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Vientos de Pueblo

José Luis Cortés M.

San José del Cabo, Baja California Sur (BCS). La noche cae sobre La Paz con esa quietud tibia que sólo conocen las ciudades junto al mar. Pero debajo de esa calma hay un murmullo que crece, un rumor que se esparce entre estudiantes, trabajadores y familias jóvenes: cada vez hay menos lugares donde vivir. Y no porque falten viviendas, sino porque muchas han dejado de ser hogares para convertirse en vitrinas digitales, alojamientos temporales que brillan en plataformas como Airbnb mientras la oferta de renta tradicional se desvanece.

El fenómeno no es exclusivo del Estado, pero aquí adopta una forma particular. En zonas de alta demanda turística —desde el centro de La Paz hasta colonias de Cabo San Lucas y San José del Cabo— la transformación es visible. Lo que antes eran casas ocupadas por familias ahora son estudios remodelados para viajeros; departamentos que antes se rentaban por año ahora están disponibles por noches. Según datos públicos consultados en 2024, el número de alojamientos de renta temporal en Baja California Sur creció de forma sostenida en los últimos años, especialmente en áreas urbanas con acceso a playa, centros comerciales o zonas de vida nocturna. La cifra exacta es difícil de delimitar porque la regulación estatal y municipal aún es insuficiente y fragmentada, pero los registros muestran una tendencia clara: la vivienda se está volviendo negocio antes que derecho.

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Las historias personales dan vida a las cifras. Una joven estudiante de La Paz contó que pasó más de cuatro meses buscando un cuarto accesible sin éxito. Cada lugar que encontraba terminaba convertido en “suite vacacional”. Lo mismo dijo un trabajador de Los Cabos, quien explicó que necesitó compartir departamento con tres personas porque el dueño decidió retirar la renta fija para entrar al mercado turístico. Una pareja con un bebé recién nacido relató que fue desalojada tras años de vivir en la misma casa porque “los huéspedes dejan más”.

Detrás de estas vivencias hay un patrón: el rendimiento económico del alquiler turístico supera ampliamente al de la renta tradicional, especialmente en ciudades donde los turistas internacionales pagan en dólares. Para muchos propietarios, la decisión es lógica. Para quienes buscan un lugar donde vivir, es devastadora. No sólo se encarecen los precios; se reduce la disponibilidad, aumentan los depósitos, se alargan los filtros y se normaliza la incertidumbre.

En Los Cabos el impacto es aún más evidente. La llegada continua de visitantes y residentes temporales ha empujado la conversión masiva de departamentos a renta vacacional. Informes locales han señalado que la presión inmobiliaria está desplazando a trabajadores del sector turístico hacia colonias cada vez más lejanas, lo que prolonga los tiempos de traslado y encarece la vida diaria. Un análisis reciente sobre vivienda en destinos turísticos de México advierte que esta tendencia, si no se regula, puede profundizar la desigualdad urbana: ciudades habitadas por quienes pueden pagar estar cerca y operadas por quienes deben viajar hasta dos horas para llegar a su empleo.

Lo más inquietante es la falta de reglas claras. Aunque algunos municipios han intentado crear registros de alojamientos temporales, la implementación es irregular y la supervisión insuficiente. No existe un marco estatal que delimite cuántas viviendas pueden destinarse a uso turístico por zona, ni una política robusta que garantice oferta mínima de renta a largo plazo. En otras ciudades del mundo se han implementado medidas como límites de noches al año, registro obligatorio de anfitriones, impuestos específicos y restricciones en zonas de vivienda social. Aquí, el debate apenas comienza.

La pregunta es inevitable: ¿cómo encontrar un equilibrio entre el beneficio económico del turismo y el derecho a una vivienda digna? Algunas soluciones posibles ya circulan entre especialistas: crear listas públicas de alojamientos regulados, establecer requisitos para la conversión de viviendas, fomentar desarrollos exclusivamente turísticos para despresurizar colonias habitacionales, y diseñar programas que incentiven la renta accesible para estudiantes y trabajadores. No son recetas mágicas, pero sí pasos concretos hacia un modelo urbano más justo.

La historia de Airbnb en Baja California Sur no es sólo una historia de éxito turístico; es también una historia sobre lo que ocurre cuando una ciudad olvida que su gente necesita techo antes que estancias boutique. Cuando una plataforma crece sin reglas, el mercado encuentra su beneficio, sí, pero la comunidad pierde algo más profundo: su tejido, su estabilidad, su posibilidad de futuro.

Si la vivienda se convierte en mercancía absoluta, la ciudad se vuelve un escenario sin alma. Recuperarla empieza por recordar que un hogar no tiene precio, pero sí tiene valor. Y ese valor merece ser defendido, casa por casa, calle por calle.

