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Tierra Incógnita
Sealtiel Enciso Pérez
La Paz, Baja California Sur (BCS). En algunas calles de El Esterito, el Centro Histórico, Pueblo Nuevo y otras zonas de La Paz, el cambio puede advertirse sin recurrir a estadísticas. Donde anteriormente había una vivienda para una familia aparecen edificios con departamentos, estudios o habitaciones destinados al alquiler temporal. Las cisternas, tinacos, terrazas, albercas y anuncios de hospedaje forman parte de un nuevo paisaje urbano. A pocas calles de esas construcciones, sin embargo, familias enteras esperan el día asignado por el tandeo para llenar recipientes y asegurar el agua de la semana.
La contradicción llegó al discurso oficial en julio de 2026. El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, reconoció públicamente que el crecimiento inmobiliario de La Paz debe regularse. “Donde había una casa ahora hay edificios”, declaró al referirse a la proliferación de construcciones en distintas colonias. También planteó que no deberían autorizarse nuevos desarrollos mientras no existan condiciones suficientes para garantizar el agua. El pronunciamiento confirmó lo que residentes y organizaciones urbanas venían señalando: la capital sudcaliforniana construye nuevas unidades habitacionales y turísticas sobre una infraestructura hídrica que ya trabaja bajo presión.
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La preocupación tiene sustento en cifras oficiales. La Comisión Nacional del Agua calcula que el acuífero La Paz, identificado con la clave 0324, recibe una recarga media anual de aproximadamente 21 millones de metros cúbicos. Frente a esa recarga existen 29.47 millones de metros cúbicos concesionados o asignados, 6.15 millones pendientes de titulación o registro y 13.19 millones reservados para programación hídrica, incluido el derecho humano al agua. El resultado administrativo es un déficit de 27.82 millones de metros cúbicos anuales. En términos sencillos, no existe agua subterránea disponible para otorgar nuevas concesiones sin agravar el desequilibrio.
El déficit no significa que mañana dejará de salir agua de todos los pozos. Indica algo quizá más preocupante: los derechos, compromisos y extracciones reconocidos superan la recarga estimada. La ciudad depende principalmente de un acuífero sobreexplotado en una región árida, con lluvias escasas e irregulares. Extraer más agua de la que se repone reduce los niveles subterráneos, eleva los costos de bombeo y favorece el avance de agua salina desde la costa. La intrusión marina puede deteriorar la calidad del recurso y volver inutilizables algunos pozos, un riesgo ampliamente reconocido en los estudios hidrogeológicos sobre acuíferos costeros.
Sobre esa base limitada crece la ciudad. El Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de La Paz ya había diagnosticado en 2018 una expansión dispersa, especialmente hacia el sur, acompañada por especulación del suelo, fraccionamientos alejados y una disminución de la densidad urbana. El documento registró que para 2015 el centro de población alcanzaba una superficie aproximada de 5,642 hectáreas y una densidad de 48.34 habitantes por hectárea. También estimó que podría llegar a 363,391 habitantes en 2050. Su diagnóstico advirtió que el crecimiento acelerado había dejado infraestructura insuficiente, desarticulación vial y asentamientos desconectados.
Desde entonces, el fenómeno adquirió otra dimensión. Además de los fraccionamientos periféricos, aumentó la densificación mediante departamentos, condominios y pequeños edificios de habitaciones. Parte de esta oferta atiende una demanda real de vivienda derivada del crecimiento poblacional y de la llegada de trabajadores, jubilados y nuevos residentes. Otra parte se dirige al mercado turístico y a las rentas de corta estancia, cuyo rendimiento puede ser superior al alquiler tradicional. Plataformas digitales permiten convertir casas, departamentos y cuartos en unidades de hospedaje sin construir necesariamente un hotel convencional.
La renta vacacional no puede considerarse por sí sola la causa de la crisis hídrica. El problema viene de décadas de sobreexplotación, fugas, expansión urbana, insuficiente captación, debilidad del saneamiento y dependencia casi absoluta de pozos. Tampoco existe un estudio oficial público que cuantifique cuánta agua consumen, en conjunto, los departamentos de renta temporal en La Paz. Atribuirles todo el déficit sería incorrecto. Sin embargo, cada unidad nueva agrega demanda a una red que ya distribuye el agua mediante horarios y zonas. Cuando varias viviendas de baja ocupación son sustituidas por edificios capaces de alojar a decenas de personas, la carga local sobre tuberías, drenaje y almacenamiento puede aumentar de manera considerable.
El consumo turístico presenta además características diferentes al doméstico. Un visitante que paga por alojamiento espera agua continua, regadera, lavado de blancos y, en algunos casos, alberca, jardín o terraza. Para garantizar el servicio durante el tandeo, muchos edificios instalan cisternas de gran capacidad y sistemas de bombeo. Esas instalaciones son legales cuando cumplen las normas, pero generan una desigualdad práctica: los inmuebles con mayor capacidad económica almacenan agua cuando llega a la red, mientras viviendas sin cisterna dependen de tinacos pequeños o de la compra de pipas. La escasez deja de afectar a todos de la misma manera.
El impacto también alcanza el drenaje. Cada habitación incorporada a la ciudad produce aguas residuales. Un proyecto puede contar con conexión de agua, pero eso no garantiza que la tubería sanitaria, la planta de tratamiento y los colectores de la zona tengan capacidad suficiente para el aumento acumulado de densidad. Los permisos suelen evaluar obras de manera individual; la crisis aparece cuando se suman decenas de proyectos autorizados por separado dentro de una misma colonia. Un edificio aislado quizá no colapse el sistema, pero muchos desarrollos pequeños pueden producir un efecto equivalente al de un fraccionamiento sin que exista una evaluación conjunta.
