuos, pues entre estos se comparten experiencias de vida; lo que puede incluir preparación académica, prácticas de protesta ciudadana, así como diversos tipos de politización, desde las más simples representaciones ideológicas hasta los más complejos pensamientos filosóficos. Y es que el pensamiento es ágil y no conoce fronteras, sólo necesita receptores para amplificarse, dispersarse, reproducirse y repetir su ciclo de incubación y crecimiento.

Puede pensarse que la media península, por su situación geográfica, se encuentra alejada y solitaria, casi rodeada por mar y separada por cientos de kilómetros de tierra del resto de México. Y es así, pero sólo en lo geográfico, pues actualmente con las tecnologías de la comunicación, Sudcalifornia está más conectada al resto del país y al extranjero que en cualquier otro período de la historia, y en este sentido la comunicación se ampliará y se mejorará cada vez más. Esa combinación entre una sociedad multicultural con el advenimiento de las tecnologías de la comunicación, principalmente el de la Internet, ha convertido a un sector de la población en un activo contribuyente a la vida política en el nivel de participación ciudadana para la observación del ejercicio público de nuestros gobernantes.

Desde hace poco más de diez años, la sociedad sudcaliforniana ha participado activamente en la toma de decisiones respecto a su entorno social y medioambiental; para Sandino Gámez, el caso de la defensa de la playa de Balandra, que tuvo su máximo apogeo entre 2004 y 2008, representa una coyuntura en la relación Gobierno – Sociedad. A partir de este caso, la comunidad ha participado más dinámicamente en la defensa de su territorio, en el ejercicio de sus derechos, y en la observación del trabajo de las autoridades. Y, a este respecto, aunque los temas son muchos sólo enfocaré mi reflexión a dos asuntos, que por desgracia se han convertido en conflictos sociales; por un lado, el establecimiento de empresas mineras y, por el otro, el de los grandes desarrollos inmobiliarios, principalmente los relacionados al sector turístico.

En dichos conflictos, la participación de la ciudadanía ha sido fundamental en la observación del ejercicio de nuestras autoridades en todos los niveles del gobierno, sobre todo en la exigencia de transparencia en los procesos de autorización para el establecimiento de las empresas mineras y los desarrollos inmobiliarios. Procesos en los que intervienen diversos grupos empresariales —muchos de los cuales están integrados por partes nacionales y extranjeras—, así como autoridades municipales y estatales, e incluso federales obligadas a participar, aunque no competentes en todos los casos y, por supuesto, la sociedad sudcaliforniana que en su mayoría está en contra de los desarrollos en ambos ramos.

En los asuntos concernientes a la minería y los desarrollos inmobiliarios, la mayoría de los involucrados, directa o indirectamente, son sudcalifornianos, ya sea de origen o por elección, incluidas las personas opositoras, las autoridades del Estado y los empresarios. De este conjunto, las autoridades tienen la obligación de obrar en el resguardo y beneficio del desarrollo social de sus gobernados, incluidos los extranjeros; pues ellos deben atenerse a la mayoría de las leyes que rigen a toda la población —además de otras leyes particulares a su situación de inmigrantes—, y esto es así por el simple hecho de que una vez que llegan al territorio estatal son responsabilidad de las autoridades correspondientes.

En la interacción de los tres grupos mencionados —sociedad en general, empresarios y autoridades— se debería percibir al de la autoridad como el fiel de la balanza en los procesos de autorización a los proyectos de las empresas aludidas, siempre observando y haciendo valer la ley en beneficio de las otras dos partes involucradas, pero anteponiendo el interés público y el bienestar social sobre los intereses empresariales, aunque la realidad es otra. La tendencia de las autoridades de favorecer a los grandes empresarios ha llevado a gran parte de la ciudadanía a realizar enérgicas protestas, y en algunos casos a la exigencia de juicios políticos contra los que consideran traidores a la sociedad por su “inexplicable” inclinación a beneficiar diversos proyectos mineros y desarrollos inmobiliarios.

Por el lado minero se tienen las tentativas de despojo de ciertos territorios, en los que diversas corporaciones intentan establecerse, principalmente al sur de la península, de cuyos casos sobresale el de instalar la megamina a tajo abierto Los Cardones en la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna, “tinaco natural” de muchas poblaciones, entre ellas La Paz, Cabo San Lucas, San José del Cabo y Todos Santos; además de decenas de poblaciones más de menores dimensiones, que dependen del abastecimiento de agua del sistema de recarga natural de la sierra. En el mismo rubro, pero al Noroeste de la media península tenemos el despojo que se ha intentando llevar a cabo en el Pacífico, referente a la instalación de un proyecto minero submarino para extraer fosforita en el Golfo de Ulloa; asunto que ha sido motivo de una larga confrontación entre la ciudadanía y la prensa local con las empresas mineras y las autoridades.

Los dos casos mineros mencionados son los más notorios debido a la magnitud de los proyectos, las compañías y a los personajes involucrados por el lado de los grupos empresariales; así como por el gran disgusto que han generado entre la sociedad y que ha sido manifestado de manera abierta, incluso con la toma de carreteras.

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