Referencias y fuentes consultadas

– Registros públicos de oferta de rentas temporales en Baja California Sur (2023–2024).
– Informes nacionales sobre vivienda en destinos turísticos y efectos de plataformas digitales.
– Datos del INEGI sobre disponibilidad de vivienda y movilidad urbana (2023–2024).

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FOTOS: Freepik | Gobierno del Estado.

Los Cabos, Baja California Sur (BCS). El Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar dio inicio en el municipio de Los Cabos, de acuerdo a lo establecido por la presidente Claudia Sheinbaum Pardo, el cual beneficiará a familias de los cinco municipios de BCS informó el gobernador, Víctor Manuel Castro Cosío. “Para nosotros reconocer la visión nacional de hacer un millón de viviendas va a ser histórica no solo para los sudcalifornianos; sino para todo el país”, dijo, a través de un comunicado de prensa.

Castro Cosío precisó que, a pesar de las dificultades por la disposición de predios en Los Cabos, se han logrado emprender las primeras 704 viviendas, de las 37 mil 500 proyectadas para la entidad. “Para nosotros es la muestra más clara de que las casas se iniciaron en la zona donde más se necesita, que es en Cabo San Lucas, principal motor económico, pero también donde se tienen los más grandes retos, principalmente en agua y vivienda”, agregó.

Asimismo, comentó que este plan contempla, dentro de su primera etapa, 36 edificios que representan 576 viviendas, con una superficie de construcción de 60 metros cuadrados cada una, y 8 edificios equivalentes a 128 acciones, con una superficie de 40 metros cuadrados. Todo esto incluye también urbanización y el acceso a infraestructura educativa, deportiva y de salud.

Víctor Castro mencionó que la propia administración y los ayuntamientos han propuesto 10 predios, con una superficie aproximada a 87 hectáreas, donde se tiene previsto construir 4 mil 454 viviendas para beneficio de la población sudcaliforniana. De acuerdo con el proyecto para BCS, en Los Cabos se edificarán 17 mil 400 viviendas, en La Paz 11 mil 100, en Comondú 2 mil 500, en Loreto 500 y en Mulegé 6 mil.

Cabe recordar que, a través del Programa de Vivienda para el Bienestar, el Gobierno de la República construirá un millón de viviendas en todo el país, se harán 450 mil mejoramientos de vivienda y se otorgarán un millón de escrituras a quienes han sido beneficiados con programas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

FOTOS: Arriendos / Congreso del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). El diputado Francisco Javier Romero Romero (PT), llamó hoy a sus homólogos a unir esfuerzos para fortalecer el marco normativo en materia de vivienda, asegurando que las políticas públicas respondan a las necesidades reales de la población y que los programas habitacionales lleguen a quienes más lo necesitan, informa el Congreso del Estado a través de un comunicado de prensa.

En un pronunciamiento presentado este martes en tribuna, durante la sesión permanente, los conminó a continuar trabajando para que este derecho fundamental sea una realidad para todas y todos en BCS; refrendó su compromiso de impulsar iniciativas legislativas, que promuevan el acceso a una vivienda adecuada para todas y todos los sudcalifornianos. “Un hogar no es solo un espacio físico, sino la base para el bienestar, la seguridad y el futuro de las familias”, dijo.

Reconoció que aún queda trabajo por hacer, por lo que es fundamental fortalecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno, fomentando la participación del sector privado en el desarrollo de proyectos habitacionales accesibles, asegurando que las viviendas estén diseñadas con criterios de accesibilidad universal, permitiendo que personas con discapacidad puedan habitarlas sin obstáculos, y que se garanticen el acceso prioritario a comunidades indígenas, afromexicanas y otros sectores en situación de vulnerabilidad, como adultos mayores, así como madres solteras.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Mediante dos sesiones extraordinarias, la noche del martes 5 de noviembre, el Congreso del Estado avaló tres minutas constitucionales en materia de vivienda con orientación social, de bienestar que asegura pensiones a grupos vulnerables y de igualdad, sustantiva, perspectiva de género, derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y erradicación de la brecha salarial por razones de género.

Con 17 votos a favor, se aprobó la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se Reforma y Adiciona la fracción XII del Apartado “A” del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Vivienda para las personas trabajadoras, enviada por la Cámara de Senadores del Congreso De La Unión, lo cual permitirá el otorgamiento de créditos baratos y suficientes para la adquisición, mejora, obtención de suelo o construcción de vivienda.

El diputado Eduardo Van Wormer Castro fue quien dio lectura al dictamen aprobatorio y en los posicionamientos de los grupos parlamentarios a favor  se registraron como sigue: la diputada Lupita Saldaña Cisneros (PAN), reconoció que en México existe un problema de vivienda serio, lamentando las viviendas en zona de riesgo que se constituyeron en Los Cabos, donde la corrupción lo propició.