La responsabilidad está fragmentada. El Ayuntamiento autoriza usos de suelo, alineamientos y licencias de construcción; el Organismo Operador Municipal administra la red de agua potable y alcantarillado; el gobierno estatal interviene en la planeación territorial y en proyectos hidráulicos; la Conagua administra las aguas nacionales y los títulos de extracción. Las plataformas de hospedaje, por su parte, se relacionan con autoridades fiscales y turísticas. Esta división favorece vacíos: una construcción puede ser compatible con el uso de suelo, pero aumentar una demanda que el organismo operador no tiene capacidad real de atender.
La regulación vigente contempla trámites y controles. El portal municipal ofrece autorizaciones de uso de suelo y licencias de construcción, mientras el Programa de Desarrollo Urbano establece densidades, alturas y modalidades de aprovechamiento. El Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027 colocó el agua y los servicios públicos como uno de sus ejes principales. Por ello, afirmar que no existe ninguna estrategia gubernamental sería inexacto. Lo que no se observa, al revisar los documentos disponibles, es un mecanismo integral, vinculante y transparente que subordine las nuevas densidades al balance hídrico de cada zona, acumule el impacto de los proyectos y regule específicamente el crecimiento de habitaciones para renta temporal.
Las respuestas oficiales se han concentrado principalmente en aumentar y redistribuir la oferta. El organismo operador ha rehabilitado pozos, realizado interconexiones e incorporado nuevos caudales a la red. También ha promovido el reúso de aguas tratadas y obras para reducir problemas de distribución. El gobierno estatal puso en servicio la planta potabilizadora de la presa La Buena Mujer y respalda el proyecto de la presa El Novillo como fuente adicional para La Paz.
Estas acciones pueden aliviar el suministro, pero no sustituyen la gestión de la demanda. Incorporar un pozo proporciona agua inmediata, aunque también incrementa la extracción del sistema subterráneo. Una presa depende de lluvias suficientes y exige estudios de cuenca, potabilización, conducción y mantenimiento. La desalación, mencionada recurrentemente como alternativa para ciudades costeras, ofrece una fuente independiente de las lluvias, pero consume energía, requiere inversiones elevadas y produce salmuera cuyo manejo debe evaluarse ambientalmente. Ninguna obra, por sí sola, permite mantener indefinidamente un crecimiento urbano sin límites.
En 2023, el OOMSAPAS La Paz eliminó el esquema mediante el cual desarrolladores podían pagar por cada millar de metros cúbicos requerido para obtener factibilidad. La medida respondió al argumento de que el agua no debía convertirse simplemente en un costo incorporado al proyecto. Fue un reconocimiento de que pagar derechos no crea agua. No obstante, la continuidad de construcciones verticales y complejos habitacionales muestra que la regulación de factibilidades, cambios de uso, subdivisiones y conexiones todavía necesita mayor claridad pública.
El llamado del gobernador a “frenar” edificios marca un cambio político, pero hasta finales de julio de 2026 se mantenía como planteamiento y anuncio de revisión jurídica, no como una moratoria publicada con criterios, duración y alcances definidos. La declaración oficial recogida por medios locales propuso limitar el crecimiento mientras no pueda garantizarse el suministro. Tampoco se había presentado un inventario público que indicara cuántos edificios, departamentos y cuartos estaban autorizados, cuánta agua demandarían y en qué sectores de la red serían conectados.
Esa falta de información alimenta la percepción de descontrol. Para corregirla no basta con prohibir indiscriminadamente la vivienda vertical. Una ciudad compacta puede utilizar menos suelo y requerir menos kilómetros de tuberías que una urbanización extendida. El problema aparece cuando la densificación se autoriza sin infraestructura, sin captación pluvial, sin reúso, con equipamientos de alto consumo o sin medir la capacidad efectiva de la red. Regular debería significar establecer un presupuesto hídrico por sector, exigir medidores, dispositivos ahorradores, tratamiento y reúso en proyectos de cierta escala, y publicar las factibilidades otorgadas.
También implica reconocer la relación entre agua y desigualdad urbana. La expansión de rentas turísticas puede elevar el precio del suelo y desplazar a residentes hacia periferias donde el servicio es más precario. Así, quienes trabajan en restaurantes, construcción, limpieza o servicios turísticos pueden terminar viviendo más lejos y recibiendo menos agua que los visitantes y nuevos residentes a quienes atienden. La crisis hídrica se convierte entonces en un problema ambiental, económico y de justicia social.
La Paz necesita vivienda, inversión y empleo, pero también debe reconocer los límites físicos del desierto. Los datos de Conagua muestran que el acuífero se encuentra en déficit; el tandeo demuestra que la insuficiencia ya forma parte de la vida cotidiana; y el crecimiento visible de edificios confirma que la demanda sigue aumentando. Las autoridades poseen planes, reglamentos y proyectos hidráulicos, pero aún deben convertirlos en una política coordinada que relacione cada autorización urbana con agua realmente disponible.
La pregunta ya no es si La Paz continuará creciendo, sino bajo qué reglas y quién asumirá el costo. Si la expansión inmobiliaria precede a la infraestructura, ese costo se trasladará al acuífero y a las colonias con menor capacidad de almacenamiento. Si la planeación hídrica determina el ritmo y las condiciones de construcción, la ciudad todavía puede evitar que cada nuevo edificio se convierta en otro piso añadido a una crisis que comenzó bajo tierra.
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Tierra Incógnita
Sealtiel Enciso Pérez
La Paz, Baja California Sur (BCS). Al amanecer, cuando las embarcaciones salen de La Paz rumbo al archipiélago de Espíritu Santo, las montañas volcánicas parecen surgir directamente del mar. Los acantilados rojizos, las caletas de arena clara y el agua transparente componen uno de los paisajes más reconocibles de Baja California Sur. Sin embargo, debajo de esa imagen turística existe un territorio mucho más complejo: refugio de especies, archivo arqueológico de miles de años, espacio tradicional de pesca y escenario de disputas agrarias, proyectos inmobiliarios, construcciones irregulares y procedimientos legales que continúan abiertos en 2026.
El Complejo Insular del Espíritu Santo comprende las islas Espíritu Santo y La Partida, además de islotes y formaciones rocosas próximas. Su superficie terrestre protegida forma parte del Área de Protección de Flora y Fauna Islas del Golfo de California, mientras que las aguas circundantes fueron decretadas, en 2007, Parque Nacional exclusivamente marino. Esta doble protección responde a una realidad ecológica: lo que ocurre en tierra repercute en manglares, arrecifes, zonas de reproducción, playas y comunidades marinas.
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La importancia mundial del lugar quedó reconocida en 2005, cuando el archipiélago fue incluido, junto con otras islas y áreas costeras del Golfo de California, en el sitio serial declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. El bien completo comprende 244 islas, islotes y zonas costeras. La organización lo describe como un “laboratorio natural” para estudiar procesos de evolución y especiación, debido a la diversidad de ambientes insulares y a la presencia de fenómenos oceanográficos de gran escala. En el conjunto protegido se han registrado 695 especies de plantas vasculares y 891 especies de peces, 90 de ellas endémicas. También alberga cerca de 39 por ciento de las especies de mamíferos marinos del planeta.
En Espíritu Santo, la CONANP documentó alrededor de 235 especies de flora y 141 vertebrados terrestres. En sus aguas se encuentran arrecifes rocosos y coralinos, mantos de macroalgas, manglares, peces, tortugas y mamíferos marinos. Los islotes sostienen una conocida colonia reproductiva de lobos marinos de California. Esta diversidad también mantiene actividades económicas: pesca ribereña, recorridos turísticos, buceo, kayak y observación de fauna. Conservar el archipiélago, por tanto, no significa aislarlo de la sociedad, sino impedir que su aprovechamiento destruya el capital natural del cual dependen pescadores, prestadores de servicios y comunidades de La Paz.
Pero la historia de Espíritu Santo no comenzó con su incorporación a las rutas turísticas. El archipiélago constituye uno de los repositorios arqueológicos más importantes de la región de La Paz. La arqueóloga Harumi Fujita, del Centro INAH Baja California Sur, explica que hace unos 8,500 años el territorio insular todavía estaba conectado con la península. Las ocupaciones humanas del área de La Paz se remontan, aproximadamente, a 9,400 años y muestran un aprovechamiento combinado de alimentos marinos, animales terrestres y materias primas minerales, como riolita y basalto, utilizadas para producir instrumentos.
Investigaciones arqueológicas registraron en Espíritu Santo y La Partida 127 sitios con indicios de actividades indígenas: 82 campamentos en cuevas o abrigos, 34 depósitos de conchas, seis campamentos al aire libre, tres cuevas funerarias y dos sitios con pinturas rupestres. Diecinueve de esos lugares integran un complejo de especial importancia social, económica y ceremonial. Concheros, fogones, herramientas líticas, áreas funerarias y pinturas no son objetos aislados; reunidos permiten reconstruir la movilidad, alimentación, tecnología y concepción del mundo de poblaciones que habitaron las costas antes de la colonización europea.
El patrimonio histórico se prolonga hasta la época colonial y contemporánea. Los españoles explotaron los bancos perleros entre los siglos XVI y XVIII, empleando conocimientos y trabajo indígena. En 1734, después de la rebelión de los pueblos originarios de la región, expediciones punitivas contribuyeron al desalojo definitivo de los antiguos habitantes insulares. Más tarde, la pesca de perlas volvió a adquirir importancia. En San Gabriel subsisten restos de la Compañía Criadora de Concha y Perla de la Baja California, fundada por Gastón J. Vives en 1903. La empresa llegó a mantener millones de madreperlas en cultivo y construyó viveros, talleres, dormitorios, rieles y un dique de unos 500 metros. Tales vestigios forman un paisaje cultural en el cual se superponen la presencia indígena, la explotación colonial, la industrialización perlícola y la pesca contemporánea.
La protección jurídica comenzó a consolidarse el 2 de agosto de 1978, cuando el gobierno federal decretó las islas del Golfo de California como Zona de Reserva y Refugio de Aves Migratorias y Fauna Silvestre. El 7 de junio de 2000 la categoría fue modificada a Área de Protección de Flora y Fauna, y se publicó un programa de manejo específico para Espíritu Santo. Dicho instrumento limita la infraestructura, regula las actividades recreativas y reconoce la necesidad de coordinarse con el INAH para conservar sitios arqueológicos, históricos y paleontológicos.
La existencia de un decreto, sin embargo, no eliminó los conflictos de propiedad. En 1976, las islas Espíritu Santo y La Partida habían sido entregadas para uso y usufructo del ejido Alfredo Vladimir Bonfil. Las reformas constitucionales de 1992 hicieron posible convertir parcelas ejidales en propiedad privada. En 1996, el Registro Agrario Nacional expidió títulos parcelarios en Espíritu Santo y, en 1999, el ejido realizó una parcelación que abrió la posibilidad de vender terrenos.