El diputado Fabrizio del Castillo Miranda (PRI), enfatizó que su partido, el PRI, ha dejado un gran legado en materia de vivienda porque creó el FOVISSSTE, INVI e INFONAVIT para atender las necesidades de vivienda en distintos sexenios priistas fueron una realidad las unidades habitacionales, “si un partido ha hecho algo por la vivienda de los trabajadores es el PRI”.

En su turno, Diputado Omar Torres Orozco (PT), fustigó que, desde los gobiernos de Salinas y Ernesto Zedillo, se empezó a lucrar con el dinero del gobierno, donde el INFONAVIT empezó hacer gran negocio con las inmobiliarias.

En el caso del PAN, señaló el legislador, elaboraron casas de madera y sin baño sin piso, en el sexenio de Carlos Mendoza, “un caso repugnante de cómo se administró el recurso público para las y los ciudadanos”; en ese sentido, afirmó que el PT reafirma el compromiso con el pueblo sudcaliforniano y de México.

La diputada Teresita de Jesús Valentín Vázquez (Morena) afirmó que flexibilizar mecanismos de adquisición es de gran ayuda para la gente que trabaja en el campo empresas agrícolas y en Mulegé serán muchos los beneficiados, para quienes trabajan en el campo no hay viviendas accesibles y aplaudió que Claudia Sheinbaum no nos dejará abajo sobre todos a quienes trabajan en el campo a nombre de quienes veían imposible tener una casa; la trasformación va y seguirá porque el pueblo así lo decidió, concluyó.

Al hacer uso de la tribuna, la diputada Karina Olivas (PT), reconoció que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cumple con los compromisos para con las y los sudcalifornianos que, entre otras acciones, destaca la construcción de 37 mil 500 viviendas, “ya no más esas viviendas de madera y cartón que pasarán a la historia vergonzosa; por el bien de todos, primero los pobres”, acotó.

Finalmente, el diputado Sergio Guluarte (Morena), enfatizó que se garantiza un sistema de vivienda con orientación social donde se cumple a las y los trabajadores para avanzar en materia de derechos humanos.

En el caso de la minuta en materia de bienestar con el que se asegura un esquema de apoyos en beneficio de la población en condición de vulnerabilidad, dando prioridad a los menores de 18 años. La reforma que establece en el artículo 4° constitucional, el reconocimiento al derecho de las personas menores de 65 años de edad con discapacidad permanente a una pensión no contributiva con la obligación correlativa del Estado; garantiza a las personas con discapacidad permanente, con preferencia a las menores de 18 años, a la rehabilitación y habilitación. Reconoce el derecho de las personas de 65 años de edad y más a una pensión no contributiva; garantiza la suficiencia presupuestaria con carácter progresivo real, para soportar el costo de las pensiones indicadas.

La minuta del artículo 27, establece que el Estado garantizará un jornal seguro, justo y permanente a campesinos que cultiven sus tierras; un apoyo anual directo y fertilizantes gratuitos a productores de pequeña escala; un apoyo anual directo a pescadores de pequeña escala, y mantener precios de garantía para el maíz, frijol, leche, arroz y trigo harinero o panificable, en los términos de las disposiciones aplicables.

En cuanto a la minuta en materia de igualdad sustantiva de género, establece en el artículo 40 que “La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de las familias. El Estado garantizará el goce y ejercicio del derecho a la igualdad sustantiva de las mujeres”.

Así como que toda persona tiene derecho a vivir una vida libre de violencias; el Estado tiene deberes reforzados de protección con las mujeres, adolescentes, niñas y niños.

En el artículo. 41 constitucional queda establecido que los nombramientos de las personas titulares en la administración pública del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades federativas y municipios, deberán observar el principio de paridad de género. Las leyes determinarán las formas y modalidades que correspondan.

Y finalmente, en el artículo 116 establece que las constituciones de los Estados garantizarán que las funciones de procuración de justicia se realicen con base en los principios de autonomía, legalidad, objetividad, eficiencia, imparcialidad, profesionalismo y responsabilidad, así como con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos para proteger el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, las instituciones de procuración de justicia deberán contar con fiscalías especializadas de investigación de delitos relacionados con las violencias de género contra las mujeres.

En este punto la diputada Gabriela Montoya afirmó que esta minuta es un acto de justicia social y un avance histórico para BCS y para México, “Igualdad y vivan las mujeres”, externó.

La diputada Teresita Valentín (MORENA) puntualizó que la reforma implica “Lo que por años hemos luchado contra la discriminación, y abonar a la solidaridad, sororidad, comprensión”. “Llegamos todas”, concluyó.