El caso más conflictivo se produjo en La Bonanza. Allí fueron delimitados 36 lotes que sumaban aproximadamente 90 hectáreas y colindaban durante casi tres kilómetros con la Zona Federal Marítimo Terrestre. En uno comenzó una construcción comercial contraria a las restricciones ambientales. Organizaciones de La Paz solicitaron la intervención de la Fundación Mexicana para la Educación Ambiental. La Profepa suspendió la obra; el propietario promovió un amparo, pero un tribunal federal resolvió en favor de la autoridad ambiental, impuso una multa y ordenó demoler lo construido.
Aquella controversia reveló una contradicción de fondo: un territorio podía tener propietarios o titulares agrarios, pero su uso permanecía sometido a reglas ambientales de interés público. Poseer una parcela dentro de un área natural protegida no confería libertad para urbanizarla. La amenaza tampoco era solamente una edificación: permitirla podía sentar un precedente para decenas de construcciones, caminos, muelles y servicios turísticos, fragmentando ecosistemas y alterando sitios arqueológicos.
Después de más de tres años de negociaciones, el 23 de febrero de 2003 se indemnizaron y expropiaron las tierras de uso común del ejido para destinarlas a conservación permanente. La fundación adquirió 33 de las 36 parcelas privadas de La Bonanza y las donó a la nación. El proceso, considerado un ejemplo de colaboración entre autoridades y sociedad civil, redujo el riesgo de un desarrollo inmobiliario de gran escala.
Veintitrés años después, el problema reapareció bajo otra forma. En julio de 2026 se hicieron públicas denuncias por la construcción de una cabaña de aproximadamente seis por seis metros y una ramada en un campamento de Isla Partida. De acuerdo con el director regional de la CONANP, Benito Bermúdez, el responsable contaba con registro y credencial de la Semarnat y tenía antecedentes de uso pesquero del lugar. No obstante, presuntamente omitió el aviso correspondiente ante la Profepa y la autorización necesaria para ingresar materiales. La procuraduría inició un procedimiento administrativo. Las autoridades deberán determinar si la obra era compatible con el uso tradicional permitido o si convirtió un campamento pesquero en una ocupación permanente no autorizada.
El asunto adquirió mayor gravedad al incorporarse la dimensión arqueológica. El 22 de julio de 2026, el Centro INAH Baja California Sur presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por la presunta afectación y destrucción del sitio J-177 Ensenada de La Partida 5. La denuncia se fundamentó en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Al cierre de esta investigación, la FGR y la Profepa no habían emitido una resolución definitiva; por ello, jurídicamente corresponde hablar de presuntas afectaciones y no de responsabilidades comprobadas.
El nuevo conflicto exhibe problemas acumulados: padrones incompletos, campamentos transmitidos mediante acuerdos sociales, falta de claridad sobre su modificación, vigilancia limitada y competencias repartidas entre CONANP, Semarnat, Profepa, INAH y FGR. En el archipiélago existen, según la autoridad regional, 36 parajes pesqueros en Zona Federal Marítimo Terrestre, pero sólo 20 poseen algún tipo de infraestructura. Regularlos exige diferenciar refugios tradicionales de proyectos privados encubiertos, sin criminalizar a comunidades pesqueras ni permitir que esa tradición sea utilizada para justificar construcciones residenciales.
Espíritu Santo muestra que la conservación no termina con un decreto o una declaratoria internacional. Requiere vigilancia, coordinación, inventarios arqueológicos actualizados, transparencia en permisos y participación social. Una obra pequeña puede remover estratos que tardaron milenios en formarse; una construcción tolerada puede convertirse en precedente para otras; y un turismo sin límites puede deteriorar aquello que atrae a los visitantes.
En estas islas, naturaleza e historia constituyen un solo patrimonio. Proteger el matorral, los manglares y las colonias de lobos marinos también significa conservar concheros, cuevas funerarias, pinturas rupestres y restos de la industria perlícola. El desenlace de los procedimientos iniciados en 2026 será una prueba para las instituciones mexicanas: determinará si la condición de área protegida y Patrimonio Mundial funciona como una salvaguarda efectiva o permanece únicamente como reconocimiento escrito frente a nuevas presiones económicas y privadas.
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FOTOS: Archivos.
Ius et ratio
Arturo Rubio Ruiz
La Paz, Baja California Sur (BCS). La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el Poder Ejecutivo Federal incurrió en una omisión reglamentaria inconstitucional al no expedir el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, que la ausencia del reglamento impide que diversos instrumentos previstos en la ley operen con toda su eficacia, lo que puede afectar la protección del medio ambiente, los recursos pesqueros y el derecho a un medio ambiente sano de las comunidades que dependen de los ecosistemas marinos y costeros.
En consecuencia, el Poder Ejecutivo deberá expedir y publicar el reglamento dentro de un plazo de 180 días hábiles una vez que la sentencia cause ejecutoria. Esta resolución constituye un precedente relevante en materia de control constitucional de las omisiones administrativas y de protección de los derechos humanos ambientales, y establece que la falta de expedición del Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables no es una simple deficiencia administrativa, sino una omisión con consecuencias jurídicas y sociales concretas.
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La sentencia fortalece el principio de supremacía constitucional y legalidad, al enfatizar que el Poder Ejecutivo tiene la obligación de emitir de forma oportuna la normativa secundaria necesaria para hacer efectivos los mandatos de la ley.
Cuando la ausencia de reglamentación impide o limita la aplicación de instrumentos legales, se genera una afectación al Estado de Derecho y a la eficacia de las políticas públicas.
En materia de derechos humanos, la sentencia se vincula directamente con el derecho a un medio ambiente sano, reconocido en el Artículo 4° de la Constitución y en diversos instrumentos internacionales.
La Corte advierte que la falta de reglamentación puede obstaculizar mecanismos de conservación, aprovechamiento sustentable y vigilancia de los recursos pesqueros, comprometiendo la protección de ecosistemas marinos y costeros de los que dependen numerosas comunidades.
Socialmente, el fallo tiene especial relevancia porque reconoce el interés legítimo de integrantes de una comunidad pesquera para exigir judicialmente el cumplimiento de obligaciones normativas del Estado. Esto fortalece el acceso a la justicia ambiental y la participación ciudadana en la defensa de bienes colectivos, superando una visión restrictiva de la legitimación procesal.
Finalmente, la orden de expedir el reglamento en un plazo determinado reafirma que la protección ambiental no depende únicamente de la existencia de leyes, sino también de su adecuada implementación.
La sentencia envía un mensaje claro: las omisiones regulatorias que afecten derechos fundamentales y bienes ambientales pueden ser objeto de control constitucional y dar lugar a la intervención del Poder Judicial para garantizar la efectividad de los derechos humanos y la sustentabilidad de los recursos naturales.
La resolución tiene efectos prácticos y jurídicos importantes para las comunidades pesqueras, especialmente aquellas cuya subsistencia depende directamente de los recursos marinos y costeros.
- Mayor protección de los recursos pesqueros
La expedición del reglamento permitirá desarrollar y aplicar con mayor claridad los instrumentos previstos en la ley para la conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de las pesquerías. Esto contribuye a evitar la sobreexplotación de especies y a preservar las fuentes de ingreso de los pescadores.
- Fortalecimiento del derecho a un medio ambiente sano
Las comunidades pesqueras dependen de ecosistemas saludables. Al exigir la reglamentación de la ley, la Corte busca que existan reglas más eficaces para proteger manglares, esteros, lagunas costeras y zonas marinas cuya degradación afecta directamente la pesca y la seguridad alimentaria local.
- Mayor certeza jurídica
La ausencia de un reglamento suele generar vacíos e incertidumbre sobre permisos, autorizaciones, programas de manejo, inspección y vigilancia. Con una regulación específica, los pescadores podrán conocer con mayor claridad sus derechos, obligaciones y los procedimientos aplicables.
- Reconocimiento de la participación comunitaria
La sentencia es relevante porque reconoce que los integrantes de una comunidad pesquera tienen interés legítimo para reclamar judicialmente actos u omisiones que afecten el ambiente y los recursos naturales de los que dependen. Esto amplía el acceso a la justicia ambiental y fortalece el papel de las comunidades como defensoras de su territorio y de sus medios de vida.
- Posible mejora en la gobernanza pesquera
Un reglamento adecuado puede generar mejores mecanismos de coordinación entre autoridades, productores, cooperativas y comunidades, favoreciendo una gestión más transparente y sustentable de los recursos pesqueros.
FOTO: Ayuntamiento de Los Cabos
Reflexión jurídico-social
La decisión de la Corte trasciende el ámbito administrativo. Reconoce que la falta de acción del Estado puede afectar derechos fundamentales de comunidades que históricamente han dependido de los ecosistemas marinos para su alimentación, cultura y economía. En ese sentido, el fallo fortalece tanto la protección ambiental como los derechos colectivos de los pescadores artesanales y ribereños, estableciendo que la omisión gubernamental también puede constituir una vulneración constitucional cuando impide la protección efectiva de derechos humanos.
A partir de la sentencia, las obligaciones principales del Poder Ejecutivo son:
- Expedir el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.
- Elaborar la normativa secundaria necesaria para hacer operativos los instrumentos previstos en la ley y publicar oficialmente el reglamento, dentro del plazo fijado en la resolución.
- Garantizar la eficacia de la ley, mediante la aplicación efectiva de los mecanismos de conservación, administración y aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros previstos por el legislador.
- Proteger derechos humanos y ambientales, subsanando la omisión reglamentaria. El Ejecutivo debe contribuir a la tutela del derecho humano a un medio ambiente sano, así como a la protección de los ecosistemas marinos y costeros y de las comunidades que dependen de ellos.
El Ejecutivo no puede dejar sin desarrollo reglamentario una ley cuya aplicación efectiva incide en la protección ambiental y en los derechos de las comunidades pesqueras. Por ello, quedó obligado a emitir el reglamento en el plazo señalado y a eliminar la omisión declarada inconstitucional.
Impacto en la participación comunitaria
La sentencia fortalece significativamente la participación de las comunidades pesqueras en la gestión y defensa de los recursos naturales, tanto en el ámbito jurídico como en el de las políticas públicas.
- Reconocimiento del papel de las comunidades como sujetos de derechos
Al reconocer el interés legítimo de integrantes de una comunidad pesquera para impugnar la omisión reglamentaria, la Suprema Corte valida que quienes dependen de los ecosistemas marinos y costeros pueden acudir a los tribunales para defender bienes ambientales colectivos, aun cuando no acrediten una afectación individual y exclusiva.
- Fortalecimiento del acceso a la justicia ambiental
La resolución envía el mensaje de que las comunidades no son simples destinatarias de las decisiones gubernamentales, sino actores con capacidad para exigir el cumplimiento de las obligaciones del Estado. Esto amplía las posibilidades de supervisión ciudadana sobre las políticas públicas relacionadas con la pesca y el medio ambiente.
- Mayor incidencia en la toma de decisiones
El reglamento debe abrir espacios más claros para la consulta, organización y participación de cooperativas, pescadores y comunidades costeras en programas de manejo, conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros.
- Empoderamiento frente a omisiones gubernamentales
Las comunidades pueden cuestionar judicialmente no solo actos de autoridad, sino también omisiones que afecten sus derechos o los ecosistemas de los cuales dependen. Esto fortalece el control ciudadano sobre la actuación pública.
- Protección de intereses colectivos y de largo plazo
La participación comunitaria favorece que el conocimiento local de los pescadores contribuya a la conservación de las especies y los ecosistemas. Al involucrar a quienes viven directamente de la actividad pesquera, las decisiones públicas tienen mayores posibilidades de responder a las necesidades reales de las comunidades y promover la sustentabilidad.
Corolario
Desde una perspectiva de derechos humanos y justicia ambiental, la sentencia transforma a las comunidades pesqueras de simples receptoras de la política pública en sujetos activos de vigilancia, exigencia y participación democrática, fortaleciendo su capacidad para defender sus medios de vida, su entorno natural y sus derechos constitucionales.
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IMÁGENES: IA.
Vientos de Pueblo
El Vigía del Desierto
San José del Cabo, Baja California Sur (BCS). En Baja California Sur, un apagón de verano no empieza con la oscuridad. Empieza cuando el aire acondicionado deja de zumbar, el refrigerador pierde frío y la casa comienza a guardar el calor como una caja cerrada. El 9 de agosto, el seguimiento ciudadano de CERCA acumulaba 77 interrupciones eléctricas durante la temporada de calor. No son 77 apagones certificados en un inventario oficial de la CFE: son reportes sistematizados por una organización civil. La diferencia importa, porque en ella comienza también otro problema: la falta de una explicación pública completa.
El calor, entretanto, no necesita interpretación. Este 10 de agosto el Servicio Meteorológico Nacional mantiene una onda de calor en el centro del Estado, pronostica máximas de 35 a 40 grados para Baja California Sur y reportó 40.5 grados en Ciudad Constitución durante las 24 horas previas. En ese paisaje, la electricidad no es solamente comodidad: es la infraestructura que hace habitable el mediodía.
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Los cortes se han concentrado, según el registro disponible, principalmente en La Paz y Los Cabos. A comienzos de julio ya se habían documentado 71 desde el 30 de mayo, con duraciones que iban de segundos a horas. Y aquí aparece la primera respuesta incómoda a la pregunta de por qué se apaga BCS: no existe una sola causa demostrada. No puedo confirmar que los 77 cortes sean producto de un déficit de generación. La propia organización que los contabiliza ha advertido que no hay información oficial suficiente para afirmarlo y que la mayoría de los reportes ciudadanos apuntaba a fallas en infraestructura de distribución. Los episodios, eso sí, coincidieron con jornadas de mayor calor y humedad, cuando la demanda aumenta.
Hay una vulnerabilidad más profunda. El sistema eléctrico de Baja California Sur está aislado eléctricamente del Sistema Interconectado Nacional y también del sistema de Baja California; los documentos de planeación energética explican que, a diferencia de las regiones enlazadas, no comparte con ellas recursos y reservas de capacidad. Este verano, el gobierno estatal informó, después de reunirse con directivos de CFE, que la demanda ronda 600 megawatts en invierno y supera 700 en verano. La respuesta anunciada fue incorporar 116 megawatts adicionales en La Paz y Los Cabos. CFE también reforzó infraestructura de transformación y transmisión para atender a casi 400 mil usuarios.
Pero el mapa eléctrico no puede leerse separado del mapa del crecimiento. Baja California Sur dispone hoy de 29,245 habitaciones en 508 hoteles. En 2025 captó 1,291.7 millones de dólares de inversión extranjera directa turística, el 40.6 por ciento del total nacional de ese sector. Y el propio gobierno estatal describe al inmobiliario, especialmente al vinculado directa o indirectamente con el turismo, como un sector en un momento estratégico para nuevos proyectos. Estos datos no prueban que un hotel haya causado un apagón. Sí obligan a formular una pregunta de planeación: ¿crecen al mismo ritmo la inversión privada y la infraestructura pública que debe sostenerla?
El agua cuenta una historia paralela. Los registros de Conagua muestran disponibilidad media anual negativa de agua subterránea en acuíferos que sostienen tres de los principales núcleos urbanos y turísticos: Cabo San Lucas, -24.07 hectómetros cúbicos anuales; La Paz, -13.49; y San José del Cabo, -12.49. Electricidad y agua no son la misma crisis ni puede atribuirse una a la otra. Son, sin embargo, dos límites físicos que el discurso del crecimiento no puede tratar como notas al pie.
Cuando la energía falla, el costo tampoco se reparte igual. Reportes periodísticos de agosto documentaron familias de La Paz conservando medicamentos con hielo e instalando reguladores de voltaje para disminuir pérdidas. La capacidad de protegerse —resguardar aparatos, comida o medicinas— depende también del bolsillo. El apagón dura lo mismo en el reloj; socialmente, no dura igual para todos.
Las salidas existen, pero ninguna sustituye el diagnóstico. Además de los refuerzos inmediatos, CFE mantiene entre sus proyectos una central de combustión interna de 240 megawatts en Los Cabos, mientras el Gobierno de México anunció dos centrales termosolares para Baja California Sur. Son apuestas de expansión que pueden aumentar capacidad, pero queda pendiente otra pieza menos espectacular y acaso igual de importante: información pública suficiente para saber, interrupción por interrupción, qué falló, cuánto duró, cuántos usuarios afectó y qué se corrigió. Sin esa trazabilidad, la ciudadanía cuenta apagones y las instituciones anuncian megawatts; entre ambos números permanece una zona oscura.
Baja California Sur vende al mundo una imagen de abundancia: hoteles, residencias, inversión, mar y una economía turística capaz de atraer capital a escala nacional. Debajo de esa postal existe un territorio desértico que recuerda, cada verano, que toda prosperidad depende de cables, transformadores, acuíferos y límites materiales. El desafío no es impedir que BCS crezca, sino exigir que la infraestructura llegue antes que la siguiente habitación, el siguiente desarrollo y la siguiente ola de calor.
Porque un territorio no se apaga solamente cuando se va la luz. Empieza a apagarse cuando su crecimiento deja de mirar aquello que lo mantiene vivo.
Referencias consultadas
El Sudcaliforniano, “Acumula BCS 77 apagones en lo que va del verano de este año”, 9 de agosto de 2026.
Diario El Independiente, “Tras más de 70 apagones registrados, CFE reforzará la capacidad eléctrica de BCS”, 9 de julio de 2026.
Servicio Meteorológico Nacional–Conagua, Pronóstico Meteorológico General, 10 de agosto de 2026.
SENER/CENACE, PRODESEN 2022-2036, Apartado sobre conformación del Sistema Eléctrico Nacional y aislamiento eléctrico del SIBCS.
Secretaría de Turismo y Economía de Baja California Sur, Estadísticas hoteleras, inversión turística y perspectivas del sector inmobiliario, 2026.
Conagua, Disponibilidad oficial de aguas subterráneas por acuífero en Baja California Sur.
CFE y Presidencia de la República, Proyectos de generación en Los Cabos y centrales termosolares para Baja California Sur.
El Sudcaliforniano, “Apagones en La Paz: familias toman medidas para evitar pérdidas por cortes de luz”, 5 de agosto de 2026.
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Tierra Incógnita
Sealtiel Enciso Pérez
La Paz, Baja California Sur (BCS). La bahía de La Paz aparece en muchas fotografías de Francisco Arámburo Salas como una extensión transparente y quieta. El agua turquesa deja ver la arena; detrás, las montañas cobrizas y el cielo intenso completan una composición reconocible aun para quien nunca sostuvo una de sus postales. Esa belleza, sin embargo, no fue sólo paisaje. Arámburo entendió la cámara como un medio de circulación: la imagen debía viajar, contar dónde estaba Baja California Sur y despertar el deseo de conocerla. Miles de tarjetas salieron de la Librería y Distribuidora Arámburo hacia otros puntos de México y del mundo. Con ellas viajó también la representación de una región que durante buena parte del siglo XX permaneció lejana para el centro del país.
El fotógrafo, periodista, escritor y cronista visual murió el viernes 7 de agosto de 2026, según confirmaron sus familiares. Tenía 95 años: había nacido en La Paz el 30 de diciembre de 1930. La fecha de su partida obliga a mirar su archivo con una doble perspectiva. Es el registro de un territorio —sus playas, calles, edificios, personajes y actos públicos—, pero también la obra de un autor que participó en la elaboración cultural de Sudcalifornia. Su aporte no consistió únicamente en conservar lo que estaba frente al lente; seleccionó escenas, las acompañó con textos y las puso en circulación. Así ayudó a fijar una imagen compartida de la entidad.
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Arámburo perteneció a una familia ligada al desarrollo comercial de la región. Fue hijo de Francisco Arámburo Mendoza y Graciela Salas Solersi. En un relato autobiográfico recuperado por el Centro de Documentación de Historia Urbana describió la casona familiar de Madero 312, construida entre finales del siglo XIX y principios del XX, con gruesos muros, techos altos y un patio presidido originalmente por un laurel de la India.
El antecedente familiar explica parte de su vocación editorial. Su padre y su madre establecieron una tienda en Madero y 5 de Mayo; él dio un nuevo rumbo a la Librería y Distribuidora Arámburo mediante la producción y distribución de tarjetas postales. La combinación fue decisiva: fotografía, imprenta y comercio formaron una red de difusión antes de Internet y antes de que el turismo peninsular alcanzara su escala actual. En la entrevista que concedió en julio de 2024, Arámburo calculó que había producido quizá miles de postales y resumió su propósito con claridad: “dar a conocer al mundo las bellezas naturales de Baja California Sur”. La prensa local reconoce que esas imágenes contribuyeron a promover La Paz y el Estado.
Ese trabajo coincidió con una transformación política y económica profunda. Arámburo nació cuando Baja California Sur era territorio federal y tenía 43 años cuando, en octubre de 1974, se convirtió en Estado. La apertura de la carretera transpeninsular en 1973 redujo el aislamiento terrestre, mientras la expansión de las comunicaciones y del turismo modificó las ciudades, las costas y la percepción exterior de la península. Las postales funcionaron entonces como una tecnología popular de promoción: eran asequibles, transportables y personales. La consecuencia fue paradójica: las imágenes ayudaron a atraer visitantes y, al mismo tiempo, terminaron documentando lugares que el propio crecimiento turístico transformaría.
Arámburo no se limitó al paisaje deshabitado. Su fototeca reúne vida urbana, reuniones familiares, personajes, edificios, panorámicas aéreas y acontecimientos. Entre los episodios que recordó se encuentra la visita de la reina Isabel II a La Paz, el 22 de febrero de 1983, cuando pudo fotografiarla. También estuvo cerca de procesos institucionales: en 1976 integró el jurado que eligió el escudo de la naciente Universidad Autónoma de Baja California Sur. Su presencia en esas escenas revela otra dimensión del legado: el fotógrafo local opera donde los grandes archivos nacionales suelen mirar de manera intermitente. Registra continuidades, reconoce rostros y sabe qué cambio aparentemente menor será significativo para una comunidad.
La escritura fue el otro objetivo de su lente. Antes de consolidarse como cronista de Sudcalifornia, publicó La Europa que yo vi en 1962, libro nacido de artículos sobre un viaje en el que describió ciudades, arte y cultura. Décadas después aparecieron Siluetas de Sudcalifornia (1980) y La California nuestra. Cómo piensan los sudcalifornianos, cuya bibliografía registra una edición de 1997, aunque estudios universitarios sitúan una publicación anterior en 1989.
Su prosa pertenece a la tradición de la crónica, género central en las letras sudcalifornianas porque enlaza historia, literatura y experiencia cotidiana. Investigaciones de la UABCS colocan a Arámburo junto a autores como Fernando Jordán y Jesús Castro Agúndez. En sus textos caben la historia del nombre California, una semblanza de La Paz, el léxico regional, pueblos y caminos, personajes, crítica cívica, recuerdos familiares y observaciones de viaje. El tono accesible y ameno no elimina el juicio: Arámburo compara la ciudad antigua con la moderna, registra mejoras materiales y señala pérdidas, desde el ruido y la saturación vehicular hasta la desaparición de hábitos de convivencia.
Fotografía y literatura cumplen así funciones complementarias. La postal demuestra que un sitio existió con determinada luz, arquitectura y escala; la crónica reconstruye cómo se vivía y qué significaba. Juntas producen algo más complejo que la nostalgia. Permiten estudiar la urbanización, las formas de sociabilidad, el turismo, la construcción de identidad estatal y las tensiones entre modernización y conservación. También exhiben los límites de toda memoria autoral: son la mirada de un hombre perteneciente a una familia conocida del centro paceño. Por eso su archivo gana valor cuando se contrasta con documentos públicos, prensa, testimonios y otras fototecas, no cuando se convierte en versión única del pasado.
La valoración institucional de su obra creció en los últimos años. El Sistema de Información Cultural de la Secretaría de Cultura registra que recibió apoyo del PACMYC en 2008 para el proyecto Páginas de mi Álbum. En 2023, se publicó la Antología de la memoria de nuestra California a través de la lente de Francisco Arámburo, investigación de Elizabeth Acosta Mendía financiada mediante el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales. La edición reunió fotografías y textos periodísticos publicados entre 1980 y 1989, además de recuperar, estabilizar y digitalizar imágenes. No fue sólo un homenaje: fue una intervención archivística contra el deterioro y la dispersión.
En 2024, se le rindió homenaje durante el Congreso Internacional de Filatelia y recordó que su labor trascendía el coleccionismo porque constituía un testimonio gráfico de la historia y la identidad cultural. El reconocimiento es pertinente: una postal es simultáneamente fotografía, impreso, mercancía, mensaje privado y documento social. Arámburo comprendió esas capas en la práctica. En 2025 fue reconocido como Forjador del Año por el Grupo Madrugadores de La Paz, una distinción que subrayó su contribución comunitaria y confirmó que su obra había dejado de ser sólo familiar o comercial para convertirse en patrimonio compartido.
El legado plantea ahora tareas concretas. La primera es completar un inventario profesional de negativos, copias, postales, manuscritos, recortes y ediciones, con fechas, lugares, personas y derechos claramente identificados. La segunda es asegurar conservación física y copias digitales de alta resolución, con respaldos y metadatos interoperables. La tercera es garantizar consulta pública mediante instituciones capaces de cuidar los originales sin separar las fotografías de sus textos. La antología de 2023 abrió esa ruta, pero una selección editorial no sustituye el catálogo integral de una vida productiva de más de seis décadas.
También hace falta leer críticamente la imagen turística que contribuyó a construir. Sus aguas limpias, cielos despejados y paisajes serenos participaron en la economía simbólica que volvió deseable a Baja California Sur. Ese impulso generó empleo, circulación y visibilidad, pero el éxito turístico añadió presión urbana y ambiental sobre los mismos lugares fotografiados. Revisar las postales desde el presente permite medir cambios de litoral, arquitectura y usos del espacio; convierte una pieza concebida para viajar en evidencia para la historia ambiental y urbana. Allí reside una consecuencia que probablemente superó la intención original del fotógrafo.
Francisco Arámburo Salas dejó una California que ya no existe por completo y otra que sigue reconociéndose plenamente en sus imágenes. Su cámara hizo visible el territorio; sus libros le dieron voz y discusión. El mérito mayor fue haber unido difusión y memoria: promovió la belleza regional sin dejar de registrar la vida social que la rodeaba, y escribió sobre el progreso sin borrar sus costos. Tras su muerte, el mejor homenaje no será congelarlo como figura pintoresca, sino tratar su obra como lo que es: un archivo fundamental para entender cómo Baja California Sur se vio a sí misma mientras se convertía en estado, destino y sociedad contemporánea.
Referencias:
UABCS: Homenaje a Francisco Arámburo en el Congreso Internacional de Filatelia 2024.
UABC: Antología de la memoria de nuestra California a través de la lente de Francisco Arámburo (2023).
Sistema de Información Cultural: registro PACMYC de Páginas de mi Álbum (2008).
UABCS: Tesis sobre la crónica sudcaliforniana y la obra de Arámburo.
UABCS: Catálogo literario e historia de las políticas culturales de BCS.
Centro de Documentación de Historia Urbana: Familia Arámburo y la casona de Madero.
El Sudcaliforniano: Paco Arámburo y su vida entre fotografías (entrevista, 2024)
El Sudcaliforniano: Fallecimiento de Francisco Arámburo Salas (8 de agosto de 2026).
El Sudcaliforniano: Reconocimiento Forjador del Año 2025.
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